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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura




Fallo TEPJF, "monumento" a la impunidad: Encinas. Con Paola Rojas
 
31 de Agosto, 2012

El político considera que el fallo el TEPJF es una invitación para que en próximas elecciones se viole la ley. Insistió en que las acciones del Movimiento Progresista serán haciendo uso de los derechos que da la Constitución.



El senador Alejandro Encinas, consideró como un "monumento" a la impunidad, el fallo dado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que consideró infundados los recursos que presentó la coalición Movimiento Progresista en el juicio de inconformidad por la elección presidencial. En este sentido, aseguró que las acciones que el Movimiento seguirá con actos de protesta, serán siempre dentro de lo que marca la ley.

Luego de la reunión que se dio con Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas considera que el fallo del Tribunal Electoral no cumplió con su tarea de garantizar elecciones limpias. El fallo es un "monumento" a la impunidad; "es una invitación, a que futuros competidores, en las próximas elecciones se viole la ley", acusó el perredista.

"Hoy, lamentablemente, en este país es más rentable violar la ley que cumplirla y esto pues es un golpe muy profundo, no a nosotros; no al Movimiento Progresista, sino a la democracia en nuestro país", aseguró Encinas, en entrevista con Paola Rojas.

Para Alejandro Encinas hay pruebas contundentes, que el Tribunal Electoral no deshechó adecuadamente sin haber analizado el asunto de fondo. "Muchas de las resoluciones son cuestiones de forma, como si fueran Ministerios Públicos de pueblo", apuntó Encinas.

La actuación de los Ministros, considera el político perredista, fue "como si fuera un tribunal cuyo objetivo fuera validar una elección y ungir al candidato del PRI como presidente".

En este sentido, Encinas comentó que en el caso de la triangulación de dinero en el caso de empresas como Monex, por ejemplo, no se llegó al fondo, siendo un caso que se trata, incluso, de lavado de dinero.

Para el próximo domingo 9 de septiembre se realizará una asamblea en el Zócalo capitalino, donde se darán a conocer las acciones que se emprenderán; ejerciendo los derechos que otorga la Constitución, apegado a la ley y de forma pacífica, refirió.

En torno a las normas y fechas para cumplir con el proceso electoral, que fijan que las conclusiones de la Unidad de Fiscalización se entregan ya que concluyó el proceso electoral, "es por decisión del Instituto (IFE), no porque lo establezca así la ley".

Ahora, aseveró Alejandro Encinas, "ya no podemos estar con pequeñas misceláneas, con Reformas Electorales intrascendentes (…) que los consejeros y los Magistrados del IFE no le deban su puesto a ningún partido político". Es necesario, agregó, que el IFE goce de autonomía, situación que se ha ido perdiendo.

El PRD ya trabaja en la construcción de la agenda política, la que abordarán, de fondo, temas de rendición de cuenta y transparencia, además de "va a haber una agenda muy intensa, que esperemos rompa la vieja inercia, la vieja inercia de seguir protegiendo los intereses partidarios para seguir construyendo un acuerdo de Estado", aseguró el perredista.

En torno a las movilizaciones que realizó esta mañana el movimiento #Yosoy132, Encinas expresó el respeto a la autonomía y a la decisión del movimiento en rechazo al fallo del TEPJF. Expresó que coinciden en la demanda, deben apegarse a la resistencia cívica, pacífica y legal.

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Grupo Parlamentario - PRD
Senado de la República
LXII - Legislatura



Brozo entrevista a Alejandro Encinas sobre la Presentación del Libro "La Gráfica Política en México".

Ver video:

http://tvolucion.esmas.com/foro-tv/el-mananero/186160/la-entrevista-con-alejandro-encinas/
 


