Seis años después
El Universal
29 de septiembre de 2020
La Comisión ha acudido a todas las fuentes relevantes para allegarse de información, promoviendo nuevas líneas de investigación, a partir de la premisa de que, la única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Para ello, el Gobierno Federal ha contribuido con la FGR, aportando información vital para entender lo sucedido durante la desaparición de los normalistas y la construcción de la “verdad histórica”.
El Comité Científico Asesor de la Comisión, ha analizado 80 millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018, lo cual arrojó 206 mil registros de interés, una red de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos, ubicados en las zonas de los ataques durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014, lo que permitirá determinar la operación del grupo delictivo y sus células, así como la participación de las fuerzas de seguridad, evidenciando científicamente que la verdad histórica carece de respaldo verificable y que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos esa noche.
Se han realizado acciones de búsqueda en vida, sin que a la fecha se cuente con algún indicio, así como 30 acciones de búsqueda en campo, en 217 puntos de interés de seis municipios de Guerrero, sumando 171 jornadas de trabajo.
El 20 de noviembre de 2019 se encontraron fragmentos óseos en una extensa superficie de la Barranca de la Carnicería, en Cocula, tres de los cuales fueron enviados a la Universidad de lnnsbruck, la que notificó la coincidencia genética de un resto óseo con la familia del normalista Christian Rodríguez Telumbre, lo cual fue confirmado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Esta identificación marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sobre los que se fundó la llamada “verdad histórica”, que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas.
De
marzo a la fecha, se han liberado 70 órdenes de aprehensión de las 83
solicitadas, por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, y se
ha detenido a 34 personas entre quienes se encuentran integrantes del grupo
delictivo y servidores públicos, lo que suma 80 personas detenidas al momento.
Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración
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