Artículo de Alejandro Encinas Rodríguez publicado en El Universal
25 de abril de 2009
El pasado 6 de abril, en su casa en el municipio de San Pedro Jicayán, Oaxaca, Beatriz López Leyva fue sorprendida y asesinada por un sicario que ingresó a su domicilio y le disparó en la cabeza.
Beatriz se oponía, junto con muchos otros pobladores, a la construcción de una gasolinera en terrenos propiedad de los indígenas de dicho municipio, motivo por el cual —de acuerdo a su propio testimonio días previos al atentado— había recibido amenazas de muerte de parte del alcalde priísta de ese municipio, Leonardo Silva Palacios.
No era la primera ocasión. En 2005 habían atentado contra su vida, señalando como autores intelectuales de esos hechos a los caciques priístas de la región. En enero de este año, Beatriz participó en las protestas por un presunto desvío de recursos en el ayuntamiento: “Levanten polvo y aténganse a las consecuencias”, sentenció Silva Palacios, quien ha sembrado un clima de amedrentamiento y terror en el municipio.
De 34 años de edad, Beatriz creció y se desarrolló en Oaxaca. Era carismática y sociable; dispuesta siempre a apoyar y defender los derechos de la gente de su localidad. Sonreía y gustaba de bromear con sus familiares, amigos y compañeros.
Madre soltera de una niña de 13 años de edad, Betsy Joanna, a quien complacía dentro de sus posibilidades. La relación entre ellas era la de un par de amigas, compartiendo tristezas y alegrías. Beatriz contribuía también al sostenimiento de sus padres: doña Serafina y don Javier, sus “viejitos”, de quienes siempre estaba pendiente.
Licenciada en Derecho, fue cofundadora del Colegio de Abogados en materia agraria en Oaxaca. De 1999 a 2005, fungió como visitadora de la Procuraduría Agraria delegación Oaxaca, en Matías Romero, Tehuantepec, Teotitlán de Flores Magón y Santiago Jamiltepec. Fue también secretaria del ayuntamiento de San Pedro Jicayán, durante el trienio 2005-2007; miembro del comité municipal y consejera estatal del PRD; coordinadora distrital de promoción del voto de la coalición Por el Bien de Todos, en la costa de Oaxaca, durante 2006; asesora del senador Salomón Jara y después se incorporó a integrar los comités municipales del gobierno legítimo de México en los 24 municipios del distrito de Jamiltepec.
Este asesinato no puede quedar impune, como muchos otros que se han cometido en Oaxaca. Son los casos de la candidata perredista al ayuntamiento de San José Estancia Grande, Guadalupe Ávila Salinas, quien fue asesinada por el entonces alcalde priísta Cándido Palacios Loyola, o del homicidio de 26 integrantes de la APPO que participaron en el movimiento magisterial y popular de 2006.
Sin embargo, el clima de autoritarismo e intolerancia que se ha asentado en Oaxaca ha permitido que estos y otros homicidios políticos queden sin castigo. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca ha sido incompetente o cómplice y, lejos de investigar y sancionar los delitos, alienta la impunidad.
El estado de impunidad que vive Oaxaca ha propiciado el resurgimiento y consolidación de las viejas prácticas caciquiles del estado autoritario, y que hoy son el signo del gobierno de Ulises Ruiz, en el que el disimulo, la omisión, cuando no la complicidad del gobierno federal, ávido de reconocimiento por su falta de legitimidad, tolera y favorece los nuevos cacicazgos priístas en las entidades del país.
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