Monopolios contra soberanía

Alejandro Encinas Rodríguez
28 de agosto de 2012
 
El proceso electoral puso en evidencia el control que los poderes fácticos mantienen sobre el país. México es gobernado hoy por una minoría que detenta el poder económico y que en esta elección jugó el papel determinante.
El Estado mexicano se ha escindido de la sociedad y se encuentra secuestrado por grupos minoritarios que utilizan las instituciones para mantener sus privilegios y despojar a la nación de su riqueza. Esta situación ha provocado una profunda crisis de legitimidad, la cual abona a la ampliación de la brecha entre la ciudadanía y las instituciones públicas.
A través de canonjías entre gobierno, políticos y empresarios se han definido los relevos presidenciales, acrecentado la concentración monopólica, cuyo poder se percibe más pujante que nunca. Ante el vacío creado por una Presidencia debilitada, los monopolios, en particular los que detentan las concesiones de los medios de comunicación, construyen candidatos, imponen gobernantes, censuran la información, vetan y linchan mediáticamente a quienes cuestionan su poder.
Asistimos al resquebrajamiento de los últimos reductos del Estado-nación con el eventual regreso al poder de una generación de tecnócratas y políticos corporativistas que a lo largo de tres décadas implementaron un proceso de privatización profunda de los bienes nacionales, que propició una desmedida concentración del ingreso y el consiguiente aumento del poder del capital frente al poder público, en un ambiente en el que cualquier intento de transformación democrática crea hostilidad entre quienes ven amenazados sus intereses y genera reacciones de imposición sobre la voluntad popular. A ello se suma la presencia de otros poderes informales, que ligados a actividades ilícitas controlan amplias regiones del territorio nacional.
Ante el debilitamiento del Estado, el centro del poder gravita al margen de las instituciones públicas. El ejercicio de elección popular es sustituido por el dinero y la compra de conciencias, en tanto las instituciones subordinan su capacidad de velar por el interés del país a intereses particulares.
En las últimas semanas hemos presenciado evidencias claras de esta situación y la restauración del abuso del poder en la aplicación a modo de la ley por una autoridad electoral omisa y complaciente para sancionar las irregularidades cometidas en la elección presidencial, así como la asociación de los poderes fácticos con una clase política incapaz de establecer la libre competencia y superar la profunda lejanía de las instituciones de la sociedad, como lo acredita también la embestida del Ejecutivo federal contra la libertad de expresión y las pretensiones de Felipe Calderón de despedir a Carmen Aristegui a cambio de refrendar la banda 2.5 Ghz al grupo MVS.
Este escenario plantea el reto de impulsar un viraje profundo en nuestro régimen político para instaurar una nueva era de convivencia basada en la reconciliación nacional. Se trata de construir un proceso democrático en el que predomine la estabilidad y certidumbre, donde la equidad constituye la condición fundamental para el desarrollo y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos para la sana convivencia.
Se requiere erradicar la cultura política que desprecia la dignidad de las personas, en la que prevalece una perspectiva gubernamental que, en vez de ciudadanos, ve clientelas, para transitar hacia una sociedad donde los ciudadanos se asuman como sujetos reales de derechos y hacia un nuevo orden democrático, fundado en un precepto despreciado por los hombres del poder: el respeto a la soberanía popular.
Senador electo por el Estado de México




 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez presentó el Libro “La Gráfica Política en México” en el Museo Frida Kahlo, señaló que el libro es el resultado de un esfuerzo colectivo durante muchos años y queda cuenta no solamente de la imagen gráfica que la izquierda ha utilizado a lo largo de su historia en los distintos momentos políticos del país, sino también la evolución del ensamiento de la izquierda y lamentablemente el registro de cómo los mismos problemas de una izquierda siguen vigentes.


Video:

http://www.alejandroencinas.com.mx/joomla/index.php

 


 

Encinas propone refrendar coalición Movimiento Progresista en el Congreso


Alejandro Encinas, senador electo del PRD, cree que la alianza que postuló a Andrés Manuel López Obrador debe mantenerse en el Congreso
Por Hanako Taniguchi
Miércoles, 15 de agosto de 2012 a las 06:31


CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El senador electo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Alejandro Encinas plantea crear un grupo parlamentario en el Congreso con el Movimiento Progresista, la misma alianza política de izquierda que logró posicionar a Andrés Manuel López Obrador en el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 1 de julio.

El objetivo, dijo Encinas en entrevista con CNNMéxico, sería lograr poner un equilibrio al PRI, primera minoría en el Senado que no alcanza la mayoría simple.
Junto con el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, el PRD formó la coalición Movimiento Progresista, que impulsó la candidatura de López Obrador y que alcanzó casi el 32% de los votos.

Los tres partidos lograron obtener 135 asientos de manera conjunta en la Cámara baja, donde son segunda fuerza. En la Cámara alta, serán la tercera fuerza, con 28 representantes. El PRI alcanzó 207 escaños y el PAN, 114 en San Lázaro, y 52 y 38 curules en el Senado, respectivamente.

"En caso de que no pudiéramos tener un solo grupo parlamentario, sí estoy convencido de que vamos a constituir una coalición legislativa”, dijo el militante de la izquierda sucesor de López Obrador en el Gobierno del DF y excandidato a gobernador en el Estado de México.

Antes de la designación de los coordinadores de bancada por parte del PRD y en la que estuvo registrado como posible líder de la bancada, Encinas dijo que como bloque de izquierda deben “hacer valer nuestro peso político (...) con una representación muy amplia, cerca de 16 millones de electores, más mucha gente que simpatiza con nuestro proyecto”.
Explicó que si bien cada partido que integró la coalición Movimiento Progresista deberá decidir qué rumbo tomar en materia parlamentaria, espera que se mantenga una relación cercana tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Si su propuesta es aceptada por los tres partidos, con el tiempo esta coalición podría ir evolucionando hacia la conformación de un “frente político”, al estilo de algunos países sudamericanos.
“Yo creo que hay que recoger experiencias exitosas como la del Frente Amplio de Uruguay que hoy gobierna ese país y la posibilidad de que reconociendo nuestra diversidad, reconociendo que tenemos orígenes y experiencias distintas, podemos cohabitar bajo un mismo techo y un partido frente, un frente político, creo que oxigenaría mucho hacia el futuro el trabajo de la izquierda del país”.

