Continúan perredistas diseño de agenda en Zacatecas

By seromero
Created 29/01/2010 - 11:02
Notimex

El coordinador de la fracción parlamentaria del sol azteca, Alejandro Encinas, propuso una reforma de Estado de fondo, donde elaboren una propuesta integral que no solamente contemple cambios constitucionales.

Zacatecas.- Este día continúa la plenaria de diputados federales perredistas en esta capital, para el diseño de la Agenda Estratégica 2010 de su grupo parlamentario, al que asisten unos 35 legisladores, que también analizan una reforma política de fondo.

El coordinador de la fracción parlamentaria del sol azteca, Alejandro Encinas, propuso una reforma de Estado de fondo, donde elaboren una propuesta integral que no solamente contemple cambios constitucionales de fondo, sino que revisen las reglas fundamentales.

Comentó que en el mes de febrero presentarán una iniciativa integral que contemplará las reformas integrales, política y la defensa del estado laico, así como la reivindicación de los derechos ciudadanos.

Dentro los temas a analizar se encuentran también las reformas en materia de seguridad social, así como la reforma laboral, la agenda del cambio climático y la defensa del medio ambiente, en sus ejes fundamentales.

Además, como fracción perredista buscarán una reforma interna, en la forma de trabajo como grupo parlamentario, en la que abarquen los cambios que necesita la Cámara de Diputados para favorecer acciones que ayuden a terminar con la opacidad en cuanto al desempeño de su trabajo y el manejo de sus recursos.

Asimismo, se planteará la forma en la que permitan mejorar las relaciones con estados y municipios, para que puedan desempeñar mejor sus ejercicios en el mejoramiento de sus acciones en materia de fiscalización.

En materia electoral, la fracción del PRD iniciará un programa llamado "Adopta un estado", en el que un grupo de diputados será responsable de apoyar a las entidades que estén en proceso electoral, y al mismo tiempo mejorar su trabajo con los municipios.

Discute PRD agenda legislativa

Durante dos días, los diputados discutirán sobre la reforma política, fiscal y reforma interna de la Cámara de baja para eficientar su trabajo

Érika Hernández/Enviada

Zacatecas, México (28 enero 2010).- En medio de las inconformidades por el proceso electoral en Zacatecas, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados arrancará hoy su plenaria en esta ciudad para definir la agenda legislativa que presentará durante el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de febrero.Los 71 legisladores perredistas estarán acompañados de su dirigente nacional, Jesús Ortega, así como de Gobernadores del sol azteca y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, como una forma de respaldar a la Mandataria estatal, Amalia García.

Durante dos días, los diputados discutirán sobre tres temas: reforma política, fiscal y reforma interna de la Cámara de baja para eficientar el trabajo legislativo y la organización interna del grupo parlamentario.En lo político, los legisladores discutirán sobre qué temas del decálogo del Presidente Felipe Calderón apoyarán y los temas que incorporarán como bloque opositor en la Reforma del Estado.

En el paquete de reformas adicionales está como la Ley de Medios, reformas para garantizar un Estado Laico –esto luego del enfrentamiento del PRD con la Iglesia por los matrimonios entre homosexuales- y un paquete de iniciativas para promover la participación ciudadana y mantener mayor control en algunas acciones del Ejecutivo federal, entre éstas la designación del Gabinete presidencial.

En el tema fiscal se discutirá en torno a dos ejes: uno, recuperar el carácter federalista de los recursos públicos, por lo que se discutirán iniciativas de reforma a la Ley de Coordinación para fortalecer las finanzas de los municipios y estados, a fin de descentralizar el presupuesto federal, y dos, plantear que un sistema fiscal más equitativo para que los ciudadanos paguen impuestos conforme a sus ingresos y se eliminen los privilegios para las grandes empresas."Además, también queremos fortalecer el área de fiscalización del Legislativo para darle seguimiento al presupuesto federal", comentó el coordinador del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas.

"En materia política, el acuerdo que estamos alcanzando (entre el PRD, PT y Convergencia en el Congreso) incluye cambios en el régimen político, asuntos electorales, modificación de las atribuciones de los poderes para establecer nuevo equilibrios y contrapesos, un nuevo federalismo y la idea de fortalecer los derechos ciudadanos, así como la ley de medios".

El perredista afirmó que existe el interés de proponer mecanismos de rendición de cuentas de los grupos parlamentarios.La Gobernadora de Zacatecas prestó a sus compañeros de partido el Museo Manuel Felguérez para que realicen sus trabajos, además de que por la noche se tiene contemplada una callejoneda.

"La idea es hacer reuniones en los estados donde gobernamos y habrá elecciones. Ya estuvimos en Michoacán donde hubo tiempos difícil, ahora estamos en Zacatecas e iremos a todos los estados con elecciones", dijo.

Define PRD tres ejes para periodo ordinario de sesiones

W Radio Enero 28 de 2010

Por Verónica Rangel

Zacatecas.- Con la ausencia del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrad y del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy arrancaron los trabajos de la reunión plenaria de los diputados del PRD, cuyo objetivo central es sacara a flote una propuesta de reforma política que deje atrás la insistencia del estado 32 y lograr concretar un verdadero pacto fiscal.

En la inauguración, el coordinador de los diputados, Alejandro Encinas aclaró que los tres ejes centrales de trabajo del próximo periodo ordinario de sesiones serán la Reforma Fiscal que de paso a un verdadero pacto que deje atrás el incremento de impuesto y cobre los gravámenes a quienes actualmente los evaden.

El segundo punto será presentar -en febrero- su propuesta de Reforma del Estado que dé prioridad a la figura de ciudad-capital y no de estado 32 para el distrito federal.

Por último impulsaran la agenda social donde plantean temas como el cambio climático, el fortalecimiento de los derechos humanos, el control y racionalización del agua, entre otros.Asimismo buscaran que los grupos parlamentarios del sol azteca tenga una mejor relación con los gobiernos estatales y municipales surgidos en el PRD y por su puesto con su dirigencia nacional.

Laicidad
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 19 de enero de 2010

“Las leyes de Dios están por encima de las leyes del hombre”. Tal ha sido la frase que ha removido las brasas de un viejo debate que ha dividido a los mexicanos, provocando incluso la guerra civil. Y si bien tras esa frase prevalece una visión de la vida desde la fe, evidencia a la vez una posición política frente al Estado, sus leyes e instituciones, más aún en una sociedad cada vez más plural y diversa que hace exigibles sus derechos, en especial a ser diferentes.

En México la separación del Estado y las iglesias, ha estado indisolublemente atado a las disputas entre liberales y conservadores. Así la Constitución liberal de 1857, estableció ésta separación y conllevó más adelante a las Leyes de Reforma, que desamortizaron los bienes del clero católico y eliminaron los privilegios que gozaba la jerarquía eclesiástica. Ello sería ratificado en la Constitución de 1917, que tras los viejos fueros que toleró el porfiriato, estableció la educación laica, lo que animó las tensiones entre el Estado y la iglesia, que tras las desavenencias con Obregón y Calles, llevaron a la guerra cristera en el país, en un episodio oprobioso de intolerancia y autoritarismo en la historia del país.

Tras las cuestionadas elecciones de 1988 y la falta de legitimidad del gobierno federal, en 1992 Salinas de Gortari modificó radicalmente esta relación al otorgar personalidad jurídica a las iglesias y derecho a votar a los ministros de culto. Reanudándose, luego de más de un siglo, las relaciones diplomáticas entre México y el Estado del Vaticano, manteniendo la restricción a los curas para ser votados, el control para el ingreso de personal religioso extranjero y la limitación a las iglesias para ser propietarias de bienes inmuebles y medios de comunicación.

Hoy en un nuevo escenario de confrontación, resurge este debate alentado por una derecha desmemoriada que bien podría sintetizar su forma de pensar en las declaraciones del dirigente del PAN que no distan mucho de la célebre declaración —una más— del ex presidente Vicente Fox cuando respondió: “¿El Estado laico, y eso con qué se come?”.

