Reunión con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa
En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.
Implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de
personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de personas
Palacio
Nacional, 24 de marzo de 2019
El pasado 4 de
febrero, dimos a conocer, en este mismo espacio, el Plan de Implementación de
la Ley General en materia de desaparición de Personas. Una ley que es el
resultado de la lucha de las familias de las personas desaparecidas y de la
sociedad civil, que se publicó en noviembre de 2017.
A 47 días de
anunciado este plan, hoy cumplimos con el compromiso de Reinstalar el
Sistema Nacional de Búsqueda, en el cual la participación de las víctimas,
colectivos, organizaciones de la sociedad civil, academia y autoridades de
diversos órdenes de gobierno, convergen.
Hablamos de
reinstalar del Sistema nacional de Búsqueda, por qué si bien hubo una
instalación oficial el 9 de octubre de 2018, esta no tuvo ningún efecto ni
resultado.
El Sistema
Nacional tiene como objetivo diseñar, evaluar de manera eficiente y armónica
los recursos del Estado Mexicano, para establecer las políticas y
procedimientos, entre todos los órdenes de gobierno, para la búsqueda,
localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así
como para la prevención, investigación y sanción de los delitos.
A partir de hoy,
el Sistema Nacional deberá garantizar la integración del:
- Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
- Banco Nacional de Datos Forenses
- Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no
reclamadas
- Registro Nacional de Fosas
- Registro Administrativo de Detenciones
- Alerta Ámber
- Protocolo homologado de búsqueda
Al mismo tiempo
deberá:
- Expedir lineamientos para la coordinación entre autoridades en materia
de búsqueda de personas, así como de investigación.
- Establecer coordinación con autoridades para el funcionamiento del
Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, para el
tratamiento y uso de toda la información para la búsqueda
- Evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda y las
políticas públicas implementadas, así como o del Programa Nacional de
Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones e identificación forense,
y
- Dictar lineamientos para la participación de los familiares.
Qué hemos hecho:
A partir del
anuncio del Plan de Implementación de la Ley, y en coordinación con las
víctimas, diseñamos una convocatoria para designar a la nueva titular
de la Comisión Nacional de Búsqueda, el proceso fue transparente y no se
presentó ninguna impugnación, resultando electa la Doctora Karla Quintana.
Promovimos la
integración de las Comisiones Locales de Búsqueda.
Cuando anunciamos
la implementación del Pan se tenían conformadas ocho Comisiones Locales de
Búsqueda. Hoy prácticamente ya contamos con trece, considerando que en el
estado de Durango ha concluido el proceso de selección y la próxima semana hará
el nombramiento, y en el estado de Chihuahua, se ha adscrito a la fiscalía
local.
No.
|
Entidad
|
Comisionado Local
|
1
|
Baja California
|
Juan Manuel León
Martínez
|
2
|
Coahuila
|
Ricardo Martínez
Loyola
|
3
|
Chihuahua
|
Adscrito
a la Fiscalía especializada
|
4
|
Durango
|
Ha
concluido el proceso, se nombra la próxima semana
|
5
|
Estado de México
|
María del Sol
Berenice Salgado Ambros
|
6
|
Guerrero
|
Caritino
Santiago Morales
|
7
|
Jalisco
|
Francisco Javier
Ávila Navarro
|
8
|
Nayarit
|
Carlos Iván
Pimienta Acosta
|
9
|
Nuevo León
|
Ma. De la Luz
Balderas Rodríguez
|
10
|
Querétaro
|
Karen Cedillo
Torres
|
11
|
San Luis Potosí
|
Jesús Juárez
Hernández
|
12
|
Tamaulipas
|
Jorge Espinosa
Macías Espinoza
|
13
|
Veracruz
|
Geiser Manuel
Caso Molinari
|
Sin embargo, no
basta con contar con una Comisión Local, es necesario dotarlos de recursos,
instalaciones y respaldo político por parte de los gobernadores para que se
conviertan en pieza clave para resolver progresivamente la crisis de derechos
humanos por la que atravesamos.
Aunque debo
también reconocer los avances que en particular se han sostenido en algunas
entidades. Por ejemplo en Veracruz con la declaratoria de crisis humanitaria y
las acciones que de ella se desprenden; en Coahuila con el programa local de
búsqueda y los avances en materia forense, y en Jalisco donde esta semana se
puso en marcha una estrategia integral en para enfrentar el delito de
desaparición.
