La decena trágica
Alejandro Encinas Rodríguez
Diez años han transcurrido y las expectativas se difuminaron entre las pesquisas de los headhunters, la suma del voto útil al foxismo que incluyó a militantes de la izquierda, la continuidad del pasado priísta, la frivolidad, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder público.
No hubo recato alguno. Desde las esferas del poder, lo mismo se entregaron los tiempos del Estado a los medios de comunicación y todo tipo de concesiones a los poderes fácticos, que se socavaron las empresas públicas para justificar su privatización, usando incluso de forma facciosa los poderes del Estado para eliminar al adversario político.
Una década después, México no sólo no transitó hacia la democracia, sino, por el contrario, registró una regresión en todos los órdenes.
La economía se estancó, al mantener una tasa promedio de crecimiento real de 2.5% a lo largo de la última década, mientras que la población creció en 10.8%, lo que impactó en el incremento de la tasa de ocupación parcial, y desocupación hasta 11.5%, lo que representa que más de cinco millones de mexicanos no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana, mientras que 12.6 millones de personas se desempeñan en la economía informal.
Menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal y han enfrentado una caída en sus salarios. El salario se paga por debajo del valor del trabajo. En diez años, el salario mínimo pasó de 40.35 pesos diarios a 57.47 pesos, apenas 17.11 pesos más. Su deterioro frente a los precios suma, desde 1982, una caída en el poder adquisitivo de 82%. En 1982 se requerían 5.1 horas de trabajo para adquirir una canasta básica adecuada para una familia de cinco miembros, mientras que en 2008 se ocupaban 14.5 horas, es decir, casi tres veces más. Aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, nueve millones de mexicanos viven con salario mínimo o menos.
Ello significó la expulsión de mexicanos al extranjero y el crecimiento de la pobreza. Si bien la migración se mantuvo en sus niveles históricos, la deportación de inmigrantes mexicanos alcanzó, según el INM, la cifra de más de 535 mil paisanos. De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres tras la crisis del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. El número de mexicanos en condición de pobreza alimentaria es 22.3 millones.
La violencia alcanza niveles inimaginables. Durante la actual administración se han registrado a la fecha 28 mil 500 ejecuciones. Se aduce que la violencia obedece al ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado. Pero el grueso de los delitos va en aumento: el secuestro se incrementó entre 2000 y 2010 en 129% y la extorsión en 419%. Los 72 cobardes asesinatos de inmigrantes latinoamericanos en Tamaulipas tiran por la borda esa tesis y evidencian el clima de barbarie contra grupos vulnerables (indocumentados, pobres, indígenas) y la incompetencia de la autoridad se resume en su incapacidad en declaraciones que ofenden la inteligencia.
La exclusión social afecta a varias generaciones de jóvenes: 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que por su condición económica han sido marginados del sistema educativo y del mercado laboral, y que no encuentran en la migración ni en la economía informal las válvulas de escape de antaño y se refugian en el hogar, el ocio, las adicciones y la delincuencia. El Instituto de la Juventud encontró en 2008 que 350 mil jóvenes entre 12 y 29 años intentaron suicidarse. De éstos, siete de cada 10 no tenían trabajo.
En este año de conmemoración patria, México cierra una década trágica. Una nueva temporada de zopilotes, en la que, pese a sus resultados, se insiste en la política económica impuesta desde los años del priísmo que empobrece a los mexicanos y en una estrategia contra el crimen cimentada en el principio de autoridad y no en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 31 de agosto de 2010
La derrota del PRI en el 2000 creó las condiciones y levantó una gran expectativa para lograr una transformación democrática en el país. Quedaban atrás siete décadas de un régimen autoritario que, si bien instauró al Estado del siglo XX y las instituciones que resultaron de la Revolución, devino en un sistema político marcado por prácticas corporativas, corrupción y freno —cuando no la represión— a toda disidencia política o social.
Diez años han transcurrido y las expectativas se difuminaron entre las pesquisas de los headhunters, la suma del voto útil al foxismo que incluyó a militantes de la izquierda, la continuidad del pasado priísta, la frivolidad, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder público.
No hubo recato alguno. Desde las esferas del poder, lo mismo se entregaron los tiempos del Estado a los medios de comunicación y todo tipo de concesiones a los poderes fácticos, que se socavaron las empresas públicas para justificar su privatización, usando incluso de forma facciosa los poderes del Estado para eliminar al adversario político.
Una década después, México no sólo no transitó hacia la democracia, sino, por el contrario, registró una regresión en todos los órdenes.
La economía se estancó, al mantener una tasa promedio de crecimiento real de 2.5% a lo largo de la última década, mientras que la población creció en 10.8%, lo que impactó en el incremento de la tasa de ocupación parcial, y desocupación hasta 11.5%, lo que representa que más de cinco millones de mexicanos no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana, mientras que 12.6 millones de personas se desempeñan en la economía informal.
Menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal y han enfrentado una caída en sus salarios. El salario se paga por debajo del valor del trabajo. En diez años, el salario mínimo pasó de 40.35 pesos diarios a 57.47 pesos, apenas 17.11 pesos más. Su deterioro frente a los precios suma, desde 1982, una caída en el poder adquisitivo de 82%. En 1982 se requerían 5.1 horas de trabajo para adquirir una canasta básica adecuada para una familia de cinco miembros, mientras que en 2008 se ocupaban 14.5 horas, es decir, casi tres veces más. Aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, nueve millones de mexicanos viven con salario mínimo o menos.
Ello significó la expulsión de mexicanos al extranjero y el crecimiento de la pobreza. Si bien la migración se mantuvo en sus niveles históricos, la deportación de inmigrantes mexicanos alcanzó, según el INM, la cifra de más de 535 mil paisanos. De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres tras la crisis del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. El número de mexicanos en condición de pobreza alimentaria es 22.3 millones.
La violencia alcanza niveles inimaginables. Durante la actual administración se han registrado a la fecha 28 mil 500 ejecuciones. Se aduce que la violencia obedece al ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado. Pero el grueso de los delitos va en aumento: el secuestro se incrementó entre 2000 y 2010 en 129% y la extorsión en 419%. Los 72 cobardes asesinatos de inmigrantes latinoamericanos en Tamaulipas tiran por la borda esa tesis y evidencian el clima de barbarie contra grupos vulnerables (indocumentados, pobres, indígenas) y la incompetencia de la autoridad se resume en su incapacidad en declaraciones que ofenden la inteligencia.
La exclusión social afecta a varias generaciones de jóvenes: 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que por su condición económica han sido marginados del sistema educativo y del mercado laboral, y que no encuentran en la migración ni en la economía informal las válvulas de escape de antaño y se refugian en el hogar, el ocio, las adicciones y la delincuencia. El Instituto de la Juventud encontró en 2008 que 350 mil jóvenes entre 12 y 29 años intentaron suicidarse. De éstos, siete de cada 10 no tenían trabajo.
En este año de conmemoración patria, México cierra una década trágica. Una nueva temporada de zopilotes, en la que, pese a sus resultados, se insiste en la política económica impuesta desde los años del priísmo que empobrece a los mexicanos y en una estrategia contra el crimen cimentada en el principio de autoridad y no en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
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