Sufragio efectivo, no reelección
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 22 de diciembre de 2009

Con tres años de atraso, el gobierno de Felipe Calderón se ha planteado “ganar la confianza de los mexicanos” y para ello pretende impulsar lo que denomina una “reforma política” que, al igual que ocasiones anteriores, difícilmente transitará.

Cabe señalar que no se trata de una verdadera reforma política, ya que ninguno de sus elementos representa una transformación del régimen político y queda a la zaga de los acuerdos alcanzados por las fuerzas políticas sobre la reforma del Estado. Se trata de ofrecimientos que si bien retoman iniciativas planteadas por la izquierda desde al menos dos décadas, como la iniciativa popular para que los ciudadanos puedan promover leyes y la figura de candidaturas independientes, con la cual los ciudadanos podrían hacer valer su derecho a votar y ser votados, mantienen serias limitaciones, pues deja pendiente una nueva generación de derechos que permitan el ejercicio de la democracia directa (plebiscito, referéndum, revocación de mandato, rendición de cuentas, presupuesto participativo); y si bien se avanza en romper el monopolio de los partidos en la representación popular, se endurecen los requisitos para crear nuevos partidos, al incrementar al 4% el requisito para el registro, lo que se agrava al promover la elección consecutiva, hasta por 12 años, de presidentes municipales, jefes delegacionales y legisladores, lo que dejaría en una profunda condición de indefensión a los candidatos independientes, pues al no definirse los mecanismos de financiamiento de las campañas y las reglas para enfrentar a los partidos y a los poderes fácticos, los cacicazgos locales y municipales se consolidarán. Basta Imaginar a un candidato independiente compitiendo contra los aparatos corporativos de los gobernadores Enrique Peña Nieto, Fidel Herrera o Ulises Ruiz.

Propuesta por demás ajena a las preocupaciones de los mexicanos, que se presenta justamente en el centenario de una revolución que luchó por el sufragio efectivo y la no reelección, y en un momento donde las instituciones de representación política enfrentan un severo cuestionamiento social y que difícilmente puede sostenerse en tanto no existan instituciones electorales acreditadas, que garanticen el respeto al derecho al voto, la autonomía de los congresos locales y los poderes municipales, y la no injerencia del dinero mal habido y los poderes fácticos en los procesos electorales.

En cuanto a la disminución de los integrantes del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, ésta puede revisarse, siempre y cuando se conserve el principio fundamental de la representación proporcional plena. Por eso cualquier disminución en el número de legisladores debe contemplar la disminución en los distritos y en los integrantes de listas de representación proporcional para garantizar la representación de todas las fuerzas políticas y evitar la sobrerrepresentación de cualquiera de ellas.

En cuanto a la segunda vuelta en la elección presidencial. El escenario que se ha venido configurando, bajo la mala actuación de la autoridad electoral y la polarización política inducida por los poderes fácticos, es la de alentar un sistema bipartidista en el país. Lo que cobraría mayor vigor en un sistema, donde no hay garantías democráticas en el ejercicio del voto. Por lo que el establecimiento de una segunda vuelta fortalecería la tentación del bipartidismo y conduciría al desmantelamiento del incipiente sistema de partidos políticos.

Otras propuestas representan una regresión. En particular, al establecer el derecho preferente del Poder Ejecutivo para presentar al inicio de cada periodo de sesiones dos iniciativas de ley para que sean votadas en el mismo periodo, se introduce un esquema de afirmativa ficta que viola el esquema de contrapesos y autonomía entre poderes, cuando se plantea que si el Legislativo no vota estas iniciativas, se considerarían aprobadas. Ello conculca la facultad exclusiva e irrenunciable del Congreso de legislar, a lo que se suman la intención del Ejecutivo para hacer observaciones parciales a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, al igual que la facultad que se pretende otorgar a la Corte para iniciar leyes, cuando éste es el poder encargado de vigilar su aplicación.

El Congreso valorará estas propuestas, sin embargo para recuperar la truncada transición democrática del país, es necesario retomar las iniciativas y acuerdos alcanzados en ejercicios anteriores, dejando de lado el tema de la reelección que un siglo después seguirá dividiendo a los mexicanos.

PD: La foto publicada del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, ¿es mensaje al crimen organizado o a la disidencia? De cualquier forma, lo que muestra es que quienes combaten a los delincuentes actúan igual que los mismos.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador General de los Diputados Federales del PRD

Unidad necesaria

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 08 de diciembre de 2009

Apoco más de dos décadas de su constitución, el PRD realizó su XII Congreso Nacional al que denominó de refundación. Muchas han sido las interpretaciones de lo ahí acontecido, siendo la más recurrente el señalamiento de que no se trató de una verdadera refundación, sino de un nuevo pacto entre las corrientes que constituyen al partido.

Si bien en muchos aspectos el Congreso dejó un mal sabor de boca y un aire de escepticismo, debe entenderse como un segundo paso para revertir la profunda división interna tras el colapso que significó la renovación de la dirección nacional en 2008 y el inicio de un nuevo ciclo en la vida partidaria que tiene el reto de abrir el debate a la posibilidad de crear un nuevo partido, renovado, comenzando con un nuevo padrón de afiliados, nuevas reglas de convivencia interna y apego al principio de que sean los militantes quienes definan orientaciones de la política partidaria y sus órganos de dirección.

Digo que se trata de un segundo paso, pues el primer intento de unidad se dio con la integración del actual grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, lo que permitió además de la formación de un solo grupo parlamentario, dar una señal clara tras los resultados electorales en julio de 2009, que evidenciaron que si se pretendía dar viabilidad a un proyecto político desde el PRD y la izquierda, era necesario replantearse los términos de la unidad interna y la relación con otras fuerzas políticas.

Sería iluso suponer que la refundación del PRD se dará por decreto tras este Congreso. Por el contrario, debe construirse a partir de un proceso de debate y renovación, que requiere no sólo de voluntad política o de reformular documentos básicos, sino de un cambio de actitudes y prácticas políticas que permitan cohesión orgánica e identidad ideológica del partido, lo que implica definir una ruta crítica que cumpla al menos con tres condiciones: implementar cabalmente los acuerdos alcanzados para acotar a las corrientes, construir la estructura territorial del partido desde la sección electoral y renovar los órganos de dirección en todos los niveles a más tardar en el segundo semestre de 2011; garantizar la unidad de acción del PRD y sus aliados progresistas en los comicios de 2010, y crear las condiciones para conformar un amplio frente electoral de izquierdas que compita con un solo candidato en 2012.

Así el PRD podrá recuperar su identidad política, su perfil ideológico y unidad interna, superando las disputas internas, reconstruyendo sus alianzas políticas y sus lazos con el electorado, dejando atrás al partido de corrientes con influencia electoral y restituirse como un instrumento para la lucha política, vinculado a los movimientos sociales y con un sólido posicionamiento territorial.

La izquierda debe recuperar el aliento unificador que dio origen al PRD y ello sólo será posible retomando la iniciativa política, reconstruyendo su credibilidad ante la ciudadanía. El PRD debe avanzar en la democratización de su vida interna. Necesita corrientes de pensamiento que enriquezcan la vida y el discurso partidario, asumiendo al territorio como el protagonista fundamental de su organización y como espacio vital para el desarrollo de la comunidad y de una nueva cultura ciudadana que reconozca su diversidad; que profundice las acciones y medidas por el bien vivir; que construya alternativas ahondando la democracia; construir ciudadanía y espacios participativos para movilizar a la sociedad y hacer efectivo el ejercicio de sus derechos.

El proyecto de izquierda en que se inscribe el PRD es la vía para garantizar una verdadera transformación en nuestro país. La derecha ha evidenciado su incapacidad y, por otro lado, no se puede permitir un vuelco a un pasado de autoritarismo y corrupción. Pero para que la izquierda y su principal partido sean factor de estos cambios, es necesario cambiar. Se pueden cambiar —como en el Congreso— documentos básicos, declaración de principios, programa y estatutos, pero se tiene que asumir que si no cambiamos nosotros mismos, nuestras actitudes y prácticas políticas, nada va a cambiar.

Una izquierda dividida y sin alianzas no tendrá futuro. El pluralismo de esta corriente de pensamiento es una virtud, no un obstáculo. De ahí la necesidad de renovar al PRD, una renovación que conduzca a la construcción de una nueva mayoría que asuma los destinos del país.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador General del Grupo Parlamentario del PRD

XII Congreso Nacional Refundacional del Partido de la Revolución Democrática

Intervención del Dip. Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados

Oaxtepec, Morelos, 3 de diciembre de 2009

Compañeras y compañeros congresistas,
Distinguidos invitados:

Agradezco la oportunidad que me brindan para dirigirme a este Congreso de Refundación en mi carácter de Coordinador General del Grupo Parlamentario de nuestro partido en la Cámara de Diputados.
Un grupo parlamentario que recién ha iniciado sus funciones y en un breve plazo ha acreditado cohesión e iniciativa política, enfrentando la regresión conservadora que la derecha pretende imponer en nuestro país.

Son muchos los valores políticos de nuestro grupo parlamentario. En primer lugar el impulso de una agenda de transformaciones expresada a la fecha en 49 iniciativas de ley y 259 proposiciones de punto de acuerdo, donde se establece con claridad la defensa del Estado laico, el respeto a las libertades democráticas y de los derechos de los mexicanos que se conjuga con una acción unitaria que ha permitido actuar con cohesión en temas fundamentales, como la defensa de la economía popular, la lucha contra nuevos impuestos y la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Sin embargo, el valor político fundamental de este grupo parlamentario es el haber construido un arreglo institucional que permitió dar un primer paso para revertir el ciclo de confrontaciones que a lo largo de los últimos años nos han dividido.

Este no es un hecho menor, menos aún cuando nos hemos planteado el reto de hacer de este Congreso un acto de refundación de nuestro partido.

Un partido que cumple ya dos décadas de existencia y cuyo origen data de un momento político clave en la historia del país, cuando tras una crisis dentro del Partido Revolucionario Institucional, surge una corriente democratizadora que buscaba la democratización de los mecanismos de elección de su candidato a la presidencia de la República, y ante la incapacidad de entender la necesidad de transformarse, sufrió una ruptura que abrió paso al encuentro con un amplio espectro de la izquierda mexicana para primero ir juntos al proceso electoral de 1988, y continuar, después, un proceso de unificación de fuerzas diversas que fueron capaces de conjugarse en la fundación del PRD, un partido político que se planteó construir un referente para defender las mejores causas de los mexicanos.

Dos décadas después buscamos refundar éste proyecto. Sin embargo debemos entender este Congreso como el inicio de una nueva etapa del partido, que si bien no parte de cero, necesita abrir el debate a la posibilidad de crear un nuevo partido, un partido renovado, comenzando con un nuevo padrón de afiliados, nuevas reglas de convivencia interna y con apego al principio de que sean los militantes quienes definan las orientaciones de la política partidaria y sus órganos de dirección.

La refundación de nuestro partido debe ser resultado del debate en un ambiente de renovación. Ésta no se va a dar por decreto. Sería iluso suponerlo, por ello se requiere no sólo de voluntad política o de la reformulación de nuestros documentos básicos. La refundación que iniciamos debe permitir nuestra cohesión política al menos en tres ámbitos:

1. La identidad política y el sentido de pertenencia con el partido. Hoy, hay que reconocerlo la identidad dentro del partido se da principalmente en torno a la corriente, las banderas del partido han sido sustituidas por las de los grupos internos, y esta pérdida de identidad desdibuja nuestro perfil ideológico y socava la unidad interna. Es preciso asumir que los ejes políticos que pueden articular nuestra identidad es la lucha por la democracia y el combate a la desigualdad. La lucha por la libertad y la equidad, para lo que necesitamos un partido que se asuma como un instrumento para alcanzar dichas causas.

2. Recuperar la vocación unitaria del PRD con las izquierdas y las fuerzas progresistas. Hasta ahora padecemos una especie de enajenación, concentrados en nuestras disputas internas, fracturando nuestras alianzas políticas y nuestros lazos con el electorado, convirtiéndonos en nuestros propios detractores.

El PRD debe dejar de ser un partido de corrientes con influencia electoral, para restituirse como un partido de masas para la lucha política vinculado a los movimientos sociales, con un sólido posicionamiento territorial y por lo tanto electoral.

Debemos recuperar el aliento unificador que nos dio origen y el capital electoral que perdimos en los recientes procesos electorales. Ello sólo será posible recuperando el discurso y la iniciativa política que conlleve a restituir nuestra credibilidad y confianza ante la ciudadanía y a cristalizar de nueva cuenta las aspiraciones de un vasto sector de la sociedad que nos ha permito constituir una fuerza política importante y convertirnos en una opción real de gobierno.

3. Avanzar en la democratización de nuestra vida interna. Corrientes si, grupos de interés no. Necesitamos corrientes de pensamiento que enriquezcan la vida y el discurso del partido, partiendo de reconocer que la base de sustentación de nuestra vida interna debe ser la organización territorial.

La izquierda debe asumir al territorio como un protagonista fundamental en la creación de un nuevo paradigma, no solo para el desarrollo de la comunidad sino para humanizarla. Ello implica desarrollar una nueva cultura ciudadana que reconozca la diversidad, profundice las acciones y medidas por el bien vivir, construyendo nuevas alternativas, ahondando la democracia, construyendo comunidad, ciudadanía y espacios participativos, capaces de movilizar a la sociedad.

Compañeras y compañeros

Estoy convencido de que el proyecto de izquierda en el que se inscribe nuestro partido, es la vía que puede garantizar una verdadera transformación en nuestro país. La derecha ha evidenciado su incapacidad para conducir al país, y por otro lado, no podemos permitir un vuelco al paso. Pero para que la izquierda y nuestro partido sean factor para impulsar estos cambios, debemos cambiar. Podemos cambiar nuestros documentos básicos, nuestros estatutos, declaración de principios y programa, pero tenemos que asumir que si no cambiamos nosotros mismos, nuestras actitudes y prácticas políticas, nada va a cambiar. Debemos asumir nuestro pluralismo como una virtud. Ese es nuestro reto y espero que éste congreso permita la renovación del PRD que permita la construcción de una nueva mayoría que asuma los destinos del país.

Tres años de resistencia
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 24 de noviembre de 2009

Cuando el 20 de noviembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador rendía protesta como Presidente Legítimo de México, la sorna y el escarnio dieron continuidad a una guerra mediática que, desde la confrontación alentada por el gobierno federal que conllevó al desafuero del entonces jefe de Gobierno, vaticinaba el colapso de un movimiento político que asumió la resistencia civil pacífica, como vía para encauzar la inconformidad creada tras el fraude electoral del 2 de julio y comenzar la construcción de una nueva República.

Tres años después, pese a los malos augurios, este movimiento ha encauzado los avatares del conflicto postelectoral y organizado una vasta red territorial que, tras el recorrido de López Obrador por los 2 mil 456 municipios del país, ha articulado a más de 2 millones 300 mil mexicanos, y hoy, de cara al 2012, inicia un nuevo ciclo que busca, desde esa estructura territorial, ampliar su base social y acreditar un proyecto político alternativo que busca traducirse en una corriente de pensamiento que permita la conformación de una mayoría electoral, sustentada en valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la protección del medio ambiente y un crecimiento económico con justicia social.

Con ese propósito, este domingo se ha hecho pública una propuesta que busca alentar el debate nacional en el diseño de un Proyecto Alternativo de Nación, que entre otros puntos plantea:

Recuperar democráticamente al Estado, en un escenario donde existe una República simulada, en la que los poderes constitucionales se han subordinado a poderes de facto que privilegian sus intereses en la conducción del país.

Democratizar los medios masivos de comunicación, impidiendo el control monopólico de la radio y la televisión, y que se utilice una concesión pública en función de intereses particulares. Como se subrayó en el Zócalo, no se trata de expropiar, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información, sin crear una excesiva reglamentación ni optar por la censura, auspiciando la libre competencia.