Paradójicamente, en las instituciones creadas por las leyes del hombre se encuentra el Estado laico o “no confesional", que plantea con toda claridad la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias, en una sociedad que permite el ejercicio pleno de las libertades individuales.
El Estado laico no es, como algunos suponen, un Estado anticlerical o antirreligioso, por el contrario, la República laica garantiza el libre ejercicio de todos los credos, ideologías y convicciones filosóficas. La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los asuntos del interés público y lo religioso.

El Estado laico distingue entre norma religiosa, norma moral y norma legal y las decisiones legislativas encuentran su fuente de legitimidad en la soberanía popular, es decir en la representación ciudadana de una sociedad diversa.

En un Estado laico, el Estado no impone a los ciudadanos religión o creencia alguna y se mantiene neutral frente a las ideas, religiones e iglesias y nadie, incluso quienes pertenecen al grupo mayoritario, puede imponer a otro una visión hegemónica en su forma de pensar ni en su concepción sobre la vida o del mundo.

El propio Vaticano así lo ha reconocido. El Concilio Vaticano II estableció que: “La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. Entre el Estado y la Iglesia debe existir, un mutuo respeto a la autonomía de cada parte. La laicidad del estado no debe equivaler a hostilidad o indiferencia contra la religión o contra la Iglesia. Más bien dicha laicidad debería ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado. La base de la cooperación está en que ejercer la religión es un derecho constitucional y beneficioso para la sociedad”.

No es alentando nuevamente los rescoldos de la división, lo que procurará la sana convivencia y el desarrollo de una sociedad que debe reconocerse y respetar las diferencias entre sus integrantes El respeto a disentir y al derecho a ser diferentes deben ser las bases de una Nación que hoy se nos escapa de las manos.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador General de los Diputados federales del PRD

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Entrega de juguetes a los niños de los compañeros del
Sindicato Mexicano de Electrcistas

Alejandro Encinas, Coordinador del Grupo Parlamentario de PRD en la Cámara de Diputados y el Secretario General del Sindicato del SME Martín Esparza, hicieron entrega el día de ayer domingo 10 de enero, de jugetes a los hijos de los compañeros del Sindicato de Electricistas con mitivo del Día de Reyes.

2010, la incertidumbre
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 05 de enero de 2010

Más allá del significado mítico que los mexicanos acostumbramos dar a fechas y sucesos emblemáticos de nuestra historia y cultura, 2010 es con mucho un año crucial para el futuro del país.

No se trata sólo de estar a la mira del impacto continuado de la crisis económica que, pese al optimismo oficial y de los apologistas del régimen, continuará impactando negativamente al empleo y al salario, máxime con la escalada inflacionaria de enero y la entrada en vigor de nuevos impuestos. Tampoco se trata de limitarse al seguimiento de la violencia alcanzada en los enfrentamientos con la delincuencia organizada, en la cual algunos de sus cárteles permanecen intactos, ni mantenerse atento al profundo deterioro de las instituciones públicas, advirtiendo cómo se amoldan los grupos de poder, los cacicazgos regionales y los partidos políticos en las elecciones locales y cómo acomodan sus cartas de cara a la sucesión presidencial.

Se trata más bien de atender el estado de ánimo social con que los mexicanos llegamos este año: La desazón provocada por la falta de empleo; la falta de expectativa de contar con un ingreso mínimo que desagravie el ingreso familiar; la frustración de millones de jóvenes sin expectativa de estudio o trabajo; de campesinos sin posibilidad de producir; de obreros a los que el mismo gobierno lanza a las calles, lo que se acompaña de una militarización desmedida en todo el país, donde retén tras retén, operativo tras operativo, se genera un clima de intimidación a la población y que da cuenta de la zozobra de un régimen sin asideros de legitimidad ni rumbo.

Por ello carece de sentido el debate en torno a si el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución son motivo de celebración o conmemoración, como también carece el de reflexionar sobre la extensa agenda social incumplida. Bastaría preguntarnos qué tan independientes y soberanos somos 200 años después de la gesta independiente, y qué tanta justicia social y democracia tenemos 100 años después de la Revolución, para instalarnos en un debate tan estéril como innecesario.

El hecho puntual reside en asumir que la desazón existente expresa ya un desencanto con nuestra endeble democracia, a lo que se suman la frustración y desesperanza derivadas de la crisis económica, que puede traducirse en reclamo e inconformidad. Así, existe un caldo de cultivo favorable para dar otros valores y propósitos al cumplimiento de estas fechas, en un escenario de posibilidades tan diverso que va desde el intento de crear un marco festivo de celebraciones que distraiga de las regresiones autoritarias que vive el país, hasta hacer de estas conmemoraciones una apología de la violencia.

El régimen de Calderón ha entendido este riesgo. De ahí las intensas e infames campañas mediáticas que, en complicidad con los concesionarios y haciendo uso de la mentira flagrante, pretenden crear un ambiente optimista en cuanto a la salida de la crisis o en la “eficacia” del gobierno para combatir a la delincuencia, y en un alarde extremo, la militarización del territorio nacional, independientemente de la falta de coordinación entre las corporaciones civiles y militares, o de la confrontación entre el Ejército y la Armada.

Sin embargo, no sólo son exiguas estas medidas, sino que tampoco trazan una salida a la crisis. Los hechos de la vida política cotidiana marcan un creciente descontento que no pueden toparse con nuevas acciones autoritarias. Por el contrario, si en verdad se aspira a dar un paso cualitativo, es necesario abrir el espacio para construir una salida democrática que atienda los graves problemas de inequidad e incertidumbre que viven los mexicanos y que dé satisfacción a sus aspiraciones frustradas a lo largo de dos siglos.

Se ha planteado la posibilidad de una exigua reforma política y una revisión del pacto fiscal en el país, las cuales en sí mismas resultan insuficientes. Se necesita una gran transformación, una verdadera refundación de la República, pues el actual modelo de organización nacional ha dado de sí. Ante ello, el Congreso debe asumir la iniciativa para impulsar este cambio y resarcir su desgastado prestigio público.

No se trata de partir de cero, existe un amplio debate que a lo largo de dos décadas ha llegado a acuerdos básicos en torno de una reforma del Estado que no se han traducido en reformas por el conservadurismo de los gobiernos panistas que se han negado a renunciar al viejo sistema y de un priismo que añora su regreso. Sin embargo, esa renuencia, que se ha convertido en la principal debilidad del panismo, y el apetito priista, no debe continuar siendo obstáculo para abrir paso en el Congreso a una reforma que permita dar rumbo al país, que de lo contrario seguirá empantanado en la incertidumbre.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador General de los Diputados Federales del PRD

Sufragio efectivo, no reelección
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 22 de diciembre de 2009

Con tres años de atraso, el gobierno de Felipe Calderón se ha planteado “ganar la confianza de los mexicanos” y para ello pretende impulsar lo que denomina una “reforma política” que, al igual que ocasiones anteriores, difícilmente transitará.

Cabe señalar que no se trata de una verdadera reforma política, ya que ninguno de sus elementos representa una transformación del régimen político y queda a la zaga de los acuerdos alcanzados por las fuerzas políticas sobre la reforma del Estado. Se trata de ofrecimientos que si bien retoman iniciativas planteadas por la izquierda desde al menos dos décadas, como la iniciativa popular para que los ciudadanos puedan promover leyes y la figura de candidaturas independientes, con la cual los ciudadanos podrían hacer valer su derecho a votar y ser votados, mantienen serias limitaciones, pues deja pendiente una nueva generación de derechos que permitan el ejercicio de la democracia directa (plebiscito, referéndum, revocación de mandato, rendición de cuentas, presupuesto participativo); y si bien se avanza en romper el monopolio de los partidos en la representación popular, se endurecen los requisitos para crear nuevos partidos, al incrementar al 4% el requisito para el registro, lo que se agrava al promover la elección consecutiva, hasta por 12 años, de presidentes municipales, jefes delegacionales y legisladores, lo que dejaría en una profunda condición de indefensión a los candidatos independientes, pues al no definirse los mecanismos de financiamiento de las campañas y las reglas para enfrentar a los partidos y a los poderes fácticos, los cacicazgos locales y municipales se consolidarán. Basta Imaginar a un candidato independiente compitiendo contra los aparatos corporativos de los gobernadores Enrique Peña Nieto, Fidel Herrera o Ulises Ruiz.

