Requisar Mexicana
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 17 de agosto de 2010
Simulación. Tal es el signo que marca los asuntos de la vida pública en el país. Simulación en el juicio político promovido por Ulises Ruiz para autoexonerarse ante la eventualidad de ser enjuiciado por el próximo Congreso local. Simulación en un diálogo de sordos con Calderón sobre la inseguridad, que reitera lugares comunes, quejas y reclamos que no revertirán el fracaso de la estrategia contra la delincuencia organizada ni la percepción de la misma en la sociedad.
Simulación de unidad nacional en el paseo de las osamentas de héroes nacionales hechas reliquias santificadas. Simulación en la quiebra inducida por empresarios sin escrúpulos, que con impunidad manipulan la concesión de un servicio público estratégico, creando empresas paralelas, descapitalizando la empresa objeto de la concesión, socavando la contratación colectiva y los derechos de los trabajadores, con la complacencia de la autoridad federal.
Se culpa de nuevo a los trabajadores de la “crisis” de la empresa. Se insiste en que los salarios y prestaciones de pilotos y sobrecargos son desmedidos. No importan los costosos honorarios de directivos de la empresa, el dispendio de recursos y canonjías, la evasión y devolución de impuestos. Menos importa la creación de dos empresas —Mexicana Click y Mexicana Link— bajo el mismo título de concesión para transferir activos, descapitalizar a la empresa titular, sobreendeudarla y romper la relación laboral, ante la sospechosa omisión de la SCT y su infausto titular, responsables de vigilar la correcta operación del título de concesión.
No se puede aducir que se trata de un conflicto entre particulares, como lo sostuvo Molinar Horcasitas ante la Comisión Permanente del Congreso para justificar su negativa a intervenir. Tampoco se puede reducir el asunto a un conflicto gremial o al rescate financiero gubernamental, lo cual es innecesario, pues el gobierno federal cuenta con instrumentos legales para actuar, que van desde la revocación del título de concesión hasta la requisa de la empresa.
Hasta ahora, la requisa se ha entendido como la intervención de la autoridad ante la existencia de un conflicto laboral que desemboca en el paro de labores mediante la huelga, y que puede causar la suspensión de un servicio público estratégico como la telefonía o la electricidad. Pero esta atribución es extensiva a los casos en que particulares incumplen con la prestación de un servicio concesionado, incluso sin que éste sea de carácter estratégico, como sucedió en junio de 2001, cuando se requisó la operación del Registro Nacional de Vehículos (Renave), de tan triste memoria. Con mayor razón, en el caso de una empresa trascendental para la economía, como Mexicana de Aviación, respecto a la cual, la Ley de Vías Generales de Comunicación le otorga al gobierno federal la facultad de requisar, es decir, aplicar un procedimiento administrativo que permite a la autoridad ocupar temporalmente un bien inmueble o apropiarse de bienes muebles propiedad de los particulares por causa de utilidad pública, a fin de prevenir algún peligro inminente, en este caso, para la economía nacional.
Los problemas que enfrenta la aviación nacional muestran un escenario de contingencia que justifica esta medida excepcional. La requisa aseguraría la prestación del servicio en condiciones de seguridad, manteniendo las rutas que requiere el interés público. Evitaría que las rutas, particularmente hacia EU, sean cubiertas por aerolíneas extranjeras que no tengan restricciones para volar en ese país, y que otras empresas con restricciones las asuman mediante el llamado “arrendamiento húmedo”, es decir, la renta de aeronaves y tripulación extranjeras. Evitaría, además prácticas monopólicas y —como ya sucede en algunas rutas— el aumento desmedido de tarifas.
Frente a la simulación convertida en deporte nacional, una medida de esta naturaleza reivindicaría el interés público y la existencia de algún tipo de autoridad. Garantizaría al Estado conservar el dominio sobre la vía y, con ello, la salvaguarda de la soberanía y seguridad nacionales, lo que se antoja difícil, en momentos en que el gobierno federal y, en particular, el secretario de Comunicaciones y Transportes, protege prácticas empresariales fraudulentas y los intereses de empresarios banales, en vez de defender las fuentes de empleo y los derechos de los trabajadores en un área estratégica.
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