Transformar el actual modelo económico, haciendo que el Estado asuma su responsabilidad rectora para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional, enfrentar la especulación financiera y enfocar los esfuerzos alentado la actividad productiva y el empleo; combatir las prácticas monopólicas y abolir los privilegios fiscales, abriendo paso a una reforma fiscal equitativa y progresiva, con autonomía de gobiernos extranjeros y de los organismos financieros internacionales.

Ejercer la política como imperativo ético. Cambiar la forma de hacer política. Hoy la política es sinónimo de engaño y corrupción. Es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Hacer valer el principio de austeridad republicana, eliminando el derroche y los privilegios de los funcionarios públicos.

Fortalecer al sector energético, lograr la soberanía alimentaria y establecer un Estado de bienestar que enfrente la desigualdad social y la incertidumbre económica, garantizando el derecho a la educación, al trabajo, la salud, la alimentación y la vivienda.

A lo largo de los últimos tres años este movimiento ha resistido todo tipo de embates, en medio del profundo deterioro de la vida pública del país, que han intentado, una y otra vez, su extinción política. Pese a ello, el movimiento ha persistido oponiéndose a la violencia y la mediocridad. Se trata de un movimiento que no se vence ante la adversidad y que lucha por convertir a México en una patria justa y libertaria.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD

Privilegios vergonzantes

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 10 de noviembre de 2009

Más allá de la inconformidad creada por el alza en los impuestos, de la que el PAN y el PRI han pretendido evadir su paternidad, la discusión del paquete fiscal ha puesto en evidencia la naturaleza inequitativa y excluyente del sistema fiscal mexicano, sustentado en el gravamen al consumo y los ingresos de la inmensa mayoría de la población cautiva en el sector formal de la economía, y en la vigencia de un sistema de privilegios a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, que mediante diversas disposiciones, como los llamados gastos fiscales, consolidan, deducen, evaden o reciben reembolsos de los impuestos que deberían pagar al igual que cualquier otro ciudadano o pequeña empresa.

La nueva legislación fiscal no sólo hace prevalecer este esquema de privilegios, sino que los amplía de manera contraria al interés nacional, ya que al margen del falso festín del priísmo al alardear respecto a que no se gravaron alimentos ni medicinas, se premia, entre otros, de nueva cuenta a las grandes empresas de telecomunicación que diversificarán su actuación con las nuevas concesiones del espacio radioeléctrico en los servicios de tercera generación en telefonía móvil, conocidos como triple play, que permitirán ver televisión y acceder a internet a través de la telefonía celular.

Estas concesiones permitirán “el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioléctrico” de la banda que va de los mil 710 a los mil 770 megahercios (mhz), y de los 2 mil 100 a los 2 mil 160 mhz, y serán licitadas en bloques, dos redes nacionales de 30 mhz y otros tres segmentos regionales de 10 mhz.

Se trata del espectro radioeléctrico más rentable en la actualidad y la banda más codiciada en el mercado de telecomunicaciones, pues empresas y especialistas consideran que quien esté fuera de la banda de 1.7 mhz quedará fuera del mercado en las próximas dos décadas.

De ésta serán beneficiarios unos cuantos consorcios nacionales y extranjeros, como Televisa, Nextel, Telcel, Iusacell o Telefónica, a los que se exentará durante dos años del pago de derechos por cuando menos 2 mil 800 millones de pesos anuales, para —de acuerdo con los impulsores de la exención— “incentivarlos en los años de fuerte inversión”, cuando licitaciones similares en Estados Unidos recaudaron hasta 13 mil 480 millones de dólares, por una concesión a siete años, cuando en México se otorgan hasta por 20 años.

Con ello, el erario nacional dejará de percibir alrededor de 6 mil millones de pesos, más del doble de los 2 mil 500 millones de pesos que se espera recaudar por el incremento al 3% en el Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Nada justifica, ni económica ni jurídica ni socialmente, esta medida. Se trata simple y llanamente de un nuevo privilegio a los poderes fácticos que dominan el país, y que con su enorme poder subordinan y doblegan al interés privado a las instituciones públicas, en este caso a las cámaras del Congreso, aunque cabe señalar que muchos de los legisladores que las integran lo hacen de buena gana, pues en aras de evitar someter su imagen personal a la censura o el cuestionamiento por las televisoras, de manera vergonzante empeñan los intereses del país.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD

Reunión en defensa del presupuesto para el Distrito Federal

Encabezados por el Dip. Alejandro Encinas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión y Marcelo Ebrard Casaubon Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como la Dip. Alejandra Barrales Magdalena Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD el la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como Jefes Delegacionales en el Distrito Federal.

Gravámenes y privilegios
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes 27 de octubre de 2009

El paquete fiscal aprobado por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, y del cual ambos reniegan su paternidad, reproduce las mismas medidas que han debilitado la economía nacional y precarizado a los sectores medios y populares en el país.

Se trata de una paquete regresivo, que si bien dio marcha atrás a la contribución de 2% al consumo general y a gravar alimentos y medicinas, incrementa el IVA a 16% y el ISR que, además de elevarse a 30%, grava los ingresos a partir de 6 mil pesos mensuales, lo que daña aún más el poder adquisitivo del salario y la economía familiar, ya que un trabajador con ese salario pagará casi 8% más de impuestos, mientras las grandes corporaciones —que mantienen sus privilegios— pagarán sólo 1.5% de sus ganancias; además, al impuesto sobre depósitos en efectivo, un instrumento de control, lo han convertido en un impuesto recaudatorio, al bajar el rango del monto gravable a 15 mil pesos, con una tasa de 3%. Se insiste así en tapar un “boquete fiscal” y se resisten a corregir, como la mayoría de los países lo hacen, las condiciones que propiciaron la crisis.

Como propusimos en una iniciativa de ley alternativa que la Comisión de Hacienda se negó a dictaminar, el problema de la economía mexicana no es su déficit circunstancial en las finanzas públicas, sino la insistencia en una estrategia que desmantela el aparato productivo y profundiza la desigualdad. El régimen fiscal debe contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo, asegurando su sustentabilidad. Dicha iniciativa planteó acciones de austeridad para limitar el oneroso costo del gobierno federal, eliminando los privilegios que ostentan las grandes empresas y grupos de la oligarquía, que no contribuyen al erario nacional.

Propusimos medidas para lograr mayor eficiencia tributaria, mediante la eliminación de los regímenes especiales, como la consolidación fiscal; el diferimiento de pagos de impuestos; los regímenes de excepción a las grandes empresas del transporte y al sector primario empresarial. Gravar las ganancias del capital y el pago de dividendos; eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, y la deducción de las aportaciones derivadas de donativos de terceros, así coo gravar las ganancias bursátiles. Estableciendo un mayor gravamen en el ISR en los estratos de mayores ingresos, protegiendo la carga tributaria de los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales, para garantizar equidad y progresividad en el esfuerzo fiscal, incorporando al régimen de tributación a las empresas que bajo la protección del Estado no pagan impuestos.

Estimamos un precio promedio de 57 dólares por barril de petróleo, incluyendo en las coberturas de sobreprecios de venta de hidrocarburos a estados y municipios, incrementando la participación de las entidades federativas en la apropiación de los recursos del Fondo de Estabilización de 25 % a 50%, a fin de evitar caídas bruscas de sus ingresos como ocurrió este año; e incrementando el Fondo de Participaciones de 20% a 25% de la Recaudación Federal Participable y el Fondo de Fomento Municipal de 1% a 2% de las participaciones.

Estas medidas permitirían obtener recursos por 550 mil millones de pesos para proteger el empleo y recuperar el crecimiento. Las retomo hoy,toda vez que la aprobación del paquete fiscal no es definitiva, pues deberá ser debatida en el Senado, e incluso puede enfrentar acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo con el que se introdujo la reforma al IVA y a la Ley de Derechos, que carecen de base jurídica, en lo que los abogados denominan “la garantía de debido proceso”. Por ello es oportuno insistir en terminar con los privilegios fiscales, ya que de mantenerse tal cual estas medidas se profundizará la recesión, minando al salario, el empleo y a la pequeña y mediana empresa.