Propuesta por demás ajena a las preocupaciones de los mexicanos, que se presenta justamente en el centenario de una revolución que luchó por el sufragio efectivo y la no reelección, y en un momento donde las instituciones de representación política enfrentan un severo cuestionamiento social y que difícilmente puede sostenerse en tanto no existan instituciones electorales acreditadas, que garanticen el respeto al derecho al voto, la autonomía de los congresos locales y los poderes municipales, y la no injerencia del dinero mal habido y los poderes fácticos en los procesos electorales.

En cuanto a la disminución de los integrantes del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, ésta puede revisarse, siempre y cuando se conserve el principio fundamental de la representación proporcional plena. Por eso cualquier disminución en el número de legisladores debe contemplar la disminución en los distritos y en los integrantes de listas de representación proporcional para garantizar la representación de todas las fuerzas políticas y evitar la sobrerrepresentación de cualquiera de ellas.

En cuanto a la segunda vuelta en la elección presidencial. El escenario que se ha venido configurando, bajo la mala actuación de la autoridad electoral y la polarización política inducida por los poderes fácticos, es la de alentar un sistema bipartidista en el país. Lo que cobraría mayor vigor en un sistema, donde no hay garantías democráticas en el ejercicio del voto. Por lo que el establecimiento de una segunda vuelta fortalecería la tentación del bipartidismo y conduciría al desmantelamiento del incipiente sistema de partidos políticos.

Otras propuestas representan una regresión. En particular, al establecer el derecho preferente del Poder Ejecutivo para presentar al inicio de cada periodo de sesiones dos iniciativas de ley para que sean votadas en el mismo periodo, se introduce un esquema de afirmativa ficta que viola el esquema de contrapesos y autonomía entre poderes, cuando se plantea que si el Legislativo no vota estas iniciativas, se considerarían aprobadas. Ello conculca la facultad exclusiva e irrenunciable del Congreso de legislar, a lo que se suman la intención del Ejecutivo para hacer observaciones parciales a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, al igual que la facultad que se pretende otorgar a la Corte para iniciar leyes, cuando éste es el poder encargado de vigilar su aplicación.

El Congreso valorará estas propuestas, sin embargo para recuperar la truncada transición democrática del país, es necesario retomar las iniciativas y acuerdos alcanzados en ejercicios anteriores, dejando de lado el tema de la reelección que un siglo después seguirá dividiendo a los mexicanos.

PD: La foto publicada del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, ¿es mensaje al crimen organizado o a la disidencia? De cualquier forma, lo que muestra es que quienes combaten a los delincuentes actúan igual que los mismos.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador General de los Diputados Federales del PRD

Unidad necesaria

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 08 de diciembre de 2009

Apoco más de dos décadas de su constitución, el PRD realizó su XII Congreso Nacional al que denominó de refundación. Muchas han sido las interpretaciones de lo ahí acontecido, siendo la más recurrente el señalamiento de que no se trató de una verdadera refundación, sino de un nuevo pacto entre las corrientes que constituyen al partido.

Si bien en muchos aspectos el Congreso dejó un mal sabor de boca y un aire de escepticismo, debe entenderse como un segundo paso para revertir la profunda división interna tras el colapso que significó la renovación de la dirección nacional en 2008 y el inicio de un nuevo ciclo en la vida partidaria que tiene el reto de abrir el debate a la posibilidad de crear un nuevo partido, renovado, comenzando con un nuevo padrón de afiliados, nuevas reglas de convivencia interna y apego al principio de que sean los militantes quienes definan orientaciones de la política partidaria y sus órganos de dirección.

Digo que se trata de un segundo paso, pues el primer intento de unidad se dio con la integración del actual grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, lo que permitió además de la formación de un solo grupo parlamentario, dar una señal clara tras los resultados electorales en julio de 2009, que evidenciaron que si se pretendía dar viabilidad a un proyecto político desde el PRD y la izquierda, era necesario replantearse los términos de la unidad interna y la relación con otras fuerzas políticas.

Sería iluso suponer que la refundación del PRD se dará por decreto tras este Congreso. Por el contrario, debe construirse a partir de un proceso de debate y renovación, que requiere no sólo de voluntad política o de reformular documentos básicos, sino de un cambio de actitudes y prácticas políticas que permitan cohesión orgánica e identidad ideológica del partido, lo que implica definir una ruta crítica que cumpla al menos con tres condiciones: implementar cabalmente los acuerdos alcanzados para acotar a las corrientes, construir la estructura territorial del partido desde la sección electoral y renovar los órganos de dirección en todos los niveles a más tardar en el segundo semestre de 2011; garantizar la unidad de acción del PRD y sus aliados progresistas en los comicios de 2010, y crear las condiciones para conformar un amplio frente electoral de izquierdas que compita con un solo candidato en 2012.

Así el PRD podrá recuperar su identidad política, su perfil ideológico y unidad interna, superando las disputas internas, reconstruyendo sus alianzas políticas y sus lazos con el electorado, dejando atrás al partido de corrientes con influencia electoral y restituirse como un instrumento para la lucha política, vinculado a los movimientos sociales y con un sólido posicionamiento territorial.

La izquierda debe recuperar el aliento unificador que dio origen al PRD y ello sólo será posible retomando la iniciativa política, reconstruyendo su credibilidad ante la ciudadanía. El PRD debe avanzar en la democratización de su vida interna. Necesita corrientes de pensamiento que enriquezcan la vida y el discurso partidario, asumiendo al territorio como el protagonista fundamental de su organización y como espacio vital para el desarrollo de la comunidad y de una nueva cultura ciudadana que reconozca su diversidad; que profundice las acciones y medidas por el bien vivir; que construya alternativas ahondando la democracia; construir ciudadanía y espacios participativos para movilizar a la sociedad y hacer efectivo el ejercicio de sus derechos.

El proyecto de izquierda en que se inscribe el PRD es la vía para garantizar una verdadera transformación en nuestro país. La derecha ha evidenciado su incapacidad y, por otro lado, no se puede permitir un vuelco a un pasado de autoritarismo y corrupción. Pero para que la izquierda y su principal partido sean factor de estos cambios, es necesario cambiar. Se pueden cambiar —como en el Congreso— documentos básicos, declaración de principios, programa y estatutos, pero se tiene que asumir que si no cambiamos nosotros mismos, nuestras actitudes y prácticas políticas, nada va a cambiar.

Una izquierda dividida y sin alianzas no tendrá futuro. El pluralismo de esta corriente de pensamiento es una virtud, no un obstáculo. De ahí la necesidad de renovar al PRD, una renovación que conduzca a la construcción de una nueva mayoría que asuma los destinos del país.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador General del Grupo Parlamentario del PRD

XII Congreso Nacional Refundacional del Partido de la Revolución Democrática

Intervención del Dip. Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados

Oaxtepec, Morelos, 3 de diciembre de 2009

Compañeras y compañeros congresistas,
Distinguidos invitados:

Agradezco la oportunidad que me brindan para dirigirme a este Congreso de Refundación en mi carácter de Coordinador General del Grupo Parlamentario de nuestro partido en la Cámara de Diputados.
Un grupo parlamentario que recién ha iniciado sus funciones y en un breve plazo ha acreditado cohesión e iniciativa política, enfrentando la regresión conservadora que la derecha pretende imponer en nuestro país.

Son muchos los valores políticos de nuestro grupo parlamentario. En primer lugar el impulso de una agenda de transformaciones expresada a la fecha en 49 iniciativas de ley y 259 proposiciones de punto de acuerdo, donde se establece con claridad la defensa del Estado laico, el respeto a las libertades democráticas y de los derechos de los mexicanos que se conjuga con una acción unitaria que ha permitido actuar con cohesión en temas fundamentales, como la defensa de la economía popular, la lucha contra nuevos impuestos y la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Sin embargo, el valor político fundamental de este grupo parlamentario es el haber construido un arreglo institucional que permitió dar un primer paso para revertir el ciclo de confrontaciones que a lo largo de los últimos años nos han dividido.

