Impunidad

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Viernes, 11 Marzo 2016

Está por cumplirse el término constitucional para emitir las diversas leyes que crean el Sistema Nacional Anticorrupción. A la fecha se han promovido alrededor de 16 iniciativas de distintos legisladores sobre el tema, y en los próximos días se presentará una iniciativa ciudadana, conocida como “#3de3” que propone, desde un enfoque de derechos humanos y la reivindicación del interés público, establecer la obligación de los servidores públicos de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de interés, así como a acreditar el pago de impuestos, con lo que se pretende, de acuerdo con sus promotores, propiciar la participación ciudadana y la rendición de cuentas sobre los asuntos públicos, y contribuir al desarrollo de una democracia sustantiva.

Se trata, en su mayoría, de iniciativas que legítimamente buscan enfrentar la corrupción, ese mal endémico que desde una visión patrimonialista de la función y de los bienes públicos, se ha convertido en una práctica regular para obtener beneficios particulares y el desvío de recursos públicos con fines privados, lo que ha llevado a una profunda pérdida de credibilidad y confianza en las instituciones públicas y al hartazgo ciudadano sobre la impunidad y los privilegios que goza la clase gobernante.

La corrupción es un fenómeno sistémico, que forma parte del engranaje a partir del cual opera el sistema político mexicano, que se ha sustentado en dos círculos viciosos perversos: la asociación entre la política y los negocios, y los mecanismos de disputa y conformación del poder público, donde pese a la transición democrática que permitió la alternancia, los nuevos actores políticos lejos de erradicar las prácticas del viejo régimen, reprodujeron el desvío de recursos públicos, el clientelismo, el condicionamiento de los beneficios de los programas sociales, y la compra del voto, haciendo del uso y abuso del dinero indebido, el factor determinante de los resultados electorales.

La corrupción es inherente al presidencialismo mexicano, que desde su origen, tras la institucionalización del “régimen posrevolucionario” a punta de cañonazos de cincuenta mil pesos y el reparto de las haciendas expropiadas, creo un sistema de disciplina, premios y castigos, fundado en el desvío del patrimonio público.

Sin embargo, la corrupción no es el principal problema que enfrenta nuestro país, lo es, la impunidad.

Pese a sus limitaciones, el desarrollo de nuestra limitada democracia ha permitido identificar y denunciar innumerables actos de corrupción, los cuales en su inmensa mayoría quedan sin sanción alguna o se toleran arbitrariamente. Ahí están los casos de la Casa Blanca, de los exgobernadores Humberto Moreira, Guillermo Padrés y Ángel Aguirre, o cómo se mantienen abiertos los expedientes sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya; la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa; las fosas clandestinas de San Fernando y Cadereyta, y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, que así se mantendrán, toda vez que deslindar responsabilidades, y sancionar estos delitos y actos de corrupción, pondría en evidencia y desmoronaría las bases que sustentan el ejercicio del poder público en nuestro país.

Por ello, no basta construir el entramado jurídico para combatir la corrupción, se debe erradicar la impunidad, lo que entraña una profunda reforma al hasta ahora intocado Poder Judicial, de donde emana su fuente primigenia. Dotar de autonomía plena al Consejo de la Judicatura Federal que actualmente preside el titular de la Corte, quien debe ser sujeto del escrutinio de ese Consejo; acabar con el anonimato de los jueces a partir del cual lo mismo autorizan giros negros que liberan delincuentes; que los magistrados del Tribunal Electoral no puedan aspirar a ser Ministros de la Corte y no sean funcionales al Ejecutivo en turno, y crear mecanismos de control parlamentario, como que el nombramiento de los ministros de la Corte surja de un proceso público convocado por el Senado. (Senador de la República)