Reunión
con el gobernador de Veracruz, @CuitlahuacGJ, la Comisionada @kiquinta @Busqueda_MX y la Fiscal del estado @FGE_Veracruz, Verónica Hernández en la que se
sigue avanzando en el tema del Mecanismo extraordinario forense.
23
de enero, 2019
fotos aer
Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
Frenar la violencia infantil
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
21 de enero, 2020
El lamentable suceso que representa la
tragedia en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, es una fuerte llamada de
atención, tanto para quienes cumplimos con una responsabilidad en el gobierno,
como para la sociedad en su conjunto.
Eventos dramáticos que
conocíamos a la distancia en otros países con modelos de sociedad diferentes al
nuestro, hoy se manifiestan como una de las mayores expresiones de violencia y
vulnerabilidad a las que se encuentran expuestos las niñas, niños y
adolescentes en nuestro país, con consecuencias devastadoras en sus vidas.
Datos del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dan cuenta de esta dolorosa
situación: Seis de cada 10 niños entre uno y 14 años de edad han sufrido alguna
agresión psicológica o castigo físico. Diariamente se cometen ocho homicidios
de NNA. Cada año dan a luz más de once mil niñas entre 10 y14 años de edad. En
promedio, cada día, más de 150 niños son atendidos en diversas instituciones
públicas y privadas por maltrato infantil.
Actualmente se encuentran registrados más
de 6 mil NNA desaparecidos. El suicidio de NNA de 10 a 17 años va en aumento.
Cada día los NNA tienen una relación con la violencia, en el acoso escolar, la
violencia de género, la exclusión, en las redes sociales o en los contenidos de
los programas televisivos y videojuegos.
La explotación sexual infantil
crece, al igual que la cooptación voluntaria y forzada de NNA por parte del
crimen organizado. La participación en casos de secuestro por parte de menores
de edad, son claro ejemplo de las consecuencias de la violencia que enfrentan.
La población adulta ha perdido
conexión y comprensión con las nuevas generaciones. El deterioro de la
convivencia familiar y comunitaria, acrecienta las diversas formas de violencia
y la desintegración de los núcleos familiares, al tiempo que las nuevas formas
de organización y convivencia familiar, así como la compleja realidad
socioeconómica, profundizan las brechas de comunicación y conversación con las
nuevas generaciones.
Es imperativo construir nuevos
puentes de diálogo, basados en el reconocimiento del problema, a fin de
fortalecer los ámbitos familiar, escolar y comunitario, estableciendo, en los
tres órdenes de gobierno, acciones en contra de las violencias que aquejan a la
niñez y a los adolescentes, con una visión integral y de respeto a los derechos
humanos.
Las violencias no solo se
consuman en el tiroteo en una escuela, son violencias que se expresan en la
vida cotidiana, en el castigo corporal, el abuso sexual, los homicidios y los
suicidios que afectan la vida de niñas, niños y adolescentes, que
lamentablemente, como sociedad, se han venido normalizando.
Se requiere de una acción
política firme que privilegie la protección y garantía de los derechos de niñez
y adolescencia, para recomponer el tejido social, así como la convivencia
familiar, escolar y comunitaria.
Corresponde al Estado la
creación de los planes de acción en contra de la violencia infantil y
adolescente, el fortalecimiento de las procuradurías de protección de niñez y
adolescencia. Revisar los lineamientos de clasificación de los contenidos
audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión
y audio restringidos, así como la clasificación y comercialización de
videojuegos.
Fortalecer las políticas
públicas de protección integral para garantizar el derecho de la niñez y la
adolescencia a una vida libre de violencia y de toda forma de discriminación,
luchando contra la cultura de normalización de las violencias que aquejan la
vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.
Pero también, urge una acción
enérgica desde la sociedad, recuperar los valores de cohesión e identidad que
deben representar las familias, la escuela, el barrio, el pueblo, el deporte, e
incluso las iglesias, condición indispensable para remontar esta situación en
momentos en que la violencia ha anidado en los hogares. (Subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración)
Sostuvimos
reunión con Bernard Duhaime, integrante del Grupo de Trabajo de la #ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
10
de enero, 2020
La desaparición de personas
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
7 de enero, 2020
Desde
el inicio del actual gobierno hemos asumido nuestra obligación de transparentar
toda la información pública que se genera y rendir cuentas de nuestro
desempeño, sin ocultar ningún dato, por doloroso que éste sea.
