Ciudad de México, 28 de abril de 2020
Boletín No. 128/2020
Boletín No. 128/2020
Exhorta Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a autoridades
estatales y municipales a no aplicar medidas restrictivas de los derechos de
las personas por COVID-19
• La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado
de excepción y suspensión de garantías, señala
• Imperante hacer un llamado a las instituciones públicas para reforzar
la solidaridad y atenuar las reacciones de miedo e intolerancia
La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración, hace un llamado a las autoridades estatales y
municipales para que no apliquen medidas que restrinjan derechos de las
personas durante el periodo de la pandemia a causa del virus SARS-CoV2
(COVID-19), además de asegurarse que tienen competencia explícita y que dichas
medidas son proporcionales.
Lo anterior,
toda vez que corresponde dicha subsecretaría observar que los tres órdenes de
gobierno cumplan con los preceptos constitucionales, se respeten y garantice el
ejercicio de los derechos de las personas.
La emergencia
sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y
suspensión de garantías.
Tras la declaratoria de la fase 3 por la epidemia de COVID-19 en México, es
imperante hacer un llamado a las instituciones públicas para reforzar la
solidaridad y atenuar las reacciones de miedo e intolerancia que se han
presentado en este contexto.
Las
autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas
emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, y frenar todo
abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población. La sociedad en su
conjunto debe ser corresponsable y acatar estas medidas de forma solidaria, sin
vulnerar los
derechos de terceros.
Dichas medidas
deben atender los efectos diferenciados que se presentan sobre poblaciones en
riesgo, excluidas o históricamente discriminadas, como las personas migrantes y
quienes se encuentran privadas de la libertad.
Además, proteger a grupos agredidos y discriminados como el personal del sector
salud y personas diagnosticadas con COVID-19, así como vigilar el alza en
la violencia doméstica y agresiones contra periodistas y personas
defensoras de derechos humanos.
Es obligación
de las autoridades combatir la desinformación al garantizar acceso a la
información de forma oportuna, veraz y objetiva sobre el desarrollo de la
pandemia y las medidas establecidas, así como orientación a la población.
La
declaratoria de fase 3 implica trabajar en conjunto con la población para
reducir al mínimo posible la transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19), a
través de medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia y el exhorto a
quedarse en casa.
La
colaboración armónica entre gobierno y sociedad es clave para el éxito de la
estrategia frente a la pandemia y se logra tomando a los derechos humanos como
aliados para enfrentarla.
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