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"Estamos en una crisis humanitaria que deriva de la ausencia del Estado":

Alejandro Encinas Rodríguez

Venimos de lejos

Dtto 30

Constituyente

Senador

Reunión con el Presidente  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Presidencial por la  Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa




Primera Sesión Ordinaria 2019, Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación



Mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas


25 de marzo, 2019







Implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas



Palacio Nacional, 24 de marzo de 2019
El pasado 4 de febrero, dimos a conocer, en este mismo espacio, el Plan de Implementación de la Ley General en materia de desaparición de Personas. Una ley que es el resultado de la lucha de las familias de las personas desaparecidas y de la sociedad civil, que se publicó en noviembre de 2017.
A 47 días de anunciado este plan, hoy cumplimos con el compromiso de Reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda, en el cual la participación de las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, academia y autoridades de diversos órdenes de gobierno, convergen.
Hablamos de reinstalar del Sistema nacional de Búsqueda, por qué si bien hubo una instalación oficial el 9 de octubre de 2018, esta no tuvo ningún efecto ni resultado.
El Sistema Nacional tiene como objetivo diseñar, evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano, para establecer las políticas y procedimientos, entre todos los órdenes de gobierno, para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos.
A partir de hoy, el Sistema Nacional deberá garantizar la integración del:
  • Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
  • Banco Nacional de Datos Forenses
  • Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas
  • Registro Nacional de Fosas
  • Registro Administrativo de Detenciones
  • Alerta Ámber
  • Protocolo homologado de búsqueda

Al mismo tiempo deberá:
  • Expedir lineamientos para la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas, así como de investigación.
  • Establecer coordinación con autoridades para el funcionamiento del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, para el tratamiento y uso de toda la información para la búsqueda
  • Evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda y las políticas públicas implementadas, así como o del Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones e identificación forense, y
  • Dictar lineamientos para la participación de los familiares.

Qué hemos hecho:
A partir del anuncio del Plan de Implementación de la Ley, y en coordinación con las víctimas, diseñamos una convocatoria para designar a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, el proceso fue transparente y no se presentó ninguna impugnación, resultando electa la Doctora Karla Quintana.

Promovimos la integración de las Comisiones Locales de Búsqueda.
Cuando anunciamos la implementación del Pan se tenían conformadas ocho Comisiones Locales de Búsqueda. Hoy prácticamente ya contamos con trece, considerando que en el estado de Durango ha concluido el proceso de selección y la próxima semana hará el nombramiento, y en el estado de Chihuahua, se ha adscrito a la fiscalía local.

No.
Entidad
Comisionado Local
1
Baja California
Juan Manuel León Martínez
2
Coahuila
Ricardo Martínez Loyola
3
Chihuahua
Adscrito a la Fiscalía especializada
4
Durango
Ha concluido el proceso, se nombra la próxima semana
5
Estado de México
María del Sol Berenice Salgado Ambros
6
Guerrero
Caritino Santiago Morales
7
Jalisco
Francisco Javier Ávila Navarro
8
Nayarit
Carlos Iván Pimienta Acosta
9
Nuevo León
Ma. De la Luz Balderas Rodríguez
10
Querétaro
Karen Cedillo Torres
11
San Luis Potosí
Jesús Juárez Hernández
12
Tamaulipas
Jorge Espinosa Macías Espinoza
13
Veracruz
Geiser Manuel Caso Molinari

