Posicionamiento sobre la Reforma en Telecomunicaciones

12 Marzo 2013

Una primera opiniónUna primera opinión

1. La iniciativa de reforma a diversas disposiciones constitucionales contiene avances que deben reconocerse. Sin embargo, más allá de la euforia que ha despertado entre sus promoventes, es necesario hacer una reflexión sin premura sobre sus contenidos.

2. Abrir la competencia no garantiza el ejercicio de un derecho. La iniciativa carece de un enfoque de transversalidad de los derechos humanos que genere las condiciones que permitan su pleno ejercicio. En este sentido, resulta primordial que se consideren el cúmulo de tratados, convenciones, actas, declaraciones y demás instrumentos internacionales que protegen y definen el horizonte de los derechos humanos, en especial del derecho a la información y libertad de expresión, para lograr una auténtica pluralidad en los medios de comunicación.

La comunicación  y la información no son una mercancía, son derechos fundamentales que definen nuestra vida cultural y educativa e impactan en nuestra propia identidad. Esto significa que en las relaciones de intercambio deben constituir una “excepción cultural”, figura que en los tratados comerciales protege bienes y servicios que posibilitan la identidad cultural y política de las naciones; y que resultan indispensables en la afirmación de la vida y existencia espiritual de los individuos; y en el desarrollo de las comunidades, lo que queda impedido al adoptar el Estado políticas que definen la comunicación y a la información como mercancías.

3. Abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización ni que se rompa el monopolio de la opinión pública. Por ello urge, una comunicación democrática que extienda el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos ámbitos de gobierno y a todos los habitantes para que fluya información abierta y veraz  a través de espacios mediáticos diversos y plurales, alineados con el interés público y accesibles a todos los mexicanos; que difunda la cultura y la identidad nacionales, impulse la solidaridad de los pueblos, promueva la participación ciudadana y sea un instrumento de la educación y del desarrollo humano y social.

La propuesta enviada por el Ejecutivo no incorpora la definición de las telecomunicaciones como servicio público, sino utiliza el término de interés general que no incluye la garantía de igualdad a favor de los pueblos indígenas y de otras comunidades que elimine cualquier práctica discriminatoria y que establezca las condiciones técnicas y materiales y procedimientos simplificados, para que los pueblos, las comunidades indígenas y la sociedad civil puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.

Las telecomunicaciones y las actividades de la radio y la televisión son un servicio público, y deben por tanto atender a las necesidades sociales, promover el desarrollo educativo y cultural, el mejoramiento de la salud y la preservación del ambiente, contribuir a un mayor respeto a la pluralidad y la diversidad social, étnica y de género, de los mexicanos y al desarrollo de una amplia cultura cívica y de integración nacional.

4. Reconozco, que si bien se avanza en varios temas como la creación del Instituto de Radiodifusión, el acceso a tecnologías de la información, en la prohibición expresa de la publicidad integrada, en la multiprogramación bajo los principios de competencia, así como en la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo, en otros asuntos se puede caer en contradicción con otros preceptos constitucionales como la apertura a la inversión extranjera directa del 100% en un área prioritaria como son las satélites, que pueden contravenir lo dispuesto en el artículo 28 en su párrafo cuarto señala que:

“La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría,  protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia”.

Como también, es necesario revisar la integración del Consejo de Evaluación del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el que deben participar instituciones calificadas, con gran credibilidad como la UNAM o el IPN y no instituciones que aún no existen como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

5. Reconozco que legislar en la materia y replantear las relaciones entre el Estado, la sociedad y los medios y el papel que éstos deben cumplir en la consolidación de la democracia y la Reforma hacia un Estado democrático es un compromiso que México tiene pendiente. Sin embargo no puedo dejar de señalar, el lamentable hecho de que la Cámara de Diputados se haya asumido como oficialía de partes al recibir y suscribir una iniciativa en la que no participó en su elaboración y que desconocía su contenido. En el Senado de la República, allende lo que resuelva la Cámara de los Diputados, daremos el debate.

Alejandro Encinas Rodríguez
Senador de la República

Boletín de prensa

12 Marzo 2013

 Ante la reciente iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo, el Senador Alejandro Encinas externó, “es evidente que hay avances importantes que deben de reconocerse, aunque hay que hacer una discusión y reflexión con mayor detenimiento sobre temas que se deben analizar con mayor discusión”.

Lamentó que no se defina la actividad de las telecomunicaciones como un asunto de interés público, si no como un asunto de interés general.