Lamentablemente en
19 entidades no hay avances legislativos ni decreto para la designación de
Comisionado Local, por lo que urge crear el marco jurídico local donde hace
falta e iniciar el procedimiento para dar el primer paso, reconociendo la
gravedad del problema.
Presupuesto 2019, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, se asignaron 400 millones 791 pesos para la
Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales, de los cuales, al menos
el 50 por ciento se destinarán a las labores de búsqueda en campo en las
entidades que cuenten con su Comisión Local.
Por otro lado, las
entidades federativas asignaron 58 millones 424 mil 466 pesos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública, al Programa de Especialización
de las instancias responsables de la búsqueda de personas desaparecidas,
que lamentablemente representan solo el 0.77% de los 7 mil 210 millones de
pesos de este fondo. Recursos que deberán utilizarse para implementar los
Protocolos de atención a víctimas. La Coordinación y células de búsqueda en
vida, y la Atención a víctimas, entre otras prioridades.
Emergencia
forense. Instituto Nacional de identificación forense. Desde el proceso de
transición, hemos venido trabajando con el Equipo Argentino de Antropología
Forense, la Universidad Iberoamericana, el Comité Internacional de la Cruz
Roja, Oficina del ACNUDH, la Escuela Nacional de Antropología, ahora se están
teniendo acercamientos con Data Cívica y Enfoque DH, para concretar el Plan
Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense que se realizará en
coordinación con la Fiscalía General de la República; a fin de iniciar la
implementación del Mecanismo Extraordinario para responder al estado de
emergencia.
En materia de
asistencia Técnica Internacional, estamos por suscribir un convenio de
cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y se han iniciado los
trabajos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina del
ACNUDH, la agencia de cooperación de Alemania y varias embajadas que han
mostrado su interés por ayudarnos a combatir este flagelo.
Acciones
realizadas en los primeros 100 días de gobierno en relación con la búsqueda de
personas desaparecidas:
En coordinación
con los familiares de las víctimas de desaparición forzada se han implementado
mesas de diálogo y trabajo en diversas partes el país
Participación en
brigadas de búsqueda en Colima, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, y en la
inauguración del Panteón Forense en Estado de México.
Se habilitó una
línea telefónica de emergencia en la Comisión Nacional de Búsqueda, y
Se instaló dentro
del área de búsqueda existe una unidad para Guerra Sucia.
Conclusión:
Este gobierno
hereda una deuda histórica de más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil
cuerpos sin identificar, decenas de miles de restos óseos, y cientos de fosas
clandestinas.
El Gobierno Federal
ha asumido su responsabilidad reconociendo la crisis en materia de derechos
humanos y desaparición.
Hoy, con la
instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, damos un paso importante para
responder, con responsabilidad, al reclamo de las familias para atender su
demanda de verdad y justicia. Más debemos asumir, que falta un largo trecho por
recorrer. Por lo que, convocamos a familiares de las víctimas, organizaciones
de la sociedad civil, academia, agencias internacionales a conjuntar esfuerzos
para combatir esta desgracia.
Partimos de la
convicción de que enfrentar este profundo agravio a las familias de las
víctimas y a la sociedad, es una responsabilidad del Estado mexicano.
Pero también de que solo con el trabajo en conjunto y articulado con las familias,
los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan, se
puede encarar y superar esta tragedia.
Acompañamiento de
búsqueda con el colectivo “Los otros desaparecidos de Iguala. Guerrero”
21 de marzo, 2019
Venimos hacer un compromiso para
trabajar junto con el colectivo “Los otros desaparecidos de Iguala” para apoyar
en las labores de búsqueda, pero también asumimos que la responsabilidad es del
Estado Mexicano.
Presentación de la Estrategia Integral para
Atención a Víctimas de Desaparición en Jalisco
21 marzo 2019
La estrategia de
estar juntos, Gobierno de México y de Jalisco, es una señal clara e inequívoca
de que vamos a trabajar en coordinación en este tema nodal para poder instaurar
la paz y la tranquilidad en el estado y en todo el país.
A diferencia del
pasado, en el que se quiso ocultar y eludir el problema de desaparición de
personas, nosotros lo asumimos como una responsabilidad de Estado Mexicano.