La disputa económica es esencialmente una disputa política contra la protección de privilegios y grupos de interés que buscan descargar el peso de la crisis en las capas medias y en la población de menores recursos. Se requiere erigir un nuevo pacto fiscal y la transformación del modelo económico hasta ahora implementado, en el que no se puede continuar manteniendo los privilegios para unos cuantos, en tanto se pone en riesgo la estabilidad política del país.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx

Coordinador general de los diputados federales del PRD

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Posicionamiento del Grupo Parlamentario del

PRD en la aprobación del Paquete Fiscal 2010
20 octubre de 2009

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Con su autorización, señor presidente. Con el respeto que me merecen todos los legisladores y todas las legisladoras, y con el respeto que me merecen los compañeros que están en la tribuna, respetando la decisión que han tomado para manifestar su inconformidad.

Quiero expresar de manera muy puntual la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Como lo hicimos desde el primer día de inicio de este primer periodo de sesiones, estamos convencidos de que nuestro país necesita una rectificación profunda, tanto del modelo económico que se ha impuesto como, también, de la necesidad de recuperar la transición democrática en nuestro país.

Señalamos desde un principio un planteamiento nodal de nuestra posición política: no avanzar con las mismas recetas, con las que tradicionalmente se han enfrentado las crisis económicas, donde, manteniendo los privilegios de unos cuantos, se daña la economía popular, la planta productiva y el empleo.

El paquete fiscal que ha presentado el Ejecutivo federal, lo señalamos desde un principio, es un paquete regresivo, porque no es posible enfrentar la crisis estableciendo nuevos impuestos o aumentando los existentes. Y con toda claridad hemos tomado iniciativas tanto desde que propusimos una ley de emergencia económica y una ley para crear el seguro de desempleo, como propusimos de manera puntual. Una iniciativa de reforma fiscal que la Comisión de Hacienda no dictaminó, a pesar de ser presentada en tiempo y forma.

En esa iniciativa señalamos la posibilidad de obtener recursos suficientes, no para cubrir un boquete fiscal, sino para proteger el empleo y recuperar la senda del crecimiento económico. Señalamos que había que terminar de manera tajante con los privilegios fiscales, en no gravar el consumo, ni establecer nuevos impuestos, y la respuesta que hemos encontrado no solamente ha sido el desdeñar los planteamientos que pusimos sobre la mesa, sino avanzar en la vía regresiva para enfrentar esta situación de crisis.

Por eso, de manera categórica señalamos que la posición de nuestro grupo parlamentario es tajantemente en contra del establecimiento de nuevos impuestos; del incremento a 16 por ciento del impuesto al valor agregado, del incremento al impuesto sobre la renta, que más allá de incrementarse al 30 por ciento lo que está haciendo es ampliar una base gravable a partir de los 6 mil pesos de ingresos mensuales, con lo que se daña cada vez más el poder adquisitivo del salario y la capacidad de desarrollo de la economía familiar, porque ése es el rango que efectivamente daña más a la población.

Insistimos en que el impuesto sobre depósitos en efectivo, que era un impuesto de control, no debería convertirse en un impuesto recaudatorio. Y no solamente se bajó el monto de depósitos a 15 mil pesos para ser gravados, sino que en una idea recaudatoria se incrementó al 3 por ciento.
Por eso no podemos estar de acuerdo con este paquete y estos dictámenes, porque en primer lugar se dejaron intocados los privilegios de las grandes empresas. Y hoy un trabajador con 6 mil pesos mensuales de salario estará pagando casi 8 por ciento más de impuestos, mientras los grandes consorcios mantendrán los privilegios para pagar solamente el 1.5 de sus enormes ganancias.

En ese sentido, lo digo de manera enfática, votaremos en contra de esos dictámenes, porque tenemos que ser congruentes y porque esta solución, esta falsa solución, lo único que va a hacer es profundizar la recesión económica, seguir desmantelando el salario, seguir desmantelando a la pequeña y mediana empresa y llevándonos a una situación de desempleo, que pone en alto riesgo la estabilidad política del país. Muchas gracias, compañeros, por permitirme hacer uso de la palabra.

Sabadazo
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes 13 de octubre de 2009

Superando las peores prácticas del autoritarismo priísta y a la vieja usanza del MP, cerca de la media noche del sábado fuerzas federales asaltaron las instalaciones de LyFC, para después emitir un decreto para extinguir a esta empresa pública y terminar la relación laboral con sus trabajadores.

Es una acción ilegal e irresponsable, ya que sin mediar orden judicial, estado de huelga para justificar la requisa de la empresa o declaratoria de quiebra, el titular de Gobernación —extralimitándose en sus atribuciones— requirió a la PFP ocupar las instalaciones. Acción de fuerza que muestra la debilidad y la incapacidad del Ejecutivo federal para construir acuerdos. Una medida desesperada que subordina el interés nacional a intereses particulares. A partir de una acción autoritaria se pretende acreditar una autoridad que no se tiene.

El golpe que se asesta a los electricistas fue largamente preparado. Más allá de los meses que requirió diseñar el operativo y preparar al personal que asumiera la operación del servicio, el debilitamiento deliberado de la empresa inició antes para, como con la telefonía o los ferrocarriles, justificar su privatización. Continuó con una campaña de descrédito a trabajadores y sindicato, a quienes se atribuye la ineficiencia de la empresa y el incremento de las tarifas o los cobros indebidos, sin considerar la responsabilidad de los directivos y la ausencia de una política de Estado para salvaguardar un área energética para el desarrollo. Y culminó con el aliento desde el gobierno a una disidencia interna, para desacreditar la renovación de la dirigencia y provocar un conflicto interno para favorecer el golpe.

Esta decisión tendrá un alto impacto político y económico, y evidencia el desprecio gubernamental hacia el Congreso y a los trabajadores. Al primero, porque apenas días antes la Cámara de Diputados convocaba a construir una solución institucional al conflicto sindical, a los segundos, porque al ser recibidos en Los Pinos se les ofertó una respuesta para ganar tiempo. Más aún, en el proyecto de presupuesto 2010 no está considerada la extinción de la empresa ni la liquidación de los trabajadores. Ahora resulta que se cuenta con un fondo de al menos 20 mil millones de pesos para pagar las liquidaciones, lo que significa que el secretario de Hacienda mintió al negar la existencia de recursos federales cuando se le requirió subsanar el recorte presupuestal a estados y municipios.

Resulta además absurdo que en plena recesión se lance al desempleo a más de 50 mil mexicanos, a quienes el secretario del Trabajo sugiere convertirse en esquiroles, con la oferta de una liquidación por encima del contrato colectivo para quienes acepten de inmediato su liquidación y con ésta “establezcan un negocio”.

Difícil es disociar este tipo de decisiones de hechos bochornosos que han impedido un sindicalismo autónomo y fuerte. Desde 1916, cuando Carranza reprimió a la Casa del Obrero Mundial, llegando al extremo de establecer pena de muerte para quienes reivindicaran mejoras salariales o en sus condiciones de trabajo. Tras su asesinato, en 1918, las mafias sindicales, representadas por la CROM de Luis N. Morones, combatieron al sindicalismo democrático de la CUT y controlaron por la fuerza y el apoyo del Estado a las organizaciones. Imperio que se mantuvo hasta el asesinato de Obregón, cuando el “desmoronamiento” culmina con la formación de la CTM en 1936, que jugó un papel importante en la expropiación petrolera y en la construcción del movimiento obrero, hasta la expulsión de las corrientes de izquierda y el surgimiento del “charrismo”, y hasta los 70, cuando dentro del SUTERM se propuso democratizar su sindicato y enfrentar al Estado en su apoyo a la dirigencia “charra”. Similar fue la requisa a las huelgas de telefonistas o la toma por la fuerza pública de CU para frenar al sindicalismo universitario.

