Alejandro Encinas Rodríguez
25 de septiembre de 2007
El llamado paquete hacendario 2008, que pron-to entrará en vigor con el aumento a las gasolinas, ha traído consigo una escalada de precios en diversos sectores, que si bien ha sido subestimada por las autoridades federales y el sector privado, impacta negativamente a la mayor parte de la población.
El gobierno y el sector privado se empecinan en defender una mítica cifra de 3% de inflación prevista para este año, cuando en realidad, los propios datos oficiales reconocen al mes de agosto una inflación de 4%, mientras los subíndices que impactan el bienestar de la gente, como el de alimentos, rebasa en las cuentas oficiales 7.5%.
Más allá de las cifras oficiales, en las últimas semanas se ha venido registrando una inflación silenciosa, sin que ninguna autoridad reconozca esta situación y, menos aún, haya intervenido, lo que ha impactado negativamente a la economía popular.
En los últimos 10 meses el precio de los productos de la canasta básica registró un incremento superior a 38%; casi 10 veces más que el aumento de 3.9% otorgado al salario mínimo este año.
A las alzas en el gas, luz, frijol, huevo, leche y tortilla —que se continúa vendiendo hasta en 10.50 pesos el kilo— se suma el aumento de 3.5% promedio a los energéticos, sin considerar el próximo incremento de 5.5% derivado del nuevo impuesto a las gasolinas, que acumulará 36 centavos durante los próximos 18 meses; el aumento de 100% en la harina de trigo, que pasó de 5.25 a 10.50 pesos, con la consiguiente alza en el bolillo, que subió de 1.20 hasta 1.80 pesos; y en el pan dulce, que se incrementó en 50 centavos.
Otros ejemplos son los incrementos en el jitomate, que pasó de 12 a 17 pesos; la calabaza, que lo hizo de 9 a 17 pesos; el tomate verde de 11 a 19 pesos; mientras un kilo de bistec se vende en 70 pesos.
Como siempre, el impacto negativo mayor de estos aumentos se registra en la población más pobre, aquella a la cual el INEGI ubica en el decil 1 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y que recibió en 2004 1.1% del total de los ingresos que se generan en el país, y que de acuerdo con dicho estudio, destinan 46% de sus ingresos a alimentos, bebidas y tabaco, y 12.8% al consumo de gasolina, diesel y transporte público.
Ello obligará, frente a una política de contención salarial, a que la mayor parte de los mexicanos reduzca su nivel y calidad de consumo para hacer frente a estos aumentos, con la consiguiente merma en su calidad de vida. Como bien ha señalado Enrique del Val en estas mismas páginas: “Los técnicos gubernamentales deben recordar que los 50 millones de mexicanos pobres no son sólo una cifra estadística, son personas de carne y hueso que la están pasando muy mal y ahora estarán peor”.
Un principio básico de la economía establece que no es aconsejable subir impuestos cuando la economía está debilitándose, porque lo único que se logra es provocar menos crecimiento y más desempleo. Menos aún cuando existen factores externos desfavorables a la economía, como la crisis hipotecaria en Estados Unidos o el estancamiento de las remesas de los trabajadores migrantes, que habían venido creciendo a una tasa de 15% anual; o cuando la producción manufacturera nacional, que en 2006 se incrementó en 5.5%, este año apenas se mantiene en 0.2%, lo cual conducirá a que la economía mexicana crezca este año a la mitad de lo alcanzado el año pasado.
El aumento de impuestos en este clima económico no sólo no atempera el impacto externo negativo, sino que agrava la tendencia recesiva de la economía y empeora las expectativas del sector productivo, causando así menos inversión y menos empleos, y lo más delicado aún, el empecinamiento por mantener un régimen de privilegios fiscales a los grandes empresarios, deteriorará más la de por sí precaria situación de vida de la mayoría de los mexicanos.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
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