Es
el caso de una de las expresiones más desgarradoras de la crisis que enfrenta
nuestro país desde hace décadas, resultado de la violencia que ha anidado en
las instituciones públicas y en la sociedad: la desaparición de personas.
A
lo largo del último año, en un esfuerzo de coordinación con las autoridades de
las entidades federativas, nos hemos empeñado en construir los instrumentos que
permitan realizar, siempre con la participación de las víctimas y sus
familiares, acciones eficaces para enfrentar este reto, a fin de garantizar el
derecho a la verdad, a la justicia y la reparación del daño a las víctimas y
para remontar el rezago acumulado en las tareas de búsqueda e identificación de
personas, resultado de políticas que durante años pretendieron minimizar este
problema, ya sea asumiéndolo como un daño colateral en la llamada “guerra
contra el narcotráfico”, o ante la indiferencia, sino es que con la complicidad,
de la autoridad.
Ello
ha implicado realizar una revisión exhaustiva de la información existente, la
cual en muchos casos se encontraba dispersa y no sistematizada, la que ha
arrojado resultados que dan cuenta de la magnitud de esta lamentable situación.
Los
datos correspondientes a los primeros trece meses del actual gobierno, reportan
un total de 9 mil 164 denuncias por desaparición de personas, de las cuales el
43% fueron localizadas, y el 57% se mantienen desaparecidas.
Las
entidades con el mayor registro de personas desaparecidas son Jalisco,
Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Puebla. Al tiempo que las entidades que han
logrado el mayor número de localizaciones son: Jalisco, Puebla, Yucatán,
Guerrero y Chiapas.
En
el mismo lapso, se registraron 873 fosas clandestinas en 519 sitios, donde se
exhumaron mil 124 cuerpos. Las entidades con el mayor número de cuerpos
exhumados son Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua que concentran el
73.4% del total. Cabe destacar -y este es un dato que se da a conocer por
primera vez-, que 395 (35%) cuerpos han sido identificados y, de estos, 243
(21.6%), fueron entregados a sus familiares.
Estos
datos son reflejo de un fenómeno extendido a lo largo de las últimas décadas.
Por ejemplo, durante el periodo 2006-2019 se acreditaron 3 mil 631 fosas
clandestinas en todo el país. Al tiempo que entre los años 60 y diciembre de
2019, se reportó la desaparición de 147 mil 33 personas, (mil 584 corresponden
a años anteriores a 2006), de las cuales el 58% han sido localizadas y 42% se
mantienen desaparecidas, concentrándose el mayor número de desapariciones en
los estados de Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, que suman el 39% del
total.
Dos
datos cimbran nuestra realidad: del total de las desapariciones denunciadas, 62
mil 517 corresponden a mujeres, que se ubican en su mayoría en un rango de edad
entre los 10 y los 29 años, de las cuales, 46 mil 682 fueron localizadas; en
tanto que 45 mil 612 correspondieron a hombres, en un rango entre los 15 y los
39 años de edad; de éstos, 38 mil 702, de los cuales fueron localizados.
Cabe
señalar que aún falta sistematizar información de algunas fiscalías estatales,
sin embargo hemos decidido hacer pública la información procesada hasta ahora,
a fin de cumplir con nuestra obligación constitucional, pero además para
avanzar en la garantía del derecho a la verdad, condición fundamental para
hacer justicia. En ello, no regatearemos nuestro compromiso con las víctimas:
decir siempre la verdad, sin mediar costos políticos, por dolorosa que ésta
sea.
(Subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración)
Realiza Secretaría de
Gobernación reingeniería institucional al Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Ciudad de México, 4 de enero de
2020
Boletín No. 006/2019
Boletín No. 006/2019
• 2019 es el año con más casos atendidos y con más personas
protegidas a través de dicho instrumento.
