Intervención del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en los
foros sobre iniciativas en materia energética
Lunes, 23
Septiembre 2013
Las
reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, contrarias al interés
nacional
Cuauhtémoc
Cárdenas
Agradezco al Senado de la República la
invitación que me ha hecho para participar en los foros, que ahora inician,
sobre las propuestas de reformas en el sector energético que hasta ahora se ha
presentado, que espero contribuyan para llevar a cabo cambios en la legislación
normativa del sector que resulten en fortalecimiento de la soberanía de la
nación, en mayores y mejores oportunidades para el bienestar de los mexicanos y
el crecimiento de la economía y, en particular, para un manejo con racionalidad
de presente y futuro de nuestros recursos energéticos.
El contexto en el que se presentaron,
hace unas semanas, las iniciativas para llevar a cabo una reforma energética,
como el contexto del país, han cambiado debido a las graves afectaciones
que ha sufrido prácticamente toda la República, ocasionados por los fenómenos
climáticos extraordinarios de los últimos días. Nos encontramos en situación de
emergencia, quizá con menos pérdida de vidas, pero tanto o más grave por la
multiplicidad de sitios y zonas con fuertes daños. que la que vivió el país
después del sismo del 19 de septiembre de 1985.
La atención a los miles o millones de
víctimas y la reparación y reconstrucción de viviendas, reposición de bienes
familiares, rehabilitación de infraestructuras de servicios y productivas, se
han vuelto emergencia nacional y a ello debe enfocarse la actividad del Estado
y la colaboración que pueda tenerse de todos los sectores de la sociedad.
En estas condiciones, una reforma
energética como la que proponen las fuerzas progresistas, cobra mayor
importancia y sería un factor clave para la recuperación que el país está
reclamando.
Pretendemos que en particular la industria
petrolera recupere el papel que tuvo en el pasado, de conductora principal del
crecimiento económico y la industrialización, con lo que se estarían creando
empleos formales, impulsando desarrollos regionales e impactando favorablemente
sobre numerosas áreas de la producción; un sector energético estatal con
organismos operadores (en este caso, principalmente, Petróleos Mexicanos y
Comisión Federal de Electricidad) saneados de corrupción, con mandato claro del
Estado respecto a sus actividades por desarrollar y que operan con absoluta
transparencia, eficiencia y eficacia, buscando las productividades óptimas,
dentro de la racionalidad ambiental.
El mandato del Estado deberá reflejarse
en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, el cual deberá estar enmarcado
en la Estrategia Nacional de Energía y en un verdadero Plan Nacional de
Desarrollo.
La Estrategia de Energía requiere
reformularse, ser precisa en los objetivos, medos de ejecución y tiempos para
los planes y programas de trabajo que se establezcan para las diferentes
clases de energías, así como para los distintos organismos reguladores y
operadores estatales del sector, y este cuerpo legislativo, lo digo
respetuosamente, debiera proponerse la creación de un verdadero sistema de
planeación, que fije lineamientos para el desarrollo nacional en perspectivas
de largo plazo 25-30 años, con ajustes anuales, con objetivos de cumplimiento
obligatorio para el Estado, cuantificables y con tiempos establecidos, sistema
con el cual debieran corresponderse la Estrategia de Energía y el Plan de
Negocios de Petróleos Mexicanos.
En materia petrolera, la política a
desarrollar debiera enmarcase en los siguientes objetivos generales:
$1· Prolongar
lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la
demanda nacional de hidrocarburos.
$1· Para
obtener los mayores beneficios de los recursos naturales y frente una
perspectiva de autosuficiencia a corto plazo (2020) del cliente principal de
las actuales exportaciones mexicanas de crudo (Estados Unidos), disminuir
gradualmente, al ritmo más rápido posible, las exportaciones de este recurso,
para transformarlo industrialmente en el país.
$1· Desarrollar
las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar
valor a los productos, generar empleos, estimular los desarrollos regionales y
reducir importaciones.
$1· Aumentar
la capacidad de refinación: de inmediato en 600 mil barriles diarios
(capacidad de refinación que podría estar disponible en 2017) e iniciar nuevas
instalaciones, en 2017, con capacidad del orden de 300 barriles diarios más.
$1· Fomentar
nuevas inversiones privadas y públicas en la industria petroquímica y en la
construcción de gasoductos.