Esta semana se darán a conocer propuestas para
nombrar a la persona titular de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa
Ciudad de México, 20 de marzo de 2019
Boletín No. 055/2019
- El
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro
Encinas, afirmó que se contará con la nueva instancia de investigación, a
finales de este mes
- En la
sesión de este miércoles estuvo presente el Representante en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH), Jan Jarab
Conforme a lo
acordado en la calendarización mensual de las reuniones de la Comisión para la
Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, este miércoles se llevó a
cabo la tercera sesión ordinaria.
En esta ocasión,
estuvo presente el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
Durante la reunión
se abordaron diversas acciones que la Comisión Presidencial ha impulsado desde
su instalación:
Se presentó la
nueva etapa de asistencia técnica internacional por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, anunciada el pasado 11 de marzo.
Asimismo, se dio a
conocer la propuesta de ruta de trabajo para el Mecanismo Especial de
Seguimiento Reforzado, incluyendo las iniciativas para las visitas y trabajos
de las y los especialistas que integraron el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI).
En seguimiento al
compromiso de crear una Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, el presidente de
la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, solicitó a los participantes hacer
una consulta y presentar sus propuestas esta misma semana, para hacerlas llegar
al Fiscal General.
El Subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración afirmó que se contará con la nueva
instancia de investigación, a finales de este mes.
Por otro lado, los
familiares de los 43 dieron cuenta de la información publicada -hasta ahora
desconocida por la población en general y verificada por las propias familias-
respecto al estudiante desaparecido que supuestamente habría sido integrante
activo de las Fuerzas Armadas.
Solicitaron que la
Secretaría de la Defensa Nacional remita a la brevedad toda la información
relacionada con el caso y demandaron una reunión con el titular de la
dependencia, por lo que el Subsecretario Alejandro Encinas acordó gestionar el
encuentro.
Además, se firmó
el Acuerdo Interinstitucional en materia de Atención Victimal entre la Secretaría
de Salud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de
Gobernación, familiares de víctimas y sus representantes.
Dicho acuerdo
establece, con base en los principios internacionales, la ruta de atención en
materia de salud en apego a las recomendaciones del informe “Yo sólo quería que
amaneciera: Impactos psicosociales en el caso Ayotzinapa”.
El próximo 28 de
marzo, se realizará una reunión extraordinaria con el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y la siguiente reunión ordinaria se llevará a
cabo el 17 de abril.
Planificar
El Universal
Alejandro Encinas Rodríguez
19 de marzo de 2019
Está en marcha el proceso para elaborar el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024. A diferencia del pasado reciente, cuando su
elaboración se reducía a un trámite burocrático, se busca realizar un ejercicio
democrático que permita retomar la planeación del desarrollo del país, poniendo
énfasis en el rescate de la nación y del bienestar de la población.
Se trata de dejar atrás cuatro décadas de abandono
y ausencia de las responsabilidades del Estado, por pate de quienes apostaron a
someter a las leyes del mercado la soberanía y la vida de los mexicanos.
Se discute así, el futuro del país y el proyecto de
nación al que aspiramos, partiendo de reconocer que México atraviesa por una
crisis humanitaria y de violación sistemática de los derechos humanos, que ha
abierto una profunda herida y una grave descomposición del tejido social, donde
la exposición continua a fenómenos violentos afecta a todos por igual.
El PND se cimentará en tres ejes rectores:
Justicia, Bienestar y Desarrollo Económico, y tres ejes transversales: igualdad
de género, inclusión y no discriminación; combate a la corrupción y mejor
gestión pública, así como territorio y desarrollo sustentable.
Con ello, se pretende sumar a las políticas para
atender a las personas más pobres, las acciones para favorecer la igualdad de
género, su inclusión y no discriminación, lo que significa llevar la igualdad y
la no discriminación, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión
pública, así como el enfoque territorial y el desarrollo sostenible, al diseño
y a la implementación de todas las políticas del Gobierno federal.
La desigualdad, la exclusión y la pobreza se
expresan también como formas de violencia. Es urgente cerrar las brechas de
desigualdad que viven los grupos históricamente excluidos del país.
Una de las expresiones más preocupantes de la
violencia es la sistemática exclusión que viven las niñas y mujeres, así como
la acentuada violencia intrafamiliar, laboral, comunitaria, institucional y
feminicida de la que son víctimas.
La prioridad de atender los derechos humanos debe
impregnar todas las acciones y políticas públicas del gobierno como directrices
en la construcción de la paz y la reconciliación en el país.