Este no es un hecho menor, menos aún cuando nos hemos planteado el reto de hacer de este Congreso un acto de refundación de nuestro partido.

Un partido que cumple ya dos décadas de existencia y cuyo origen data de un momento político clave en la historia del país, cuando tras una crisis dentro del Partido Revolucionario Institucional, surge una corriente democratizadora que buscaba la democratización de los mecanismos de elección de su candidato a la presidencia de la República, y ante la incapacidad de entender la necesidad de transformarse, sufrió una ruptura que abrió paso al encuentro con un amplio espectro de la izquierda mexicana para primero ir juntos al proceso electoral de 1988, y continuar, después, un proceso de unificación de fuerzas diversas que fueron capaces de conjugarse en la fundación del PRD, un partido político que se planteó construir un referente para defender las mejores causas de los mexicanos.

Dos décadas después buscamos refundar éste proyecto. Sin embargo debemos entender este Congreso como el inicio de una nueva etapa del partido, que si bien no parte de cero, necesita abrir el debate a la posibilidad de crear un nuevo partido, un partido renovado, comenzando con un nuevo padrón de afiliados, nuevas reglas de convivencia interna y con apego al principio de que sean los militantes quienes definan las orientaciones de la política partidaria y sus órganos de dirección.

La refundación de nuestro partido debe ser resultado del debate en un ambiente de renovación. Ésta no se va a dar por decreto. Sería iluso suponerlo, por ello se requiere no sólo de voluntad política o de la reformulación de nuestros documentos básicos. La refundación que iniciamos debe permitir nuestra cohesión política al menos en tres ámbitos:

1. La identidad política y el sentido de pertenencia con el partido. Hoy, hay que reconocerlo la identidad dentro del partido se da principalmente en torno a la corriente, las banderas del partido han sido sustituidas por las de los grupos internos, y esta pérdida de identidad desdibuja nuestro perfil ideológico y socava la unidad interna. Es preciso asumir que los ejes políticos que pueden articular nuestra identidad es la lucha por la democracia y el combate a la desigualdad. La lucha por la libertad y la equidad, para lo que necesitamos un partido que se asuma como un instrumento para alcanzar dichas causas.

2. Recuperar la vocación unitaria del PRD con las izquierdas y las fuerzas progresistas. Hasta ahora padecemos una especie de enajenación, concentrados en nuestras disputas internas, fracturando nuestras alianzas políticas y nuestros lazos con el electorado, convirtiéndonos en nuestros propios detractores.

El PRD debe dejar de ser un partido de corrientes con influencia electoral, para restituirse como un partido de masas para la lucha política vinculado a los movimientos sociales, con un sólido posicionamiento territorial y por lo tanto electoral.

Debemos recuperar el aliento unificador que nos dio origen y el capital electoral que perdimos en los recientes procesos electorales. Ello sólo será posible recuperando el discurso y la iniciativa política que conlleve a restituir nuestra credibilidad y confianza ante la ciudadanía y a cristalizar de nueva cuenta las aspiraciones de un vasto sector de la sociedad que nos ha permito constituir una fuerza política importante y convertirnos en una opción real de gobierno.

3. Avanzar en la democratización de nuestra vida interna. Corrientes si, grupos de interés no. Necesitamos corrientes de pensamiento que enriquezcan la vida y el discurso del partido, partiendo de reconocer que la base de sustentación de nuestra vida interna debe ser la organización territorial.

La izquierda debe asumir al territorio como un protagonista fundamental en la creación de un nuevo paradigma, no solo para el desarrollo de la comunidad sino para humanizarla. Ello implica desarrollar una nueva cultura ciudadana que reconozca la diversidad, profundice las acciones y medidas por el bien vivir, construyendo nuevas alternativas, ahondando la democracia, construyendo comunidad, ciudadanía y espacios participativos, capaces de movilizar a la sociedad.

Compañeras y compañeros

Estoy convencido de que el proyecto de izquierda en el que se inscribe nuestro partido, es la vía que puede garantizar una verdadera transformación en nuestro país. La derecha ha evidenciado su incapacidad para conducir al país, y por otro lado, no podemos permitir un vuelco al paso. Pero para que la izquierda y nuestro partido sean factor para impulsar estos cambios, debemos cambiar. Podemos cambiar nuestros documentos básicos, nuestros estatutos, declaración de principios y programa, pero tenemos que asumir que si no cambiamos nosotros mismos, nuestras actitudes y prácticas políticas, nada va a cambiar. Debemos asumir nuestro pluralismo como una virtud. Ese es nuestro reto y espero que éste congreso permita la renovación del PRD que permita la construcción de una nueva mayoría que asuma los destinos del país.

Tres años de resistencia
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 24 de noviembre de 2009

Cuando el 20 de noviembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador rendía protesta como Presidente Legítimo de México, la sorna y el escarnio dieron continuidad a una guerra mediática que, desde la confrontación alentada por el gobierno federal que conllevó al desafuero del entonces jefe de Gobierno, vaticinaba el colapso de un movimiento político que asumió la resistencia civil pacífica, como vía para encauzar la inconformidad creada tras el fraude electoral del 2 de julio y comenzar la construcción de una nueva República.

Tres años después, pese a los malos augurios, este movimiento ha encauzado los avatares del conflicto postelectoral y organizado una vasta red territorial que, tras el recorrido de López Obrador por los 2 mil 456 municipios del país, ha articulado a más de 2 millones 300 mil mexicanos, y hoy, de cara al 2012, inicia un nuevo ciclo que busca, desde esa estructura territorial, ampliar su base social y acreditar un proyecto político alternativo que busca traducirse en una corriente de pensamiento que permita la conformación de una mayoría electoral, sustentada en valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la protección del medio ambiente y un crecimiento económico con justicia social.

Con ese propósito, este domingo se ha hecho pública una propuesta que busca alentar el debate nacional en el diseño de un Proyecto Alternativo de Nación, que entre otros puntos plantea:

Recuperar democráticamente al Estado, en un escenario donde existe una República simulada, en la que los poderes constitucionales se han subordinado a poderes de facto que privilegian sus intereses en la conducción del país.

Democratizar los medios masivos de comunicación, impidiendo el control monopólico de la radio y la televisión, y que se utilice una concesión pública en función de intereses particulares. Como se subrayó en el Zócalo, no se trata de expropiar, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información, sin crear una excesiva reglamentación ni optar por la censura, auspiciando la libre competencia.

Transformar el actual modelo económico, haciendo que el Estado asuma su responsabilidad rectora para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional, enfrentar la especulación financiera y enfocar los esfuerzos alentado la actividad productiva y el empleo; combatir las prácticas monopólicas y abolir los privilegios fiscales, abriendo paso a una reforma fiscal equitativa y progresiva, con autonomía de gobiernos extranjeros y de los organismos financieros internacionales.

Ejercer la política como imperativo ético. Cambiar la forma de hacer política. Hoy la política es sinónimo de engaño y corrupción. Es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Hacer valer el principio de austeridad republicana, eliminando el derroche y los privilegios de los funcionarios públicos.

Fortalecer al sector energético, lograr la soberanía alimentaria y establecer un Estado de bienestar que enfrente la desigualdad social y la incertidumbre económica, garantizando el derecho a la educación, al trabajo, la salud, la alimentación y la vivienda.