Señaló “abrir el mercado de las telecomunicaciones, no implica necesariamente la democratización de los medios de comunicación, ni romper con el monopolio que actualmente tiene los medios sobre la opinión pública,  sino hay una ausencia fundamental en el acceso a la radio y televisión comunitaria y a la sociedad civil que queda al margen”.

Aseveró “uno de los grandes temas que tenemos que abordar es el ejercicio pleno de un derecho que no corresponde solamente ejercerlo a los particulares concesionarios de las grandes cadenas televisivas o de la radiocomunicación, sino el derecho a que se rompa el monopolio de la opinión pública para que los ciudadanos tengamos la posibilidad de contar con mayores elementos de juicio para formar nuestra opinión y ejercer nuestro derecho a la libre expresión de las ideas”.

Dejó en claro “hay que garantizar la apertura a todos los sectores de la sociedad, generando un Instituto que atienda los asuntos de la radio y televisión pública, teniendo cuidado que la cadena pública no se convierta en una cadena gubernamental”.

Por otro lado, en materia de energía el senador por el Estado de México destacó “es intranscendente la estrategia nacional de energía ya es un documento que no es vinculante jurídicamente, no tiene un valor jurídico.

Subrayó “es un documento único en el mundo,  se presenta cada año, con una visión de 15  no tiene objetivos, metas invaluables calendarizados, ni programas puntuales que pueda sancionar el Congreso, es como el Plan Nacional de Desarrollo forma parte del sistema nacional de planeación y no tiene un valor vinculante, se cumpla o no,  es intranscendente”.

Propuso “creo que hay que modificar la ley para que tengamos un programa nacional de energía que tenga una estrategia de largo plazo, pero también con programas anuales que sean evaluables vinculantes jurídicamente y se pueda sancionar su cumplimiento”.

Por último recalcó  “PEMEX es un bien de la nación, es un instrumento fundamental no solamente para garantizar nuestra soberanía energética, sino para garantizar el futuro y el desarrollo económico del país”.

Entrevista del Canal del Congreso al Senador Alejandro Encinas sobre la Iniciativa de Reforma en materia de Telecomunicaciones.

Video:  http://www.youtube.com/watch?v=kQYwo1E-gL4

Cruzada por los votos
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

12 de marzo de 2013

En tiempos de restauración, las prácticas corporativas regresan por sus fueros. En los primeros 100 días del gobierno federal, se ha venido tejiendo una red de operación política, ensayada ya en el estado de México, para dar cuerpo a una política social, cuyo principio elemental, dijo el titular del Ejecutivo, es “que las familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar”.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre, anunciada con bombo y platillo en Las Margaritas, Chiapas, en su etapa inicial comprenderá 400 municipios prioritarios por su carencia alimentaria, donde se concentrarán los 70 programas de apoyo social que aplicarán las dependencias federales, con lo que se espera beneficiar a 7.4 millones de personas.

Al paso de los días, la instrumentación del programa ha puesto en evidencia su verdadera naturaleza. No se trata de una política que establezca derechos sociales que garanticen el acceso a mínimo de bienestar a la población, sino de programas asistenciales, instrumentados territorialmente a través de la estructura gubernamental, en los que se condicionará la entrega del apoyo a los beneficiarios a su subordinación política.

Basta hacer una revisión: la Secretaría de Desarrollo Social precisó que no fue Coneval quien definió los municipios considerados en la primera etapa. Al analizar los indicadores de Coneval, de los 400 municipios, sólo 209 están dentro de los municipios de mayor pobreza. Los restantes 191 contienen 23 ciudades capitales de estados y además ciudades importantes del país: Tapachula, Ciudad Juárez, Torreón, León, Acapulco, Zapopan, Tlaquepaque, Ecatepec, Naucalpan, Ciudad Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chalco, Cuautitlán, Cancún, Matamoros, Reynosa, Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, así como las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan.

Así, la Cruzada se orienta a las zonas urbanas —incluso a la Ciudad de México, donde sus habitantes cuentan con derechos universales establecidos en la ley como la pensión para adultos mayores, o programas para atender la desnutrición—, dejando de lado a un sinnúmero de municipios que se encuentran en situación de pobreza extrema.

Si la Cruzada se aplicara en los 400 municipios más pobres del país, se concentraría en las 12 entidades con mayores índices de pobreza: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Ello implicaría que el programa se circunscribiera a siete de los 14 estados donde habrá elecciones este año, sin embargo, incluye a todos, especialmente a las capitales y ciudades donde se concentran más electores —en Baja California participan Ensenada, Tijuana y Mexicali; en Aguascalientes, la capital— y no a los municipios de mayor pobreza, en particular donde el PRI ha tenido resultados desfavorables. En 2012 López Obrador ganó en cuatro entidades: Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala; Josefina Vázquez Mota en Tamaulipas; además en Baja California, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el PRI perdió las anteriores elecciones por las gubernaturas.