Ello entraña una nueva visión en el ejercicio del
poder público, donde la Secretaría de Gobernación, sin desatender sus
responsabilidades en la conducción de la política interior del país, dejará de
ser un órgano para el control y para la persecución política, para erigirse en
una institución garante de derechos y libertades. Donde la razón de Estado y el
principio de autoridad serán remplazados por la salvaguarda del interés
nacional y el ejercicio pleno de los derechos humanos. (Subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración)
Foro: Plan Nacional de Desarrollo
17 de marzo, 2019
Hoy realizamos un ejercicio democrático de la mayor
importancia para alcanzar la cuarta transformación del país.
Retomar la planeación del desarrollo del país con
una visión de futuro, poniendo énfasis en al rescate de la nación y del
bienestar y de la calidad de vida, de las y los mexicanos.
Se trata de dejar atrás casi cuatro décadas de
abandono y ausencia de las responsabilidades del Estado, por parte de quienes
apostaron dejar a las leyes del mercado la soberanía de nuestro país y el
bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos y las mexicanas
Discutimos entonces, el futuro del país y el
proyecto de Nación al que aspiramos.
Señor Presidente:
Usted ha sostenido, que para este gobierno ha sido
fundamental el reconocimiento de la crisis humanitaria y de violación
sistemática de los derechos humanos que vive nuestro país, convencido de que
reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo.
Recibimos un país marcado por una profunda herida y
por una grave descomposición del tejido social. Un país hundido en una crisis
de violencia que, además de cobrar más de 120 mil vidas, ha dejado a decenas de
familias desplazadas, 40 mil personas desaparecidas, mil 100 fosas
clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses
y millones de víctimas indirectas.
La exposición continua a fenómenos violentos afecta
a todas las mexicanas y a los mexicanos por igual, en particular el desarrollo
físico, emocional y social de las niñas, niños y adolescentes en México.
Más de la mitad de la población vive bajo la línea
de pobreza y millones de mexicanos no tienen atendidas sus necesidades básicas
de vivienda, salud, educación y acceso a una alimentación digna.
Las víctimas de delitos y violaciones a derechos
humanos han sido sistemáticamente dejadas en la sombra. Sin embargo, este
gobierno ha decidido revertir esta situación y colocar a las víctimas en el
centro de su atención y de sus acciones.
Revertir la crisis de derechos humanos y
garantizarlos de manera progresiva, con las víctimas y los grupos más
vulnerables y excluidos en el centro de la atención gubernamental, es nuestra
prioridad de este gobierno y a eso nos evocaremos.
Desde el día en que fue electo, usted ha sostenido
que el gobierno dará prioridad a la atención de las personas más pobres,
quienes han sido históricamente discriminadas y excluidas, por lo que, por el
bien de todas y todos ellos se ha decidido que, además de las políticas de
bienestar que ya están en marcha, uno de los ejes transversales del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 será
el de igualdad de género, inclusión y no discriminación.
Transversalizar el Plan Nacional de Desarrollo,
significa llevar la igualdad y la no discriminación, el combate a la corrupción
y la mejora de la gestión pública, así como el enfoque territorial y el
desarrollo sostenible al diseño y a la implementación de todas las
políticas del Gobierno federal.
La desigualdad, la exclusión y la pobreza se
expresan también como formas de violencia; y debemos enfrentarlas. Uno de cada
dos niños, niñas o adolescentes se encuentra en situación de pobreza y dos de
cada diez están en pobreza extrema, afectando en mayor medida a las niñas
y a las mujeres.
El gobierno está poniendo énfasis en la atención a
las necesidades básicas de las personas, garantizando, al menos, el mínimo
esencial en el ejercicio del derecho a la alimentación, vivienda, educación y
salud, como lo plantean lás 25 programas de bienestar o el Programa de
Jóvenes Construyendo el Futuro.
Es urgente cerrar las enormes brechas de
desigualdad que viven los grupos históricamente discriminados y excluidos del
país.
Cuando hablamos de brechas nos referimos, por
ejemplo, a que las mujeres hablantes de idiomas indígenas que viven en zonas
rurales, tienen una tasa de analfabetismo diez veces mayor que la del resto de
la población, o que ocho de cada diez hablantes de lengua indígena viven
en situación de pobreza. Esto se traduce en doble del promedio nacional.
Nos referimos a prácticas qué en las calles,
escuelas, clínicas, medios de comunicación y de transporte, entre muchos otros
espacios, se imponen obstáculos de todo tipo a las personas con discapacidad,
porque sus diseños no son accesibles.