A lo largo de los últimos tres años este movimiento ha resistido todo tipo de embates, en medio del profundo deterioro de la vida pública del país, que han intentado, una y otra vez, su extinción política. Pese a ello, el movimiento ha persistido oponiéndose a la violencia y la mediocridad. Se trata de un movimiento que no se vence ante la adversidad y que lucha por convertir a México en una patria justa y libertaria.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD

Privilegios vergonzantes

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 10 de noviembre de 2009

Más allá de la inconformidad creada por el alza en los impuestos, de la que el PAN y el PRI han pretendido evadir su paternidad, la discusión del paquete fiscal ha puesto en evidencia la naturaleza inequitativa y excluyente del sistema fiscal mexicano, sustentado en el gravamen al consumo y los ingresos de la inmensa mayoría de la población cautiva en el sector formal de la economía, y en la vigencia de un sistema de privilegios a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, que mediante diversas disposiciones, como los llamados gastos fiscales, consolidan, deducen, evaden o reciben reembolsos de los impuestos que deberían pagar al igual que cualquier otro ciudadano o pequeña empresa.

La nueva legislación fiscal no sólo hace prevalecer este esquema de privilegios, sino que los amplía de manera contraria al interés nacional, ya que al margen del falso festín del priísmo al alardear respecto a que no se gravaron alimentos ni medicinas, se premia, entre otros, de nueva cuenta a las grandes empresas de telecomunicación que diversificarán su actuación con las nuevas concesiones del espacio radioeléctrico en los servicios de tercera generación en telefonía móvil, conocidos como triple play, que permitirán ver televisión y acceder a internet a través de la telefonía celular.

Estas concesiones permitirán “el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioléctrico” de la banda que va de los mil 710 a los mil 770 megahercios (mhz), y de los 2 mil 100 a los 2 mil 160 mhz, y serán licitadas en bloques, dos redes nacionales de 30 mhz y otros tres segmentos regionales de 10 mhz.

Se trata del espectro radioeléctrico más rentable en la actualidad y la banda más codiciada en el mercado de telecomunicaciones, pues empresas y especialistas consideran que quien esté fuera de la banda de 1.7 mhz quedará fuera del mercado en las próximas dos décadas.

De ésta serán beneficiarios unos cuantos consorcios nacionales y extranjeros, como Televisa, Nextel, Telcel, Iusacell o Telefónica, a los que se exentará durante dos años del pago de derechos por cuando menos 2 mil 800 millones de pesos anuales, para —de acuerdo con los impulsores de la exención— “incentivarlos en los años de fuerte inversión”, cuando licitaciones similares en Estados Unidos recaudaron hasta 13 mil 480 millones de dólares, por una concesión a siete años, cuando en México se otorgan hasta por 20 años.

Con ello, el erario nacional dejará de percibir alrededor de 6 mil millones de pesos, más del doble de los 2 mil 500 millones de pesos que se espera recaudar por el incremento al 3% en el Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Nada justifica, ni económica ni jurídica ni socialmente, esta medida. Se trata simple y llanamente de un nuevo privilegio a los poderes fácticos que dominan el país, y que con su enorme poder subordinan y doblegan al interés privado a las instituciones públicas, en este caso a las cámaras del Congreso, aunque cabe señalar que muchos de los legisladores que las integran lo hacen de buena gana, pues en aras de evitar someter su imagen personal a la censura o el cuestionamiento por las televisoras, de manera vergonzante empeñan los intereses del país.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD

Reunión en defensa del presupuesto para el Distrito Federal

Encabezados por el Dip. Alejandro Encinas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión y Marcelo Ebrard Casaubon Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como la Dip. Alejandra Barrales Magdalena Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD el la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como Jefes Delegacionales en el Distrito Federal.

Gravámenes y privilegios
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes 27 de octubre de 2009

El paquete fiscal aprobado por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, y del cual ambos reniegan su paternidad, reproduce las mismas medidas que han debilitado la economía nacional y precarizado a los sectores medios y populares en el país.

Se trata de una paquete regresivo, que si bien dio marcha atrás a la contribución de 2% al consumo general y a gravar alimentos y medicinas, incrementa el IVA a 16% y el ISR que, además de elevarse a 30%, grava los ingresos a partir de 6 mil pesos mensuales, lo que daña aún más el poder adquisitivo del salario y la economía familiar, ya que un trabajador con ese salario pagará casi 8% más de impuestos, mientras las grandes corporaciones —que mantienen sus privilegios— pagarán sólo 1.5% de sus ganancias; además, al impuesto sobre depósitos en efectivo, un instrumento de control, lo han convertido en un impuesto recaudatorio, al bajar el rango del monto gravable a 15 mil pesos, con una tasa de 3%. Se insiste así en tapar un “boquete fiscal” y se resisten a corregir, como la mayoría de los países lo hacen, las condiciones que propiciaron la crisis.

Como propusimos en una iniciativa de ley alternativa que la Comisión de Hacienda se negó a dictaminar, el problema de la economía mexicana no es su déficit circunstancial en las finanzas públicas, sino la insistencia en una estrategia que desmantela el aparato productivo y profundiza la desigualdad. El régimen fiscal debe contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo, asegurando su sustentabilidad. Dicha iniciativa planteó acciones de austeridad para limitar el oneroso costo del gobierno federal, eliminando los privilegios que ostentan las grandes empresas y grupos de la oligarquía, que no contribuyen al erario nacional.

Propusimos medidas para lograr mayor eficiencia tributaria, mediante la eliminación de los regímenes especiales, como la consolidación fiscal; el diferimiento de pagos de impuestos; los regímenes de excepción a las grandes empresas del transporte y al sector primario empresarial. Gravar las ganancias del capital y el pago de dividendos; eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, y la deducción de las aportaciones derivadas de donativos de terceros, así coo gravar las ganancias bursátiles. Estableciendo un mayor gravamen en el ISR en los estratos de mayores ingresos, protegiendo la carga tributaria de los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales, para garantizar equidad y progresividad en el esfuerzo fiscal, incorporando al régimen de tributación a las empresas que bajo la protección del Estado no pagan impuestos.

Estimamos un precio promedio de 57 dólares por barril de petróleo, incluyendo en las coberturas de sobreprecios de venta de hidrocarburos a estados y municipios, incrementando la participación de las entidades federativas en la apropiación de los recursos del Fondo de Estabilización de 25 % a 50%, a fin de evitar caídas bruscas de sus ingresos como ocurrió este año; e incrementando el Fondo de Participaciones de 20% a 25% de la Recaudación Federal Participable y el Fondo de Fomento Municipal de 1% a 2% de las participaciones.

Estas medidas permitirían obtener recursos por 550 mil millones de pesos para proteger el empleo y recuperar el crecimiento. Las retomo hoy,toda vez que la aprobación del paquete fiscal no es definitiva, pues deberá ser debatida en el Senado, e incluso puede enfrentar acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo con el que se introdujo la reforma al IVA y a la Ley de Derechos, que carecen de base jurídica, en lo que los abogados denominan “la garantía de debido proceso”. Por ello es oportuno insistir en terminar con los privilegios fiscales, ya que de mantenerse tal cual estas medidas se profundizará la recesión, minando al salario, el empleo y a la pequeña y mediana empresa.

La disputa económica es esencialmente una disputa política contra la protección de privilegios y grupos de interés que buscan descargar el peso de la crisis en las capas medias y en la población de menores recursos. Se requiere erigir un nuevo pacto fiscal y la transformación del modelo económico hasta ahora implementado, en el que no se puede continuar manteniendo los privilegios para unos cuantos, en tanto se pone en riesgo la estabilidad política del país.

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Coordinador general de los diputados federales del PRD

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Posicionamiento del Grupo Parlamentario del

PRD en la aprobación del Paquete Fiscal 2010
20 octubre de 2009

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Con su autorización, señor presidente. Con el respeto que me merecen todos los legisladores y todas las legisladoras, y con el respeto que me merecen los compañeros que están en la tribuna, respetando la decisión que han tomado para manifestar su inconformidad.

Quiero expresar de manera muy puntual la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Como lo hicimos desde el primer día de inicio de este primer periodo de sesiones, estamos convencidos de que nuestro país necesita una rectificación profunda, tanto del modelo económico que se ha impuesto como, también, de la necesidad de recuperar la transición democrática en nuestro país.

