De nuevo la burra al trigo
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Sábado 12 de septiembre de 2009

La Cámara de Diputados recibió el paquete económico 2010 que incluye una serie de medidas con las que se pretende, más que superar la profunda crisis que vive el país, saldar el boquete fiscal en las finanzas públicas derivado de la caída en la recaudación federal, así como en el precio del petróleo y su plataforma de exportación.

A contracorriente de lo instrumentado a nivel mundial para enfrenar la crisis, se insiste en la misma receta que ha mostrado su fracaso e inviabilidad: más y nuevos impuestos; aumento en los precios y tarifas de bienes y servicios; recortes presupuestales; disminución de la inversión pública. Mientras que en América Latina y en países como Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña se disminuyen impuestos, aumentan subsidios y beneficios tributarios, y aumentan o anticipan el gasto público a fin de proteger la planta productiva y el empleo.

La propuesta establece —a nombre del combate a la pobreza— una nueva contribución de 2% al consumo de todos los bienes y servicios, lo que constituye una verdadera simulación para imponer un gravamen alimentos y medicinas, que en realidad funciona igual que el IVA, lo que elevará este impuesto hasta 17% e impactará en el precio de los productos básicos en perjuicio de la población de menores ingresos, dejando intocados los privilegios fiscales de las grandes empresas.

Se trata de un nuevo impuesto que tendrá un efecto regresivo en la economía y que afectará, sobre todo, a las clases medias y a la economía popular; por ello amplios sectores de la sociedad han manifestado su rechazo.

Al mismo tiempo, la propuesta elude garantizar recursos suficientes a los estados y los municipios para compensar la pérdida en el monto de las transferencias federales. Tampoco contempla alternativas para facilitar su gasto de inversión financiado por recursos federales por convenio.

Reduce recursos destinados a las universidades públicas, así como para la cultura, la ciencia y la tecnología y el campo, y si bien el incremento de beneficiarios del programa Oportunidades será de un millón de familias, este gasto no impactará en el incremento de la capacidad productiva que se requiere en el corto plazo para salir de la crisis.

Por otro lado, si bien se realiza un recorte en el gasto burocrático, éste es limitado, pues no se acompaña de una reducción drástica de los gastos excesivos de la alta burocracia en materia de salarios, seguros médicos, oficinas, gastos de representación, viajes y otros, que reduzca de manera eficaz el gasto corriente del gobierno federal, y si bien es importante eliminar áreas no prioritarias, es preocupante definir el futuro de áreas estratégicas de nuestra economía, como la promoción al turismo.

Este tipo de medidas son insuficientes para equilibrar las finanzas públicas. La propuesta no incluye medidas como un programa de inversión pública de la magnitud necesaria para superar la emergencia económica, ni medidas que permitan construir una red de protección social ante la crisis. Más que impuestos disfrazados, es necesario aumentar inversión pública para impulsar la actividad productiva y con ello el consumo y la demanda interna.

Es necesario adoptar nuevas definiciones y medidas, que no requieren incluso ir contra la ortodoxia económica. Nuestro país requiere, como ha señalado recientemente la Cepal, de un nuevo pacto fiscal que le permita revertir sus bajos niveles de recaudación que apenas alcanzan el 11% del PIB, bajo el principio de que las personas y empresas que ganen más también paguen más impuestos, evitando que las grandes compañías utilicen exenciones o aprovechen la legislación fiscal para pagar montos muy bajos.

Insistir en medidas regresivas —procíclicas, dirían los economistas— profundizará la crisis y la adversa situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la principal fuente de generación de empleos, y ahondará la precaria condición de vida en que se encuentra la mayoría de los mexicanos.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador general del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados