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Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
Restauran la dinastía en el Edomex
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
19/09/2017
Alfredo III ha asumido la
gubernatura del Estado de México. La dinastía regresa al poder tras un breve
lapso de seis años, cuando en 2011 se vio obligada a ceder la gubernatura a
Eruviel Ávila, quien desplazó de la candidatura al ahora amante gobernador,
debido a la división dentro de su partido, en particular en la Zona
Metropolitana del Valle de México, harta del monopolio del poder por el grupo
del Valle de Toluca
Eruviel Ávila deja un estado en
crisis, con los peores indicadores de inseguridad y desigualdad. El Estado de México
concentra el 15 por ciento de los delitos cometidos en el país, sumando en los
últimos dos sexenios más de tres millones de delitos (un millón 513 mil con
Peña Nieto y un millón 540 mil con Eruviel Ávila), y con una derrota electoral
a cuestas que poco tiempo tardará, la dinastía restaurada, en cobrarle la
factura.
Del Mazo llega a la gubernatura
con un profundo décit de legitimidad. Pese al ilegal y oneroso operativo
electoral diseñado desde Los Pinos, Morena es el partido más votado en las
elecciones de gobernador con un millón 879 mil 347 votos, 66 mil 756 votos
arriba de PRI, que obtuvo un millón 812 mil 597 votos.
Si bien Morena logró el mayor
número de votos, el PRI alcanzó la mayoría a partir de las nueve combinaciones
de alianzas que conformó, la votación que obtuvo representa apenas al 18 por
ciento del electorado. El PRI ganó en 21 distritos electorales,
predominantemente rurales, mientras que perdió la Zona Metropolitana del Valle
de México, en tanto Morena ganó en 20, el PRD en tres y el PAN en uno.
Alfredo del Mazo Maza, nieto del
ex gobernador Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951); hijo, del también gobernador,
Alfredo del Mazo González (1981-1986); primo del presidente Enrique Peña Nieto,
se convertirá en el octavo gobernador emanado del mítico municipio de
Atlacomulco, que ha dado nombre al grupo político que asumió el control de la
entidad tras el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán, en marzo de
1942, año, que de acuerdo con Luis Amendolla, Alfredo del Mazo Vélez, en su
calidad de tesorero del estado, corrompió con tres mil pesos a los presidentes
municipales y con 10 mil pesos a los diputados locales, para que aceptaran a
Isidro Fabela, quien no cumplía con los requisitos de elegibilidad, quitando el
fuero a siete diputados que se opusieron a tal imposición.
Con ello inició una forma de
gobernar que, a lo largo de 75 años, ha implementado una visión patrimonialista
del erario público para mantenerse en el poder; y en el nepotismo, mediante el
cual la “familia revolucionaria” controla los negocios ligados a las obras y a
la prestación de servicios públicos.
Del Mazo asume el cargo basado en
una carrera construida bajo el cobijo del Grupo Atlacomulco y de los
privilegios que éste le ha concedido. Desde la beca que le otorgó la Gerencia
de Financiamientos y Análisis de Mercados de Pemex en el año 2000, para cursar
su posgrado, sin contar con cédula profesional en ese momento, hasta los cargos
que ha asumido, primero, en la gubernatura de Peña Nieto, como Director General
de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa; Director del Instituto Mexiquense
del Emprendedor, Secretario de Turismo, y Presidente Municipal de Huixquilucan,
y, más adelante, durante la Presidencia de su primo, Director de Banobras, y
diputado federal.
Su paso por Banobras dejó una
estela de dispendio y gastos obscenos, Tan solo en los dos primeros años de su
gestión, dilapidó dos mil 605 millones de pesos en publicidad, uniformes,
estas, regalos, autos y camionetas, árboles de navidad, renta de instalaciones,
tabletas electrónicas, boliche, yoga, ajedrez, clases de tenis, y renta de
aeronaves a Grupo Higa. Entre 2013 y 2014, gastó 48 millones 881 mil pesos en
publicidad para su promoción personal, a través de distintas empresas, entre
otras, Grupo Radiofónico del Estado de México, beneciando, además, con
adjudicaciones directas, a la Universidad Autónoma del Estado de México,
involucrada hoy en el escándalo de la “Estafa maestra”.
La dinastía se ha restaurado,
pero el Estado de México no es el mismo que gobernaron sus predecesores.