La regla del Estado autoritario mexicano ha sido que cuando un sector obrero se “sale de control” utiliza toda su fuerza para su liquidación, cobijando a las mafias que le garantizan sometimiento. Ayer fueron Morones y la CROC, hoy son SNTE, petroleros, viejos y nuevos charros, y algunos gánsters como Ramón Gámez, prófugo de la justicia por corrupción de menores, con quien el secretario de Trabajo suscribe cada mes contratos de protección. Este golpe al sindicalismo independiente es una afrenta que exige la unidad y solidaridad de los movimientos democráticos para enfrentarla.

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Coordinador de los diputados federales del PRD


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"se privilegió la negociación bilateral en la conformación de las comisiones," señala Alejandro Encinas, Coordinador de los Diputados del PRD en la Cámara de Diputados.

Posicionamiento del Dip. Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con su autorización, señor presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy concluimos en tiempo y forma la integración de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. Este proceso ha sido sin lugar a dudas un proceso intenso, en donde hemos hecho un esfuerzo para construir acuerdos que permitan dar gobernabilidad y conducción a esta legislatura.

Y si bien el proceso atendió de manera significativa los intereses, las prioridades de todos los grupos parlamentarios, creo que adoleció de distintas fallas. La primera de ellas es que se privilegió la negociación bilateral en la conformación de las comisiones, en lugar de haber garantizado un trabajo colegiado, como corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta legislatura.

Y si bien debo de reconocer que hubo atención a las prioridades de nuestro grupo parlamentario, que hubo apertura en la integración de las comisiones y las secretarías, en particular mantenemos una diferencia de fondo en cuanto a la Comisión legislativa del Distrito Federal.

Se ha negado en esta legislatura a la representación popular más importante de los capitalinos tener la presidencia de esta comisión, lo cual no había sucedido en ningún momento de la historia legislativa del país, ni cuando el Distrito Federal era un departamento de la federación, ni desde 1997, año en que se eligió por primera vez un gobierno democráticamente.

Esta situación nos remite, de nueva cuenta, al añejo problema de seguir considerando a los habitantes del Distrito Federal como ciudadanos de segunda clase, en donde se quiere seguir tutelando desde el Congreso los derechos y las libertades fundamentales de los capitalinos.

Esto evidentemente ha tenido efectos perniciosos a lo largo de la vida del Distrito Federal, y en particular, esto ha dado lugar a una confrontación permanente del Poder Legislativo, y en especial, de la Cámara de Diputados con los gobiernos democráticamente electos en el Distrito Federal.

Sucedió desde 1997, cuando en el primer gobierno democrático esta legislatura impuso restricciones presupuestales y limitaciones al techo de endeudamiento de la ciudad. Sucedió en el segundo gobierno democrático, donde la legislatura coaligada con otros poderes condujo un nivel de confrontación que llevó al desafuero del jefe del Gobierno del Distrito Federal.

Y hoy, de nueva cuenta, desde la vida y los ámbitos de las instituciones públicas se confronta, de nueva cuenta, no solamente al gobierno de la ciudad, sino a los capitalinos en su conjunto, desde las decisiones arbitrarias y unilaterales del Tribunal Federal Electoral que permite la violación de la ley en los procesos electorales para elegir autoridades en las delegaciones de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, hasta la acción permanente de confrontación de la Comisión Nacional del Agua, los recortes de la Secretaría de Hacienda, proyectos de inversión tan importantes como la construcción de la Línea 12 del Metro; y hoy se suma, en esta ofensiva, el despojo de lo que legítimamente corresponde a la mayoría que gobierna la ciudad y que está representada aquí por los diputados del PRD: el derecho a presidir la Comisión del Distrito Federal.

Quiero señalar, con todo énfasis, que resulta inaceptable para nuestro grupo parlamentario, que una vez más se pretenda utilizar a la Cámara de Diputados o a sus distintas comisiones para confrontar al gobierno de la ciudad y buscar, pretender, hacer de la Comisión del Distrito Federal de esta Legislatura una punta de lanza o un ariete, no solamente contra el gobierno de la ciudad, sino contra los capitalinos que han visto mermada la posibilidad de recursos en inversión para el desarrollo de infraestructura, la prestación de mejores servicios, por una absurda confrontación política conducida desde el propio Congreso.

Por eso hoy señalo categóricamente que no vamos a permitir, de ninguna manera, que se utilice a la Comisión del Distrito Federal para seguir agraviando a los habitantes de la Ciudad de México.
Y que si es necesario de nueva cuenta convocar a los capitalinos, que en muchas ocasiones no solamente nos han dado su respaldo con su voto, ratificando nuestra mayoría en tres elecciones consecutivas en el Distrito Federal, convocaremos también, de nueva cuenta, a los ciudadanos del Distrito Federal a defender la autonomía, los derechos y las libertades de la ciudad.

En ese sentido, señor presidente, solicito atentamente que se reserve la votación en particular de la Comisión del Distrito Federal, porque reconociendo y aceptando las bases en lo general, resulta inaceptable y estaremos atentos a cualquier intento de agravio a los capitalinos; se reserve la votación de la Comisión del Distrito Federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. En consecuencia se reserva para una votación específica lo relativo a la Comisión del Distrito Federal.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como no, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Desde la curul, a nombre de la fracción del Partido del Trabajo quisiéramos manifestar nuestra absoluta solidaridad con la bancada del PRD, y respaldar plenamente el reclamo de que les corresponde a ellos encabezar la Comisión del Distrito Federal.

Queremos hacer nuestros los planteamientos que el diputado Alejandro Encinas acaba de expresar en tribuna y retirar nuestra absoluta solidaridad con la posición del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se le tiene por manifestado, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Pido, señor presidente, igual que mi compañero Gerardo Fernández Noroña, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que la Comisión del Distrito Federal debe corresponder al Partido de la Revolución Democrática, por ser el partido que gobierna la entidad del Distrito Federal, por tener el mayor número de delegaciones en gobierno, por tener la mayoría en la Asamblea Legislativa y porque encabeza el Poder Ejecutivo en el Distrito Federal. Y además, porque la mayoría de los ciudadanos, sobre todo éstos del Distrito Federal, han respaldado a ese partido en la conducción política de la Ciudad de México.

Por esas razones nosotros estimamos que la Presidencia de la Comisión del Distrito Federal debe ser para el PRD.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Separando solamente la Comisión del Distrito Federal.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Muy bien, señor presidente. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, con la corrección que ha señalado el presidente, sírvanse manifestarlo (votación).

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Para rectificar el trámite.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por el acuerdo en su totalidad.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con restricción de la del DF.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, si me permite, se está votando por el acuerdo en general, salvo la Comisión del DF, que fue reservada para una votación específica. Proceda la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Muy bien. En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo, con excepción de la Comisión del DF (votación).
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está en votación el acuerdo en general y se reservó la Comisión del Distrito Federal para una votación posterior.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aprueba el acuerdo por unanimidad. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba lo relativo a la Comisión del Distrito Federal, en los términos del acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Aprobada la Comisión del Distrito Federal en los términos del acuerdo. Continúe la Secretaría con el orden del día.

………………………….

Oportunidades truncas

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

26 de septiembre de 2009

La comparecencia de los titulares de Hacienda y Desarrollo Social ante la Cámara de Diputados ha puesto en evidencia, además de la debilidad e inconsistencia del paquete económico 2010, la ausencia de una política social que, lejos de cumplir con los objetivos de combatir la pobreza, enfrentar la desigualdad y mejorar el bienestar de los mexicanos, incrementa sistemáticamente la inequidad en el país.

Aunque parezca absurdo, mientras más recursos se canalizan a combatir la pobreza, más pobres existen en el país. Ya que mientras de 2004 a 2009 los recursos del programa Oportunidades pasaron de 25 mil 600 millones de pesos a 47 mil 800 millones, la pobreza se incrementó. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2006 a 2008 la pobreza alimentaria alcanzó a 18% de la población, la pobreza de capacidades a 24% y la pobreza patrimonial a 47% de la misma, es decir, 55 millones de mexicanos no cuentan con las condiciones mínimas para acceder a una vida digna.