Señalamos desde un principio un planteamiento nodal de nuestra posición política: no avanzar con las mismas recetas, con las que tradicionalmente se han enfrentado las crisis económicas, donde, manteniendo los privilegios de unos cuantos, se daña la economía popular, la planta productiva y el empleo.

El paquete fiscal que ha presentado el Ejecutivo federal, lo señalamos desde un principio, es un paquete regresivo, porque no es posible enfrentar la crisis estableciendo nuevos impuestos o aumentando los existentes. Y con toda claridad hemos tomado iniciativas tanto desde que propusimos una ley de emergencia económica y una ley para crear el seguro de desempleo, como propusimos de manera puntual. Una iniciativa de reforma fiscal que la Comisión de Hacienda no dictaminó, a pesar de ser presentada en tiempo y forma.

En esa iniciativa señalamos la posibilidad de obtener recursos suficientes, no para cubrir un boquete fiscal, sino para proteger el empleo y recuperar la senda del crecimiento económico. Señalamos que había que terminar de manera tajante con los privilegios fiscales, en no gravar el consumo, ni establecer nuevos impuestos, y la respuesta que hemos encontrado no solamente ha sido el desdeñar los planteamientos que pusimos sobre la mesa, sino avanzar en la vía regresiva para enfrentar esta situación de crisis.

Por eso, de manera categórica señalamos que la posición de nuestro grupo parlamentario es tajantemente en contra del establecimiento de nuevos impuestos; del incremento a 16 por ciento del impuesto al valor agregado, del incremento al impuesto sobre la renta, que más allá de incrementarse al 30 por ciento lo que está haciendo es ampliar una base gravable a partir de los 6 mil pesos de ingresos mensuales, con lo que se daña cada vez más el poder adquisitivo del salario y la capacidad de desarrollo de la economía familiar, porque ése es el rango que efectivamente daña más a la población.

Insistimos en que el impuesto sobre depósitos en efectivo, que era un impuesto de control, no debería convertirse en un impuesto recaudatorio. Y no solamente se bajó el monto de depósitos a 15 mil pesos para ser gravados, sino que en una idea recaudatoria se incrementó al 3 por ciento.
Por eso no podemos estar de acuerdo con este paquete y estos dictámenes, porque en primer lugar se dejaron intocados los privilegios de las grandes empresas. Y hoy un trabajador con 6 mil pesos mensuales de salario estará pagando casi 8 por ciento más de impuestos, mientras los grandes consorcios mantendrán los privilegios para pagar solamente el 1.5 de sus enormes ganancias.

En ese sentido, lo digo de manera enfática, votaremos en contra de esos dictámenes, porque tenemos que ser congruentes y porque esta solución, esta falsa solución, lo único que va a hacer es profundizar la recesión económica, seguir desmantelando el salario, seguir desmantelando a la pequeña y mediana empresa y llevándonos a una situación de desempleo, que pone en alto riesgo la estabilidad política del país. Muchas gracias, compañeros, por permitirme hacer uso de la palabra.

Sabadazo
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes 13 de octubre de 2009

Superando las peores prácticas del autoritarismo priísta y a la vieja usanza del MP, cerca de la media noche del sábado fuerzas federales asaltaron las instalaciones de LyFC, para después emitir un decreto para extinguir a esta empresa pública y terminar la relación laboral con sus trabajadores.

Es una acción ilegal e irresponsable, ya que sin mediar orden judicial, estado de huelga para justificar la requisa de la empresa o declaratoria de quiebra, el titular de Gobernación —extralimitándose en sus atribuciones— requirió a la PFP ocupar las instalaciones. Acción de fuerza que muestra la debilidad y la incapacidad del Ejecutivo federal para construir acuerdos. Una medida desesperada que subordina el interés nacional a intereses particulares. A partir de una acción autoritaria se pretende acreditar una autoridad que no se tiene.

El golpe que se asesta a los electricistas fue largamente preparado. Más allá de los meses que requirió diseñar el operativo y preparar al personal que asumiera la operación del servicio, el debilitamiento deliberado de la empresa inició antes para, como con la telefonía o los ferrocarriles, justificar su privatización. Continuó con una campaña de descrédito a trabajadores y sindicato, a quienes se atribuye la ineficiencia de la empresa y el incremento de las tarifas o los cobros indebidos, sin considerar la responsabilidad de los directivos y la ausencia de una política de Estado para salvaguardar un área energética para el desarrollo. Y culminó con el aliento desde el gobierno a una disidencia interna, para desacreditar la renovación de la dirigencia y provocar un conflicto interno para favorecer el golpe.

Esta decisión tendrá un alto impacto político y económico, y evidencia el desprecio gubernamental hacia el Congreso y a los trabajadores. Al primero, porque apenas días antes la Cámara de Diputados convocaba a construir una solución institucional al conflicto sindical, a los segundos, porque al ser recibidos en Los Pinos se les ofertó una respuesta para ganar tiempo. Más aún, en el proyecto de presupuesto 2010 no está considerada la extinción de la empresa ni la liquidación de los trabajadores. Ahora resulta que se cuenta con un fondo de al menos 20 mil millones de pesos para pagar las liquidaciones, lo que significa que el secretario de Hacienda mintió al negar la existencia de recursos federales cuando se le requirió subsanar el recorte presupuestal a estados y municipios.

Resulta además absurdo que en plena recesión se lance al desempleo a más de 50 mil mexicanos, a quienes el secretario del Trabajo sugiere convertirse en esquiroles, con la oferta de una liquidación por encima del contrato colectivo para quienes acepten de inmediato su liquidación y con ésta “establezcan un negocio”.

Difícil es disociar este tipo de decisiones de hechos bochornosos que han impedido un sindicalismo autónomo y fuerte. Desde 1916, cuando Carranza reprimió a la Casa del Obrero Mundial, llegando al extremo de establecer pena de muerte para quienes reivindicaran mejoras salariales o en sus condiciones de trabajo. Tras su asesinato, en 1918, las mafias sindicales, representadas por la CROM de Luis N. Morones, combatieron al sindicalismo democrático de la CUT y controlaron por la fuerza y el apoyo del Estado a las organizaciones. Imperio que se mantuvo hasta el asesinato de Obregón, cuando el “desmoronamiento” culmina con la formación de la CTM en 1936, que jugó un papel importante en la expropiación petrolera y en la construcción del movimiento obrero, hasta la expulsión de las corrientes de izquierda y el surgimiento del “charrismo”, y hasta los 70, cuando dentro del SUTERM se propuso democratizar su sindicato y enfrentar al Estado en su apoyo a la dirigencia “charra”. Similar fue la requisa a las huelgas de telefonistas o la toma por la fuerza pública de CU para frenar al sindicalismo universitario.

La regla del Estado autoritario mexicano ha sido que cuando un sector obrero se “sale de control” utiliza toda su fuerza para su liquidación, cobijando a las mafias que le garantizan sometimiento. Ayer fueron Morones y la CROC, hoy son SNTE, petroleros, viejos y nuevos charros, y algunos gánsters como Ramón Gámez, prófugo de la justicia por corrupción de menores, con quien el secretario de Trabajo suscribe cada mes contratos de protección. Este golpe al sindicalismo independiente es una afrenta que exige la unidad y solidaridad de los movimientos democráticos para enfrentarla.

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Coordinador de los diputados federales del PRD


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"se privilegió la negociación bilateral en la conformación de las comisiones," señala Alejandro Encinas, Coordinador de los Diputados del PRD en la Cámara de Diputados.

Posicionamiento del Dip. Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con su autorización, señor presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy concluimos en tiempo y forma la integración de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. Este proceso ha sido sin lugar a dudas un proceso intenso, en donde hemos hecho un esfuerzo para construir acuerdos que permitan dar gobernabilidad y conducción a esta legislatura.

Y si bien el proceso atendió de manera significativa los intereses, las prioridades de todos los grupos parlamentarios, creo que adoleció de distintas fallas. La primera de ellas es que se privilegió la negociación bilateral en la conformación de las comisiones, en lugar de haber garantizado un trabajo colegiado, como corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta legislatura.