Sin embargo, no basta con contar con una Comisión Local, es necesario dotarlos de recursos, instalaciones y respaldo político por parte de los gobernadores para que se conviertan en pieza clave para resolver progresivamente la crisis de derechos humanos por la que atravesamos.
Aunque debo también reconocer los avances que en particular se han sostenido en algunas entidades. Por ejemplo en Veracruz con la declaratoria de crisis humanitaria y las acciones que de ella se desprenden; en Coahuila con el programa local de búsqueda y los avances en materia forense, y en Jalisco donde esta semana se puso en marcha una estrategia integral en para enfrentar el delito de desaparición.
Lamentablemente en 19 entidades no hay avances legislativos ni decreto para la designación de Comisionado Local, por lo que urge crear el marco jurídico local donde hace falta e iniciar el procedimiento para dar el primer paso, reconociendo la gravedad del problema.
Presupuesto 2019,  en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron 400 millones 791 pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales, de los cuales, al menos el 50 por ciento se destinarán a las labores de búsqueda en campo en las entidades que cuenten con su Comisión Local.
Por otro lado, las entidades federativas asignaron 58 millones 424 mil 466 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, al Programa de Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas desaparecidas, que lamentablemente representan solo el 0.77% de los 7 mil 210 millones de pesos de este fondo. Recursos que deberán utilizarse para implementar los Protocolos de atención a víctimas. La Coordinación y células de búsqueda en vida, y la Atención a víctimas, entre otras prioridades.

Emergencia forense. Instituto Nacional de identificación forense. Desde el proceso de transición, hemos venido trabajando con el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Universidad Iberoamericana, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Oficina del ACNUDH, la Escuela Nacional de Antropología, ahora se están teniendo acercamientos con Data Cívica y Enfoque DH, para concretar el Plan Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense que se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la República; a fin de iniciar la implementación del Mecanismo Extraordinario para responder al estado de emergencia.
En materia de asistencia Técnica Internacional, estamos por suscribir un convenio de cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y se han iniciado los trabajos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina del ACNUDH, la agencia de cooperación de Alemania y varias embajadas que han mostrado su interés por ayudarnos a combatir este flagelo.
Acciones realizadas en los primeros 100 días de gobierno en relación con la búsqueda de personas desaparecidas:
En coordinación con los familiares de las víctimas de desaparición forzada se han implementado mesas de diálogo y trabajo en diversas partes el país
Participación en brigadas de búsqueda en Colima, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, y en la inauguración del Panteón Forense en Estado de México.
Se habilitó una línea telefónica de emergencia en la Comisión Nacional de Búsqueda, y
Se instaló dentro del área de búsqueda existe una unidad para Guerra Sucia.
Conclusión:
Este gobierno hereda una deuda histórica de más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar, decenas de miles de restos óseos, y cientos de fosas clandestinas.
El Gobierno Federal ha asumido su responsabilidad reconociendo la crisis en materia de derechos humanos y desaparición.
Hoy, con la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, damos un paso importante para responder, con responsabilidad, al reclamo de las familias para atender su demanda de verdad y justicia. Más debemos asumir, que falta un largo trecho por recorrer. Por lo que, convocamos a familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia, agencias internacionales a conjuntar esfuerzos para combatir esta desgracia.
Partimos de la convicción de que enfrentar este profundo agravio a las familias de las víctimas y a la sociedad, es una responsabilidad del Estado mexicano.  Pero también de que solo con el trabajo en conjunto y articulado con las familias, los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan, se puede encarar y superar esta tragedia.


Acompañamiento de búsqueda con el colectivo “Los otros desaparecidos de Iguala. Guerrero”


21 de marzo, 2019




Venimos hacer un compromiso para trabajar junto con el colectivo “Los otros desaparecidos de Iguala” para apoyar en las labores de búsqueda, pero también asumimos que la responsabilidad es del Estado Mexicano.


Presentación de la Estrategia Integral para Atención a Víctimas de Desaparición en Jalisco

 

21 marzo 2019

 




  
La estrategia de estar juntos, Gobierno de México y de Jalisco, es una señal clara e inequívoca de que vamos a trabajar en coordinación en este tema nodal para poder instaurar la paz y la tranquilidad en el estado y en todo el país.
A diferencia del pasado, en el que se quiso ocultar y eludir el problema de desaparición de personas, nosotros lo asumimos como una responsabilidad de Estado Mexicano.



Esta semana se darán a conocer propuestas para nombrar a la persona titular de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa


Ciudad de México, 20 de marzo de 2019
Boletín No. 055/2019


  • El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, afirmó que se contará con la nueva instancia de investigación, a finales de este mes

  • En la sesión de este miércoles estuvo presente el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab

Conforme a lo acordado en la calendarización mensual de las reuniones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, este miércoles se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria.

En esta ocasión, estuvo presente el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.

Durante la reunión se abordaron diversas acciones que la Comisión Presidencial ha impulsado desde su instalación:

Se presentó la nueva etapa de asistencia técnica internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunciada el pasado 11 de marzo.

Asimismo, se dio a conocer la propuesta de ruta de trabajo para el Mecanismo Especial de Seguimiento Reforzado, incluyendo las iniciativas para las visitas y trabajos de las y los especialistas que integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En seguimiento al compromiso de crear una Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, el presidente de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, solicitó a los participantes hacer una consulta y presentar sus propuestas esta misma semana, para hacerlas llegar al Fiscal General.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración afirmó que se contará con la nueva instancia de investigación, a finales de este mes.
Por otro lado, los familiares de los 43 dieron cuenta de la información publicada -hasta ahora desconocida por la población en general y verificada por las propias familias- respecto al estudiante desaparecido que supuestamente habría sido integrante activo de las Fuerzas Armadas.

Solicitaron que la Secretaría de la Defensa Nacional remita a la brevedad toda la información relacionada con el caso y demandaron una reunión con el titular de la dependencia, por lo que el Subsecretario Alejandro Encinas acordó gestionar el encuentro.

Además, se firmó el Acuerdo Interinstitucional en materia de Atención Victimal entre la Secretaría de Salud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación, familiares de víctimas y sus representantes.

Dicho acuerdo establece, con base en los principios internacionales, la ruta de atención en materia de salud en apego a las recomendaciones del informe “Yo sólo quería que amaneciera: Impactos psicosociales en el caso Ayotzinapa”.

El próximo 28 de marzo, se realizará una reunión extraordinaria con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la siguiente reunión ordinaria se llevará a cabo el 17 de abril.




Planificar
El Universal
Alejandro Encinas Rodríguez
19 de marzo de 2019

Está en marcha el proceso para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. A diferencia del pasado reciente, cuando su elaboración se reducía a un trámite burocrático, se busca realizar un ejercicio democrático que permita retomar la planeación del desarrollo del país, poniendo énfasis en el rescate de la nación y del bienestar de la población.

Se trata de dejar atrás cuatro décadas de abandono y ausencia de las responsabilidades del Estado, por pate de quienes apostaron a someter a las leyes del mercado la soberanía y la vida de los mexicanos.

Se discute así, el futuro del país y el proyecto de nación al que aspiramos, partiendo de reconocer que México atraviesa por una crisis humanitaria y de violación sistemática de los derechos humanos, que ha abierto una profunda herida y una grave descomposición del tejido social, donde la exposición continua a fenómenos violentos afecta a todos por igual.

El PND se cimentará en tres ejes rectores: Justicia, Bienestar y Desarrollo Económico, y tres ejes transversales: igualdad de género, inclusión y no discriminación; combate a la corrupción y mejor gestión pública, así como territorio y desarrollo sustentable.

Con ello, se pretende sumar a las políticas para atender a las personas más pobres, las acciones para favorecer la igualdad de género, su inclusión y no discriminación, lo que significa llevar la igualdad y la no discriminación, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, así como el enfoque territorial y el desarrollo sostenible, al diseño y a la implementación de todas las políticas del Gobierno federal.

La desigualdad, la exclusión y la pobreza se expresan también como formas de violencia. Es urgente cerrar las brechas de desigualdad que viven los grupos históricamente excluidos del país.

Una de las expresiones más preocupantes de la violencia es la sistemática exclusión que viven las niñas y mujeres, así como la acentuada violencia intrafamiliar, laboral, comunitaria, institucional y feminicida de la que son víctimas.

La prioridad de atender los derechos humanos debe impregnar todas las acciones y políticas públicas del gobierno como directrices en la construcción de la paz y la reconciliación en el país.