México se ha convertido en una gran fábrica de pobres muy pobres, que al mismo tiempo manufactura una pequeña élite aristocrática, en la que 50% de los mexicanos recibe 17% del ingreso, en tanto un privilegiado 10% de los mexicanos concentra 40% del total.

Pese a la contundencia de los propios datos oficiales, el Ejecutivo federal insiste en las bondades del programa Oportunidades. Señala que con este programa ha disminuido la deserción escolar y la violencia intrafamiliar, se han mejorado los índices de alimentación y con ello “ha disminuido la anemia que padecen las mujeres embarazadas”, en un discurso sólo equiparable con la afirmación del entonces procurador general de la República de “que aunque no se crea, le vamos ganado la guerra al crimen organizado”.

Con el gravamen de 2% que se pretende establecer a todo consumo de bienes o servicios —incluidos alimentos y medicinas— se grava el consumo de los más pobres, para supuestamente reintegrarlo posteriormente. Lo que muestra una vez más la inconsistencia de la política fiscal que, gravando el consumo, contrae el mercado interno, en lugar de enfrentar el régimen de privilegios de las grandes empresas, que bajo el esquema de los llamados “gastos fiscales” permite la disminución de la recaudación tributaria y la aplicación de regímenes de excepción, facilita exenciones, reducciones y desgravaciones que desvían la estructura regular de cada impuesto en beneficio de un exclusivo club de empresas, lo que da cuenta una vez más del cumplimiento de compromisos con los grupos fácticos, lejos de atender el interés nacional.

Por ejemplo, con el nuevo IVA de 17%, disfrazando el 2% generalizado al consumo para “el combate a la pobreza”, se espera recaudar 70 mil millones de pesos, cuando el boquete fiscal al que se ha referido la Secretaría de Hacienda es de 300 mil mdp, los que pueden obtenerse, sin seguir dañando la economía popular ni a la pequeña y mediana empresas, ya que una alternativa viable, que entraña un replanteamiento de lo hasta ahora implementado, es en primer término enfrentar la evasión fiscal.

Con ésta, de acuerdo con el secretario Carstens, se deja de captar 25% del potencial, especialmente de causantes mayores, que representan 500 mil millones de pesos; también sería posible establecer gravámenes especiales a las grandes cadenas comerciales y de la industria alimentaria, a las que se devuelven 90 mil mdp anuales por IVA; o eliminar los regímenes especiales que permiten que hasta 465 mil mdp se dejen de captar.

Estas son medidas que permitirían un verdadero cambio estructural y no sólo cubrir el llamado boquete fiscal, a fin de superar la crisis a partir de la reactivación de la planta productiva, la defensa y la promoción del empleo, la reconstrucción de la red de solidaridad social y de proteger la economía popular, y así enfrentar la pobreza, la inequidad y vivir, no mejor, sino vivir con bienestar.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador general del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados

Preparan frente electoral de izquierda

Entrevista publicada en el Diario Milenio

El diputado Alejandro Encinas admite una regresión del perredismo en los comicios pasados, por lo que prevén formar un gran bloque no sólo entre los partidos con registro, sino con ciudadanos, personajes y organizaciones sociales

Lun, 21/09/2009 - 08:29

El coordinador de los perredistas. Foto: Javier García

En alianza con el Partido del Trabajo y Convergencia, el PRD alista ya desde la Cámara de Diputados el lanzamiento de un gran frente electoral de izquierda para estar en condiciones de competir por la Presidencia de la República en 2012, reveló Alejandro Encinas, coordinador de la bancada perredista en San Lázaro.

En entrevista con MILENIO, el ex candidato a la presidencia nacional del PRD admitió la “regresión electoral” de su partido en los pasados comicios, con la pérdida del gobierno de 8 millones de mexicanos en sus principales administraciones municipales.

Encinas reafirmó la disposición perredista a construir un gran acuerdo nacional desde el Congreso de la Unión sobre dos temas fundamentales: el rediseño del modelo económico y el relanzamiento de la agenda de la transición a la democracia en el contexto de la reforma del Estado.

Existe un llamado reiterado del Ejecutivo federal a los acuerdos, ¿hasta dónde está dispuesto el PRD a suscribirlos?
Hay un doble discurso del gobierno federal. Por un lado, lanza una iniciativa de construir acuerdos sobre diez puntos, en los que a manera de enunciado difícilmente se puede tener diferencia. Nadie puede estar en contra de combatir la pobreza, pero es muy distinto un enunciado general a los hechos puntuales, porque bastaron tres días para que a través del paquete económico 2010 se diera cuenta uno que se sigue la misma lógica de aplicar las mismas recetas, que no sólo no han permitido la construcción de un acuerdo, sino que impiden resolver la crisis económica y la desigualdad social.

Estamos en la mejor disposición de construir un gran acuerdo nacional desde el Congreso en dos grandes temas: el rediseño del modelo económico seguido hasta ahora y retomar la agenda de la transición a la democracia y la reforma del Estado.

Éstos son los dos grandes ejes de discusión en donde podríamos nosotros estar en condiciones de avanzar en un gran acuerdo nacional, en el que no solamente participemos los partidos políticos y los funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, sino que se convoque a un gran debate nacional, donde concurran representantes de todos los sectores de la sociedad.

Este debate nacional puede darse y debe establecer fechas perentorias, que no deben pasar de diciembre de 2010, porque si no construimos este acuerdo a partir de ahora y hasta finales de 2010, ya en el momento que se empaten las fechas electorales, difícilmente se va a poder construir.

Cuando usted subraya que un gran acuerdo nacional debe darse en el Congreso de la Unión, ¿desestima la capacidad de convocatoria del Ejecutivo Federal?
Pues más que desestimar, de lo que yo parto es que el Congreso es el espacio natural donde debe darse este debate y la construcción de este acuerdo, no solamente porque el Legislativo es la representación popular, sino porque ahí están todas las fuerzas políticas representadas, y creo que ahí hay condiciones para que se dé este gran debate, sin excluir a nadie.

Habría muchas limitaciones en un debate convocado por el Ejecutivo federal, porque esta no pueda ser una negociación bilateral entre los partidos y el Ejecutivo o entre el Congreso y el Ejecutivo.

Estamos en una sucesión adelantada como ha ocurrido desde hace dos sexenios. Ya todo mundo habla de 2012.

¿Cuál es la importancia que para las izquierdas va a representar el papel que ustedes hagan en la Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados tiene que convertirse en una plataforma que nos permita reconstruir no solamente la relación con nuestro electorado tradicional, sino también reconstruir nuestra presencia ante la opinión pública en general.

Hay tres pasos muy importantes para las izquierdas de cara a 2012. En primer lugar, hacer un trabajo legislativo que nos permita cohesión no solamente dentro del PRD, sino con todas las fuerzas progresistas dentro de la cámara para impulsar una plataforma común.

Un segundo paso va a ser el Congreso Nacional del PRD, donde va a ayudar mucho el nivel de cohesión y de unidad que mantengamos, porque lo que estamos haciendo es reconstruir una vida interna que estuvo profundamente deteriorada, y que nos mantuvo cerca de la ruptura.

El tercer paso, y también hay que verlo hacia 2012, es la forma en que participemos en las próximas elecciones locales, donde tenemos que reconstruir nuestra política de alianzas, principalmente con el PT y Convergencia, junto con otras expresiones regionales en cada entidad, porque eso es lo que nos va a ir abriendo paso a conformar no solamente una coalición electoral como la de 2006, sino un frente mucho más amplio para ir en condiciones de competir realmente en la elección presidencial de 2012.

Un gran frente electoral de las izquierdas hacia 2012, pero no solamente con partidos con registro, sino con muchos ciudadanos, personalidades y organizaciones sociales.