Además, como parte de las políticas
energéticas prioritarias, debieran considerarse impulsar la transición
energética, esto es, la utilización de energías renovables, no convencionales,
principalmente para substituir combustibles que tienen su origen en los
hidrocarburos y para el servicio público de electricidad; dar verdadero apoyo a
las instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico; y
fortalecer a las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía,
transformándolas de organismos desconcentrados en descentralizados, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, operativa y
funcional. A la Comisión de Hidrocarburos, además se le deberían ampliar sus
facultades en materia de supervisión, verificación y vigilancia de Pemex.
En el caso particular de Pemex,
nuestras propuestas tienen como propósitos:
$1· Transformar
a Petróleos Mexicanos en empresa pública (y a la Comisión Federal de
Electricidad).
$1· Concederle
autonomía presupuestal y de gestión, dejándolo fuera del presupuesto federal y
ya no bajo la tutela y control de la Secretaría de Hacienda.
$1· Modificar
su gobierno corporativo, reintegrándolo en una solo entidad, desapareciendo los
organismos subsidiarios.
$1· Establecerle
un nuevo régimen fiscal, que genere recursos adicionales para inversión
productiva y para revertir la descapitalización a la que ha estado sujeto,
permitiéndole así cumplir con sus objetivos.
Los cambios que proponemos para
Petróleos Mexicanos pueden llevarse a cabo mediante reformas a doce leyes
reglamentarias o secundarias y una nueve ley, ésta sobre el manejo de los
excedentes petroleros, habiéndose ya presentando en esta Cámara las iniciativas
correspondientes. Para realizar las reformas legales y para la
instrumentación de nuevas políticas energética y en particular petrolera, debe
reiterarse, no se requieren reformas constitucionales (las propuestas tienen
otras finalidades). Las leyes que deben reformarse son las siguientes:
$11. Ley
de Petróleos Mexicanos
$12. Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
$13. Ley
Federal de Derechos
$14. Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
$15. Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal
$16. Ley
Federal de Entidades Paraestatales
$17. Ley
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
$18. Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica
$19. Ley
para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética
$110. Ley
General de Deuda Pública
$111. Ley
de la Comisión Reguladora de Energía
$112. Ley
de Instituciones de Crédito
$113. Creación
de la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros
Me referiré ahora a la iniciativa de
reformas constitucionales enviada por el Ejecutivo al Senado. En ella se
plantean reformas al párrafo sexto del artículo 27 y al párrafo cuarto del
28. En la exposición de motivos del Ejecutivo se hace énfasis en los
contratos de utilidad compartida y en otros beneficios más que se derivarían de
la reforma, a los que me referiré en seguida, pero nada se dice de cuáles
serían las leyes reglamentarias que tendrían que modificarse (en el paquete
económico 2014, recientemente enviado al Congreso, se incluye la iniciativa de
una nueva Ley de ingresos sobre los hidrocarburos pero nada más).
En la iniciativa remitida al Congreso,
el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse, se ofrecería a los usuarios
electricidad a tarifas menos gravosas que las actuales, que se modificará el
régimen fiscal al que se tiene sometido a Petróleos Mexicanos para hacerlo
competitivo (¿frente a quién?, pues los costos de exploración, producción y
desarrollo de Pemex son actualmente menores que los de Statoil de Noruega,
ExxonMobil de EEUU, ENI de Italia, Petrobras de Brasil, Chevron de EEUU, entre
otros en buena parte, por las condiciones particulares de los campos que se
explotan), que el organismo tendrá mayor (no plena) autonomía de gestión (y
nada se menciona de la autonomía presupuestal), que mejorará las condiciones de
transparencia y rendición de cuentas (¿y por qué no desde ya?) y que en las
compras y proyectos de Pemex habrá mayores contenidos nacionales. Con
estos cambios, expresa el Ejecutivo, se logrará una mejor restitución de
reservas, la producción de crudo se elevará a 3 millones de barriles diarios en
2018 y a 3.5 millones en 2005 y la de gas pasará de 5 700 millones de pies
cúbicos diarios a 8 000 en 2018 y a 10 000 en 2025.
Otros impulsores de la iniciativa
oficial agregan a estas supuestas bondades, que se generará medio millón de
nuevos empleos para 2018 y dos y medio millones más para 2025, que el gas
(supongo que el natural, pues no se específica) resultará también más barato al
consumidor (no se hace mención del gas LP, que es el de mayor consumo, sobre
todo doméstico, en el país) y que la economía mexicana crecerá un punto
porcentual más en 2018 y 2 más en 25.