Gobernará siendo minoría, en momentos en que la indignación social crece, y en
los que la elección de gobernador en 2017, representa el síntoma diáfano del
profundo cáncer que ha hecho metástasis en el sistema político mexicano. Senador de la República
Video Intervención en Tribuna Senador
Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar sobre dictamen en materia de
procedimientos de inspección ambiental
Jueves, 28
Septiembre 2017
Con 81 votos se avalan arts. 4 y 177 de la Ley General de Equilibrio
Ecológico en sus términos, se turna a la Cámara de Diputados - H. Congreso de
la Unión
Debe de
ampliarse la Alerta Sísmica en todo el país: Encinas Rodríguez
Miércoles,
27 Septiembre 2017
· Urge
crear un fondo de emergencia que atienda a la población sin vivienda y
garantice que las empresas aseguradoras paguen y no evadan su responsabilidad
frente a la tragedia
En
conferencia de prensa, senador Alejandro Encinas Rodríguez informó que
turnó a las comisiones de Gobernación, Hacienda y Estudios
Legislativos un proyecto de Decreto que establece diversas medidas para
coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo
de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que afectaron a diversas
entidades federativas de la Nación, con la finalidad de crear un fondo de
emergencia para la atención a damnificados, la recuperación y reconstrucción,
para identificar las fuentes de financiamiento de conformación del fondo.
“Se requiere
hacer uso de los fondos catastróficos provenientes del Banco Mundial, los
cuales hacienden a 150 millones de dólares que podrían pasar en su totalidad a
formar parte del fondo de emergencia junto con las aportaciones de organismos
internacionales, multilaterales, y las aportaciones del sector privado,
organizaciones sociales o particulares, que sumando todo esto se
estaría oscilando entre 15 mil millones de pesos, que
son insuficientes para atender la magnitud del desastre en las ocho entidades”.
Precisó que
lo importante es delimitar la reducción de lo que serán las prerrogativas para
el desarrollo de las campañas electorales el 2018.
“Hay quienes
han señalado que deben eliminarse el financiamiento público a las campañas y
hay quienes han planeado la eliminación de los diputados de representación
proporcional, reducir a un solo representante por entidad en el Senado de la
República en una posición de regateo, como si fuera una subasta, cayendo no
solo en una situación demagógica, sino en un planteamiento regresivo”.
Explicó que
el proceso electoral, ya comenzó- en octubre inicia oficialmente- por lo que,
no se puede hacer ninguna reforma electoral, respecto al proceso del 2018 y
cualquier reforma de esta naturaleza entraría en vigor hasta el 2024.
“Están
engañando con esta simulación a la población”.
Externó que
sería una regresión enorme desaparecer los diputados de representación
proporcional y la idea de eliminar el financiamiento público, lo que implica
dar marcha atrás a 40 años de transformaciones y reformas, haciendo una
regresión al autoritarismo de los años 1976 y 77, donde ahora se
entregaría la política y las elecciones al sector privado, a los poderes
fácticos y delictivos.
El
legislador destacó que en este Decreto se establece diversas medidas para
coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo
de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que afectaron a diversas
entidades federativas de la Nación, por lo que, se tiene que tener
como prioridad, la protección a la vida, salud, alimentación, vivienda y la
integridad de los derechos humanos de todos los damnificados, lo que implica
que en el ejercicio de este fondo deben de participar los representantes de las
entidades afectadas.
Afirmó que
sí se debe de crear un fondo de emergencia que no requiere reforma
constitucional, que requiere de la decisión del Senado con estos criterios
de alineación, lineamientos precisos y control de fiscalización ciudadana.
Resaltó que
a diferencia de la iniciativa del PAN, esta iniciativa de decreto no se
concreta solamente en la atención de los recursos, sino que las autoridades
locales deben de asumir el control de los predios y los inmuebles dañados y en
este control debe de garantizar los derechos de las personas tanto en su
propiedad, como en la atención a la pérdida de su patrimonio, y en el caso de
empresas inmobiliarias que hayan incumplido con los reglamentos de construcción
asuman las responsabilidades, no solamente con los seguros que tiene
contratados, sino responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan
para que con estas sanciones se restituya a la población damnificada, dijo
también, que se debe de restablecer un programa de vivienda de arrendamiento
para que las personas damnificadas en lo que se construye su patrimonio en el
lugar donde estaban establecidos puedan establecerse de manera temporal y
garantizar que las empresas aseguradoras paguen los seguros y no evadan su
responsabilidad frente a la tragedia.
