EL REGRESO
Alejandro Encinas Rodríguez
 El Universal

04 de diciembre de 2012

Como señal ominosa, la provocación que se montó en la Ciudad de México se ha cernido sobre el nuevo gobierno. La expectativa de cambio que genera el inicio de una nueva administración con alternancia de partidos, se ensombrece y genera escepticismo.
 

La parafernalia que rodeó la presentación del gabinete, el traspaso de poderes y el anuncio de sus primeras acciones –algunas de las cuales no pueden desestimarse-, trajo a la memoria la vieja retórica priísta; al igual que la firma del llamado “Pacto por México”, elaborado en privado por las burocracias partidarias, trajo a cuenta los pactos cupulares promovidos por Miguel de la Madrid.
 

Con todo, y pese a que la tentación de volver al pasado subsiste, no se puede plantear que se trata de un vuelco automático. Por el contrario, pese al fracaso de las administraciones del PAN, el país cambió, existe una ciudadanía cada día más exigente y demandante, y una oposición creciente y organizada, que mayoritariamente no votó por el actual gobierno.
Pero también hay que asumir que las reglas tradicionales del priísmo cambiaron, como lo demuestra la designación de su candidato y la campaña electoral, que no derivó del designio presidencial ni del acuerdo simulado de sus sectores, sino de una coalición política que implicó el realineamiento de los grupos internos en el PRI, particularmente de los gobernadores; y el establecimiento de alianzas y compromisos con los poderes facticos desencantados con el panismo.
 

Así, arriba al gobierno una coalición de intereses políticos y complicidades económicas, y con ellos un grupo político diferente del priísmo tradicional, que ha acreditado su peculiar estilo de gobernar en el Estado de México, cuyos primeros indicios cobran forma en la composición del gabinete, donde la coalición de gobernadores priístas, asume el control del aparato político y la fuerza pública; al igual que el mismo grupo de tecnócratas que impusieron las políticas neoliberales y la privatización del patrimonio público, mantiene el control de las finanzas públicas, y los mexiquenses, que hicieron lo propio en la entidad, se ubican en las áreas donde habrá grandes negocios.
 

Son indicios también, los cambios que se promueven a la administración pública federal, que busca el rediseño y concentración del poder público, como se propone en la Secretaría de Gobernación, donde, a contracorriente de lo que sucede en el mundo, se busca que asuma las funciones de gobierno interior, seguridad pública y coordinación de las áreas de inteligencia para la seguridad nacional, lo que crea un conflicto de competencias en tanto que la autoridad responsable de velar por las garantías de los ciudadanos, asumiría el mando de la policía federal encargada de imponer el orden. Basta recordar la funesta experiencia que vivió México cuando Gobernación creó la Dirección Federal de Seguridad, que constituyó una policía política que persiguió a la oposición política y conllevó a la guerra sucia de los años setenta.
 

Lo mismo sucede con la Secretaría de Hacienda, que con la desaparición de la Función Pública, asumirá el control del ingreso y del gasto públicos, así como de su fiscalización, lo que constituirá un poderoso instrumento de control sobre los estados y municipios; con la Secretaría de Desarrollo Social que pretende subsumir las políticas sobre mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y grupos vulnerables, al manejo corporativo de los programas sociales, y con la Secretaria de Desarrollo Agrario que pretende consolidar el gran negocio de la especulación con el suelo ejidal.
 

Ocurre igual con el “Pacto” recientemente suscrito, donde dirigentes de los partidos se comprometen –entre otros muchos asuntos- a establecer un código penal único para el país, lo que además de vulnerar la soberanía de los estados, conculcaría derechos como los alcanzados en el Distrito Federal, penalizando nuevamente la interrupción del embarazo, cediendo a las presiones de los sectores más conservadores del país.
 

Un gobierno con vocación democrática debe impulsar cambios para consolidar instituciones que favorezcan procesos orientados al mantenimiento del consenso social y no del interés propio o privado, dónde existan contrapesos que permitan regular el ejercicio del poder en función del interés colectivo y el ejercicio de las libertades. (Senador de la República)