La desaparición de personas

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

7 de enero, 2020

Desde el inicio del actual gobierno hemos asumido nuestra obligación de transparentar toda la información pública que se genera y rendir cuentas de nuestro desempeño, sin ocultar ningún dato, por doloroso que éste sea.

Es el caso de una de las expresiones más desgarradoras de la crisis que enfrenta nuestro país desde hace décadas, resultado de la violencia que ha anidado en las instituciones públicas y en la sociedad: la desaparición de personas.

A lo largo del último año, en un esfuerzo de coordinación con las autoridades de las entidades federativas, nos hemos empeñado en construir los instrumentos que permitan realizar, siempre con la participación de las víctimas y sus familiares, acciones eficaces para enfrentar este reto, a fin de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación del daño a las víctimas y para remontar el rezago acumulado en las tareas de búsqueda e identificación de personas, resultado de políticas que durante años pretendieron minimizar este problema, ya sea asumiéndolo como un daño colateral en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, o ante la indiferencia, sino es que con la complicidad, de la autoridad.

Ello ha implicado realizar una revisión exhaustiva de la información existente, la cual en muchos casos se encontraba dispersa y no sistematizada, la que ha arrojado resultados que dan cuenta de la magnitud de esta lamentable situación.

Los datos correspondientes a los primeros trece meses del actual gobierno, reportan un total de 9 mil 164 denuncias por desaparición de personas, de las cuales el 43% fueron localizadas, y el 57% se mantienen desaparecidas.

Las entidades con el mayor registro de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Puebla. Al tiempo que las entidades que han logrado el mayor número de localizaciones son: Jalisco, Puebla, Yucatán, Guerrero y Chiapas.

En el mismo lapso, se registraron 873 fosas clandestinas en 519 sitios, donde se exhumaron mil 124 cuerpos. Las entidades con el mayor número de cuerpos exhumados son Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua que concentran el 73.4% del total. Cabe destacar -y este es un dato que se da a conocer por primera vez-, que 395 (35%) cuerpos han sido identificados y, de estos, 243 (21.6%), fueron entregados a sus familiares.

Estos datos son reflejo de un fenómeno extendido a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, durante el periodo 2006-2019 se acreditaron 3 mil 631 fosas clandestinas en todo el país. Al tiempo que entre los años 60 y diciembre de 2019, se reportó la desaparición de 147 mil 33 personas, (mil 584 corresponden a años anteriores a 2006), de las cuales el 58% han sido localizadas y 42% se mantienen desaparecidas, concentrándose el mayor número de desapariciones en los estados de Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, que suman el 39% del total.

Dos datos cimbran nuestra realidad: del total de las desapariciones denunciadas, 62 mil 517 corresponden a mujeres, que se ubican en su mayoría en un rango de edad entre los 10 y los 29 años, de las cuales, 46 mil 682 fueron localizadas; en tanto que 45 mil 612 correspondieron a hombres, en un rango entre los 15 y los 39 años de edad; de éstos, 38 mil 702, de los cuales fueron localizados.

Cabe señalar que aún falta sistematizar información de algunas fiscalías estatales, sin embargo hemos decidido hacer pública la información procesada hasta ahora, a fin de cumplir con nuestra obligación constitucional, pero además para avanzar en la garantía del derecho a la verdad, condición fundamental para hacer justicia. En ello, no regatearemos nuestro compromiso con las víctimas: decir siempre la verdad, sin mediar costos políticos, por dolorosa que ésta sea.

(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)