El derecho a migrar

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

8 de enero de 2019

A contracorriente de lo que sucede en muchas de los países que se adscriben a la denominada “democracia occidental” y, en congruencia, con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido y suscrito por el Gobierno mexicano en la Conferencia de Marrakech, en días recientes presentamos los principios y ejes rectores que regirán la nueva política migratoria en México.

Se parte de crear un nuevo paradigma fundado en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas migrantes, asumiendo que la movilidad humana es un derecho que puede ejercerse de manera regular, ordenada y segura, cumpliendo -al igual que todos los mexicanos-, con las disposiciones legales vigentes en nuestro país.

Se trata de una política de Estado que deja atrás la vieja visión sectorial, para constituir una acción integral y transversal, que incorpora a todas las entidades de la Administración Pública Federal y a los tres órdenes de gobierno.

Reconoce que México es una nación transterritorial, donde la población mexicana no se circunscribe a quienes residen en el territorio nacional, sino incluye a todos los connacionales que viven en el exterior, con lo que se busca, además de proteger y garantizar los derechos de todos los migrantes mexicanos, fortalecer lazos de identidad y las relaciones con nuestro país y sus culturas.

Rescata los valores fundamentales de la política exterior establecidos en nuestra Constitución: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la relación bilateral y respetuosa entre los gobiernos, y la cooperación internacional.

Asume que, para resolver el problema de la migración forzada, se deben atender las causas que la propician: la pobreza, la violencia y la precariedad institucional de los países donde provienen.

Sin duda, la implementación de esta política enfrentará problemas y resistencias políticas y culturales. Desde los cambios institucionales para erradicar la corrupción en el Instituto Nacional de Migración, hasta las expresiones xenófobas y discriminatorias que han aflorado en pequeños sectores de nuestra sociedad.

Quedará atrás la persecución, criminalización, la estigmatización y discriminación que caracterizaron a los gobiernos anteriores, alentadas por una política migratoria basada en la extorsión y la deportación, para dar paso a una política soberana, de derechos y apegada al interés de nuestra nación.

Habrá que enfrentar y superar los prejuicios que pretenden calificar a los migrantes como delincuentes, cuando, al igual que los mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos, buscan una alternativa de vida, explicando que el desplazamiento forzado y el refugio son fenómenos regionales que requieren soluciones concertadas y efectivas para superar los problemas de pobreza y violencia, similares a los que se viven en distintas regiones de México.

Enfrentar el maniqueísmo de quienes reclaman que primero hay que ayudar a los mexicanos, o que los migrantes “nos quitarán los empleos”, cuándo México tiene la capacidad de brindar refugio a más personas de las que actualmente ofrece, al tiempo que es un hecho que los migrantes centroamericanos llevan décadas de participar en el mercado laboral del país, particularmente en labores agropecuarias o de servicios, donde existe una oferta de empleo que no ha sido cubierta por la población local.

Afortunadamente, pese al activismo de quienes alientan las campañas racistas, la sociedad nacional mantiene en alto sus valores solidarios y favorables al refugio y a la acogida humanitaria. Por ejemplo, la encuesta realizada a niñas, niños y adolescentes por el SIPINNA a finales del año pasado, revela que entre el 68 y 72 por ciento de las niñas y niños piensan que está bien que lleguen personas de otros países y se queden a vivir en México. Igualmente, seis de cada 10 niñas y niños consideran que las personas que vienen de Centroamérica son trabajadores y buscan una vida mejor. Una lección que deberían de atender muchos adultos.

(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)