Pero también toma previsiones a futuro. Por ejemplo, en el Distrito Federal, las cuatro delegaciones consideradas, representan el 48% del padrón electoral y el 49% de los votos que la izquierda recibe en la ciudad.

La Cruzada implicará además pagos de favores, la titular de Sedesol ha señalado que la Cruzada se instrumentará a través de la Asociación Nacional de Bancos de Alimentos, dentro de la que se encuentran empresas como Kellog’s, Pepsico, Kraft, Campbell’s, Wal-Mart y, vaya coincidencia, Soriana.

Todo ello augura un nuevo fracaso: mientras prevalezcan las viejas prácticas que medran con la pobreza, buscando votos y no resolver los problemas de la desigualdad, se seguirá alentando el círculo perverso de pobreza, manipulación y antidemocracia.

Senador de la República

Participa el Senador Alejandro Encinas Rodríguez como ponente en el Tercer Foro De Análisis Nacional " La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México”.

Visita a la Universidad de Baja California Sur, Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, participación en el Foro: “La Izquierda en el Pacto por México”

 

Entrevista al Senador Alejandro Encinas

07 Marzo 2013

"Lo cierto es que sí aquí no hay intocables, hay que empezar a fincar responsabilidades, en aquellos casos donde hay evidente malversación de fondos como es el caso de Andrés Granier en Tabasco": Encinas Rodríguez.

En entrevista el senador Alejandro Encinas externó “independientemente que la Procuraduría General de la República haya atraído el caso existen las instituciones y los instrumentos legales suficientes en el Estado de Tabasco para deslindar la responsabilidad. Quienes son, en primer lugar el Congreso del Estado que cuenta con el órgano de control sobre el ejercicio del presupuesto  del gasto en el Estado y el órgano de control del Gobierno de la Entidad”.

Subrayó “independientemente de la atracción que se ha hecho hacia el gobierno federal, espero que las autoridades del Estado hagan su trabajo deslinden las responsabilidades y en caso de acreditarse un delito se actúe conforme a la ley”.

Señaló “hay que acabar con la impunidad y con las complicidades que se dan en la búsqueda de la estabilidad y legitimidad del ejercicio de Gobierno, es evidente que particularmente en el Gobierno de Calderón parte de su fuente de legitimidad fue haberle otorgado patente de corso impunidad a Gobernadores de Oaxaca, Puebla y Estado de México. Mientras que durante el Gobierno de Fox estuvo con toda claridad los abusos que cometió Arturo Montiel con aras de mantener una estabilidad ficticia de la relación del PRI y PAN que toleraron estos malos manejos como fueron  el caso de Fidel Herrera en Veracruz, Ulises Ruíz en Oaxaca, Mario Marín en Puebla,  lo cierto es que sí aquí no hay intocables, hay que empezar a fincar responsabilidades, más en aquellos casos donde hay evidente malversación de fondos como es el caso de Andrés Granier en Tabasco”.

Entrevista al Senador Alejandro Encinas

Tema: Fuero constitucional

7 Marzo 2013

Ver video entrevista:

http://www.youtube.com/watch?v=GTMXl1iamKg

“El fuero es para garantizar la libertad de expresión de las ideas que ningún legislador o servidor público sea reconvenido por su forma de pensar, pero no se puede generar inmunidad como es en el  caso del Ejecutivo que pueda incurrir en faltas y delitos graves y no ser sancionado”: Encinas Rodríguez

Al término de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en Comisiones Unidas con Estudios Legislativos, Segunda y de Hacienda y Crédito Público el senador Alejandro Encinas

Rodríguez externó “nosotros somos partidarios de eliminar cualquier forma de fuero, sea religiosa, militar, de legisladores o servidores públicos, no veo porque tener una situación de excepción y de virtual inmunidad al titular del Ejecutivo Federal”.

Destacó “el fuero es para garantizar la libertad de expresión de las ideas que ningún legislador o servidor público sea reconvenido por su forma de pensar, pero no se puede generar inmunidad como es en el  caso del Ejecutivo que pueda incurrir en faltas y delitos graves y no ser sancionado”.

Dejó en claro “hay que eliminar todos los fueros, no generar una situación de privilegio porque genera inmunidad y no veo porque hacer una excepción con el titular del Ejecutivo”.

El senador Alejandro Encinas insistió “el fuero a los legisladores es para garantizar  el ejercicio de las ideas y de la libertad de expresión, no para generar inmunidad, ni incurrir en delitos”.