Alejandro Encinas Rodríguez candidato a senador por el Estado de México, en la zona norte de Nezahualcoyotl acompañado de Julio César Tinoco, Precandidato en el Dtto 24 del Estado de México.
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Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
Estado policiaco
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 10 de abril de 2012
El proyecto de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que debate la Cámara de Diputados contiene disposiciones que debe preocupar a la sociedad, ya que, si bien registra avances en la oralidad de los juicios, la propuesta no avanza en una visión integral del sistema penal que permita la autonomía y fortalecimiento del Ministerio Público e independencia del Poder Judicial. Por el contrario, continúan de manera obcecada la lógica de aplicar medidas que conculcan garantían fundamentales de los mexicanos, como sucedió con el arraigo ---que ha dado lugar al abuso de autoridad y al abuso de cuentas político, como sucede recurrentemente en Chiapas---, la denuncia anónima, el testigo protegido, la intercepción telefónica o el allanamiento, y la ampliación de las competencias del MP por encima de los jueces, permitiendo que los juzgados se conviertan en instrumentos de los órganos de seguridad pública.
Destaco cuatro aspectos propios de un Estado policiaco:
Detenciones en caso de urgencia (arts. 215, 22, 223): se establece la posibilidad que el MP, bajo su responsabilidad, pueda ordenar la detención de una persona por presuntos delitos graves, cuando el imputado de pueda sustraer de la acción de la justicia y el MP no pueda ocurrir ante la autoridad judicial. Con ello se justifican detenciones sin autorización judicial que pueden derivar en cateos por denuncias anónimas, revisión de personas y vehículos, así como grabación de llamadas entre particulares y uso de agentes infiltrados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos ha señalado que las detenciones sin orden judicial han tenido como consecuencia la imposibilidad de acceso de las personas a una defensa adecuada y ha insistido en que todo detenido debe ser puesto a disposición de un juez competente de inmediato, evitando que el MP y las policías ejerzan intimidación, fabricación de pruebas, tortura o amenazas.
Facultad del MP para ordenar diligencias a otras autoridades (art. 156): el proyecto faculta al MP para ordenar a los tres órdenes de gobierno hacer diligencias para el esclarecimiento del probable hecho delictivo. Con ello se abre la posibilidad de que las funciones de seguridad pública recaigan en las Fuerzas Armadas con la autorización del MP, lo que atenta contra la disposición constitucional que señala que la investigación de delitos corresponde exclusivamente a la autoridad civil.
Nulidad de la prueba ilícita (art. 291): el proyecto establece excepciones a la nulidad de la prueba ilícita en los casos de fuente independiente, vínculo atenuado o descubrimiento inevitable, pese a que la Constitución dice: “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”, incluso, la tendencia internacional avanza hacia la nulidad del juicio cuando se in curra en una violación a los derechos humanos, a fin de evitar prácticas como la tortura y actos arbitrarios para provocar la autoinculpación.
Incomunicación del detenido (arts. 211, 212, 246, 247): el proyecto permite que el MP o el ofendido soliciten al juez medidas precautorias, entre otras “la prohibición de acercarse o comunicarse con alguien”, y permite al juez imponer al inculpado la “prohibición de convivir o comunicarse con determinadas personas o con las víctimas u ofendidos o testigos”.Ello viola uno de los pilares del debido proceso: el derecho de defensa, norma suprema de la Convención Americana sobre derechos humanos, que señala que el“aislamiento prolongado y la in comunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona”.
Los diputados harían bien en revisar este proyecto de ley y rectificar la visión inquisitorial que todo lo quiere resolver, sin resolver nada, endureciendo penas y con conculcando garantías de los ciudadanos.
Candidato a senador por el Estado de México.
Por sus pluris los
conoceréis
Alejandro
Encinas Rodríguez
El
Universal
Martes,
13 de Marzo de 2012
El mejor
instrumento para analizar el perfil de un gobierno es el ejercicio de su gasto.
El presupuesto permite identificar con claridad las prioridades, el uso y
destino de los recursos, así como las fortalezas y debilidades de cada gestión.
Lo mismo pasa
con las candidaturas que postulan los partidos con las listas de representación
proporcional, las cuales permiten identificar el desarrollo partidario, sus
vínculos con la sociedad y el relevo generacional, así como las orientaciones
generales del discurso y prioridades de cada partido.
Los diputados
plurinominales son resultado de un abrupto proceso de reformas ganadas a pulso
por la oposición, iniciado en 1977, que dejó atrás la figura de “diputado de
partido” , única forma de representación que permitía a partidos de oposición
con registro ---la mayoría cobijados por el propio gobierno--- tener presencia
en la Cámara de Diputados.
El registro de
nuevos partidos y el reconocimiento legal de la izquierda inyectaron pluralidad
al Congreso, incrementó los niveles de competencia electoral y permitió a la
oposición ocupar posiciones de representación proporcional, hasta alcanzar la
alternancia en gobiernos locales y a nivel nacional.
La
representación proporcional terminó con la desmedida sobrerrepresentación del
PRI y garantizó a los partidos la presencia de sus principales cuadros en el
Congreso, así como la postulación de líderes sociales, intelectuales y ciudadanos
sin partido, elevando el nivel del debate y la calidad del trabajo legislativo.
Lo que lamentablemente se ha venido perdiendo, como un signo indubitable de la
crisis del sistema de partidos y del agotamiento de los mecanismos legales que
aún permiten a éstos detentar el monopolio de la representación popular y a la
partidocracia la manipulación de los aparatos partidarios.
Reflejo de la
crisis son los personajes enlistados por los grandes partidos nacionales.
El PRI: el
rostro viejo de un partido viejo. El nuevo PRI se representa cabalmente en los
rostros de Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones encabezando las listas, o en
la escudería charra encabezada por Romero Deschamps y el Pemexgate, Joel Ayala
de la FSTSE o la renovación que encarna el ex gobernador tamaulipeco Manuel
Cavazos.
El PAN:
protección y encubrimiento. Tras un proceso electoral, impugnado ante
tribunales y que Luis H. Álvarez calificó de degradante, el PAN optó por el
ajuste de cuentas, el cobijo a socios y familiares de Felipe Calderón y de
quienes están cuestionados por el mal manejo de recursos o en la gestión de
gobierno, como Fernando Larrazábal, alcalde implicado en la tragedia del Casino
Royale.
El PRD: todas
las canicas a las tribus. Contra su tradición democrática, el PRD renunció a
procedimientos democráticos en la selección de sus candidatos violando las
reglas que permitieron definir sus candidatos a la presidencia y a la jefatura
de gobierno. Tras conocerse los resultados desfavorables en las encuestas a los
jefes de las tribus, la negociación excluyó a los aspirantes y a los candidatos
propuestos por López Obrador, abandonando además la apertura de candidaturas a
ciudadanos sin partido. Hoy no hay ningún candidato externo, ningún
intelectual, dirigente sindical agrario o del movimiento LGBT permaneciendo las
lealtades a las corrientes, como premio al empleado del mes en una franquicia.
Lo mismo se postula a candidatos que se exhiben portando armas y choferes de
dirigentes que a personajes desprestigiados, como Amador Jara fiel aliado de
Ulises Ruiz en Oaxaca.
Allende el
descontento en las filas partidarias, estas nominaciones dan cuenta del estado
de los partidos que tenemos en el país.
Diputado federal
por el PRD
}
Entrega
total
Alejandro Encinas Rodríguez
Alejandro Encinas Rodríguez
El
Universal
martes, 28 de
febrero de 2012
Pemex, séptimo productor de crudo en el mundo, estima que hay recursos potenciales por 29 mil millones de barriles de petróleo en yacimientos profundos en aguas patrimoniales del Golfo de México, por lo que un acuerdo en esta materia no es asunto menor. Menos aún cuando en el acto en que se suscribió dicho convenio el secretario del Interior de EUA, Kenneth Salazar, señaló que “Para los Estados Unidos este acuerdo nos permite ampliar responsablemente nuestro desarrollo de hidrocarburos en el Golfo de México.
Prácticamente una tercera parte de la energía que se produce en Estados Unidos proviene de esta región”. Es decir, se trata de un asunto estratégico para la seguridad energética de los vecinos del Norte.
