Menos días señor diputado
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

24 de abril de 2012

El Congreso de la Unión entra en la recta final de su ejercicio y se encuentra a sólo tres sesiones para concluir el último período ordinario de la LXI Legislatura. Ya habrá oportunidad de hacer un balance de su desempeño, por lo pronto hay que ocuparse de los dictámenes que se pretenden aprobar en estos días, más aún cuando, como sucedió con la reforma al artículo 24 constitucional en diciembre pasado, hemos presenciado la aprobación de reformas sin discusión en comisiones, sin consultar a la ciudadanía y violando el proceso legislativo reglamentario.

Es el caso lamentable de la aprobación de reformas a los artículos 49 bis y 79 bis de la “Ley Federal de Radio y Televisión”, considerada por muchos especialistas como el “inicio de una contra reforma electoral”, que fue aprobada con tal desaseo que -quizá por primera vez en la historia-, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados regresó a la comisión dictaminadora una reforma ya aprobada, al considerar la prohibición constitucional de legislar en materia electoral en plena campaña.

De la misma manera se intenta aprobar reformas a la “Ley de Variedades Vegetales”, con las que se pretende ampliar la protección a los intereses de las corporaciones trasnacionales que controlan el mercado de variedades genéticamente mejoradas y ampliar el periodo de concesión, y por tanto del pago de regalías, de 18 a 25 años de algunas especies, como flores y frutos; y de 15 a 20 años, de especies como los cereales; protegiendo además del producto original el producto que se obtenga. Lo que implicaría que si un productor pretende vender su cosecha como semilla o bajo cualquier otra presentación -el caso de la flor- debe pagar regalías nuevamente, lo que fortalece la tendencia a privatizar los organismos vivos, lesiona los derechos de los agricultores y viola la norma Constitucional que establece el derecho a alimentación.

Dentro de este paquete de reformas se encuentra el “Código Federal de Procedimientos Penales” que, como señalé en mi artículo anterior, es violatoria de derechos humanos y que diversas organizaciones civiles han cuestionado. Entre otras, el Movimiento Paz y Justicia con Dignidad, que a través de Javier Sicilia ha señalado que de aprobarse en sus términos actuales “No es sólo una inmensa irresponsabilidad, es, en medio del durísimo dolor que vive la nación, abonar al crimen”.

Pero quizá la más delicada y menos visible de todas reformas en puerta es la “Ley de Tratados” que legaliza la aprobación de acuerdos internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal o por distintos órdenes de gobierno, sin la intervención del Congreso, al establecer “acuerdos interinstitucionales”, que se definen como convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados entre cualquier dependencia o entidad paraestatal de la administración pública federal, estatal, municipal, del Distrito Federal, la PGR o cualquier órgano autónomo con órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Lo que permitiría que acuerdos en áreas estratégicas como el “Acuerdo de yacimientos petroleros transfronterizos” o la “Iniciativa Mérida”, fueran validos sin la ratificación del Senado.

En el argot legislativo, al fin del periodo de ejercicio es común que los legisladores se saluden con un “menos días señor diputado”, esperemos que en la cuenta regresiva y ante la agenda pendiente, actúen con responsabilidad.

(Candidato a Senador por la Coalición Movimiento Progresista en el Estado de México)