Comunicado
No.41
Ciudad de México a 3 de marzo de 2019.
La política migratoria de México es soberana
y busca preservar los derechos de los migrantes
Bajo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha
sido el primer país en adoptar el Pacto Mundial para la Migración promovido por
la Organización de las Naciones Unidas para garantizar un flujo migratorio
seguro, ordenado y regular. Conforme a los principios del pacto global, México
ha dejado de deportar cientos de miles de migrantes centroamericanos, en
contraste con el paradigma migratorio de administraciones pasadas.
El Gobierno de México ha desplegado una nueva política
migratoria basada en dos pilares fundamentales: la defensa de los derechos de
los migrantes y la promoción del desarrollo económico desde una visión
humanitaria, para atender las causas estructurales de la migración.
En consecuencia, México ha otorgado un estatus legal a
más de trece mil personas extranjeras que ingresaron por la frontera sur para
documentar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado
laboral. Gracias a esta nueva política se ha subsanado el error fundamental
previo que, desde la ilegalidad, condenaba a los migrantes a la marginalización
y la precariedad.
De forma similar, el Gobierno de México impulsa el Plan
Integral de Desarrollo. Con la colaboración de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, la iniciativa contempla distintos proyectos para
impulsar el desarrollo económico de Guatemala, Honduras y El Salvador y, de
este modo, atenuar las causas estructurales que detonan los flujos migratorios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de
Gobernación reiteran que México actúa de forma soberana e independiente al
implementar su nueva política migratoria —una que pone al centro la protección
de los derechos humanos y la expansión de un desarrollo económico igualitario
en la región.
El Gobierno de México reitera que no existe un acuerdo
vinculante con el Gobierno de Estados Unidos para responder al aumento en el
flujo de personas, principalmente familias procedentes de Centroamérica, que
deseen transitar hacia México y Estados Unidos en busca de oportunidades de
desarrollo y protección.
Frente a la decisión unilateral del Gobierno de Estados
Unidos de implementar el artículo 235 (b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y
Nacionalidad, México ha optado por apoyar a los migrantes. Por razones
humanitarias y de manera temporal, el Gobierno de México ha autorizado el
ingreso de algunos solicitantes de asilo desde Estados Unidos en tanto se
efectúa su audiencia con las autoridades correspondientes. La alternativa, la
deportación de nuestro país, implicaría negar el derecho de asilo que el
Gobierno de México suscribe y protege.
En consecuencia, las autoridades migratorias de México
mantienen una fluida comunicación con sus contrapartes estadounidenses a fin de
garantizar que el tránsito de personas por la frontera común se realice de
manera segura y ordenada. Asimismo, el Gobierno de México ha fijado criterios
específicos para el retorno de ciertas personas que ingresaron a Estados Unidos
para solicitar asilo, como no admitir menores no acompañados a nuestro
territorio ni permitir la separación de familias.
México respeta el derecho soberano de Estados Unidos para
ejecutar sus proyectos migratorios, pero actúa y actuará de forma soberana e
independiente al fijar nuestra propia política de migración.
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