Nada sin las familias

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

5 de Febrero 2019

Se ha dado a conocer el Plan que permitirá, a más de un año de su aprobación, la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y la conformación del Sistema Nacional de Búsqueda.

Con éste, se pretende establecer, con la participación de las familias de las víctimas, las políticas públicas y los protocolos en la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas y no localizadas, así como las acciones para prevenir, investigar y sancionar estos delitos.

Se trata de desarrollar las capacidades institucionales entre los distintos órdenes de gobierno, para enfrentar la expresión más lacerante de la crisis humanitaria que encara nuestro país, dejando atrás la simulación y la evasión de responsabilidades que caracterizó al gobierno anterior.

Por ejemplo, en los últimos días de su mandato, el gobierno saliente simuló la instalación del Sistema, toda vez que de las 42 instituciones que lo deben integrar, 25, de las 32 Comisiones Estatales de Búsqueda no se habían constituido.

Lo mismo sucedió con los recursos destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la que se asignó en el Presupuesto de Egresos 2018, 468.9 millones de pesos, cuando en realidad solo ejerció 6 millones de pesos.

Ello se tradujo en la falta de desarrollo de las capacidades técnicas, institucionales y de recursos humanos para atender las demandas de los familiares de las víctimas para las acciones de búsqueda.

Para remontar este rezago, se han asignado 400 millones de pesos para los trabajos de la Comisión que se ejercerán plenamente, a los que se sumarán recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Esta semana será designada la persona responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, para proceder a la instalación, en el mes de marzo, del Sistema Nacional, atendiendo la creación de la Comisiones Locales de Búsqueda en las 24 entidades que aún no han cumplido con el mandato de ley.

En lo inmediato, la Comisión deberá concluir, junto con las familias, los colectivos que apoyan a las víctimas y los especialistas e instituciones con las que se ha venido trabajando durante los últimos meses, los protocolos homologados de búsqueda, exhumación e identificación; así como los protocolos de investigación de los delitos de desaparición forzada, dando prioridad a la creación de las cédulas de búsqueda inmediata y a la búsqueda en vida, así como a la situación particular de la población migrante y la atención a víctimas.

Dos aspectos nodales en la implementación del Sistema son la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense, más aún ante la grave crisis que enfrentan los servicios forenses en todo el país, donde existen alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar; así como del Sistema de Información Tecnológica e Informática, que permita integrar en una base de datos única la información con que cuentan  las fiscalías locales, hospitales, centros de atención de adicciones, el Sistema DIF, los centros de reclusión, los albergues públicos y privados, los panteones y demás registros que contengan información que facilite la localización e identificación de personas.

Para ello, se contará con asistencia técnica local e internacional, tanto de instituciones de educación superior, como de las agencias de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la CIDH y la Agencia de Cooperación Alemana.

El Sistema deberá revisar la tipificación y aplicación de los delitos, entre otros para definir la responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos, así como las modalidades que deben adoptar los beneficios que puede otorgar la ley por la colaboración eficaz y en la protección de testigos.

Revertir una tragedia de esta magnitud, exige de un enorme esfuerzo institucional y social. El Estado asumirá su responsabilidad y construirá junto con las familias este esfuerzo. Que se esclarezcan estos delitos y se haga justicia, pero también para evitar que esta forma extrema de violencia nunca más se repita. 

(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)