De otro modo, ¿estaría perdida de antemano la lucha frente a los otros dos grandes partidos?
Creo que hay que asumir que tuvimos una regresión electoral la izquierda el pasado 5 de julio, ya que el golpe más fuerte no fue la caída a 12 por ciento de la votación, o haber pasado de 127 a 71 diputados, el revés más importante fue la pérdida del gobierno de 8 millones de mexicanos, al haber perdido nuestros principales gobiernos municipales en el Estado de México, la zona metropolitana de Cuernavaca y, antes, en Guerrero.

Eso es lo que realmente tenemos como señal de alarma y por eso es muy importante asumir una actitud frentista en las próximas elecciones locales para recuperar nuestra presencia municipal, que es lo que nos ha permitido posicionar a la izquierda.

¿Puede ser su bancada un factor de unidad para conciliar a personajes como Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas?
Más que pensar en conciliar a dirigentes y líderes muy importantes del partido, lo que nosotros proponemos es reconciliar el trabajo legislativo con el movimiento social, independientemente de los liderazgos que son muy importantes.

Andrés Manuel seguirá siendo un factor determinante en la unificación de las izquierdas, pero no es una responsabilidad sólo de él. Eso lo tienen que empujar todos los liderazgos fuertes, los gobernadores del partido, el jefe de gobierno del DF, los dirigentes del partido, los legisladores federales y locales. Esto tiene qué entenderse como un esfuerzo colectivo, que no puede seguir quedando solamente en el peso o la fuerza que tengan los liderazgos fuertes dentro del partido.

Fernando Damián y Daniel Venegas

De nuevo la burra al trigo
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Sábado 12 de septiembre de 2009

La Cámara de Diputados recibió el paquete económico 2010 que incluye una serie de medidas con las que se pretende, más que superar la profunda crisis que vive el país, saldar el boquete fiscal en las finanzas públicas derivado de la caída en la recaudación federal, así como en el precio del petróleo y su plataforma de exportación.

A contracorriente de lo instrumentado a nivel mundial para enfrenar la crisis, se insiste en la misma receta que ha mostrado su fracaso e inviabilidad: más y nuevos impuestos; aumento en los precios y tarifas de bienes y servicios; recortes presupuestales; disminución de la inversión pública. Mientras que en América Latina y en países como Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña se disminuyen impuestos, aumentan subsidios y beneficios tributarios, y aumentan o anticipan el gasto público a fin de proteger la planta productiva y el empleo.

La propuesta establece —a nombre del combate a la pobreza— una nueva contribución de 2% al consumo de todos los bienes y servicios, lo que constituye una verdadera simulación para imponer un gravamen alimentos y medicinas, que en realidad funciona igual que el IVA, lo que elevará este impuesto hasta 17% e impactará en el precio de los productos básicos en perjuicio de la población de menores ingresos, dejando intocados los privilegios fiscales de las grandes empresas.

Se trata de un nuevo impuesto que tendrá un efecto regresivo en la economía y que afectará, sobre todo, a las clases medias y a la economía popular; por ello amplios sectores de la sociedad han manifestado su rechazo.

Al mismo tiempo, la propuesta elude garantizar recursos suficientes a los estados y los municipios para compensar la pérdida en el monto de las transferencias federales. Tampoco contempla alternativas para facilitar su gasto de inversión financiado por recursos federales por convenio.

Reduce recursos destinados a las universidades públicas, así como para la cultura, la ciencia y la tecnología y el campo, y si bien el incremento de beneficiarios del programa Oportunidades será de un millón de familias, este gasto no impactará en el incremento de la capacidad productiva que se requiere en el corto plazo para salir de la crisis.

Por otro lado, si bien se realiza un recorte en el gasto burocrático, éste es limitado, pues no se acompaña de una reducción drástica de los gastos excesivos de la alta burocracia en materia de salarios, seguros médicos, oficinas, gastos de representación, viajes y otros, que reduzca de manera eficaz el gasto corriente del gobierno federal, y si bien es importante eliminar áreas no prioritarias, es preocupante definir el futuro de áreas estratégicas de nuestra economía, como la promoción al turismo.

Este tipo de medidas son insuficientes para equilibrar las finanzas públicas. La propuesta no incluye medidas como un programa de inversión pública de la magnitud necesaria para superar la emergencia económica, ni medidas que permitan construir una red de protección social ante la crisis. Más que impuestos disfrazados, es necesario aumentar inversión pública para impulsar la actividad productiva y con ello el consumo y la demanda interna.

Es necesario adoptar nuevas definiciones y medidas, que no requieren incluso ir contra la ortodoxia económica. Nuestro país requiere, como ha señalado recientemente la Cepal, de un nuevo pacto fiscal que le permita revertir sus bajos niveles de recaudación que apenas alcanzan el 11% del PIB, bajo el principio de que las personas y empresas que ganen más también paguen más impuestos, evitando que las grandes compañías utilicen exenciones o aprovechen la legislación fiscal para pagar montos muy bajos.

Insistir en medidas regresivas —procíclicas, dirían los economistas— profundizará la crisis y la adversa situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la principal fuente de generación de empleos, y ahondará la precaria condición de vida en que se encuentra la mayoría de los mexicanos.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador general del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados

Suprimir ventajas traerá choque con empresarios, prevé Alejandro Encinas Rodríguez

El PRD propondrá un modelo fiscal donde “todos paguemos nuestras contribuciones”

El coordinador de la bancada del sol azteca en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, durante la entrevista con La Jornada, en Coyoacán Foto Francisco Olvera
Enrique Méndez y Roberto Garduño

La crisis en el país no sólo es económica: todos los índices de gobernabilidad están a la baja, el Estado es suplantado por poderes fácticos, mientras que en el país se vive “un estado de ánimo social donde prevalece la desesperanza, que en este momento se torna en un recogimiento muy conservador, pero cuyo reflujo se convertirá en detonador de un conflicto social”, sostuvo el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas.

En entrevista con este diario, el ex jefe de Gobierno capitalino definió que el proceso de suprimir privilegios fiscales a los grandes contribuyentes no estará exento de una confrontación política con los empresarios, “pero también en ellos debe haber sensibilidad; ahora les toca poner”.

Encinas declaró que el PRD promoverá un cambio económico y político, en medio “de la crisis económica más profunda que haya vivido el país desde hace ocho décadas y de un creciente deterioro en la calidad de vida”.

–¿En qué va a contribuir el PRD para evitar esa catástrofe?
–Son dos los grandes debates que debe plantearse esta legislatura: el cambio de modelo económico, que fortalezca las atribuciones del Estado en la regulación, pero también frenar la concentración del ingreso; y un cambio de régimen político, porque la alternancia en 1997 en el Gobierno de la ciudad de México no se tornó en transición en 2000.

“El PAN lamentablemente desaprovechó esa oportunidad y pactó su estabilidad y permanencia en el gobierno, a cambio de mantener los pilares de la estructura autoritaria del priísmo.

“Y hoy todos los índices de gobernabilidad van a la baja: la economía ha caído 10 puntos del PIB, se han perdido 850 mil empleos, y ninguna de las medidas contracíclicas se han aplicado, se quedaron en el mero anuncio, y no hay expectativas de recuperación.”

–¿El PAN fortaleció esos poderes fácticos?

–¡Todas las estructuras autoritarias! Y eso ha llevado a este profundo deterioro, que con el fraude electoral de 2006 da cuenta de la descomposición total.

“Hay que ir a un régimen político nuevo, fortalecido en la transparencia y la rendición de cuentas, que replantee la administración pública, acote las facultades extraordinarias del Ejecutivo, que sigue siendo amo y señor de los destinos y de los dineros de este país.”

–¿Cuál es la propuesta específica relativa a los regímenes especiales?
–Queremos una reforma fiscal equitativa y progresiva, donde todos paguemos nuestras contribuciones. Es inaceptable que un profesionista pague hasta 32 por ciento de sus ingresos, mientras que Wal-Mart y Bimbo pagan máximo 2 por ciento de sus ganancias.

Eso no sólo es una injusticia, sino una infamia, una canallada.