Por último,
exigió que se debe de publicar el Atlas de riesgo sísmico y volcánico
de las ciudades, regiones, estados, municipios y demarcaciones territoriales,
pues deben ser conocimiento y dominio público.
“Se debe de
ampliar la Alerta Sísmica en todo el país; no hay Alerta Sísmica en la zona
metropolitana del Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Colima, Jalisco y Chiapas que
son zonas de alta sismicidad, incluyendo los Estados del Norte más por la falla
de San Andrés que prueba que estados como Baja California Norte y Sur enfrentan
este tipo de riesgos”.
Decreto que establece diversas medidas para coadyuvar con las
acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los fenómenos
geológicos e hidrometereológicos que afectaron a diversas entidades federativas
de la Nación.
-
Exposición de motivos
México vive una situación de emergencia derivada de los fenómenos
hidrometereológicos presentados durante la actual temporada de huracanes, así
como por los sismos registrados durante el mes de septiembre que afectaron
severamente a ocho entidades del centro y sur del país.
Enfrentamos una tragedia humana que alcanza a decenas de miles de
mexicanos.
De acuerdo con el reporte emitido por el Gobierno federal el
sábado 23 de septiembre, han fallecido 407 personas; se ha registrado la
pérdida total de cerca de 50 mil inmuebles y 140 mil edificaciones presentan
daños de diferentes magnitudes.
De nueva cuenta, la solidaridad y la conciencia cívica de los
mexicanos se ha volcado a las calles de las ciudades y a las comunidades más
remotas, el esfuerzo colectivo ha permitido el rescate de las víctimas y el
apoyo masivo a la población afectada. Miles de jóvenes, sin escatimar esfuerzo
alguno, se empoderaron y atendieron la emergencia.
La solidaridad internacional ha vuelto a desplegarse, y el trabajo
de rescatistas voluntarios, de los heroicos cuerpos de bomberos, de las
instituciones de protección civil y el respaldo de las fuerzas armadas, han
ayudado a mitigar el desastre.
Al mismo tiempo, estos fenómenos naturales han puesto en evidencia
la vulnerabilidad de nuestras comunidades y del modelo de desarrollo urbano
hasta ahora seguido, así como las debilidades de las instituciones públicas, de
los programas de prevención de desastres y las acciones de respuestas a los
mismos.
Las tareas de rescate deben mantenerse hasta el último momento
para salvar vidas, y la sociedad y las instituciones públicas deben estar
preparadas para la reconstrucción de las ciudades y pueblos y para garantizar que
las personas damnificadas reconstruyan su vida y patrimonio.
Lo anterior implica reconocer la situación de emergencia,
enfrentar la adversidad y superarla en el menor tiempo posible, adoptando las
medidas más adecuadas para recuperar los servicios públicos básicos y la
infraestructura afectada, teniendo como prioridad la protección de la vida y de
la integridad de las personas, la salud, el bienestar y el apoyo para que las
familias damnificadas reconstruyan su entorno y recuperen su patrimonio, que permitan
en su conjunto, el retorno a la normalidad de las comunidades y a la vida
cotidiana de las personas afectadas.
Todo ello, en un proceso continuo y permanente que permita que, en
las diversas etapas del proceso de reconstrucción exista una amplia participación
social e instancias de representación de los afectados, en el diseño, ejercicio
y evaluación de las diferentes acciones y recursos, a través de los diversos
instrumentos financieros de gestión de riesgos, que se apliquen.
El Congreso de la Unión está obligado a dar una respuesta eficaz,
inmediata y contundente ante la emergencia, atendiendo las demandas de la
población afectada y las exigencias de los ciudadanos para replantear nuestra
formas de desarrollo y convivencia; la protección de los bienes y el espacio
públicos; la prevención de desastre; el cumplimiento de las normas de
construcción; el combate a la corrupción y el castigo, en su caso, a quienes
burlaron la ley o fueron omisos en el ejercicio de sus funciones públicas.