Y si bien debo de reconocer que hubo atención a las prioridades de nuestro grupo parlamentario, que hubo apertura en la integración de las comisiones y las secretarías, en particular mantenemos una diferencia de fondo en cuanto a la Comisión legislativa del Distrito Federal.

Se ha negado en esta legislatura a la representación popular más importante de los capitalinos tener la presidencia de esta comisión, lo cual no había sucedido en ningún momento de la historia legislativa del país, ni cuando el Distrito Federal era un departamento de la federación, ni desde 1997, año en que se eligió por primera vez un gobierno democráticamente.

Esta situación nos remite, de nueva cuenta, al añejo problema de seguir considerando a los habitantes del Distrito Federal como ciudadanos de segunda clase, en donde se quiere seguir tutelando desde el Congreso los derechos y las libertades fundamentales de los capitalinos.

Esto evidentemente ha tenido efectos perniciosos a lo largo de la vida del Distrito Federal, y en particular, esto ha dado lugar a una confrontación permanente del Poder Legislativo, y en especial, de la Cámara de Diputados con los gobiernos democráticamente electos en el Distrito Federal.

Sucedió desde 1997, cuando en el primer gobierno democrático esta legislatura impuso restricciones presupuestales y limitaciones al techo de endeudamiento de la ciudad. Sucedió en el segundo gobierno democrático, donde la legislatura coaligada con otros poderes condujo un nivel de confrontación que llevó al desafuero del jefe del Gobierno del Distrito Federal.

Y hoy, de nueva cuenta, desde la vida y los ámbitos de las instituciones públicas se confronta, de nueva cuenta, no solamente al gobierno de la ciudad, sino a los capitalinos en su conjunto, desde las decisiones arbitrarias y unilaterales del Tribunal Federal Electoral que permite la violación de la ley en los procesos electorales para elegir autoridades en las delegaciones de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, hasta la acción permanente de confrontación de la Comisión Nacional del Agua, los recortes de la Secretaría de Hacienda, proyectos de inversión tan importantes como la construcción de la Línea 12 del Metro; y hoy se suma, en esta ofensiva, el despojo de lo que legítimamente corresponde a la mayoría que gobierna la ciudad y que está representada aquí por los diputados del PRD: el derecho a presidir la Comisión del Distrito Federal.

Quiero señalar, con todo énfasis, que resulta inaceptable para nuestro grupo parlamentario, que una vez más se pretenda utilizar a la Cámara de Diputados o a sus distintas comisiones para confrontar al gobierno de la ciudad y buscar, pretender, hacer de la Comisión del Distrito Federal de esta Legislatura una punta de lanza o un ariete, no solamente contra el gobierno de la ciudad, sino contra los capitalinos que han visto mermada la posibilidad de recursos en inversión para el desarrollo de infraestructura, la prestación de mejores servicios, por una absurda confrontación política conducida desde el propio Congreso.

Por eso hoy señalo categóricamente que no vamos a permitir, de ninguna manera, que se utilice a la Comisión del Distrito Federal para seguir agraviando a los habitantes de la Ciudad de México.
Y que si es necesario de nueva cuenta convocar a los capitalinos, que en muchas ocasiones no solamente nos han dado su respaldo con su voto, ratificando nuestra mayoría en tres elecciones consecutivas en el Distrito Federal, convocaremos también, de nueva cuenta, a los ciudadanos del Distrito Federal a defender la autonomía, los derechos y las libertades de la ciudad.

En ese sentido, señor presidente, solicito atentamente que se reserve la votación en particular de la Comisión del Distrito Federal, porque reconociendo y aceptando las bases en lo general, resulta inaceptable y estaremos atentos a cualquier intento de agravio a los capitalinos; se reserve la votación de la Comisión del Distrito Federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. En consecuencia se reserva para una votación específica lo relativo a la Comisión del Distrito Federal.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como no, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Desde la curul, a nombre de la fracción del Partido del Trabajo quisiéramos manifestar nuestra absoluta solidaridad con la bancada del PRD, y respaldar plenamente el reclamo de que les corresponde a ellos encabezar la Comisión del Distrito Federal.

Queremos hacer nuestros los planteamientos que el diputado Alejandro Encinas acaba de expresar en tribuna y retirar nuestra absoluta solidaridad con la posición del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se le tiene por manifestado, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Pido, señor presidente, igual que mi compañero Gerardo Fernández Noroña, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que la Comisión del Distrito Federal debe corresponder al Partido de la Revolución Democrática, por ser el partido que gobierna la entidad del Distrito Federal, por tener el mayor número de delegaciones en gobierno, por tener la mayoría en la Asamblea Legislativa y porque encabeza el Poder Ejecutivo en el Distrito Federal. Y además, porque la mayoría de los ciudadanos, sobre todo éstos del Distrito Federal, han respaldado a ese partido en la conducción política de la Ciudad de México.

Por esas razones nosotros estimamos que la Presidencia de la Comisión del Distrito Federal debe ser para el PRD.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Separando solamente la Comisión del Distrito Federal.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Muy bien, señor presidente. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, con la corrección que ha señalado el presidente, sírvanse manifestarlo (votación).

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Para rectificar el trámite.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por el acuerdo en su totalidad.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con restricción de la del DF.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, si me permite, se está votando por el acuerdo en general, salvo la Comisión del DF, que fue reservada para una votación específica. Proceda la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Muy bien. En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo, con excepción de la Comisión del DF (votación).
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está en votación el acuerdo en general y se reservó la Comisión del Distrito Federal para una votación posterior.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aprueba el acuerdo por unanimidad. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba lo relativo a la Comisión del Distrito Federal, en los términos del acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Aprobada la Comisión del Distrito Federal en los términos del acuerdo. Continúe la Secretaría con el orden del día.

………………………….

Oportunidades truncas

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

26 de septiembre de 2009

La comparecencia de los titulares de Hacienda y Desarrollo Social ante la Cámara de Diputados ha puesto en evidencia, además de la debilidad e inconsistencia del paquete económico 2010, la ausencia de una política social que, lejos de cumplir con los objetivos de combatir la pobreza, enfrentar la desigualdad y mejorar el bienestar de los mexicanos, incrementa sistemáticamente la inequidad en el país.

Aunque parezca absurdo, mientras más recursos se canalizan a combatir la pobreza, más pobres existen en el país. Ya que mientras de 2004 a 2009 los recursos del programa Oportunidades pasaron de 25 mil 600 millones de pesos a 47 mil 800 millones, la pobreza se incrementó. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2006 a 2008 la pobreza alimentaria alcanzó a 18% de la población, la pobreza de capacidades a 24% y la pobreza patrimonial a 47% de la misma, es decir, 55 millones de mexicanos no cuentan con las condiciones mínimas para acceder a una vida digna.

México se ha convertido en una gran fábrica de pobres muy pobres, que al mismo tiempo manufactura una pequeña élite aristocrática, en la que 50% de los mexicanos recibe 17% del ingreso, en tanto un privilegiado 10% de los mexicanos concentra 40% del total.

Pese a la contundencia de los propios datos oficiales, el Ejecutivo federal insiste en las bondades del programa Oportunidades. Señala que con este programa ha disminuido la deserción escolar y la violencia intrafamiliar, se han mejorado los índices de alimentación y con ello “ha disminuido la anemia que padecen las mujeres embarazadas”, en un discurso sólo equiparable con la afirmación del entonces procurador general de la República de “que aunque no se crea, le vamos ganado la guerra al crimen organizado”.

Con el gravamen de 2% que se pretende establecer a todo consumo de bienes o servicios —incluidos alimentos y medicinas— se grava el consumo de los más pobres, para supuestamente reintegrarlo posteriormente. Lo que muestra una vez más la inconsistencia de la política fiscal que, gravando el consumo, contrae el mercado interno, en lugar de enfrentar el régimen de privilegios de las grandes empresas, que bajo el esquema de los llamados “gastos fiscales” permite la disminución de la recaudación tributaria y la aplicación de regímenes de excepción, facilita exenciones, reducciones y desgravaciones que desvían la estructura regular de cada impuesto en beneficio de un exclusivo club de empresas, lo que da cuenta una vez más del cumplimiento de compromisos con los grupos fácticos, lejos de atender el interés nacional.

