Palacio Legislativo, 30 de noviembre de 2011

COMUNICADO DE PRENSA

Sobre la reacción del gobierno federal ante la denuncia en contra de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional y la muerte del activista Nepomuceno Moreno Núñez, el diputado federal del PRD, Alejandro Encinas señala:

La denuncia contra el titular del Ejecutivo federal es un derecho ejercido por un grupo de abogados y miles de ciudadanos inconformes con la estrategia adoptada por el gobierno mexicano y como tal debe de atenderse y analizarse.

La reacción de Calderón es desmedida y temeraria, pues un gobernante debe de garantizar la libertad a diferir en pensamientos, escuchar las críticas y sobre todo, actuar conforme a derecho y asumir su defensa legalmente sí así lo decide.

Es importante señalar que la figura presidencial no es un ente intocable o incuestionable; habría que recordarle a Calderón que su partido siempre combatió el presidencialismo del régimen priista, mismo que por cierto, ahora representado en la figura de su precandidato a la presidencia, le tiende la mano y respaldo ante esta denuncia.

 Hay que subrayar que nadie en su sano juicio puede plantear que el Estado abandone el combate contra el crimen organizado, pero tampoco caben recriminaciones contra quienes por la vía legal quieren probar que las decisiones tomadas por particulares sobre la estrategia de seguridad, han sido erradas, han provocado la pérdida de vidas humanas de inocentes y la permanente violación de derechos humanos.

 Tan mala y sin objetivos claros ha sido esta estrategia, que hace unos días fue asesinado un integrante del Movimiento por la Paz y la Justicia, pese a ser una víctima visualizada que buscaba sin cesar, el paradero de su hijo.

 De nada sirvió que el señor Nepomuceno Moreno fuera atendido personalmente por Calderón apenas el 14 de octubre para exponerle estar bajo amenaza de muerte, si al final no se garantizó su integridad.

 Resulta aun más lamentable que el Gobernador de Sonora Guillermo Padrés, emanado del mismo partido en el poder a nivel federal, lejos de lamentar y condenar la muerte de este ciudadano, responda con la estigmatización del mismo y por ende su descalificación.

Con estos hechos se sienta un triste precedente sobre la omisión del Estado en su obligación de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y del otro lado de la moneda, la intimidación que el propio gobierno realiza contra aquellos que lo critican.

Hago un llamado para que el gobierno federal, los partidos políticos y la ciudadanía en general entendamos que si la Corte Penal Internacional investiga la actuación del titular del Ejecutivo federal y se acreditan delitos de lesa humanidad, debe actuarse en consecuencia en pleno e irrestricto apego a la ley, porque de lo contrario sólo se asume la actitud facciosa de ser un hombre de Estado sólo cuando conviene. 

Tercer Informe

Diputados Federales LXI Legislatura

PRD-DF

Reunión por la unidad del PRD

Imágenes de la visita a Ayoxuxtla Puebla,  A cien años de que el general Emiliano Zapata lanzara el Plan de Ayala.

Sólo el primer paso

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

22 de noviembre de 2011

Andrés Manuel y Marcelo honraron su palabra y cumplieron el compromiso que habían asumido para encontrar un mecanismo transparente que permitiera definir la candidatura que representará a las izquierdas en las elecciones presidenciales.

A través de una encuesta ---caso único en el mundo--- cuyo resultado nadie ha cuestionado, incluso quienes auguraban una inevitable ruptura, hoy las izquierdas tienen candidato. Se trata de un acontecimiento de la mayor importancia que trascenderá el proceso electoral.

Con ellos, las izquierdas han dado un paso fundamental, primero, para dejar atrás el desaseo y la confrontación y recurrente que ha caracterizado la elección de sus dirigentes y candidatos. Segundo, para dejar atrás la inminencia de su división. Basta recordar cómo en enero de este año, ante la posible alianza entre el PRD y el PAN en el estado de México, se iniciaba un camino sin regreso para ir con dos candidatos a la presidencia, y en tercer lugar, para que tras la elección surja el Movimiento Progresista un nuevo partido que abandone las inercias que desdibujaron el proceso unitario iniciado con la fundación del PSUM iniciado en 1981 y consolidado en 1989 con el PRD y alejado al PRD de su proyecto original.

Sin embargo, y pese a su relevancia, debemos tener claro que se trata sólo del primer paso para alcanzar un resultado exitoso en la campaña que se avecina, ya que deben adoptarse mayores decisiones, pues como lo hemos visto en procesos anteriores no basta estar sólo unidos, contar con un buen candidato, haber logrado la coalición de las fuerzas progresistas, tener una propuesta viable y alternativa a la que representan el PRI y el PAN o volver a tener acceso a los medios de comunicación. Se deben dar otros pasos y forjar nuevas condiciones.

En primer lugar, se debe resolver adecuadamente el conjunto de las candidaturas federales a jefe de gobierno, delegados y asambleístas en el DF y en las demás elecciones concurrentes, siguiendo el método de encuesta ahora acreditado, sujetándose todas y todos a las mismas reglas y sus resultados, para que emerjan candidatos del escrutinio público y no del reparto de cuotas entre corrientes y partidos. Se necesita, como nunca, de candidatos que aporten a la elección presidencial y que no sean un lastre en la campaña.