Por ello y toda vez que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los artículos 64, 75 y 76, establece las facultades
exclusivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como en el artículo
73 constitucional, que establece las materias en las que el Congreso de la
Unión está facultado para: emitir normas y disposiciones
para imponer las sanciones necesarias a cubrir el presupuesto de egresos
(fracción VII); analizar las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas
públicas de los estados (fracción VIII); expedir leyes que establezcan las
bases sobre las cuales la federación, las entidades federativas, los municipios
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección
civil (fracción XXIX); en materia de asentamientos humanos (fracción XIX,
inciso c); sobre planeación nacional del desarrollo social (fracción XXIX,
inciso d); la programación, concertación y ejecución de acciones de orden
económico (fracción XXIX, inciso e); y para expedir todas las leyes que sean
necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las
concedidas a los Poderes de la Unión (fracción XXX).
Y con fundamento en la Ley General de Protección Civil, que en su
artículo 8, establece que el Poder Legislativo, así como el Poder Judicial, las
entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, los organismos descentralizados, los organismos
constitucionales autónomos, los sectores privado y social, así como la
población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección
civil se realicen en forma coordinada y eficaz. Que la política pública de
Protección Civil corresponde al Estado, y que ésta deberá realizarse por
conducto de la federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios y
las demarcaciones territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia
(artículo 9); que el Sistema Nacional de Protección Civil, es un conjunto
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas,
instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios,
acciones, que establecen corresponsablemente, las dependencias y entidades del
sector público entre sí, y con las organizaciones de voluntarios, sociales y
privados, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos
constitucionales autónomos, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectuar acciones
coordinadas en materia de protección civil (artículo 14). Que el objetivo
general del Sistema Nacional es proteger a las personas, a la sociedad y su
entorno, ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los
agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo,
provocados por los fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión
integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y
restablecimiento en la población (artículo 15); que en una situación de
emergencia el auxilio a la población debe constituirse en la acción prioritaria
de la Protección civil por lo que las instancias de coordinación deberán actuar
de manera conjunta y ordenada (artículo 21); que el Comité Nacional de Emergencias
es el mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y
desastre ocasionadas por la presencia de los agentes perturbadores que pongan
en riesgo a la población (artículo 32); y que tiene, entre otras atribuciones,
analizar la situación de emergencia o desastre que presenta el país a fin de
evaluar su alcance e impacto, y formular las recomendaciones necesarias, para
proteger a la población, sus bienes y su entorno; proveer, a través de
programas institucionales, de los medios materiales y financieros necesarios
para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción (artículo 34).
El marco normativo
antes citado provee y da pertinencia a la actuación de este Poder Legislativo, en el marco de las
facultades explícitas e implícitas que le otorga la Constitución General de la
República, así como de las funciones que cumple en el marco de la Ley y el
Sistema Nacional de Protección Civil. Con base en lo anterior, se presenta el
siguiente proyecto de: Decreto que establece diversas
medidas para coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y
reconstrucción con motivo de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que
afectaron a diversas entidades federativas de la Nación.
Un fondo de emergencia que atienda a la población sin vivienda y
garantice que las empresas aseguradoras paguen
No caigamos en simulación abriendo la
privatización de la política, no dejemos en manos de los poderes fácticos y
delictivos las elecciones del 2018: Encinas Rodríguez
Lunes, 25
Septiembre 2017 16:20
Al hacer uso de la palabra para fijar
postura sobre el sismo del pasado martes, el Senador Alejandro
Encinas Rodríguez, destacó que es momento de hacer un alto en
el camino y dejar atrás la simulación y el mercadeo político.
“De nueva cuenta los sismos han
cimbrado al país y a todas las Instituciones públicas. Es momento de hacer un
alto en el camino y dejara atrás la simulación y el mercadeo político. Qué
bueno que los partidos hayan aceptado reducirse sustancialmente sus
prerrogativas, pero no nos vayamos al extremo de la demagogia y de la
simulación, mucho menos a la privatización de la política y de las elecciones,
dejando en manos del dinero de los poderes fácticos y delictivos los procesos
electorales"
No se trata de volver a la normalidad
anterior, dijo, al contrario, esa es justamente la que se tiene que dejar
atrás; la normalidad de la corrupción, de simulación y de la
indiferencia.
Denunció que los sismos han puesto
en evidencia la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, pero también lo peor
de la condición humana y de las prácticas de la clase política.
“Vemos gobernadores que retienen o
desvían ayuda para promoverse políticamente, cadenas comerciales que
incrementan sustancialmente sus ventas sin hacer descuentos o incluso la
difusión de información falsa”.
Encinas Rodríguez, propuso ir a
fondo en la revisión de las políticas de prevención; desde la Alerta Sísmica,
que está diseñada solamente para la zona metropolitana del Valle de México,
siendo necesaria extenderla al resto del país; los protocolos de
prevención en las escuelas, revisar planes de ordenamiento territorial,
reglamentos de construcción, programas de prevención y respuesta.
Es necesario el rediseño de la política
para atender las emergencias, precisó que se tendrá que utilizar los
recursos del FONDEN, los bonos catastróficos del Banco Mundial y de un régimen
profundo de austeridad de los tres poderes y de la reducción de los
recursos de los partidos políticos.
“Es momento que este Senado en su
carácter de integrante del Sistema Nacional de Protección Civil vaya más allá
de lo declarativo e intervenga con claridad en el desarrollo de un
programa de reconstrucción que ponga como prioridad la protección a la vida,
salud, alimentación, vivienda, educación y particularmente la integridad y el
respeto de los derechos humanos de todos los damnificados” Concluyó.
Es momento de hacer un alto en el camino y terminar con la simulación y
el mercadeo partidario. Alejandro Encinas
Domingo, 24
Septiembre 2017
Ante la situación de emergencia que vive el país, derivada de los
fenómenos hidrometereológicos presentados durante la actual temporada de
huracanes, así como por los sismos registrados durante esta semana, que
afectaron severamente a ocho entidades del centro y sur del país, es necesario
replantear la política pública de protección civil.
El senador, Alejandro Encinas lamentó la tragedia humana que alcanza a
decenas de miles de mexicanos.
Precisó, que de acuerdo con el reporte emitido por el Gobierno federal
el sábado 23 de septiembre, han fallecido 407 personas; se ha registrado la
pérdida total de cerca de 50 mil inmuebles y 140 mil edificaciones presentan
daños de diferentes magnitudes.
Sin embargo, dijo, de nueva cuenta, la solidaridad y la conciencia
cívica de los mexicanos se ha volcado a las calles de las ciudades y a las
comunidades más remotas, el esfuerzo colectivo ha permitido el rescate de las
víctimas y el apoyo masivo a la población afectada.
Encinas Rodríguez destacó que estos fenómenos naturales han puesto en
evidencia la vulnerabilidad de nuestras comunidades y del modelo de desarrollo
urbano hasta ahora seguido, así como las debilidades de las instituciones
públicas, de los programas de prevención de desastres y las acciones de
respuestas a los mismos.
Por todo lo anterior, el senador Encinas Rodríguez
presentará mañana ante el pleno del Senado de la República una iniciativa que
contiene medidas que permitan dar respuesta inmediata a la emergencia, que
establezcan etapas para la reconstrucción de la Ciudad y que contempla el
tema de recursos públicos; de dónde y cómo se van aplicar, así como la
atención a las necesidades de los damnificados y sanciones a las inmobiliarias.
Toda vez que, dijo, el Congreso de la Unión está obligado a dar una
respuesta eficaz, inmediata y contundente ante la emergencia, atendiendo las
demandas de la población afectada y las exigencias de los ciudadanos para
replantear nuestra formas de desarrollo y convivencia; la protección de los
bienes y el espacio público; la prevención de desastre; el cumplimiento de las
normas de construcción; el combate a la corrupción y el castigo, en su caso, a
quienes burlaron la ley o fueron omisos en el ejercicio de sus funciones
públicas.
La restauración de la dinastía
Alejandro
Encinas Rodríguez
El Universal
Martes, 19
Septiembre 2017
Alfredo
III ha asumido la gubernatura del Estado de México. La dinastía regresa al
poder tras un breve lapso de seis años, cuando en 2011 se vio obligada a ceder
la gubernatura a Eruviel Ávila, quien desplazó de la candidatura al ahora
flamante gobernador, debido a la división dentro de su partido, en particular
en la Zona Metropolitana del Valle de México, harta del monopolio del poder por
el grupo del Valle de Toluca.
Eruviel
Ávila deja un estado en crisis, con los peores indicadores de inseguridad y
desigualdad. El Estado de México concentra el 15 por ciento de los delitos
cometidos en el país, sumando en los últimos dos sexenios más de tres millones
de delitos (un millón 513 mil con Peña Nieto y un millón 540 mil con Eruviel
Ávila), y con una derrota electoral a cuestas que poco tiempo tardará, la
dinastía restaurada, en cobrarle la factura.
