29 de mayo, 2020
Hay una cuenta falsa
de Instagram que está utilizando mi identidad para extorsión.
Tomaré las medidas legales correspondientes y
desmiento todo lo que ahí se dice.
fotos aer
Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
Emergencia
sanitaria y migración
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
24 de mayo, 2020
Los cambios registrados en la movilidad humana derivados
de la pandemia y de las medidas que se han implementado para enfrentarla, han
impactado en el ámbito migratorio con severas consecuencias en la economía
nacional y en el desarrollo de la región.
La caída en el registro de personas que ingresan a
territorio nacional durante los primeros cuatro meses del año da cuenta de la
magnitud de este impacto. Por ejemplo, durante el mes de enero ingresaron por
vía aérea a nuestro país, 2 millones 400 mil personas, para el mes de abril, la
cifra cayó a 54 mil 500 personas; en lo que respecta a los ingresos vía
marítima, la cifra pasó de 444 mil ingresos a 6 mil 800 personas en el mismo
periodo, en tanto que los ingresos a nivel terrestre, pasó de 430 mil a 50 mil
personas, tendencia que se mantiene de manera consistente a la baja durante el
mes de mayo.
Ello tiene que ver tanto por el cierre de fronteras en
once países de América Latina y el Caribe, entre éstos: Costa Rica, Cuba,
Haití, Honduras El Salvador; el cierre parcial en Guatemala, así como por la
cancelación de vuelos comerciales: United Airlines redujo sus vuelos en un 50
por ciento; Aeroméxico dejó en tierra una tercera parte de su flota aérea,
disminuyendo en 35 por ciento la red doméstica y en 50 por ciento la red
internacional; Interjet suspendió sus vuelos internacionales. La Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha estimado que, para el mes de junio,
habrán sido cancelados 1.1 millones de vuelos a nivel mundial.
El fenómeno se replica en la migración irregular de
personas. Datos de la Agencia Customs and Border Protectión de los Estados
Unidos (CBP), dan cuenta de la caída en el número de detenciones en la frontera
sur de ese país, al pasar de 36 mil 600 en enero a 10 mil 400 al 16 de mayo. En
tanto que, en los 86 albergues para personas migrantes en nuestro país, se
registró una ocupación de 2 mil 588 personas en enero, mientras que, para el 21
de mayo, la ocupación fue de 336 personas.
Por otro lado, la emergencia sanitaria ha incrementado la
demanda de diversos instrumentos migratorios y de protección internacional, en
particular las solicitudes de refugio suman 88 mil 532 requerimientos; las
visas por razones humanitarias suman 36,519; las visas de visitante regional
alcanzan a 98 mil 154 personas; las correspondientes a trabajadores
fronterizos, 12 mil 194, y la atención a migrantes centroamericanos retornados
de Estados Unidos a más de 99 mil personas.
El desenlace de la emergencia sanitaria obligará a adoptar medidas
extraordinarias para atender un fenómeno migratorio ahora contenido por la
pandemia, pero el regreso a la nueva normalidad tras sus impactos negativos en
la economía mundial y de la región, detonarán mayores demandas y exigencias de
personas afectadas por el desempleo y la falta de oportunidades.
Desde un inicio, tras la suscripción del Pacto Mundial
para la Migración en Marrakech en diciembre de 2018, para garantizar una
migración ordenada, regulada y segura, el Gobierno de México ha insistido en
establecer un nuevo paradigma en la política migratoria a partir de reconocer
que México ha dejado de ser un país de tránsito y expulsión de personas
migrantes, para convertirse en un país de destino y retorno, por lo que el eje
de una nueva política migratoria debe ser la integración y el desarrollo de la
región, garantizando el ejercicio y respeto de los derechos humanos de las
personas migrantes.
(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)
22
de mayo, 2020
🔴 Participo el Quinto y último Foro Virtual de
Fortalecimiento del Proyecto de Protocolo Homologado de Búsqueda Región Sur @Busqueda_MX
@SEGOB_mx
20
de mayo, 2020
En el
conversatorio digital “Aplanemos la curva de la discriminación”, convocado por #SIPINNA, se planteó la necesidad de políticas públicas que
garanticen el acceso a derechos de manera igualitaria a niñez y adolescencia,
durante el autoconfinamiento.
20 de mayo, 2020
Conversatorio en
línea: Protección de niñas, niños y adolescentes para construir paz
#FacebookLive/Sipinna 13:00 hrs
#FacebookLive/Sipinna 13:00 hrs
16 de mayo, 2020
Hasta siempre,
camarada Anguita
Julio Anguita, siempre contigo
Julio Anguita, siempre contigo
mundoobrero.es/pl.php?id=9138 vía @mundoobrero
15 de mayo, 2020
Reunión virtual
para desahogar compromisos de México ante #Agenda2030 @SEGOB_mx @CONAPO_mx @AndresRSilva_@RocioGonzalezH8
13 de mayo,
2020
El plan de
regreso a la #NuevaNormalidad consistirá en 3
etapas:
• 18 de mayo.
Reapertura de Municipios de la Esperanza (sin contagios).
• 18 al 31 de
mayo. Preparación para reapertura con protocolos
sanitarios.
• 1 de junio. Implementación de sistema de semáforo por
regiones.
12 de enero de 2020
Recordando que la libertad de expresión y la
defensa de los derechos humanos constituyen una garantía para conservar la paz
pública, el Estado de Derecho y la Democracia, especialmente en tiempo de
crisis en la salud pública
Agradecemos la labor que las personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas realizan frente a la pandemia de COVID-19
No penalizar la pandemia
Alejandro Encinas Rodríguez
EL universal
12 de mayo de 2020
El pasado 29 de abril, el Congreso del Estado de Querétaro aprobó una
reforma al Código Penal local que tipifica nuevos delitos y endurece las penas
existentes, con las que el gobierno local pretende frenar la propagación del
COVID-19.
La reforma establece que las personas que infrinjan las
medidas sanitarias declaradas en la emergencia serán penalizadas con sanciones
que van, de cuatro a seis años de prisión “a la persona que no respete el
periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad
transmisible grave o la cuarentena”; y de tres a cinco años por desobedecer
medidas de la autoridad sanitaria o de protección civil decretadas durante la
emergencia, así como a las personas que se opongan a que la autoridad ejerza
sus funciones por medio de amenazas o violencia. La pena es mayor, hasta en un
cincuenta por ciento, si se trata de autoridades de servicios de salud,
seguridad o protección civil.
La reforma establece agravantes y aumento de penas,
cuando las personas incurran en provocación a cometer un delito,
en apología al delito o promuevan, convoquen o participen en
realizar saqueos, robos y actos similares, así como, cuando a juicio de la
autoridad, las personas incurran en riesgo de contagio y omisión
de auxilio.
La reforma adiciona delitos no relacionados con el
combate a la pandemia. En particular, el artículo 289 prevé de dos a cinco años
de prisión a las personas que obstruyan obras o trabajos públicos, con la
agravante de cuatro a seis años si participan varias personas, lo que criminaliza
la protesta social.
El establecimiento de estos delitos, redactados de forma
poco clara, violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad
jurídica. Al tiempo que no son proporcionales, al usar de forma desmedida
sanciones privativas de la libertad para conseguir objetivos que podrían
obtenerse con sanciones menos restrictivas, como las medidas de carácter
administrativo en contra de establecimientos mercantiles, o estableciendo
medidas preventivas e incentivos positivos que regulen la conducta humana.
La reducción a la movilidad de las personas es uno de los
objetivos centrales en la estrategia para hacer frente a la propagación del
virus. Sin embargo, imponer el resguardo domiciliario mediante sanciones
penales es una medida desproporcional con visos de inconstitucionalidad. El
derecho penal debe usarse como derecho límite, de ultima ratio, cuando otras
medidas menos lesivas no funcionen para lograr el objetivo planteado.
El aumento de las penas privativas de la libertad no ha
garantizado una disminución de los delitos, pero ha lesionado el tejido social,
y saturado las prisiones, implicando un serio gravamen al erario público, con
efectos trascendentales sobre los familiares y dependientes de las personas
condenadas.
La pandemia exige mesura por parte de la autoridad en la
implementación de medidas frente a la emergencia sanitaria, las cuales deben
fundarse en criterios científicos de la salud pública y la corresponsabilidad
de la sociedad.
Por el contrario, reformas de esta naturaleza, contravienen
principios constitucionales, agravian los derechos de las personas y tienen
efectos desproporcionados sobre grupos excluidos y vulnerables, cuando las
medidas preventivas y de participación comunitaria, además de ser menos
lesivas, son más eficaces para controlar la propagación del COVID-19.
(Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración)
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