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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura


Diez años de absurda guerra
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
13 de diciembre 2016

Diez años después de que Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico, el gobierno mexicano ha gastado 1.8 billones de pesos y movilizado a más de 56 mil elementos para combatir a los cárteles de la droga en todo el país, con graves consecuencias.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2006 y octubre de 2016, Han ocurrido más de 174 mil homicidios vinculados con la delincuencia organizada, así como 29 mil 136 personas no localizadas. Por su parte, la Sedena reportó que 490 efectivos militares han muerto en enfrentamientos con las bandas delictivas, mientras que la Semar informó que 77 marinos habían sido asesinados durante el mismo período.

México registra uno de los mayores índices de letalidad del mundo. Las fuerzas armadas ultiman a ocho delincuentes por cada herido; lo que junto con las víctimas inocentes y los abusos de la milicia en los lugares donde opera, ha abultado las denuncias por violación a los derechos humanos, mismas que suman12 mil 408 quejas presentadas ante la CNDH, en demérito de su prestigio institucional y de una política que había evitado, después de 1968 y de la guerra sucia de los setenta, todo roce violento del Ejercito en contra de la población.

El pasado 8 de diciembre el titular de la Sedena señaló que los militares deben regresar a los cuarteles a desempeñar las tareas que le corresponden, ya que los “militares no estudian para perseguir delincuentes”. Llamó a las autoridades civiles a asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública y demandó que, en tanto esto no suceda, se dote a las fuerzas armadas de un marco legal para desempeñar tareas de seguridad interior. Llamado que debe leerse acuciosamente en momentos en los que el Senado discute una iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que pretende permitir el uso de la fuerza militar en operativos contra amenazas que signifiquen un peligro para “la estabilidad, seguridad o la paz pública”.

En ésta se propone diferenciar a la seguridad nacional de la seguridad interior, definiendo la participación del Ejército y la Marina en acciones de orden interno, las cuales serían coordinadas por la Segob. Estas acciones permitirían a la milicia establecer destacamentos de seguridad, bases de operaciones móviles y fijas, puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, y asumir la seguridad de instalaciones estratégicas. Lo que derivaría en que las fuerzas armadas puedan hacer uso de cualquier método de acceso a información, obligando a las instituciones gubernamentales y órganos autónomos a proporcionarla. Asimismo, consideran como amenazas que ameritan la intervención delas fuerzas armadas, fenómenos como el cambio climático, corrupción, deficiencia dela profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego.

La iniciativa concibe la seguridad interior como una función primaria e irrenunciable del Estado para garantizar su subsistencia y las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades de los habitantes, incluyendo el monopolio del uso legítimo de la fuerza, el cual recae en el Presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Esta iniciativa da cuenta de la equivoca visión del actual gobierno, que lejos de rectificar la fallida estrategia promovida por Felipe Calderón, conculca la libertad de los ciudadanos. Lo advertí con la Ley reglamentaria del artículo 29 Constitucional que permite establecer el estado de excepción, a solicitud del Presidente, y suspender los derechos y garantías que puedan ser obstáculo en caso de perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, así como con las reformas al Código de Justicia Militar, que faculta a los juzgados militares para ordenar cateos en domicilios de civiles o de cualquier instalación de gobierno, intervenir comunicaciones privadas y ubicar en tiempo real dispositivos móviles de telecomunicación.


La seguridad nacional se construye con base en la defensa exterior y la seguridad interior, la cual debe garantizar el mantenimiento del orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Regular la intervención de las fuerzas armadas en tareas que competen a la autoridad civil, centraliza el poder, debilita el federalismo y empodera a las fuerzas armadas por encima de la sociedad, al imponer como prioridad, al igual que en los peores momentos del autoritarismo gubernamental, el ejercicio del poder y la razón de Estado, no la seguridad de los mexicanos. (Diputado Constituyente).

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