Del Mazo
llega a la gubernatura con un profundo déficit de legitimidad. Pese al ilegal y
oneroso operativo electoral diseñado desde Los Pinos, Morena es el partido
más votado en las elecciones de gobernador con un millón 879 mil 347 votos, 66
mil 756 votos arriba de PRI, que obtuvo un millón 812 mil 597 votos.
Si bien
Morena logró el mayor número de votos, el PRI alcanzó la mayoría a partir de
las nueve combinaciones de alianzas que conformó, la votación que obtuvo
representa apenas al 18 por ciento del electorado. El PRI ganó en 21 distritos
electorales, predominantemente rurales, mientras que perdió la Zona
Metropolitana del Valle de México, en tanto Morena ganó en 20, el PRD en tres y
el PAN en uno.
Alfredo del
Mazo Maza, nieto del exgobernador Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951); hijo, del
también gobernador, Alfredo del Mazo González (1981-1986); primo del
presidente Enrique Peña Nieto, se convertirá en el octavo gobernador emanado
del mítico municipio de Atlacomulco, que ha dado nombre al grupo político que
asumió el control de la entidad tras el asesinato del gobernador Alfredo Zárate
Albarrán, en marzo de 1942, año, que de acuerdo con Luis Amendolla, Alfredo del
Mazo Vélez, en su calidad de tesorero del estado, corrompió con tres mil pesos
a los presidentes municipales y con 10 mil pesos a los diputados locales, para
que aceptaran a Isidro Fabela, quien no cumplía con los requisitos de
elegibilidad, quitando el fuero a siete diputados que se opusieron a tal
imposición.
Con ello
inició a una forma de gobernar que, a lo largo de 75 años, ha implementado una
visión patrimonialista del erario público para mantenerse en el poder; y en el
nepotismo, mediante el cual la “familia revolucionaria” controla los negocios
ligados a las obras y a la prestación de servicios públicos.
Del Mazo,
asume el cargo basado en una carrera construida bajo el cobijo del Grupo
Atlacomulco y de los privilegios que éste le ha concedido. Desde la beca que le
otorgó la Gerencia de Financiamientos y Análisis de Mercados de Pemex en el año
2000, para cursar su posgrado, sin contar con cédula profesional en ese
momento, hasta los cargos que ha asumido, primero, en la gubernatura de Peña
Nieto, como Director General de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa;
Director del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Secretario de Turismo, y
Presidente Municipal de Huixquilucan, y, más adelante, durante la Presidencia
de su primo, Director de Banobras, y diputado federal.
Su paso por
Banobras dejó una estela de dispendio y gastos obscenos, Tan solo en los dos
primeros años de su gestión, dilapidó dos mil 605 millones de pesos en
publicidad, uniformes, fiestas, regalos, autos y camionetas, árboles de
navidad, renta de instalaciones, tabletas electrónicas, boliche, yoga, ajedrez,
clases de tenis, y renta de aeronaves a Grupo Higa. Entre 2013 y 2014, gastó 48
millones 881 mil pesos en publicidad para su promoción personal, a través de
distintas empresas, entre otras, Grupo Radiofónico del Estado de México,
beneficiando, además, con adjudicaciones directas, a la Universidad Autónoma
del Estado de México, involucrada hoy en el escándalo de la “ Estafa maestra”.
La dinastía
se ha restaurado, pero el Estado de México no es el mismo que gobernaron sus
predecesores. Gobernará siendo minoría, en momentos en que la indignación
social crece, y en los que la elección de gobernador en 2017, representa el
síntoma diáfano del profundo cáncer que ha hecho metástasis en el sistema político
mexicano. (Senador de la República)
Nos
congratulamos con la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de
la Federación a favor del Pueblo Yaqui, de Bácum. Sonora.
Miércoles,
13 Septiembre 2017
El pasado 8
de septiembre el juez séptimo de distrito en el estado de Sonora, resolvió que
no se ejecutara dentro de cualquier fracción del territorio colectivo
perteneciente a la comunidad indígena denominada Bácum o Loma de Bácum, algún
tipo de obra e infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas- El Oro,
promovido por la empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. en su
promoción 10581/17.
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