Emergencia
forense
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
25 de junio de 2019
Uno
de los efectos lacerantes del desastre que representó la llamada “guerra contra
la delincuencia organizada” emprendida por Felipe Calderón, fue la indolencia
con que se abordó la identificación de los cuerpos en los servicios forenses en
el país.
El
incremento vertiginoso del número de personas fallecidas a partir de 2007 que
ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) rebasaron las capacidades
para atender la magnitud y complejidad de este problema, resultando insuficientes
para garantizar la identificación de las víctimas. Al aumento súbito en el
número de homicidios cometidos, se sumó el incrementó del número de
inhumaciones de cuerpos a los que no se practicó necropsia, cuya situación no
fue especificada en las actas de defunción, y que fueron inhumados en fosas
comunes, lo que generó una severa crisis forense.
De
acuerdo con el diagnóstico realizado en el mes de marzo por Servicios
Periciales de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de
Gobernación, la crisis forense se expresa en la falta de infraestructura
adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales; la
escasez de personal especializado; recursos limitados; la falta de criterios
homologados para la conservación de los cuerpos; el desconocimiento de la
normatividad aplicable en la materia, y la insuficiencia de cementerios
forenses.
¿Cómo
revertir esta situación? El primer paso consiste en cambiar las formas de
trabajo, estableciendo protocolos homologados para el análisis de los cuerpos,
privilegiando en la práctica forense, la identificación de los cuerpos,
contando con equipos forenses multidisciplinarios, y con la infraestructura y
equipo suficientes, atendiendo, a la par del día a día, los casos en espera y
los cuerpos que se recuperan de fosas clandestinas, recolectando, en coordinación
con los familiares que están en busca de sus seres queridos, la información
post mortem, cotejando la información para la identificación forense, para
proceder a la entrega a sus familiares, o para su resguardo, en condiciones de
dignidad de los cuerpos.
El
día de ayer, durante la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda, se dio a
conocer un programa para atender esta emergencia que, en su primera fase,
contará con un presupuesto de 410 millones de pesos para instalar cinco
Institutos Regionales Forenses; construir 15 cementerios forenses; integrar un
equipo de expertos forenses para atender la intervención de inhumaciones
clandestinas; dar un apoyo extraordinario a servicios forenses locales; dotar
de sistemas automatizados de identificación de huellas dactilares; garantizar
la homologación de identificadores genéticos, y mejorar la coordinación y las
capacidades institucionales, para lo que se promoverá una Ley General de Identificación
Humana para superar este desastre.
El
objetivo es, además, avanzar hacia un modelo que permita brindar un trato digno
de los cuerpos sin identicar, que garantice su derecho a la identidad, a
regresar con sus familiares y a tener una sepultura digna.
Subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración
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