Las lecciones de Dylan

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

18 agosto 2020

 

El pasado 30 de junio fue raptado el niño tzotzil de 2 años de edad, Dylan Esaú Gómez Pérez, mientras su madre, Juana Pérez Pérez, vendía artesanías en el Mercado Popular del Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dylan fue recuperado el pasado 13 de agosto, en La Palma, municipio de Cintalapa, de la misma entidad.

 

El suceso causó un gran impacto en la opinión pública nacional, que además de concitar un amplio reclamo por su presentación, visibilizó al grave problema de robo de menores y su vínculo con el delito de trata de personas, dejando diversas lecciones que son necesario asimilar.

 

La primera de éstas, demuestra que cuando la búsqueda inicia de inmediato se incrementa de manera significativa la posibilidad de rescatar a la persona con vida, y cómo, cuándo se conjugan los esfuerzos entre la autoridad y las organizaciones de la sociedad, y cuando existe coordinación entre las autoridades responsables de los distintos órdenes de gobierno, se multiplican las posibilidades de éxito en la búsqueda de personas. Aunque hay que señalar la renuencia y resistencias de algunas autoridades locales, que se vieron obligadas a ceder ante la presión por parte de instituciones federales y de los medios de comunicación, para conjugar las acciones de la fiscalía local con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, y organizaciones de la sociedad civil, como la Red por los Derechos de la Infancia en México.

 

Una lección que deben atender las autoridades responsables de la procuración de justicia, es erradicar la criminalización de la pobreza, como sucedió con Josefa Sánchez Gómez y Adolfo Gómez Gómez, por estar presuntamente relacionados con la desaparición de Dylan.

 

La pareja adulta de indígenas tzotziles originarios de Chigtón, Chiapas, fue detenida el 15 de julio. Durante el cateo de su domicilio, el 17 de julio, las autoridades locales encontraron hacinadas a tres mujeres indígenas junto con 23 menores de edad, y sin mayor investigación, asumieron que se trataba de víctimas de trata con fines de trabajo forzado. Las mujeres indígenas fueron acusadas de trata de personas y trasladadas al penal del Amate, junto con tres bebés lactantes. Los otros 20 menores quedaron bajo resguardo del DIF y la Casa Hogar Infantil de Tuxtla.

 

Quizá por la prisa en demostrar resultados, el Fiscal General del estado, Jorge Luis Laven Abarca, anunció el 21 de julio, el desmantelamiento de una red de trata, cuando en realidad los menores eran hijos de distintas familias, a pesar de que los abuelos maternos reclamaron a 12 de los menores y señalaron que el resto eran también familiares suyos. Desconocieron además que el hacinamiento en el que fueron hallados los menores es parte de la lamentable realidad en que conviven familias indígenas derivada de la pobreza y marginación, sin que a la fecha, las mujeres detenidas hayan sido liberadas y las niñas y niños regresen con sus familias, a pesar de que, de acuerdo con la versión del fiscal, la señora Margarita “N” confesó que robó a Dylan, porque ella no había podido tener hijos.

 

Situación que se agrava, con el hecho de que el señor Gómez Gómez, abuelo de algunos de los menores fue encontrado sin vida dentro del penal el 27 de julio. La fiscalía local señaló que la causa de muerte fue “suicidio por ahorcamiento”. Sin embargo, sus familiares sostienen que su cuerpo presentaba heridas, y que en días anteriores les había llamado para decir que había sido amenazado y que le pedían 50 mil pesos para su protección dentro del penal.

Felizmente, Dylan se encuentra con su familia, pero como puede observarse el caso está lejos de cerrarse. La libertad de las mujeres que han demostrado su maternidad; el regreso de los menores con sus familias y el esclarecimiento cabal de la muerte del abuelo son responsabilidad inmediata de la fiscalía chiapaneca.

 

Pero también, es necesario insistir en el combate a la desaparición y trata de menores en el país, que tan solo entre 2012 y 2020, registra 9 mil 987 niños, niñas y adolescentes desaparecidos y/o no localizados, de los cuales 4 mil 723 son hombres y 5 mil 265 mujeres. El rango de edad con mayor número de desapariciones se presenta entre los 15 a 18 años: 60 por ciento. Sin embargo, cabe destacar que el porcentaje de menores entre 0-4 años es de 8.7 por ciento, de entre 5-9 años de 6.8 por ciento, y de 10-14 años de 24 por ciento del total de NNA desparecidos y no localizados. (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)