Las prioridades parlamentarias

Encinas charló con CNNMéxico después de una reunión con senadores electos del PRD, con quienes pasó tres horas negociando la agenda legislativa del partido. Él fue el operador de la bancada en la Legislatura que concluye este mes, en la cual se aprobaron la designación de tres consejeros electorales y la reforma política.

El exjefe de gobierno del Distrito Federal era uno de los candidatos a liderar a los perredistas en el Senado. Compitió con otros políticos como la presidenta de la Asamblea Legislativa del DF, Alejandra Barrales o la secretaria ejecutiva del PRD, Dolores Padierna. Finalmente fue designado por unidad Miguel Barbosa, coordinador de la corriente Nueva Izquierda del PRD a la que pertenece el dirigente nacional Jesús Zambrano.

Según Encinas, su partido llega al Senado con una agenda que priorizará los temas sociales y el impulso a una segunda reforma política.
Encinas dice que los 22 senadores tendrán que actuar de manera “inteligente”, de tal forma que sus propuestas no se vean eclipsadas por los intereses del PRI y el Partido Acción Nacional (PAN).

“Tenemos que cuidar el capital político que hemos construido en este proceso electoral, tenemos que construir este capital ligado al capital social y de las preocupaciones de la gente y un trabajo parlamentario muy responsable. Vamos a hacer un trabajo parlamentario muy responsable”, destacó.
La izquierda debe renovarse

Encinas cree que ha llegado el momento de renovar a la izquierda mexicana por dentro e ir más allá de los liderazgos que han surgido a lo largo de su historia.

No descarta que Andrés Manuel López Obrador —dos veces candidato presidencial— siga siendo una pieza fundamental y que Marcelo Ebrard —actual Jefe de Gobierno del DF y aspirante a la presidencia en 2011— se perfile como un líder en el mediano plazo, pero cree que la democratización es una pieza fundamental para mantenerse como segunda fuerza e incluso alcanzar el tan anhelado triunfo en una elección presidencial.

“Tenemos que construir una izquierda con una ambición de gobierno, con ambición de futuro, ambición de poder y creo que el reto es saber conjugar una estructura orgánica con iniciativa política, con democracia y al mismo tiempo acompañada de un liderazgo que son parte de un patrimonio político de la izquierda”, dijo.
Ver Video:

 http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/15/encinas-propone-refrendar-coalicion-movimiento-progresista-en-el-congreso


Los ‘templarios de la legalidad’

Alejandro Encinas Rodríguez
14 agosto 2012

En este país del absurdo, ahora resulta que actuar bajo los términos que establece la ley y hacer valer los derechos que la misma confiere, es considerado un acto subversivo que desestabiliza al país. Es paradójico que quienes se rasgan las vestiduras en defensa del Estado de derecho y la legalidad, reprueben que el Movimiento Progresista actúe a través de los cauces legales, al tiempo que emplazan al TEPJF a resolver cuanto antes, sin detenerse a revisar los argumentos para invalidar la elección.

El discurso de devoción institucional de estos actores, alaba al IFE y al TEPJF como entes inmaculados, asumiéndose como caballeros templarios de la democracia, pero al mismo tiempo minan la institucionalidad democrática con sus acciones.

Si se tratara de confiar por confiar en las instituciones, como demandan quienes obtuvieron una ventaja con base en corruptelas e ilicitudes, sería innecesaria la existencia de leyes, pues ellos, los grandes electores, decidirían, como se pretende ahora, en nombre de todos.

 Por eso, dejar de luchar, quedarse con los brazos cruzados y no reclamar certeza en la sentencia del Tribunal, condenaría nuestra democracia a la normalidad del delito y a permitir que la violación a la ley se convirtiera en premisa para ganar elecciones.

 El Tribunal no debe dejar de sancionar las irregularidades cometidas. De hacerlo, allanará el camino a la desmoralización y al cinismo colectivo, a que se propague el sentimiento de que todos los partidos y políticos son iguales, y que las elecciones no ofrecen una auténtica alternativa de cambio. Lo que parece configurarse tras las declaraciones de su presidente, Alejandro Luna Ramos, quien en un exceso más, advirtió que “Nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas (…) El Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”.

Que los magistrados intercedan a favor de los grupos de poder que los nombraron, en vez de dar garantías para que el voto se emita y se cuente en condiciones libres y auténticas, profundizará la desconfianza en las instituciones y el desencanto con el sistema democrático.

 Aristóteles decía que la demagogia es la “forma corrupta y degenerada de la democracia” que puede llevar a la instauración de un régimen autoritario. Nada más cercano a nuestra realidad. La demagogia discursiva de las autoridades electorales que han calificado a priori la elección en contraste con el cúmulo de pruebas presentadas de irregularidades.

La desmesura de los poderes que dominan al país, han tomado como rehenes las instituciones públicas y establecido una alianza tácita con la clase política corrupta que opera para mantener privilegios de monopolios y medios, por encima de los ciudadanos y cínicamente exigen a la izquierda apegarse a un pacto de civilidad política que no han respetado.

Esta red de complicidades al amparo del poder público, operó grandes recursos económicos para comprar la elección presidencial, como si fuera una mercancía, abusó de la pobreza de la gente; pero no han logrado comprar la legitimidad de la misma ni la conciencia de millones que quieren un verdadero cambio.

La exigencia ciudadana parte de que las instituciones electorales sean garantes de los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y transparencia en la elección, se funda en el derecho legítimo de los ciudadanos para tener procesos electorales democráticos.

 A todos conviene que se limpie la elección, incluso a quienes hoy con impaciencia exigen que se asuman los resultados. La única manera de garantizar que la democracia subsista, es que su desempeño satisfaga a los ciudadanos, pues sólo ella puede generar consensos amplios y perdurables. Por esto, el llamado a que llanamente se reconozca el resultado para garantizar una supuesta gobernabilidad, constituye un espejismo tras el que se oculta el abuso de poder que profundizará la crisis ética que atraviesa la vida pública del país.


 @A_Encinas_R
Senador electo por el Estado de México






Foro Convocado por la Intendencia de Montevideo
y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Uruguay
Seminario: La izquierda latinoamericana
 y la agenda municipal

Notas sobre la experiencia de la izquierda mexicana

 
Alejandro Encinas Rodríguez
Montevideo, Uruguay, 1 y 2 de agosto de 2012

 1.                 Me da mucho gusto participar en un evento de esta naturaleza, Hacia falta una reflexión sobre lo que han sido las políticas que hemos impulsado las izquierdas en el ámbito municipal, para evaluar las políticas exitosas y también los errores cometidos.

2.                 No existe ninguna receta para seguir una formulación lineal en la aplicación de las políticas públicas y en las directrices de gobierno. Cada estado y municipio tiene sus propias condiciones históricas, coyunturales, socio económicas, geográficas y ambientales, que tienen que adaptarse a la realidad política de una sociedad y de un territorio específico. Sin embargo, hay un conjunto de rasgos de identidad y orientaciones de políticas concretas que le dan cohesión e identidad a un proyecto desde las izquierdas.

3.                 La experiencia de gobierno de la izquierda en México es relativamente reciente. Hace apenas 31 años llegamos a gobernar por primera vez un municipio y si bien traíamos dos años de experiencia legislativas y muchos años de elaboración programática respecto al análisis de la realidad nacional, es a partir de 1981 cuando el Partido Comunista Mexicano gana el municipio de Alcozauca en la montaña de Guerrero un municipio indígena con menos de 7 mil habitantes, a partir de entonces inicia una rápida evolución en nuestra experiencia municipalista.

A mi juicio, el éxito de las políticas de izquierda ha obedecido a que fueron políticas que se diseñaron en el ámbito territorial, con un fuerte vínculo con la sociedad.

4.                 Desde la visión municipalista hemos dado un paso significativo hacia una visión de carácter federalista donde confluyen dos componentes:

a)                 La conformación de la Conferencia Nacional de Gobernadores que rompió con la vieja visión centralista -pese a que aun prevalece en la ley la prohibición para que se reúnan los gobernadores-, que ha permitido construir una relación horizontal entre los gobiernos estatales y hacer un contrapeso al desmedido poder que concentra el Ejecutivo Federal.

La CONAGO se fundó bajo un principio federalista, que fue acompañando de distintas acciones, una coordinación regional entre los distintos Estados que permitió, por ejemplo, al primer operativo en materia de seguridad pública en donde incluso se estableció la figura de mando único de las corporaciones policíacas. Rotando el mando entre los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal.

b)                 El segundo componente es el metropolitano. Una de las mayores aportaciones que hemos hecho desde los gobiernos de izquierda es romper con la idea que prevaleció hasta 1992, de que las conurbaciones de los territorios eran responsabilidad del Ejecutivo Federal su regulación y su coordinación y si bien ya en 1992 pusimos en la ley de asentamientos humanos la posibilidad de la coordinación metropolitana, lo cierto es que el mayor avance que hemos tenido con nuevas formas de gestión intergubernamental, se ha dado en la zona metropolitana del Valle de México, primero con la Comisión Ambiental Metropolitana, más adelante con la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana que incorporo Distrito Federal y a los estados de México, Hidalgo y Morelos, trascendiendo el ámbito de la gestión local.

1.                 A partir de 1981, pusimos énfasis en dos temas centrales: necesitábamos gobiernos honestos y gobiernos vinculados con la gente. Dimos los primeros pasos en la lucha contra la corrupción, transparentar la información sobre el presupuesto público, la definición de los salarios de los funcionarios públicos marcaron el inicio de estas gestiones de gobierno.

Recuerdo el caso de Tenango del Aire donde el salario del presidente municipal lo fijo la comunidad a través del cabildo abierto, instrumento de participación de la sociedad y definición de las acciones de los gobiernos municipales, que funciono en ese momento, pero en la medida en la que ganamos municipios más grandes, resultaba difícil hacer este tipo de asambleas para la toma de decisiones, lo que llevó a crear nuevos instrumentos. Por ejemplo en el Gobierno del Distrito Federal cree el cabildo de la Ciudad de México que buscó generar un espacio de coordinación entre la Jefatura de Gobierno y las Delegaciones políticas en una entidad que no acaba de ser Estado y tiene un conjunto de figuras jurídicas limitadas donde los delegados no son Presidentes Municipales, no tienen un cabildo o un Ayuntamiento que les haga contra peso, donde hay una administración centralizada.

2.                 Sin embargo, no era suficiente ser honestos y trabajar con la gente. Se puede ser muy honesto pero muy ineficiente y la ineficacia es también una forma de corrupción, porque la mala administración de los recursos, el mal desarrollo de las obras, el retraso en el ejercicio del presupuesto, implica costos económicos e incumplimiento de la responsabilidad fundamental.

3.                 Así, avanzamos hacia una segunda etapa en la construcción políticas públicas en la izquierda y eso nos exigió:

a)                 La profesionalización de las estructuras de gobierno. No bastaba llegar al gobierno con compañeros honestos sino con equipos que permitieran hacer una buena gestión y cumplir con los compromisos de campaña.

Los primeros gobiernos del Distrito Federal fueron ejemplo de ello. En particular en el gobierno del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas la conformación del equipo tuvo tres valores fundamentales: Se busco que fuera un equipo que tuviera identidad con un proyecto y una visión de gobierno. Gente que tuviera conocimiento, capacitación y formación en el área de su desempeño y, que no se integró a partir de cuotas por compromisos políticos.

b)                 Recuperar la responsabilidad social del gobierno y garantizar los derechos sociales básicos de la comunidad: la universalización de las políticas públicas: la territorialización de las políticas y del presupuesto público, y la reconstrucción del tejido social.

Esto implico, modificar los instrumentos tradicionales de aplicación de los programas de gobierno, eliminar la intermediación de las estructuras corporativas y establecer el carácter individual de los beneficiarios de las políticas sociales.

Construir una nueva generación de derechos sociales garantizados en la ley: Ley de la pensión de adultos mayores, Ley de atención medica y medicamentos gratuitos, Ley de útiles escolares. Leyes que establecen la garantía de un derecho social y los mecanismos para evitar el control corporativo.

c)                 La territorialización del presupuesto y los programas. En el Distrito Federal se crearon alrededor de 2700 unidades territoriales, estableciendo una asamblea vecinal en cada una de estas unidades, territorializado el presupuesto lo que permitió un vinculo distinto de gobierno con la sociedad y la participación directa de los ciudadanos.

Por ejemplo: en el mes de enero de cada año, en cada uno de los más de 2 millones de domicilios que hay en el Distrito Federal se enviaba una carta donde se informaba cuantas pensiones para adultos mayores, madres de familia, tantos útiles escolares porque teníamos un nivel tal del manejo del presupuesto y territorialización que la gente sabía a donde se estaban dirigiendo esos recursos, pero además había un componente adicional algunos de estos programas quien decidía la orientación de esos recursos era la Asamblea Vecinal. Por ejemplo: el programa para la recuperación de las unidades habitacionales canalizaba un recurso a una unidad habitacional, la asamblea vecinal decidía que obra se hacia, contrataban a la empresa,. Supervisaba el desarrollo de la obra y reportaban el manejo de los recursos al gobierno.

Esto, vinculado al trabajo territorial, permitió construir una base social de apoyo a una política pública.

En muchas ocasiones no se valora el impacto real de lo sucedido en el Distrito Federal. Nos hemos quedado en el marco general de la pensión de los adultos mayores, pero hay otros programas de mayor penetración e impacto social.

El programa de adultos mayores hoy, beneficia a medio millón de habitantes del Distrito Federal el programa de recuperación a unidades habitacionales alcanzó a 5 millones de beneficiarios en el Distrito Federal.

Estas políticas de cobertura general ayudaron a la reconstrucción del tejido. El impacto social más importante de estos programas fue, además de allegare recursos a la gente, la reinserción de los adultos mayores en el núcleo familiar. No se trata de repartir dinero, sino convertir a los bene4ficiarios de los programas sociales en sujetos activos en el núcleo familiar.

Cuando llegamos con Cárdenas al Gobierno, a los adultos mayores los dejaban abandonados en la sala de espera o en los hospitales, hoy  están insertados en el núcleo familiar y en la vida comunitaria.

Lo mismo sucedió con programas de amplia cobertura, como el programa de útiles escolares y de uniformes gratuitos que alcanza a más de 2 millones 600 mil beneficiarios; el programa de atención medica y medicamentos gratuitos a un millón de beneficiarios, o el programa de becas Prepa Sí, que sólo en las preparatorias de la UNAM redujeron a 7 por ciento la deserción escolar.

Lo importante fue hacer una gestión profesional, con responsabilidad social, la generación de nuevos derechos sociales y civiles y la territorialización de las acciones públicas para la reconstrucción del tejido social desde la familia.

Hoy estamos, en el caso del Distrito Federal, en una tercera etapa que tiene consolidarse sin dejar de atender los problemas que aún no están resueltos: el mejoramiento de la calidad de vida y la ampliación de régimen de garantías y de derechos de los ciudadanos, lo que implica garantizar el acceso a servicios de calidad en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, que la movilidad urbana favorezca el transporte público de calidad, que se recuperen y amplíen los espacios públicos, que mejoren no solamente las condiciones en lo individual de los grupos vulnerables sino la calidad de vida en la ciudad,   para el uso y el disfrute publico.

Hoy, los habitantes del Distrito Federal tienen más derechos que los mexicanos del resto del país y no solamente en los programas sociales con la pensión universal para los adultos mayores, sino el derecho de las mujeres a decidir en el reconocimiento de los derechos a la diversidad sexual que son derechos que se tienen que consolidar.

Sin embargo, debemos revisar los problemas de corrupción y desapego a los principios que planteamos en el origen de nuestras experiencias, que se han ido debilitando en el ejercicio de nuestros gobiernos. Se han dado golpes demoledores al corazón de nuestro proyecto político: el principio de honestidad hoy esta vulnerado. Tenemos a dos ex gobernadores emergidos de nuestras filas en la cárcel, uno por revancha política y otro por presuntos delitos. Hemos perdido en gran medida ese valor originario de nuestros principios y valores éticos de nuestras gestiones. Tenemos que recuperar el profesionalismo en nuestras administraciones, dejando atrás el reparto de cuotas entre las corrientes y los grupos partidarios lo que rompe el vínculo con la gente.

Hemos perdido muchos municipios. Me hago cargo que muchos casos, el agobio de los gobiernos de los estados contra las autoridades municipales y distintas coyunturas políticas han incidido en ello. Pero son resultado0 también de las divisiones internas, de la ineficiencia y la corrupción.

 Un municipalismo renovado

Es necesario un replanteamiento de la vida municipal en el sistema político mexicano a la luz de la puesta en práctica e instrumentación de las reformas que se han implementado en las últimas décadas.

 En esta discusión es necesario reconocer que la reforma del Estado, impulsada especialmente por la izquierda mexicana, no estará completa si no se alcanza una auténtica reforma municipalista.

 Existen suficientes propuestas para procesar cambios que permitan ir más allá de reformas cosméticas que dejen al gobierno municipal de nueva cuenta, como apéndices de los poderes federales y estatales. Es hora de reconocer que el ámbito municipal debe ser un poder en toda su dimensión, y no una demarcación administrativa o de simple prestación de servicios, y que el poder municipal es la expresión más directa y cercana de la soberanía popular.

 La existencia de un régimen altamente centralizado implica poner en el centro de la agenda de discusión en primer lugar el carácter de la vida municipal, que comprende una revisión del modelo federal.

De entre las propuestas de reforma municipal que se han promovido a lo largo del debate sobre la Reforma del Estado en México, se pueden destacar 10 puntos:

1.                  El reconocimiento constitucional expreso de la soberanía municipal y de la facultad legislativa de los cabildos.

2.                  La adopción de nuevas figuras de concurrencia intergubernamental entre municipios, estados y federación.

3.                  La aceptación de la heterogeneidad municipal, y por tanto la diferenciación de facultades y atribuciones a partir de una base común de soberanía municipal.

4.                  La introducción de la elección diferenciada de presidentes municipales e integrantes del cabildo, con representación proporcional pura, para ampliar los cauces del pluralismo local, y adoptar estatutos locales.

5.                  La incorporación de los principios de transparencia, acceso a la información y derechos de participación ciudadana en todos los municipios a partir de las recientes reformas al artículo sexto constitucional.

6.                  Un cambio profundo en el federalismo fiscal con bases distributivas más favorables a los municipios, otorgándoles potestades tributarias.

7.                  La apertura de cauces más amplios para que los gobiernos municipales apliquen políticas de desarrollo en confluencia con estados y federación o de manera independiente.

8.                  Admitir figuras amplias de asociación metropolitana y regional, sean de un solo estado o de varias entidades federativas, con verdaderos alcances de gobierno y dando paso a nuevos niveles de gobierno.

9.                  La ampliación del periodo de gestión de las autoridades municipales y la reelección de los presidentes municipales al menos por un periodo inmediato.

10.              Modificar el concepto de las políticas tradicionales de descentralización administrativa hacia los gobiernos municipales para transferir atribuciones en el ejercicio del poder para equilibrar las responsabilidades de intervención local con la correspondiente disponibilidad de recursos económicos.

 Se trata de establecer líneas de cambio que superen las limitaciones del actual régimen y que han guiado el quehacer municipalista de la izquierda mexicana, desde principios de los años ochenta. De entonces a la fecha, el empeño ha sido no sólo gobernar con una visión transformadora y democrática que tenga como guía el desarrollo y el bienestar de los pobres, sino fortalecer las atribuciones y autonomía de los gobiernos locales, en especial el fortalecimiento del municipio.

La reforma municipal en el Distrito Federal

En el caso del Distrito Federal el reto es grande, pero el potencial es aún mayor, por lo que es hora de subsanar una de las peores anomalías de nuestro régimen jurídico y del federalismo mexicano: el régimen de excepción en la naturaleza jurídica del Distrito Federal.


La gestión del futuro: el reto metropolitano
Hacia una gestión  metropolitana

Un aspecto nodal dentro de la reforma del Estado es la construcción de un nuevo entramado jurídico e institucional que permita el desarrollo y la gestión metropolitana, asunto que no sólo atañe a la Zona Metropolitana del Valle de México, sino a las otras 55 zonas metropolitanas del país.
La Ciudad de México es una de las mayores metrópolis del mundo. La Zona Metropolitana del Valle de México abarca, además de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, a 58 municipios del Estado de México y cinco del estado de Hidalgo.  En estas entidades se concentra más de la tercera parte de la población del país y prácticamente la mitad de la riqueza nacional, lo que requiere un tratamiento especial y de nuevas modalidades de planeación, operación y administración jurídica, por lo que la posibilidad de crear una nueva figura jurídica: la de autoridades metropolitanas, tiene que asociarse a la reforma política del Distrito Federal.

La Zona Metropolitana del Valle de México no sólo presenta un tejido urbano continuo y una integración territorial y funcional, sino que ha creado una intensa relación de interdependencia económica, política, social y cultural, que enfrenta una problemática que rebasa en mucho las fronteras jurídicas entre las entidades, delegaciones y municipios que la conforman.

Esta situación resulta aún más compleja toda vez que la conurbación territorial en el Valle de México se ubica en la región centro del país donde se configura un complejo sistema de ciudades articulado entre las zonas metropolitanas del Valle de México; Toluca-Metepec; Pachuca; Puebla-Tlaxcala, y Cuernavaca-Cuautla, que conforma la megalópolis del centro del país.
La administración, la prestación de servicios y las acciones de autoridad en la Zona Metropolitana del Valle de México exigen  adoptar formas innovadoras de gestión pública, en su planeación y estrategia de largo plazo.

De hecho, los cambios demográficos y urbanos, así como los cambios globales han rebasado a la Constitución. Los convenios y los acuerdos son insuficientes y se requiere de imaginación y de esquemas novedosos que permitan abrir paso a nuevas modalidades y órdenes gobierno, asociaciones metropolitanas entre distintos estados o municipios de la misma entidad federativa; incluso agrupaciones binacionales, comarcales o regionales con figuras de representación común.


Gobierno metropolitano

 Ante este fenómeno es preciso reformar el marco constitucional y las leyes secundarias para establecer sistemas de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y sus dependencias, así como para generar espacios de intermediación entre gobiernos, congresos locales y  municipios, otorgando garantías para que zonas urbanas integradas puedan organizarse por municipios agrupados voluntariamente y que se constituyan consejos metropolitanos por acuerdo de  las legislaturas de los estados.

Es indispensable una revisión de las formas de gestión que deben adoptar las zonas metropolitanas del país así como la coordinación de las autoridades federales, locales y municipales.

 Crear nuevas formas de gobierno de carácter metropolitano no puede estar disociado de la reforma política del Distrito Federal. Se trata de una operación de grandes magnitudes, que sin renunciar a la creación del estado 32 y al establecimiento de municipios, de cara al siglo XXI, den respuesta a los cambios globales y al desarrollo urbano del país, es necesario atender las especificidades de la zona metropolitana en la que se ubica la capital de la República.

En la Zona Metropolitana del Valle de México existen distintos antecedentes. Desde mediados de los años noventa, por acuerdo de los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal se creó la Coordinación Metropolitana, como un mecanismo bilateral de coordinación y establecimiento de acuerdos entre ambos gobiernos para atender problemáticas comunes en materia de medio ambiente, asentamientos humanos; transporte y vialidades; abasto de agua potable y drenaje; manejo de desechos sólidos y seguridad pública, y protección civil, las cuales se atienden a través de distintas Comisiones Metropolitanas. Estas comisiones han venido adoptando acuerdos que han impactado favorablemente las políticas y programas en la región, es el caso de la Comisión Ambiental Metropolitana y los programas Hoy no circula, el Programa de Verificación Vehicular, y el Programa de Verificación a Fuentes Fijas, que han resultado exitosos.[1]

Tras la elección del Gobierno del Distrito Federal, en 1999 se creó la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, presidida de manera alternada por el Gobernador del Estado de México y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En marzo de 2000, se integraron a la CECM los titulares de las 16 delegaciones del DF, y los presidentes municipales de los 28 municipios reconocidos hasta entonces como parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y se adoptó el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si bien la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Metropolitanas han mantenido un funcionamiento regular, enfrentan diversos problemas, en particular por la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos, la insuficiencia de recursos, y por supuesto las diferentes visiones de gobierno e intereses políticos que se confrontan en la zona metropolitana.

Pese a ello, en octubre de 2005, el presidente de la República, el gobernador del Estado de México y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, suscribieron un convenio mediante el cual se instituía el llamado  Fondo Metropolitano a partir de aportaciones del gobierno federal y de ambas entidades. Con este acuerdo, el Estado de México y el Distrito Federal aportarían 250 millones de pesos cada uno y el gobierno federal 500 millones más para establecer un fondo inicial de mil millones de pesos. Este acuerdo se materializaría con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, de mil millones de pesos para obras de infraestructura en la Zona Metropolitana del Valle de México, sin que fueran necesarias las aportaciones de los gobiernos locales. A partir de entonces, este Fondo Metropolitano ha  venido ampliando el monto de sus recursos, y se ha extendido para atender la situación de otras zonas metropolitanas en el país.

 Si bien estas acciones son importantes, son insuficientes para enfrentar la problemática en la metrópoli. Por lo que se han venido formulando diversas propuestas para que más allá de incorporar la dimensión metropolitana en las políticas y acciones de las diferentes entidades públicas, se creen nuevas modalidades de gobierno metropolitano, retomando distintas experiencias internacionales como las que existen en Tokio-Yokohama, Japón; Montreal, Canadá, y Lyon, Francia; donde se han establecido gobiernos metropolitanos constituidos por órganos ejecutivos y legislativos, con poderes y facultades para adoptar decisiones en materia de ordenación territorial y transporte; medio ambiente; seguridad pública, entre otros temas de la gestión metropolitana.

Aunque prevalecen resistencias, es momento de establecer figuras de gobierno metropolitano para los asuntos comunes, lo cual transformará dinámicas legislativas, administrativas y políticas, para establecer, operar planes y programas, aprobar y ejercer presupuestos y para adoptar medidas legislativas de alcance regional

Parlamento metropolitano

Dentro de las propuestas que se han formulado retomando experiencias como el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano, está la creación de un Parlamento Metropolitano, concebido como un órgano legislativo que permitiría establecer de manera conjunta leyes, normas, acciones y programas de cumplimiento obligatorio para la atención de los asuntos metropolitanos.

Este parlamento estaría formado por legisladores de cada entidad federativa, seleccionados por cada órgano legislativo. Sus miembros tendrían un período de ejercicio igual al de la legislatura local para la que fueron electos, lo que permitiría dar continuidad parcial en su operación. Este Parlamento podría crear fideicomisos o empresas públicas o en asociación con capital privado, para la prestación de servicios o la construcción de infraestructura metropolitana.

Consejo Metropolitano

Aunado a este espacio legislativo se propone -retomando la experiencia de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana- crear un Consejo Metropolitano con facultades para adoptar decisiones, que permita la coordinación y la instrumentación de acciones conjuntas,  dónde participen los titulares de los gobiernos locales que conforman la zona metropolitana, quienes lo presidirían de manera rotativa, integrados en un Consejo Metropolitano, al que se sumarían los presidentes municipales de los estados de México e Hidalgo, y los titulares de las demarcaciones del Distrito Federal designados             por             sus             contrapartes.

Este Consejo contaría con un Secretariado Técnico, que coordinaría las comisiones metropolitanas y los órganos de administración metropolitana que de sus actividades se deriven.

La Zona Metropolitana del Valle de México debe avanzar hacia formas de gobierno que definan estrategias para toda la región mediante un presupuesto propio, un marco jurídico y de regulación común, reconociendo que la gobernabilidad de la ciudad no puede ser independiente del destino de los municipios conurbados de los estados de México e Hidalgo.

Este no es sólo un reto administrativo, es antes que nada un reto político, que significaría la oportunidad de refrendar una vocación federalista, fortaleciendo a los gobiernos locales y a los municipios, lo que permitiría desarrollar propuestas imaginativas, sustentadas en el análisis y las experiencias de otras

naciones. Es un reto también para el municipalismo que exige la acción responsable de las autoridades locales. Y en ello, como a lo largo de nuestra historia, la confrontación entre centralismo o federalismo; en la disputa política entre autoridades nacionales y locales, entre el gobierno nacional y el enorme poder político que implica el gobierno en la capital de la República, continuarán siendo determinantes.

El debate iniciado en el Congreso fundacional de nuestra República en 1824, surgió de una discusión que está por cumplir dos siglos: la problemática que podrían enfrentar dos soberanías en un mismo territorio; las pugnas que pudieran presentarse entre un gobierno que administra el espacio territorial y atiende las demandas de la población, y la garantía para que los poderes federales no colisionaran con el ejercicio del gobierno local.



[1] Estas comisiones son: Ambiental; Asentamientos Humanos; Transporte y Vialidad; Agua y Drenaje; Desechos Sólidos; Protección Civil, y Seguridad Pública y Procuración de Justicia, integradas por los titulares de las dependencias del gobierno federal, del Estado de México. La Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, fue la primera en crearse el 13 de junio de 1995.


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