• Se busca un enfoque integral y que responda a las necesidades
de las personas afectadas
• Registradas mil 86 personas en el mecanismo, de las cuales 721
se dedican a la defensa de derechos humanos y 365 al periodismo
En el marco del informe del primer año de gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador y a casi siete años de la creación del
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero,
realiza el proceso de reingeniería institucional de este instrumento con un
enfoque integral, que responda a las necesidades de las personas afectadas.
La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la
Coordinación Ejecutiva Nacional, coordinadas por la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración, tienen registradas a mil 86 personas adscritas
al mecanismo, de las cuales 721 se dedican a la defensa de derechos humanos (371
mujeres, 350 hombres); y 365 al periodismo (97 mujeres y 268 hombres).
Cabe señalar que, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, se
han atendido 452 casos, de los que 183 fueron adscritos al Mecanismo, lo que
representó un incremento del 66 por ciento respecto al año anterior que constó
de 110 casos; el resto fueron atendidos a través de distintas instituciones, y
otras personas manifestaron su deseo de no ser incorporadas.
En ese sentido, 2019 es el año con más casos atendidos y con más
personas protegidas a través de dicho instrumento.
Para la Secretaría de Gobernación es fundamental coordinar
acciones que generen un ambiente propicio y una cultura de reconocimiento hacia
las personas que defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo y la
libertad de expresión.
Por ello, se ha mejorado la estrategia de monitoreo de casos de
agresiones y se trabaja en la generación de datos estadísticos que serán
publicados, junto con mapas de riesgo.
Las personas que colaboran en el mecanismo trabajan para sumar
esfuerzos con los tres poderes de gobierno en sus distintos niveles, sociedad
civil, sector empresarial, entre otros actores, con el fin de impulsar acciones
concretas y frenar la violencia contra las y los defensores y periodistas.
Además, buscan fortalecer la prevención, adoptar medidas de protección cada vez más adecuadas y eficaces, así como promover la diligencia en la investigación, acceso a la justicia y reparación del daño.
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Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres,
herramienta para el diseño de políticas públicas
Ciudad
de México, 29 de diciembre de 2019
Boletín No. 384/2019
• La edad promedio de las mujeres víctimas es de 33 años, señala
el Banavim
• Agresores tienen edad promedio de 36 años y estudios de
secundaria
• En el 93 por ciento de los casos, el agresor es familiar de la
víctima
Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es
una prioridad contar con información sobre casos de violencia contra las
mujeres para diseñar las políticas públicas necesarias, a fin de erradicar este
problema, por lo que la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez
Cordero, cuenta el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (Banavim).
Este banco es una herramienta que permite al Gobierno de México
conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia, así como de las
personas agresoras, para delinear políticas públicas a nivel federal, estatal y
municipal.
Los datos del Banavim, dependiente de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración, refieren que la edad promedio de las
mujeres víctimas de violencia es de 33 años.
Asimismo, que el 93 por ciento de las agresiones se dan en el
ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad; no obstante, aumenta de
manera significativa cuando las mujeres pertenecen a alguna comunidad indígena.
Derivado de la información recabada, se sabe que la edad
promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad es de secundaria.
Los principales tipos de violencia contra las mujeres son
psicológicos, 44 por ciento de los casos; física, 26 por ciento y económica 16
por ciento.
Por ello, el involucramiento de fiscalías y jueces en el
registro de las casi 50 mil órdenes de protección emitidas para las mujeres
víctimas de violencia, es fundamental para garantizar la integridad de las
mujeres y sus familias.
El desafío que enfrenta el país para erradicar esta problemática
exige la participación activa y permanente de todas las autoridades
responsables de garantizar que las mujeres accedan a una vida libre de
violencia, así como el fortalecimiento del Banavim, fundamental para la
aplicación de estrategias.
---ooo0ooo---
Este año se
inauguró el proyecto “Sitios de memoria: Verdad, Memoria, Justicia, Reparación
y no repetición, en el sótano de la que fue sede y centro clandestino de
detención de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)
Ciudad
de México, 27 de diciembre de 2019
Boletín
Atención integral a víctimas, familiares y sobrevivientes del
periodo conocido como Guerra Sucia
· Sobrevivientes, familiares de víctimas y sociedad civil se han
acercado al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
a través de la Secretaría de Gobernación
· Hizo de un lugar donde
ocurrieron violaciones a los derechos de las personas, un espacio para
defenderlos al albergar ahora la Dirección General de Estrategias para la
Atención de Derechos Humanos
Por la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con víctimas
de violaciones graves a los derechos humanos, el Gobierno de México asumió en
esta administración el compromiso con estas personas y sus familias, en
particular con quienes por sus ideales fueron perseguidas en el pasado.