“Y todavía tienen derecho a la devolución de impuestos, en esta idea de los regímenes fiscales de privilegio, que permiten incluso la compactación de los impuestos, un mecanismo de evasión legalizado que podría cubrir gran parte del boquete fiscal, según dice Carstens.

“Hay que eliminar todo régimen especial, porque bajo el pretexto de que, por ejemplo, no hay IVA en alimentos, Bachoco, que es una trasnacional, prácticamente no paga.

Vamos por la eliminación de esos regímenes y que se graven las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores.”

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Alejandro Encinas, durante la Sesión de Congreso General en la que fijó la postura de su partido.

Intervención del Diputado Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el inicio del periodo de sesiones de la LXI legislatura del Congreso de la Unión

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., 1º de septiembre de 2009

(Para escuchar el discurso pulsa aquí)

http://prdleg.diputados.gob.mx/

Alejandro Encinas Rodríguez se registra como Diputado del Partido de la Revolución Democrática para la LVI Legislatura, la cual da inicio el 1 de Septiembre de 2009

Rechaza Encinas seguro de gastos médicos mayores; Rojas pide analizarlo

México.- En entrevista para W Radio, Alejandro Encinas, próximo coordinador del PRD en San Lázaro, se pronunció en contra de que los legisladores cuenten con un seguro de gastos médicos mayores.

Durante la mesa política de W Radio en la que también participaron los analistas Leo Zuckerman, Ignacio Marván, Jesús Silva Herzog-Márquez, Encinas dijo que “debe eliminarse esa prestación, no sólo a diputados, sino a todos los servidores públicos… quien quiera tener un servicio médico privado que lo contrate pero creo que todos… al igual que los demás trabajadores al servicio del Estado mexicano…debemos estar en el ISSSTE”.

Esto luego de que W Radio informó que la Cámara de Diputados gastó en estos últimos tres años 156 millones de pesos por concepto de gastos médicos mayores de los legisladores de la 60 Legislatura del 1 de septiembre de 2006 y hasta este 2009.

Las diferentes pólizas, que fueron contratadas a lo largo de estos tres años con la misma aseguradora, Met Life, cubrieron a un total de 2 mil 342 personas, de las cuales 500 eran diputados, 408 cónyuges, 870 hijos y 564 padres o ascendientes.

Encinas dijo que el sol azteca propondrá medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica entre las que destacan: "disminuir los salarios, reducir los gastos corrientes de operación, de viáticos, telefonía celular, vehículos y hacer ajuste a los propios partidos y las campañas electorales".

“Hay que modificar muchas de las prácticas que existen en el Poder Legislativo y en el Gobierno federal”.

En primer lugar habrá que hacer un replanteamiento del modelo de desarrollo económico y que no puede seguirse sustentando en la acción libre de un mercado que ha generado la mayor desigualdad en México.

Debe además haber rectificación en las políticas económicas, particularmente en materia fiscal para que en México en lugar de seguir gravando el consumo de las grandes mayorías se graven las ganancias millonarias que tienen grupos de privilegiados.

Pronunciamiento de la Dirigencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática sobre el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera

La mañana de este día fue arteramente asesinado en Chilpancingo, Guerrero, nuestro compañero Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, ex secretario general del gobierno perredista en la entidad, dirigente destacado del PRD y uno de los candidatos más viables a la gubernatura del estado en las próximas elecciones.

Se trata evidentemente de un asesinato político y forma parte de una secuela de violencia que ha causado la muerte de al menos 25 militantes perredistas en el presente año. 20 de los cuales se han dado en este estado.

La dirección nacional del PRD y sus grupos parlamentarios, condenamos enérgicamente estos hechos, desde luego exigimos a la autoridad responsable el inmediato esclarecimiento de los mismos.

La violencia no debe de tener cabida en la vida de nuestro país. El esclarecimiento de estos asesinatos y en particular el del compañero Armando Chavarría es indispensable para garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos y crear un clima de tranquilidad y estabilidad en Guerrero y en todo el país.

Manifestamos nuestra plena solidaridad con la familia de nuestro compañero Armando Chavarría, nuestra solidaridad con los miembros del PRD en Guerrero y convocamos a toda la militancia de nuestro partido, y al pueblo en general, para enfrentar esta situación adversa, y no permitir que estos hechos queden impunes, y no permitir que se reproduzcan en una escalada de violencia política.

A propósito de Acteal

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

15 de agosto de 2009

Durante los últimos años se ha establecido en el país un clima de violencia, incertidumbre y ausencia de autoridad que favorece la violación de los derechos humanos y particularmente de los derechos políticos. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, el Ejército y las fuerzas federales son empujados hacia la ocupación del territorio y a actuar como un poder absoluto sin controles democráticos. Los operativos realizados en esta guerra aumentan de manera preocupante el número de casos de violaciones a los derechos humanos y abusos contra la población civil, y propician el resurgimiento de grupos caciquiles y la persecución política.

La violencia resurge contra luchadores sociales y militantes políticos, sin que se castigue a los responsables en un escenario de impunidad que forma parte de la vida cotidiana de una sociedad que se va acostumbrando a ésta sin que levante su voz.

Tan sólo en el primer semestre del año han sido asesinados 24 militantes perredistas en distintos estados de la República. Son los casos de:

—Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización del Futuro del Pueblo Mixteco, quienes fueron encontrados con signos de tortura el 20 de febrero en Ayutla, Guerrero.

—Natalio Solano González, presidente del comisariado de bienes comunales de Ocoapac, asesinado el 15 de febrero en Copanatoyac, Guerrero.

—Beatriz López Leyva, representante del gobierno legítimo en el estado de Oaxaca, asesinada el 6 de marzo en San Pedro Jicayán, Oaxaca.

—Gustavo Bucio Rodríguez, candidato suplente por el PRD a diputado federal, acribillado el 7 de marzo en Cuatro Caminos, Nueva Italia, Michoacán.

—Álvaro Rosas Martínez, dirigente del PRD en Petatlán, Guerrero, asesinado el 29 de abril.
—Pedro Lugo Rivera, dirigente campesino asesinado el 16 de mayo en Ocoroni, Sinaloa.

—Faustino Vázquez Jiménez, asesinado mientras repartía nombramientos de representantes de casilla el 4 de julio, en Ayahualco, Chilapa, Guerrero.

—Juan Zarabia Adame y Fernando Marino, victimados el 4 de julio en Chichihualco, Guerrero.

—Macario Rivera, Pedro Rivera Peñalosa, Marcelo Rivera Martínez, Valente Rivera Romero, Ricardo Romero Acosta, Pascual Romero Rivera, Carlos Rivera Lozano, Abigail Alemán Romero, Remedios Romero Alemán, Beatriz Romero Alemán, Olga Sánchez Arellano, los 11 fueron emboscados el 5 de julio en Coahuayutla, Guerrero, cuando se dirigían a votar.

—Gabino Barrera Salazar, amordazado y torturado, el 5 de julio en Chilapa, Guerrero.

—Daniel Tetla Hernández, abogado de asuntos agrarios, asesinado el 13 de julio en Totimehuacan, Puebla

—Fermín Mariano Matías, consejero del PRD en Puebla, estudiante del Instituto de Física de la UNAM, asesor de diversas organizaciones sociales, quien apareció en la fosa común el 27 de julio en San Juan Totolac, Tlaxcala

En el marco de la polémica resolución de la Corte respecto a la matanza de indígenas en Acteal y de la designación del nuevo presidente de la CNDH, es necesario fortalecer una verdadera política de atención a los derechos humanos que garantice condiciones que propicien la paz social, el ejercicio de las libertades y castigar de manera expedita los casos de violaciones a derechos, especialmente los asesinatos y desapariciones de carácter político.

Debe asumirse que no existirá una verdadera libertad política si se criminaliza a quienes participan en movimientos sociales, se hostiga a las agrupaciones que defienden los derechos humanos y persisten asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, tortura y persecución por motivos políticos. En tanto prevalezcan la impunidad y el manejo discrecional de las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia, no existirán las condiciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos.

aencinas@economia.unam.mx
Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM