Posicionamiento sobre la Reforma en Telecomunicaciones

12 Marzo 2013

Una primera opiniónUna primera opinión

1. La iniciativa de reforma a diversas disposiciones constitucionales contiene avances que deben reconocerse. Sin embargo, más allá de la euforia que ha despertado entre sus promoventes, es necesario hacer una reflexión sin premura sobre sus contenidos.

2. Abrir la competencia no garantiza el ejercicio de un derecho. La iniciativa carece de un enfoque de transversalidad de los derechos humanos que genere las condiciones que permitan su pleno ejercicio. En este sentido, resulta primordial que se consideren el cúmulo de tratados, convenciones, actas, declaraciones y demás instrumentos internacionales que protegen y definen el horizonte de los derechos humanos, en especial del derecho a la información y libertad de expresión, para lograr una auténtica pluralidad en los medios de comunicación.

La comunicación  y la información no son una mercancía, son derechos fundamentales que definen nuestra vida cultural y educativa e impactan en nuestra propia identidad. Esto significa que en las relaciones de intercambio deben constituir una “excepción cultural”, figura que en los tratados comerciales protege bienes y servicios que posibilitan la identidad cultural y política de las naciones; y que resultan indispensables en la afirmación de la vida y existencia espiritual de los individuos; y en el desarrollo de las comunidades, lo que queda impedido al adoptar el Estado políticas que definen la comunicación y a la información como mercancías.

3. Abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización ni que se rompa el monopolio de la opinión pública. Por ello urge, una comunicación democrática que extienda el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos ámbitos de gobierno y a todos los habitantes para que fluya información abierta y veraz  a través de espacios mediáticos diversos y plurales, alineados con el interés público y accesibles a todos los mexicanos; que difunda la cultura y la identidad nacionales, impulse la solidaridad de los pueblos, promueva la participación ciudadana y sea un instrumento de la educación y del desarrollo humano y social.

La propuesta enviada por el Ejecutivo no incorpora la definición de las telecomunicaciones como servicio público, sino utiliza el término de interés general que no incluye la garantía de igualdad a favor de los pueblos indígenas y de otras comunidades que elimine cualquier práctica discriminatoria y que establezca las condiciones técnicas y materiales y procedimientos simplificados, para que los pueblos, las comunidades indígenas y la sociedad civil puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.

Las telecomunicaciones y las actividades de la radio y la televisión son un servicio público, y deben por tanto atender a las necesidades sociales, promover el desarrollo educativo y cultural, el mejoramiento de la salud y la preservación del ambiente, contribuir a un mayor respeto a la pluralidad y la diversidad social, étnica y de género, de los mexicanos y al desarrollo de una amplia cultura cívica y de integración nacional.

4. Reconozco, que si bien se avanza en varios temas como la creación del Instituto de Radiodifusión, el acceso a tecnologías de la información, en la prohibición expresa de la publicidad integrada, en la multiprogramación bajo los principios de competencia, así como en la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo, en otros asuntos se puede caer en contradicción con otros preceptos constitucionales como la apertura a la inversión extranjera directa del 100% en un área prioritaria como son las satélites, que pueden contravenir lo dispuesto en el artículo 28 en su párrafo cuarto señala que:

“La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría,  protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia”.

Como también, es necesario revisar la integración del Consejo de Evaluación del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el que deben participar instituciones calificadas, con gran credibilidad como la UNAM o el IPN y no instituciones que aún no existen como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

5. Reconozco que legislar en la materia y replantear las relaciones entre el Estado, la sociedad y los medios y el papel que éstos deben cumplir en la consolidación de la democracia y la Reforma hacia un Estado democrático es un compromiso que México tiene pendiente. Sin embargo no puedo dejar de señalar, el lamentable hecho de que la Cámara de Diputados se haya asumido como oficialía de partes al recibir y suscribir una iniciativa en la que no participó en su elaboración y que desconocía su contenido. En el Senado de la República, allende lo que resuelva la Cámara de los Diputados, daremos el debate.

Alejandro Encinas Rodríguez
Senador de la República