Sobrevivientes, familiares de víctimas e integrantes de
organizaciones de la sociedad civil se han acercado al gobierno encabezado por
el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración, en espera de ser escuchados y se les
repare de manera integral el daño que se les causó.
Lo anterior, debido a que este primer año de gobierno, la
Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Olga Sánchez Cordero, marcó un
cambio al establecer una dependencia con rostro humano que prioriza el respeto
a los derechos de todas las personas.
Ese compromiso obligó a iniciar una política pública integral
para atender diversos temas resultado del periodo histórico conocido como
Guerra Sucia.
Por ello, la Dirección General de Estrategias para la Atención
de Derechos Humanos, dependiente de dicha subsecretaría, trabaja en un
mecanismo para la atención integral a sobrevivientes de la Guerra Sucia, como
lo han planteado diversos colectivos.
La finalidad es investigar las violaciones graves a los derechos
humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura,
ejercidas como violencia política de Estado entre 1965 a 1985.
Asimismo, se diseñó el programa para la atención integral a
sobrevivientes de este periodo. Con la participación de víctimas,
sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas en este lapso, se elabora
un diagnóstico sobre las necesidades médicas, jurídicas y de redignificación
que requieren dichas personas.
El objetivo es definir de manera conjunta la ruta reparación
integral y atención médica y psicológica, reconocimiento de la calidad de
víctima, otorgamiento de medidas urgentes y duraderas de asistencia, y acceso a
programas de bienestar social.
Con
ello, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
abona a un proyecto que contempla la recuperación de la memoria y la reparación
integral a víctimas, así como el acceso a la verdad y búsqueda de las personas
desaparecidas.
Bajo este contexto, se constituyó, el pasado 10 de junio, el
proyecto “Sitios de memoria: Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y no
Repetición” que contempla el memorial “Circular de Morelia”, en el sótano de la
que fue la sede principal y centro clandestino de detención de la Dirección
Federal de Seguridad (DFS), en el mismo inmueble que ahora alberga a mencionada
dirección general.
Se trata del primer espacio reconocido como sitio de memoria de
la llamada Guerra Sucia en el país. Ahí se da cuenta de la historia de la DFS,
la actuación de grupos clandestinos contrainsurgentes y la resistencia de
familiares que estuvieron en búsqueda de sus desaparecidos.
Conjuntamente, se proyecta el documental elaborado por la
Secretaría de Gobernación “La herencia más dolorosa”. Adicionalmente, como parte
del proyecto fue diseñado el memorial virtual: sitiosdememoria.segob.gob.mx
Con
ello, la Secretaría de Gobernación convirtió la sede de la extinta DFS, donde
ocurrieron violaciones a los derechos de las personas, en un espacio para
defenderlos, así como un sitio cultural.
—ooo0ooo–
Develan historias de la Guerra Sucia
Documenta SG las torturas en el sótano
de Morelia 8, en la Roma
▲ En los años 70, la que ahora es una
ludoteca para niños víctimas de violencia fue el despacho de Nazar Haro, jefe
de la Brigada Especial contra guerrilleros .Foto Fabiola Martínez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Lunes 7 de octubre de 2019, p. 12
Lunes 7 de octubre de 2019, p. 12
En la calle de Morelia número 8 fue el
último lugar donde se les fotografió en vida a muchos jóvenes guerrilleros.
Durante el periodo
1965-1978 ese edificio, ubicado a unos pasos de la agitada y céntrica avenida
Chapultepec, en la colonia Roma Norte, fue sede de la extinta Dirección Federal
de Seguridad (DFS), pero al mismo tiempo centro clandestino de detención y
tortura.
En el sótano y los
cinco pisos del inmueble se mezclaba el trajín de las tareas administrativas
con el estruendo del maltrato.