Todos estos supuestos avances suenan a
cuentas alegres y en el mejor de los casos a buenos deseos. No hay una
cifra que los sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía
nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la
industria petrolera internacional, ni menos la definición de un apolítica
petrolera integral que requiera de esos montos de producción, de mayores o
menores, de determinados montos de inversión, en los horizontes de aquí al 2018
y al 2025.
Recuérdese que en 2004 se extrajeron ya
casi 3.5 millones de barriles diarios, lo que no genero ni mayores empleos
formales ni crecimiento extraordinario de la economía. ¿Por qué en 2018 y en
2025 si?
El alud propagandístico del gobierno se
centró en la reforma del 27, pero nada se han mencionado de las consecuencias
de modificar el 28, lo que no puede sino calificarse de falaz, pues se oculta a
la opinión pública información vital para formarse un juicio informado.
El cambio en el 28 constitucional cancelaría
la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad (ni
siquiera alcanzan en la iniciativa del Ejecutivo la calidad de prioritarias),
abriendo la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de los
sectores petrolero y eléctrico e incluso estaría autorizado para deshacerse de
todos los activos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de
Electricidad, al dejar sin materia lo establecido en el párrafo cuarto del
artículo 25 constitucional, que dice: “El sector público tendrá a su
cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el
artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno
federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se
establezcan”. Esto es, al no ser ya estratégicos los sectores de
los hidrocarburos y de la electricidad, los órganos que los manejan, hoy Pemex
y CFE, podrían de acuerdo con la Constitución modificada, dejar de ser de
propiedad gubernamental. Pemex y CFE, todo lo que posean, podría ser vendido,
privatizado.
Además, el Estado perdería la
exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera,
desde la exploración y la explotación de los yacimientos (y consecuentemente el
manejo y cuidado de las reservas), hasta la transformación industrial del
recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios
complementarios de almacenamiento y transporte. Lo mismo sucedería en la
industria eléctrica.
Otra consecuencia muy grave de cancelar
la condición de estratégicos a los sectores petrolero y eléctrico sería que
quedarían sujetos a las estipulaciones del Acuerdo de libre comercio de América
del Norte, el TLC, del que se encuentran hasta este momento excluidos.
Por más que en el medio oficial no se
hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana
la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de toda la cadena
productiva del petróleo, substituyendo a este organismo, al que hasta ahora el
Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria
petrolera, por particulares. Esto es, se está ante la gravísima
perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938, ahora con otros nombres,
vuelvan a ser las que decidan cómo se manejen y sean las principales
beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos.
La iniciativa del gobierno para
reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución es una iniciativa
privatizadora, dígase lo que se diga.
La propuesta progresista no es, desde
ningún punto de vista, una propuesta que desconozca el papel de la inversión
privada en el desarrollo del país y en particular, en el de la industria
petrolera.
Debe plantearse una política en que la
inversión privada participe intensamente en la producción de insumos de la
industria petrolera, dando una prioridad racional a los contenidos nacionales
en las adquisiciones y contratos del sector energético estatal, y, por otro
lado, deben fomentarse las industrias que utilicen productos que produce Pemex,
principalmente en la prolongación de la cadena de la petroquímica.
Más allá de la intención privatizadora,
de ceder mercados nacionales a productos y prestadores de servicios
principalmente extranjeros (que son quienes tienen las mayores disponibilidades
de capital de inversión), resulta absurdo pensar que los sectores petrolero y
eléctrico no se consideren estratégicos, esto es importantes, fundamentales,
especiales o como quiera calificárseles, y que se les pueda dar el mismo
tratamiento que a la confección de ropa de lujo o a la elaboración de golosinas
chatarra.
Termino señalando que en el debate que
se lleve a cabo en esta Cámara, además de tratar de convencer a los
legisladores aún no convencidos, para que hagan mayoría quienes se opongan a la
iniciativa de reformas constitucionales del Ejecutivo, los legisladores
progresistas tendrán que convencer también que es mejor la iniciativa del PRD
en lo relativo a la modificación del régimen fiscal de Pemex que la iniciativa
de Ley de ingresos sobre hidrocarburos, presentada por el Ejecutivo como parte
del llamado paquete fiscal, pues de cobrar vigencia, no se pondría fin a la
tutela que ejerce la Secretaría de Hacienda sobre Pemex, pues no considera
conceder a este organismo autonomía presupuestal, demanda básica respecto a una
nueva forma de estructurar y de tratar a Petróleos Mexicanos. Habría
muchas cosas más que decir de esta ley, pero la discutirán los Senadores.
Gracias nuevamente al Senado de la
República por permitirme presentar estas ideas sobre cambios en las políticas
petroleras.
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