Ello entraña una nueva visión en el ejercicio del poder público, donde la Secretaría de Gobernación, sin desatender sus responsabilidades en la conducción de la política interior del país, dejará de ser un órgano para el control y para la persecución política, para erigirse en una institución garante de derechos y libertades. Donde la razón de Estado y el principio de autoridad serán remplazados por la salvaguarda del interés nacional y el ejercicio pleno de los derechos humanos. (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)



Foro: Plan Nacional de Desarrollo



17 de marzo, 2019
  


Hoy realizamos un ejercicio democrático de la mayor importancia para alcanzar la cuarta transformación del país.

Retomar la planeación del desarrollo del país con una visión de futuro, poniendo énfasis en al rescate de la nación y del bienestar y de la calidad de vida, de las y los mexicanos.

Se trata de dejar atrás casi cuatro décadas de abandono y ausencia de las responsabilidades del Estado, por parte de quienes apostaron dejar a las leyes del mercado la soberanía de nuestro país y el bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos y las mexicanas

Discutimos entonces, el futuro del país y el proyecto de Nación al que aspiramos.

Señor Presidente:

Usted ha sostenido, que para este gobierno ha sido fundamental el reconocimiento de la crisis humanitaria y de violación sistemática de los derechos humanos que vive nuestro país, convencido de que reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo.

Recibimos un país marcado por una profunda herida y por una grave descomposición del tejido social. Un país hundido en una crisis de violencia que, además de cobrar más de 120 mil vidas, ha dejado a decenas de familias desplazadas, 40 mil personas desaparecidas, mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses y millones de víctimas indirectas.

La exposición continua a fenómenos violentos afecta a todas las mexicanas y a los mexicanos por igual, en particular el desarrollo físico, emocional y social de las niñas, niños y adolescentes en México.

Más de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza y millones de mexicanos no tienen atendidas sus necesidades básicas de vivienda, salud, educación y acceso a una alimentación digna.

Las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos han sido sistemáticamente dejadas en la sombra. Sin embargo, este gobierno ha decidido revertir esta situación y colocar a las víctimas en el centro de su atención y de sus acciones.

Revertir la crisis de derechos humanos y garantizarlos de manera progresiva, con las víctimas y los grupos más vulnerables y excluidos en el centro de la atención gubernamental, es nuestra prioridad de este gobierno y a eso nos evocaremos.

Desde el día en que fue electo, usted ha sostenido que el gobierno dará prioridad a la atención de las personas más pobres, quienes han sido históricamente discriminadas y excluidas, por lo que, por el bien de todas y todos ellos se ha decidido que, además de las políticas de bienestar que ya están en marcha, uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 será el de igualdad de género, inclusión y no discriminación.

Transversalizar el Plan Nacional de Desarrollo, significa llevar la igualdad y la no discriminación, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, así como el enfoque territorial y el desarrollo sostenible al diseño y a la implementación de todas las políticas del Gobierno federal.

La desigualdad, la exclusión y la pobreza se expresan también como formas de violencia; y debemos enfrentarlas. Uno de cada dos niños, niñas o adolescentes se encuentra en situación de pobreza y dos de cada diez están en pobreza extrema, afectando en mayor medida a las niñas y a las mujeres.

El gobierno está poniendo énfasis en la atención a las necesidades básicas de las personas, garantizando, al menos, el mínimo esencial en el ejercicio del derecho a la alimentación, vivienda, educación y salud, como lo plantean lás 25 programas de bienestar o el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Es urgente cerrar las enormes brechas de desigualdad que viven los grupos históricamente discriminados y excluidos del país.

Cuando hablamos de brechas nos referimos, por ejemplo, a que las mujeres hablantes de idiomas indígenas que viven en zonas rurales, tienen una tasa de analfabetismo diez veces mayor que la del resto de la población, o que ocho de cada diez hablantes de lengua indígena viven en situación de pobreza. Esto se traduce en doble del promedio nacional.

Nos referimos a prácticas qué en las calles, escuelas, clínicas, medios de comunicación y de transporte, entre muchos otros espacios, se imponen obstáculos de todo tipo a las personas con discapacidad, porque sus diseños no son accesibles.