El mismo funcionario anunció que en el mes de junio próximo se llevará a cabo una licitación para el Golfo de México central, donde las compañías estadounidenses considerarán la inversión en las mencionadas “licencias” para realizar acciones para la exploración y explotación por parte de empresas extranjeras en territorio nacional, lo que constituiría una flagrante violación a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, ya que, entre otras disposiciones, el artículo 27 establece que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas” y que “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible”.
Este convenio revive la pretensión privatizadora que inició con la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 2008, cuando se pretendió abrir a la inversión extranjera las mismas áreas estratégicas ahora objeto de un acuerdo que nadie conoce, pues si bien una subcomisión del Senado de la República participó en las pláticas previas, no conoció los términos finales del convenio, manteniéndose a la fecha oculto.
Cabe señalar que todo acuerdo o tratado de esta naturaleza requiere de la aprobación del Senado, cámara que tiene la facultad exclusiva para “Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos”.
Por ello, resulta inaceptable que mediante un acuerdo administrativo entre dependencias del Poder Ejecutivo de ambos países se dé por sentada la aprobación para la exploración y explotación de yacimientos transfronterizos y se pretenda, sin la firma de un tratado y la ratificación del Senado, establecer un acuerdo de facto, con un problema adicional: la legislación norteamericana otorga al Senado estadounidense la facultad para otorgar “concesiones” a particulares en la explotación petrolera, lo que en México prohíbe la Constitución.
La seguridad energética del país requiere una política de Estado que atienda los intereses nacionales y considere la transición energética y al petróleo como un recurso no renovable vital para el desarrollo. Lo menos que debe hacer Felipe Calderón es rendir cuentas al Senado y hacer público el contenido del acuerdo firmado y las bases jurídicas que lo sustentan.
Diputado Federal por el PRD
Presenta Alejandro Encinas su libro “Dinero, simulación e impunidad en Zacatecas
Alejandro Encinas Rodríguez presentó en Zacatecas el libro de su autoría “Dinero, simulación e impunidad”, memoria de la elección de gobernador en el Estado de México 2012.
El relato “evidencia la ausencia de mecanismos que permitan regular y fiscalizar el manejo indiscriminado de recursos públicos y privados en las campañas electorales”, dijo.
Señaló que en 479 páginas relata la pérdida de autonomía de los órganos electorales, tras años de luchas y desencuentros para lograr separar la autoridad electoral de la gubernamental.
“La ciudadanización de los órganos electorales, dotándolos de una autonomía ha sido socavada, para convertirlos en órganos obsequiosos y complacientes al servicios de los designios de los gobiernos estatales”, comentó.
Durante la presentación del libro en el Foyer del Teatro Calderón, Encinas Rodríguez detalló que en éste se recoge la experiencia en la pasada elección del Estado de México.
Dijo que el vínculo con Zacatecas y otras entidades es porque “indudablemente Edomex ha sido considerado un laboratorio político previo a las elecciones federales que si bien no es determinante en los resultados de los procesos federales, concretamente en la elección presidencial”.
El perredista señaló que las prácticas de derroche descomunal de recursos auditados por las autoridades electorales son ejercicio que, refirió, lamentablemente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sostenido “llevará como un modelo a desarrollar en el proceso electoral federal en donde el dinero, la simulación y la impunidad son los rasgos de esta política priísta”.
Con las reseñas de Luis Medina Lizalde y Arturo Romo Gutiérrez, el excandidato a gobernador por el Estado de México señaló que el dispendio de recursos que se realizó en esa entidad, “no solamente acredita la elección más cara en la historia del país, en su relación voto-elector y el costo de campaña, sino que la presencia del dinero fuera del circuito legal autorizado por nuestras propias leyes”.
El diputado indicó que la elección en ese estado se vio marcada con una enorme impunidad, dada por la omisión y complacencia de la autoridad electoral, toda vez que en los topes establecidos para campaña, existe una documental pública que acredita un gasto en propaganda que superó en un 180 por ciento el tope, y en que el PRI gastó en su campaña 206 millones de pesos.
Acompañado por los perredistas Claudia Anaya Mota, Samuel Herrera, José Narro Céspedes, así como Juan García Páez, alcalde de Fresnillo, Encinas aseguró que el libro y la experiencia de Edomex, se da cuenta de “la profunda simulación política en que se han convertido los procesos electorales, fundados en la inequidad y la ilegalidad de partidos y dirigentes en un sistema que ha hecho de la componenda y la cooptación una forma de gobierno”.
(Foto: Archivo)
Jueves, 16 de Febrero de 2012
Aprueban en Comisión reformas constitucionales para garantizar el desarrollo integral de los jóvenes
Elevar a rango constitucional el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral es congruente con la problemática que enfrentan, ya que permitirá fortalecer las responsabilidades del Estado en materia de atención, Alejandro Encinas
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que reforma la Constitución para que la juventud tenga derecho al desarrollo integral, mediante la protección de las garantías reconocidas en la Carta Magna y de los derechos humanos.
El presidente de la instancia legislativa,
diputado Juventino Castro y Castro (PRD) subrayó que la reforma adiciona un
párrafo al artículo cuarto constitucional para otorgar un desarrollo integral a
los jóvenes, mediante la concurrencia de los tres órdenes de gobierno.
Precisó que también se modifica el artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de juventud.
Precisó que también se modifica el artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de juventud.
El diputado José Francisco Landero Gutiérrez
(PAN), presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y promovente de la
iniciativa, señaló que el desarrollo integral de la juventud no está en ningún
instrumento jurídico todavía bien estructurado y tampoco en la Carta Magna.
Por ello, agregó, la reforma es para dos temas
específicos: la obligación del Estado y de esta Cámara para legislar en materia
de juventud y propugnar por el desarrollo integral y, el segundo, la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo acciones a
favor de los jóvenes.
Landero Gutiérrez subrayó que con dichas reformas habrá facultades expresas y específicas y se dará un mensaje positivo de acciones concretas a favor de los jóvenes.
Landero Gutiérrez subrayó que con dichas reformas habrá facultades expresas y específicas y se dará un mensaje positivo de acciones concretas a favor de los jóvenes.
El diputado Reginaldo Rivera (PRI) manifestó que
esta reforma contribuye a dar solución a los problemas importantes de la
juventud. “Estaremos vigilantes de las reformas que se harán a las leyes
secundarias en la materia”.
Por su parte, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) subrayó
que elevar a rango constitucional el derecho de los jóvenes a un desarrollo
integral es congruente con la problemática que enfrentan, ya que permitirá
fortalecer las responsabilidades del Estado en materia de atención.
El diputado Gustavo González (PAN) manifestó su
apoyo al dictamen porque México vive un momento importante respecto de lo que
se conoce como el bono demográfico, “que es la situación que nos permite un
gran salto para hacer un país más desarrollado, y la parte medular de las
políticas para lograr eso debe ser la juventud”.
La iniciativa refiere que de los 107 millones de
personas que, en promedio, componen la población total, 35 millones tienen
entre 12 y 29 años de edad, es decir, el 33 por ciento.
Subraya que desafortunadamente la historia por la
que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades
sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral, sino que los tienen
en un estado de rezago social que día con día se incrementa.
Agrega que 8 millones de jóvenes no estudian y no
trabajan; de éstos, algunos son migrantes (2 millones), otros cuentan con
trabajos no registrados (1 millón) como el subempleo con bajos salarios,
carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad laboral y perspectivas de
mejora laboral negativas, otros más están en los reclusorios (119 mil), y el
resto, poco más de 4 millones, totalmente expuestos a las redes del crimen
organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se
ve muy complicado de conseguir, abunda.
De los jóvenes con empleo, la última encuesta
sobre juventud arrojó que el 61.43 por ciento ganan entre 1 y 3 salarios
mínimos. Por lo que hace a la cobertura educativa sólo en el nivel medio
superior origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de
estudiar, abunda.
Respecto a salud, el 50 por ciento de las y los
jóvenes no tienen acceso a algún servicio; adicionalmente el 70 por ciento,
tienen contacto con alcohol y drogas, convirtiéndose para algunos en el principal
problema que enfrentan durante su juventud.
La iniciativa señala también que en el tema de
seguridad es alarmante que cerca del 50 por ciento de quienes están en las
cárceles de toda la República sean jóvenes. Resulta igualmente alarmante el
grado de desintegración del tejido social que se percibe en diferentes ciudades
del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.
Se enfatiza que los 35 millones de jóvenes que representan el 33 por ciento del total de la población, constituyen uno de los motores más importantes para su desarrollo, y por lo tanto, la oportunidad más grande de desarrollo hacia los próximos 20 años, cuando alcanzará su máximo histórico.
Todo lo anterior hace imprescindible la intervención conjunta, coordinada y eficaz de las instituciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno, es decir, se trata de una tarea donde los gobiernos Federal, estatales y municipales, deben actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus competencias, puntualiza.
Se enfatiza que los 35 millones de jóvenes que representan el 33 por ciento del total de la población, constituyen uno de los motores más importantes para su desarrollo, y por lo tanto, la oportunidad más grande de desarrollo hacia los próximos 20 años, cuando alcanzará su máximo histórico.
Todo lo anterior hace imprescindible la intervención conjunta, coordinada y eficaz de las instituciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno, es decir, se trata de una tarea donde los gobiernos Federal, estatales y municipales, deben actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus competencias, puntualiza.
Gobierno Federal, irresponsable por no crear infraestructura
para recluir delincuentes peligrosos: Alejandro Encinas
No se trata de
echarle la culpa a los gobiernos de los estados, como lo hizo el secretario de
Seguridad Pública Federal
Es necesario no sobrepoblar y mezclar delincuentes del fuero
común con los del fuero federa.
El 93% de los
internos que llegan a las cárceles no está sentenciados y eso tiene que ver con
una enorme ineficiencia y corrupción del Poder Judicial
Entrevista al Diputado Federal del GPPRD, Alejandro Encinas
"Diálogos
públicos entre legisladores y sociedad civil, sobre las reformas al Articulo 24
constitucional"
Lamentablemente el
desaseo con el que se llevó a cabo el proceso, ha dejado dudas en el texto,
Alejandro Encinas
Se pactó retirar de la exposición
de motivos libertad religiosa, educación confesional, derechos primigenios de
las iglesias y otros temas, como la objeción de conciencia por motivos
religiosos; no forma parte del dictamen que se aprobó en el pleno de la Cámara
· Lamentablemente el desaseo con el que se llevó a cabo el proceso, ha dejado
dudas en el texto · ¿Cuál es el problema? Pues que no conocemos la minuta que
el diputado Emilio Chuayffet envió al Senado de la República. ¿Por qué? Porque
fue tal el volumen de modificaciones al texto de la exposición de motivos que,
desde mi punto de vista, no quedó claro qué es lo que se eliminó y qué no · El
debate que ha suscitado tanta polémica en la opinión pública se deriva de la
iniciativa que presentó el diputado Fray Ricardo de López y Pescador, de la
Diócesis de Durango, que traía una pretensión mayor: no sólo debilitar, sino
desmantelar el Estado laico · Ésta contenía tres planteamientos fundamentales:
objeción de conciencia religiosa; reconocimiento de los derechos de las
iglesias, especialmente el de la Iglesia Católica, adquiridos antes de la
constitución del Estado mexicano y; establecer la libertad de educación
religiosa.
Seguridad amanezada
Alejandro Encinas Rodíguez
El Universal
14 de febrero de 2011
La imagen de Felipe Calderón montado a caballo durante el XCIX aniversario de la Marcha por la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, aunado al discurso del secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, dan lugar a múltiples lecturas.
Más allá de la anécdota y la parodia en que Calderón convirtió un hecho histórico de relevancia como fue la entrada del presidente Madero a la ciudad de México, escoltado por los cadetes del Colegio Militar, así como su afición a pretender emular a distintos personajes, ya sea uniformado de soldado, piloto aviador, espeleólogo o conductor de televisión, presenta a un personaje, bandera en mano y banda tricolor al pecho, tan arrogante como ajeno a la grave situación del país y a las preocupaciones de los mexicanos.
En contraparte el discurso del general secretario señaló, con crudeza, una situación a la que me he referido en estas páginas: “El crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensión cultural, sociológica y trasnacional (…) Es evidente que en alguna latitudes del territorio nacional, el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado. Es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra amenazada” E insistió en que el entorno “asimétrico y frágil” en que las Fuerzas Armadas cumplen su misión requiere reformas al marco legal vigente, a fin de que las Fuerzas Armadas desempeñen con mayor precisión su participación en el combate al crimen organizado. “No se trata de arrogarnos privilegio alguno ni desempeñar funciones que no nos corresponden”.
Se trata de una declaración de la mayor trascendencia: por vez primera, se asume que vastas regiones del país están bajo el control de grupos delictivos y no de la autoridad legítimamente constituida. Es bueno que se reconozca, ello puede servir para establecer una rectificación de la estrategia que ha fracasado, sin embargo en el escenario de la elección presidencial que discurre, el desenlace de este reconocimiento puede tener otras implicaciones.
Una de éstas es que en la discusión de distintas reformas legales en puerta se encuentra la Ley de Seguridad Nacional, en la que se pretende dar al Ejecutivo federal la facultad para emitir una “declaratoria de riesgo a la seguridad interior”. Es decir, ante esta situación, como la reconocida por el secretario de la Defensa, se pretende que el titular del Ejecutivo pueda suspender sin intervención del Congreso, las garantías establecidas en la Constitución y crear un estado de excepción.
Existe evidencia de la presencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales, como sucedió en regiones de Michoacán y Tamaulipas, donde se intimidó a candidatos que abandonaron la contienda, se presionó a ciudadanos para inducir el voto o se cometieron delitos mayores. Pero ello no debe derivar en una acción que vulnere el proceso electoral, menos las garantías constitucionales.
Lamentablemente, los sucesos de semanas recientes y la pretensión ---en la ficción orwelliana en que se ha convertido el actual gobierno, que se litiga a diario entre espías y ladrones del uso político de las instituciones responsables de la procuración de justicia y el nombramiento de personajes cercanos a los círculos del poder en cuerpos de seguridad e inteligencia, en la guerra de las comunicaciones dónde, como en las mejores distopías, el espionaje e intervención de comunicaciones privadas se han convertido en práctica común---, ponen en riesgo las reglas democráticas elementales que deben prevalecer en el país.
Cabe reconocer lo señalado por el general: “Ha habido errores, desde luego que sí. Reconocerlos es lealtad. Como lo es aceptar las recomendaciones que nos hacen organismos competentes. Es lealtad a las víctimas y a sus familias sancionar a los infractores comprobados y reparar el daño causado”. Que ese sea el primer paso para rectificar el camino errado.
Diputado federal por el PRD.
De la guerra sucia a la guerra inútil
Alejandro Encinas Rodríguez
Alejandro Encinas Rodríguez
31 enero de 2012
La noche del 26 de enero falleció Miguel Nazar Haro, ex titular de
la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, DFS. Personaje
emblemático de uno de los capítulos más nefastos de la historia del país, pieza
clave del engranaje de espionaje y represión del sistema político acuñado por
el PRI, quien tuvo a su cargo, durante casi dos décadas, la seguridad interior
de México bajo el estigma de la guerra fría, a partir de la cual justificó la
persecución y represión a los disidentes del régimen.
Desde la DFS encabezó las operaciones clandestinas ilegales con
las que actuaba el gobierno, a partir de la Brigada Especial, artífice de la
guerra sucia en los años 70.
Nazar Haro, al igual que Gutiérrez Barrios y Luis Echeverría,
nunca fue juzgado por los crímenes cometidos en 1968 ni por la matanza del 10
de junio de 1971 ni por la guerra sucia de los 70, que trajo consigo el
asesinato y las desapariciones forzadas de un número indeterminado de
militantes de izquierda. Por el contrario, en distintos momentos fue reconocido
por su desempeño, Por lo que él mismo se consideraba un patriota, ya que para
él constituía “un acto de patriotismo” espiar, secuestrar, torturar, asesinar o
violar sistemáticamente los derechos humanos, gozando del privilegio de haberse
erigido en el represor oficial del Estado mexicano.
Con la muerte de Nazar, de Gutiérrez Barrios, de Díaz Ordaz y la
sentencia popular a Luis Echeverría, se cierra una época de infamias y abusos,
que bajo el mandato de preservar la seguridad del Estado y “la paz social”,
vulneraron los derechos y la paz de los mexicanos. Décadas después, perduran
muchas de las prácticas ilegales del Estado, como son los llamados “daños
colaterales” derivados de la llamada “guerra” otrora la delincuencia organizada
que alcanza niveles de violencia otrora inimaginables y de violaciones
recurrentes a los derechos humanos.
En semanas recientes se desató una polémica tras el reconocimiento de la PGR de 43 mil 453 muertes vinculadas a la cruzada contra el crimen organizado y la insistencia de que el 90% de éstas están relacionadas con delincuentes. La respuesta de diversos organismos civiles como Human Rights Watch, fue contundente. Retó al gobierno mexicano a demostrar que las muertes reconocidas oficialmente tienen una relación directa con la delincuencia organizada y no son víctimas de esta “guerra”, poniendo como ejemplo 24 casos documentados en su informe “Ni seguridad ni derechos”, donde acredita que miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales tanto de civiles ejecutados por autoridades o que murieron a causa de las torturas sufridas, como de civiles asesinados en retenes militares o durante enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad en circunstancias que no ameritaban el uso de la fuerza en su contra.
Junto a ello, la CNDH ha informado que la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país pasaron de 691 al inicio del sexenio a 6 mil 65 quejas presentadas hasta 2011, que dan cuenta de un incremento de alrededor de 900% , de las que existen 98 recomendaciones emitidas, 29 de ellas con sentencia condenatoria.
Quizá nunca sabremos el número de víctimas de la guerra sucia ni sean sancionadas las crecientes violaciones a derechos humanos en esta inútil guerra, lo que no obsta para mantener nuestra preocupación ante la impunidad con la que verdaderos terroristas de Estado, como Nazar Haro y demás responsables de desapariciones forzadas, torturas y homicidios de opositores al régimen han actuado, ni para mantener la exigencia de justicia y que el estado respete las garantías de los ciudadanos. No es venganza. Se trata de un derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reconciliación como condiciones para alcanzar una verdadera democracia. Lo que está en entredicho, a diferencia del pasado, no es la seguridad del Estado, sino de los ciudadanos.
Diputado federal por el PRD
En semanas recientes se desató una polémica tras el reconocimiento de la PGR de 43 mil 453 muertes vinculadas a la cruzada contra el crimen organizado y la insistencia de que el 90% de éstas están relacionadas con delincuentes. La respuesta de diversos organismos civiles como Human Rights Watch, fue contundente. Retó al gobierno mexicano a demostrar que las muertes reconocidas oficialmente tienen una relación directa con la delincuencia organizada y no son víctimas de esta “guerra”, poniendo como ejemplo 24 casos documentados en su informe “Ni seguridad ni derechos”, donde acredita que miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales tanto de civiles ejecutados por autoridades o que murieron a causa de las torturas sufridas, como de civiles asesinados en retenes militares o durante enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad en circunstancias que no ameritaban el uso de la fuerza en su contra.
Junto a ello, la CNDH ha informado que la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país pasaron de 691 al inicio del sexenio a 6 mil 65 quejas presentadas hasta 2011, que dan cuenta de un incremento de alrededor de 900% , de las que existen 98 recomendaciones emitidas, 29 de ellas con sentencia condenatoria.
Quizá nunca sabremos el número de víctimas de la guerra sucia ni sean sancionadas las crecientes violaciones a derechos humanos en esta inútil guerra, lo que no obsta para mantener nuestra preocupación ante la impunidad con la que verdaderos terroristas de Estado, como Nazar Haro y demás responsables de desapariciones forzadas, torturas y homicidios de opositores al régimen han actuado, ni para mantener la exigencia de justicia y que el estado respete las garantías de los ciudadanos. No es venganza. Se trata de un derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reconciliación como condiciones para alcanzar una verdadera democracia. Lo que está en entredicho, a diferencia del pasado, no es la seguridad del Estado, sino de los ciudadanos.
Diputado federal por el PRD
Estado de
México
La FUNDLOCAL, AC y Alejandro Encinas Rodríguez los
invitan a la presentación del libro, “Dinero, simulación e impunidad” Memoria
de la elección de gobernador en el Estado de México – 2011, El evento se
llevara a cabo el martes 31 de enero de 2012 a las 17:00 horas, en l Auditorio
del Instituto Electoral de Estado de México (IEEM), ubicado en Paseo Tollocan
No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca Estado de México.
Veto, hambre e
impunidad
Alejandro Encinas Rodríguez
17 enero de 2012
En el pasado
período de sesiones , la Cámara de Diputados aprobó el decreto mediante el cual
el Ejecutivo federal debería integrar un fondo especial de 10 mil millones de
pesos para atender los daños ocasionados por la sequía, las inundaciones y
heladas ocurridas en diversos estados del país, en particular en Sonora, Baja
California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila,
Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro,
Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.
Con esos
recursos se pretendía enfrentar el daño que presenta cerca de un millón de
hectáreas, 400 mil de las cuales no podrán sembrarse por escasez de agua; la
muerte de miles de cabezas de ganado y de manera esencial la carencia de
alimentos que enfrentan 28 millones de mexicanos, debido a la profunda
dependencia alimentaria que lleva a importar más de 43% de los alimentos que
requiere el abasto nacional.
Se estima que en los últimos 18 meses se han afectado cuatro de
cada 10 hectáreas que integran el territorio nacional por la sequía. La Sagarpa
ha señalado que se han perdido 963 mil hectáreas y cuantiosas cabezas de ganado
y que ha sido afectado más del 40 por ciento del territorio nacional. Esto ha
repercutido severamente en la producción nacional de alimentos, que alcanzará
su nivel más crítico a la mitad del presente año, y en el incremento de precios
en los productos de la canasta básica. Tan sólo de enero de 2006 a diciembre de
2011, la tortilla, el arroz, el frijol, la carne, el café, el aceite y la sopa
de pasta registraron aumentos superiores a 100%.
Pese a esta difícil situación, el Ejecutivo federal, a través del
secretario de Hacienda, ha vetado este decreto aduciendo que es innecesario, ya
que la estrategia gubernamental para la atención a los efectos provocados por
desastres naturales dispone de recursos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, que se canalizan a través del Fondo de Desastres Naturales, el
trabajo coordinado con entidades federativas y la “administración de riesgos”
atendiendo principalmente el “agua para consumo humano, acciones de empleo
temporal, importación de alimentos y reparto de despensas, así como la
contratación de “un seguro de exceso de pérdida para administrar, a través de
los mercados internacionales, los riesgos que enfrenta ante las amenazas de
desastres naturales”.
Esto demuestra una vez más la ausencia de una política que atienda
la seguridad alimentaria como un asunto estratégico para la seguridad nacional,
así como la negligencia oficial ante un problema que pone en riesgo la vida de
miles de mexicanos, en un empecinamiento que resulta absurdo, ya que de acuerdo
con el informe sobre la situación de las finanzas y la deuda pública
correspondiente al tercer trimestre de 2011 se registraron subejercicios al mes
de junio por 3 mil 700 millones de pesos, los cuales fueron reasignados a otros
ramos y programas, subejercicios que se estima podrían sumar al cierre de 2011
cerca de 38 mil millones de pesos.
Mientras, en contraparte la estela de Luz se erige, impune, como
un monumento a la frivolidad, al despilfarro y la corrupción, diversas
organizaciones civiles han denunciado que la hambruna en la sierra Tarahumara
ha llevado a la muerte por desnutrición a integrantes de esa comunidad
indígena.
El veto a la resolución del Congreso denota la ausencia de una
verdadera división de poderes y la unilateralidad con que se manejan las
finanzas públicas del país, pero resulta más preocupante cuando se enfrenta una
virtual emergencia nacional derivada del abandono del campo nacional. Se trata
no solo de la pérdida de cosechas y de cientos de miles de cabezas de ganado,
sino también de muertes de seres humanos, como se ha registrado en la
Tarahumara, donde las comunidades indígenas, al igual que en otras regiones del
país, enfrentan la peor crisis alimentaria de los últimos 80 años.
Diputado federal por el PRD
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