Es necesario un esfuerzo de integración real. Que todas las expresiones partidistas se sumen a la campaña, las que apoyaron a Marcelo Ebrard o en su momento a otros candidatos. Nadie puede quedar fuera. Sé, por experiencia propia, que esto difícilmente sucede, no sólo por la polarización alcanzada en el interior del PRD o la actitud antiperredista anidada en diversos sectores del movimiento, lo que ha conducido en elecciones anteriores a no apoyar a un candidato distinto al de la corriente o hacer el vacío a la campaña, o inclusive al voto diferenciado o al cambio de partido. Sin embargo, esta es una condición que rebasa el diferendo con los candidatos, es una condición para la competencia y la viabilidad futura de la izquierda, ante un adversario que no va a escatimar recursos ni práctica alguna para imponerse.

Pero el mayor reto es superar los linderos partidistas para sumar a amplios sectores del movimiento social a la causa electoral. La crítica tradicional nos ha señalado que las izquierdas llenamos las plazas, más no las urnas. Ello tiene que ver con diversos factores, como falta de organización y una endeble estructura electoral, y la reproducción de las prácticas clientelares que antes se cuestionaban. El desafío es abrir la campaña, incluir a todos, incluso a aquellos en el PRD y a otras expresiones de la sociedad con quienes hemos tenido disputas y diferendos profundos, pero especialmente en lograr que las múltiples expresiones de la sociedad organizada, harta de la profunda crisis de las instituciones y ética pública, que engrosa la filas del abstencionismo, participen y acompañen una voluntad de cambio.

Se ha dado un importante primer paso de los muchos que deberán darse para reconstruir la mayoría y el triunfo despojado en 2006.

Diputado federal del PRD.

Visita Alejandro Encinas al Prof. Edur Velasco de la Universidad Autónoma Metropolitana, para comentarle que la Camara de Diputados en el Presupuesto de Egresos para 2011, le incrementaron 100 millones de pesos a la UAM para el mejoramiento salarial del personal administrativo, así como la reactivación de los trabajos del Campus Cuajimalpa.

Cabe recordar que el Prof. Edur Velasco lleva 36 días en huelga de hambre frente a la Bolsa Mexicana de Valores, exigiendo aumento al Presupuesto para Educación.

Alejandro Encinas, participa en el "Diálogo de Alto Nivel: México y la agenda ambiental internacional" convocado por la Fundación Friedrich Ebert.

Reformita

Alejandro Encinas Rodríguez

08 de noviembre de 2011

Finalmente, tras meses de discusión y cinco sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó la mal llamada reforma política, y aunque algunos legisladores celebran con bombo y platillo su aprobación, las reformas constitucionales alcanzadas son sumamente limitadas y enfrentan un engorroso proceso legislativo y un incierto futuro.

Como escribí en estas páginas hace algunas semanas, lo discutido por los diputados a propuesta de los senadores fue una miscelánea de reformas constitucionales, que de ninguna manera representan un cambio en el régimen presidencialista de nuestro país, ni un cambio en las relación entre poderes y de éstos con los ciudadanos, y si bien se facultó al Congreso para ratificar a los titulares de los órganos reguladores del Estado, se frenó el intento de conculcar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en materia presupuestal al frenar la posibilidad de veto del Ejecutivo, se eliminó la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se crearon —con muchas limitaciones— figuras de la democracia directa, como las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana, que terminan con el monopolio de los partidos sobre la representación popular y la iniciativa legislativa; el asunto aún no está resuelto.

El dictamen aprobado modificó, de manera sustancial, prácticamente en su totalidad la minuta aprobada por unanimidad en el Senado, por lo que ahora deberá ser revisado por los senadores y, en caso de no coincidir con lo acordado con los diputados, reiniciar el proceso legislativo, en tanto que lo que no se modificó en la Cámara de Diputados y sea aceptado por el Senado deberá publicarse para continuar con el proceso de reforma constitucional que requiere ser aprobada por la mayoría de las legislaturas locales, lo cual no estará exento de trabas y oposición de algunos gobernadores que se niegan a aceptar parte de las reformas, en especial las vinculadas con la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (iniciativa ciudadana y candidaturas independientes).

El debate arrojó un saldo desfavorable a la de por sí limitada reforma, donde fue más lo que se rechazó que lo aprobado: la revocación de mandato, la reelección consecutiva de legisladores, el dotar a los congresos de los estados para legislar sobre reelección de diputados locales y presidentes municipales, entre otros asuntos.

Un tema que ha despertado especial polémica fue el relativo al rechazo a los términos en que se planteó el establecimiento de la consulta popular como prerrogativa de los ciudadanos. Ésta, que representa una de las demandas histórica de las izquierdas en los debates sobre reforma del Estado, permitiría abrir un espacio a la participación de los ciudadanos en los asuntos y decisiones públicas, y significaba, en los términos propuestos, una gran simulación, ya que, pese a que se disminuyeron los umbrales de los requisitos para convocar por parte de los ciudadanos y hacer vinculante la consulta y obligatorio su resultado, los requisitos eran profundamente restrictivos, pues se requería de al menos 850 mil firmas de ciudadanos para convocar cualquier consulta, siempre y cuando no fuera en año electoral, y que participaran al menos 19 millones 600 mil ciudadanos para hacerla vinculante, lo que en los hechos la anulaba.

Por ello es importante reflexionar acerca de la necesidad de avanzar no sólo en reformas profundas que modifiquen las bases constitutivas de nuestro régimen político y garanticen la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino además de establecer nuevas prerrogativas de los ciudadanos, que se generen las condiciones para que éstos sean ejercibles y no, como sucede con algunos derechos establecidos en nuestra Carta Magna, que se conviertan en letra muerta.

Diputado Federal por el PRD