Cuando hablamos de brechas de desigualdad, hablamos de que las mujeres indígenas y afromexicanas que viven en zonas rurales, cuentan con servicios de salud escasos, lejanos, de peor calidad, y sin adaptaciones culturales mínimas.
Una de las más preocupantes expresiones de la violencia es la sistemática exclusión que viven las niñas y mujeres, así como la acentuada violencia intrafamiliar, laboral, comunitaria, institucional y feminicida de la que son víctimas.

El 66% de las mujeres mayores de 15 años dicen haber enfrentado al menos un episodio de violencia emocional, física, económica, sexual o de discriminación a lo largo de su vida.

Por ello, habremos de poner especial atención a la violencia particular que sufren las mujeres en zonas de conflicto. La violencia sexual y la basada en género se expresan, por ejemplo, en la tortura sexual, que sigue siendo una práctica recurrente en el país y ha de ser erradicada.

Estas formas de violencias las viven de forma más severa las mujeres indígenas, las mujeres privadas de su libertad, las migrantes, las madres solteras, las mujeres con discapacidad, las lesbianas y transexuales, las periodistas y las defensoras de los derechos humanos.

Las políticas de seguridad y los procesos de verdad y justicia, pero también las políticas del Programa de Bienestar, atenderán la forma específica de violencia que viven las mujeres, pero también deben fungir de forma diferenciada dando prioridad a las mujeres más vulnerables.

Así, la prioridad de atender los derechos humanos no se limita a la Subsecretaría a mi cargo: los derechos humanos deben impregnar, de forma transversal, todas las acciones y políticas públicas de este gobierno, tal y como se propone en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que hoy discutimos.

Sin embargo, para proteger y garantizar adecuadamente los derechos humanos y revertir la crisis humanitaria en el país, es fundamental que las políticas públicas se rijan bajo el principio de no discriminación, de perspectiva de género y de inclusión, promoviendo también la equidad de género, adaptándose a las necesidades e identidades concretas de cada persona.

La perspectiva de género debe permear todas las acciones del gobierno, reconociendo los diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres y entenderlas como un problema social y estructural. Asimismo, se debe impulsar por medio de políticas públicas en comunicación y colaboración con comunidades y la sociedad civil, una transformación de los estándares, roles y conductas patriarcales para promover, modelar y adoptar normas sociales positivas que impulsen la equidad de género.

Para lograr que la no discriminación, la equidad de género y la inclusión sean ejes transversales de las políticas de todo el gobierno, es necesario, que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo retome estas perspectivas para que funjan como directrices en la construcción de la paz en el país.

Por ello, desde los distintos ámbitos del gobierno federal, se promoverá que las políticas públicas partan de diagnósticos serios, nutriéndose de experiencias comparadas y de la colaboración de organismos internacionales, la academia y organizaciones de la sociedad civil.

Es necesaria la coordinación entre las distintas secretarías del gobierno federal y los distintos órdenes de gobierno, para asegurarse que los derechos humanos, la no discriminación, la perspectiva de género y la inclusión sean un eje transversal a lo largo del sexenio.

La Secretaría de Gobernación, en el marco de sus facultades, colaborará con las distintas secretarías y dependencias para alcanzar el objetivo primigenio planteado: alcanzar la paz y la reconciliación entre todas y todos los mexicanos.
Señor presidente:

Usted ha sintetizado de manera clara esta nueva visión del gobierno nacional, cuando ha señalado que la Secretaría de Gobernación, se convertirá en los hechos en la Secretaría de los Derechos Humanos.

Ello entraña una nueva visión en el ejercicio del poder público, donde la Secretaría de Gobernación, sin desatender sus responsabilidades en la conducción de la política interior del país, dejará de ser un órgano para el control y para la persecución política y deberá erigirse en una institución garante de derechos y libertades. Donde la razón de Estado y el principio de autoridad serán remplazados por la salvaguarda del interés nacional y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas y todos mexicanos

En ello emprenderemos el mayor de nuestros esfuerzos para retomar la planeación en u ñn instrumento que nos permita desarrollar la cuarta transformación que está en marcha en nuestro país.




¿Qué es la Fundlocal?




En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.