Si oyes gritos, no te
metas. Es el gobierno y no se puede hacer nada, fue la discreta recomendación,
en los años 70, de una casera a la inquilina del inmueble contiguo a la DFS,
según el relato de un testigo, compartido a los historiadores de la guerra
sucia.
El mismo edificio
blanco de esta calle circular sigue albergando oficinas públicas, ahora de la
Dirección de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación.
Esta dependencia
busca adecuar, justo donde ocurrieron estos hechos, sitios de memoria
histórica, a partir del trabajo de especialistas, pero también de relatos de
sobrevivientes. Iniciaron con Morelia 8 –inaugurado el 10 de junio de 2019– y
seguirán con otros similares, para culminar en el Campo Militar Número 1.
“Gobernación no busca
‘ni perdón ni olvido’, sino justicia, y que lasnuevas generaciones entiendan la
política que se siguió, la del exterminio y la violación salvaje de los
derechos humanos”, señala Francisco Ramón Rosas López, del equipo encargado del
sitio donde hace más de cuatro décadas despachaba el jefe de la DFS, Miguel
Nazar Haro, creador de la Brigada Especial contra guerrilleros.
Él –se afirma–
interrogaba a los detenidos, ordenaba las palizas y el destino de los miembros
de la Liga Comunista 23 de Septiembre o el Movimiento de Acción Revolucionaria
(Mar), entre otros.
La suerte de cada
persona detenida era distinta. Dependía de sus antecedentes: si ya habían
estado en la cárcel o si se habían fugado; si eran mando de alguna guerrilla o
si sólo tenían rango bajo, explica José Luis Soto, también integrante del
equipo creador de este Sitio de Memoria.
ANA MARÍA
Al ingresar al inmueble, por la rampa,
donde bajaban a los detenidos lo primero que salta a la mirada es una
fotografía en blanco y negro de una mujer joven. Es Ana María Parra, retratada
en 1971 justo en ese frío sótano. Cabello recogido, suéter abrochado del botón
de arriba, blusa blanca y falda oscura; entrelaza con la mano izquierda dos
dedos de la derecha. Era la primera vez que la detenían; meses antes se había
incorporado a la guerrilla, al Mar.
Enseguida la
trasladan a la cárcel de mujeres de Santa Martha, donde pasa siete años. Al
salir se integra a la Liga 23 de Septiembre, donde ya militaban sus hijos
Violeta, de 17 años y Adolfo, de 15. Detrás del muro, aparece otra foto. Es de
nuevo Ana María, aunque esta vez en una imagen tomada en el Campo Militar
Número 1. En su pantalón se ven gotas de sangre, tiene el tabique desviado, la
cara hinchada. Aparece con el cierre del pantalón abierto y camisa negra mal
abotonada.
En los archivos se
encontraron tres fotos más que permiten entender por qué trae un parche en el
entrecejo. La secuencia indica que primero la tomaron de perfil y luego de
frente, pero con gafas oscuras, por lo que en la tercera, aparece con la
improvisada vendoleta. Ni así paró el hilo de sangre.
Ana María,Violeta y
Adolfo siguen desaparecidos. Artemisa, la mayor de sus seis hijos, murió
durante la tortura, señalan los sobrevivientes de la familia Parra.
EL FLACO
En el quinto piso de Morelia 8 fue
colocada una foto en tamaño real. Es Francisco Mercado Espinoza, conocido
como El Flaco. Muy alto, de 1.90 según el registro antropomórfico
de la detención de este miembro de la Liga 23 de Septiembre. Fue aprehendido
por primera vez el 16 de abril de 1975, en Guadalajara. Tras fugarse de la
cárcel de Oblatos, un año después, lo atrapa la DFS en Ciudad Juárez, Chihuahua,
y es trasladado a la capital del país.
El Flaco mira
fijo a la cámara, aprieta los puños. Es la última imagen antes de su
desaparición, tomada a unos metros de la que fue la oficina de Nazar Haro,
despacho principal de la DFS que destacaba por un amplio ventanal con una vista
espléndida al parque. Hoy, esa oficina es una ludoteca para niños víctimas de
la violencia.
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