Por ejemplo, con el nuevo IVA de 17%, disfrazando el 2% generalizado al consumo para “el combate a la pobreza”, se espera recaudar 70 mil millones de pesos, cuando el boquete fiscal al que se ha referido la Secretaría de Hacienda es de 300 mil mdp, los que pueden obtenerse, sin seguir dañando la economía popular ni a la pequeña y mediana empresas, ya que una alternativa viable, que entraña un replanteamiento de lo hasta ahora implementado, es en primer término enfrentar la evasión fiscal.

Con ésta, de acuerdo con el secretario Carstens, se deja de captar 25% del potencial, especialmente de causantes mayores, que representan 500 mil millones de pesos; también sería posible establecer gravámenes especiales a las grandes cadenas comerciales y de la industria alimentaria, a las que se devuelven 90 mil mdp anuales por IVA; o eliminar los regímenes especiales que permiten que hasta 465 mil mdp se dejen de captar.

Estas son medidas que permitirían un verdadero cambio estructural y no sólo cubrir el llamado boquete fiscal, a fin de superar la crisis a partir de la reactivación de la planta productiva, la defensa y la promoción del empleo, la reconstrucción de la red de solidaridad social y de proteger la economía popular, y así enfrentar la pobreza, la inequidad y vivir, no mejor, sino vivir con bienestar.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador general del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados

Preparan frente electoral de izquierda

Entrevista publicada en el Diario Milenio

El diputado Alejandro Encinas admite una regresión del perredismo en los comicios pasados, por lo que prevén formar un gran bloque no sólo entre los partidos con registro, sino con ciudadanos, personajes y organizaciones sociales

Lun, 21/09/2009 - 08:29

El coordinador de los perredistas. Foto: Javier García

En alianza con el Partido del Trabajo y Convergencia, el PRD alista ya desde la Cámara de Diputados el lanzamiento de un gran frente electoral de izquierda para estar en condiciones de competir por la Presidencia de la República en 2012, reveló Alejandro Encinas, coordinador de la bancada perredista en San Lázaro.

En entrevista con MILENIO, el ex candidato a la presidencia nacional del PRD admitió la “regresión electoral” de su partido en los pasados comicios, con la pérdida del gobierno de 8 millones de mexicanos en sus principales administraciones municipales.

Encinas reafirmó la disposición perredista a construir un gran acuerdo nacional desde el Congreso de la Unión sobre dos temas fundamentales: el rediseño del modelo económico y el relanzamiento de la agenda de la transición a la democracia en el contexto de la reforma del Estado.

Existe un llamado reiterado del Ejecutivo federal a los acuerdos, ¿hasta dónde está dispuesto el PRD a suscribirlos?
Hay un doble discurso del gobierno federal. Por un lado, lanza una iniciativa de construir acuerdos sobre diez puntos, en los que a manera de enunciado difícilmente se puede tener diferencia. Nadie puede estar en contra de combatir la pobreza, pero es muy distinto un enunciado general a los hechos puntuales, porque bastaron tres días para que a través del paquete económico 2010 se diera cuenta uno que se sigue la misma lógica de aplicar las mismas recetas, que no sólo no han permitido la construcción de un acuerdo, sino que impiden resolver la crisis económica y la desigualdad social.

Estamos en la mejor disposición de construir un gran acuerdo nacional desde el Congreso en dos grandes temas: el rediseño del modelo económico seguido hasta ahora y retomar la agenda de la transición a la democracia y la reforma del Estado.

Éstos son los dos grandes ejes de discusión en donde podríamos nosotros estar en condiciones de avanzar en un gran acuerdo nacional, en el que no solamente participemos los partidos políticos y los funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, sino que se convoque a un gran debate nacional, donde concurran representantes de todos los sectores de la sociedad.

Este debate nacional puede darse y debe establecer fechas perentorias, que no deben pasar de diciembre de 2010, porque si no construimos este acuerdo a partir de ahora y hasta finales de 2010, ya en el momento que se empaten las fechas electorales, difícilmente se va a poder construir.

Cuando usted subraya que un gran acuerdo nacional debe darse en el Congreso de la Unión, ¿desestima la capacidad de convocatoria del Ejecutivo Federal?
Pues más que desestimar, de lo que yo parto es que el Congreso es el espacio natural donde debe darse este debate y la construcción de este acuerdo, no solamente porque el Legislativo es la representación popular, sino porque ahí están todas las fuerzas políticas representadas, y creo que ahí hay condiciones para que se dé este gran debate, sin excluir a nadie.

Habría muchas limitaciones en un debate convocado por el Ejecutivo federal, porque esta no pueda ser una negociación bilateral entre los partidos y el Ejecutivo o entre el Congreso y el Ejecutivo.

Estamos en una sucesión adelantada como ha ocurrido desde hace dos sexenios. Ya todo mundo habla de 2012.

¿Cuál es la importancia que para las izquierdas va a representar el papel que ustedes hagan en la Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados tiene que convertirse en una plataforma que nos permita reconstruir no solamente la relación con nuestro electorado tradicional, sino también reconstruir nuestra presencia ante la opinión pública en general.

Hay tres pasos muy importantes para las izquierdas de cara a 2012. En primer lugar, hacer un trabajo legislativo que nos permita cohesión no solamente dentro del PRD, sino con todas las fuerzas progresistas dentro de la cámara para impulsar una plataforma común.

Un segundo paso va a ser el Congreso Nacional del PRD, donde va a ayudar mucho el nivel de cohesión y de unidad que mantengamos, porque lo que estamos haciendo es reconstruir una vida interna que estuvo profundamente deteriorada, y que nos mantuvo cerca de la ruptura.

El tercer paso, y también hay que verlo hacia 2012, es la forma en que participemos en las próximas elecciones locales, donde tenemos que reconstruir nuestra política de alianzas, principalmente con el PT y Convergencia, junto con otras expresiones regionales en cada entidad, porque eso es lo que nos va a ir abriendo paso a conformar no solamente una coalición electoral como la de 2006, sino un frente mucho más amplio para ir en condiciones de competir realmente en la elección presidencial de 2012.

Un gran frente electoral de las izquierdas hacia 2012, pero no solamente con partidos con registro, sino con muchos ciudadanos, personalidades y organizaciones sociales.

De otro modo, ¿estaría perdida de antemano la lucha frente a los otros dos grandes partidos?
Creo que hay que asumir que tuvimos una regresión electoral la izquierda el pasado 5 de julio, ya que el golpe más fuerte no fue la caída a 12 por ciento de la votación, o haber pasado de 127 a 71 diputados, el revés más importante fue la pérdida del gobierno de 8 millones de mexicanos, al haber perdido nuestros principales gobiernos municipales en el Estado de México, la zona metropolitana de Cuernavaca y, antes, en Guerrero.

Eso es lo que realmente tenemos como señal de alarma y por eso es muy importante asumir una actitud frentista en las próximas elecciones locales para recuperar nuestra presencia municipal, que es lo que nos ha permitido posicionar a la izquierda.

¿Puede ser su bancada un factor de unidad para conciliar a personajes como Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas?
Más que pensar en conciliar a dirigentes y líderes muy importantes del partido, lo que nosotros proponemos es reconciliar el trabajo legislativo con el movimiento social, independientemente de los liderazgos que son muy importantes.

Andrés Manuel seguirá siendo un factor determinante en la unificación de las izquierdas, pero no es una responsabilidad sólo de él. Eso lo tienen que empujar todos los liderazgos fuertes, los gobernadores del partido, el jefe de gobierno del DF, los dirigentes del partido, los legisladores federales y locales. Esto tiene qué entenderse como un esfuerzo colectivo, que no puede seguir quedando solamente en el peso o la fuerza que tengan los liderazgos fuertes dentro del partido.

Fernando Damián y Daniel Venegas