En la recta final

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

24 Enero 2017

Estamos a ocho días de que la Ciudad de México cuente con su primera Constitución Política y pese al escepticismo y el descrédito alentado sobre este proceso, incluso por algunos de los integrantes de la Asamblea Constituyente, habrá una Constitución progresista e innovadora.

Al cierre de estas notas se han aprobado 56 artículos, y más de mil numerales e incisos del proyecto presentado el 15 de septiembre, que representan el 73 por ciento del total, y durante los próximos días deberá resolverse lo restante.

Más allá de la estadística, vale la pena destacar algunos de los aspectos relevantes de este proceso:

Cierra el largo ciclo de debates, iniciado hace 193 años con la primera Constitución del México independiente en 1824, respecto al reconocimiento de la Ciudad de México como una entidad integrante de la federación, que, bajo el argumento de la inconveniencia de que dos órdenes de gobierno distintos -el federal y el local- coexistieran en el mismo territorio, se confrontaron dos visiones distintas de país entre centralistas contra federalistas, conservadores contra liberales, respecto a la descentralización del poder público y el fortalecimiento de los gobiernos locales. La Constitución de la Ciudad de México avanza en dirimir justamente ambos dilemas.

Se trata de un Constituyente sin precedente. Las generaciones actuales no conocimos el constituyente de 1917; algunas conocimos cuando en 1974 se erigieron los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, y sus constituciones se redactaron bajo la tutela del partido hegemónico y el presidencialismo absoluto.

El de la Ciudad de México se enmarca en un contexto distinto se trata de una Asamblea que da cuenta de la pluralidad política y el desarrollo de la cultura cívica en la capital del país, que tendrá como sellos distintivos: ser el primer congreso que se integra con una mayoría política de las izquierdas, que ha implementado prácticas del debate parlamentario distintas a la disciplina partidaria tradicional. Así, se estableció el parlamento abierto, y cientos de ciudadanos promovieron iniciativas y participaron en audiencia públicas impulsando sus propuestas. Asimismo, tuvo lugar la primera consulta a nivel mundial a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de acuerdo con la declaración de Naciones Unidas.

La Constitución integrará además la reforma de 2011 que elevó a rango constitucional los derechos humanos de todas las personas, así como los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano en la materia. El derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la ciudad, asumiendo que la ciudad es de sus habitantes quienes tienen el derecho inalienable a su uso y disfrute, estableciendo mecanismos para su exigibilidad y justiciabilidad. Amplia los derechos sociales y civiles, desde el derecho a un ingreso mínimo vital para sus habitantes, el derecho al matrimonio igualitario y el derecho a una muerte digna. Establece los deberes de los ciudadanos, incluido la protección de los animales como seres sintientes, y propone nuevas modalidades del ejercicio del buen gobierno, la planeación de la ciudad asumiendo al territorio como eje articulador de las políticas públicas.

Termina con el último vestigio del DDF: las delegaciones políticas, creando las alcaldías, así como nuevas formas de democracia participativa y de gestión metropolitana, transformando además al poder intocado: al Poder Judicial.

Pero al igual que en el pasado, en la Asamblea Constituyente se confrontaron nuevamente dos visiones sobre la ciudad y el país al que aspiramos. Entre otras la prevalencia del interés público sobre el privado; la descentralización del poder público; el fortalecimiento de la democracia participativa; las libertades públicas y los derechos privados; la regulación del mercado, en especial del capital inmobiliario, el establecimiento de un Estado con responsabilidad social, sin vuelta al pasado del Estado paternalista y autoritario. Un Estado que promueva crecimiento económico para el desarrollo, que permita abatir la pobreza y la desigualdad. (Diputado Constituyente)