Cuando hablamos de brechas de desigualdad, hablamos
de que las mujeres indígenas y afromexicanas que viven en zonas rurales,
cuentan con servicios de salud escasos, lejanos, de peor calidad, y sin
adaptaciones culturales mínimas.
Una de las más preocupantes expresiones de la
violencia es la sistemática exclusión que viven las niñas y mujeres, así como
la acentuada violencia intrafamiliar, laboral, comunitaria, institucional y
feminicida de la que son víctimas.
El 66% de las mujeres mayores de 15 años dicen
haber enfrentado al menos un episodio de violencia emocional, física,
económica, sexual o de discriminación a lo largo de su vida.
Por ello, habremos de poner especial atención a la
violencia particular que sufren las mujeres en zonas de conflicto. La violencia
sexual y la basada en género se expresan, por ejemplo, en la tortura sexual,
que sigue siendo una práctica recurrente en el país y ha de ser
erradicada.
Estas formas de violencias las viven de forma más severa
las mujeres indígenas, las mujeres privadas de su libertad, las migrantes, las
madres solteras, las mujeres con discapacidad, las lesbianas y transexuales,
las periodistas y las defensoras de los derechos humanos.
Las políticas de seguridad y los procesos de verdad
y justicia, pero también las políticas del Programa de Bienestar, atenderán la
forma específica de violencia que viven las mujeres, pero también deben fungir
de forma diferenciada dando prioridad a las mujeres más vulnerables.
Así, la prioridad de atender los derechos humanos
no se limita a la Subsecretaría a mi cargo: los derechos humanos deben
impregnar, de forma transversal, todas las acciones y políticas públicas de
este gobierno, tal y como se propone en el proyecto de Plan Nacional de
Desarrollo que hoy discutimos.
Sin embargo, para proteger y garantizar
adecuadamente los derechos humanos y revertir la crisis humanitaria en el país,
es fundamental que las políticas públicas se rijan bajo el principio de no
discriminación, de perspectiva de género y de inclusión,
promoviendo también la equidad de género, adaptándose a las necesidades e
identidades concretas de cada persona.
La perspectiva de género debe permear todas las
acciones del gobierno, reconociendo los diferentes tipos de violencia que
afectan a las mujeres y entenderlas como un problema social y estructural.
Asimismo, se debe impulsar por medio de políticas públicas en comunicación
y colaboración con comunidades y la sociedad civil, una transformación de los
estándares, roles y conductas patriarcales para promover, modelar y adoptar
normas sociales positivas que impulsen la equidad de género.
Para lograr que la no discriminación, la equidad de
género y la inclusión sean ejes transversales de las políticas de todo el
gobierno, es necesario, que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo
retome estas perspectivas para que funjan como directrices en la
construcción de la paz en el país.
Por ello, desde los distintos ámbitos del gobierno
federal, se promoverá que las políticas públicas partan de diagnósticos serios,
nutriéndose de experiencias comparadas y de la colaboración de organismos
internacionales, la academia y organizaciones de la sociedad civil.
Es necesaria la coordinación entre las distintas
secretarías del gobierno federal y los distintos órdenes de gobierno, para
asegurarse que los derechos humanos, la no discriminación, la perspectiva de
género y la inclusión sean un eje transversal a lo largo del sexenio.
La Secretaría de Gobernación, en el marco de sus
facultades, colaborará con las distintas secretarías y dependencias para
alcanzar el objetivo primigenio planteado: alcanzar la paz y la reconciliación
entre todas y todos los mexicanos.
Señor presidente:
Usted ha sintetizado de manera clara esta nueva
visión del gobierno nacional, cuando ha señalado que la Secretaría de
Gobernación, se convertirá en los hechos en la Secretaría de los Derechos
Humanos.
Ello entraña una nueva visión en el ejercicio del
poder público, donde la Secretaría de Gobernación, sin desatender sus
responsabilidades en la conducción de la política interior del país, dejará de
ser un órgano para el control y para la persecución política y deberá
erigirse en una institución garante de derechos y libertades. Donde la razón de
Estado y el principio de autoridad serán remplazados por la salvaguarda del
interés nacional y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas y todos
mexicanos
En ello emprenderemos el mayor de nuestros
esfuerzos para retomar la planeación en u ñn instrumento que nos permita desarrollar
la cuarta transformación que está en marcha en nuestro país.
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En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.