Extentiende Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar) suspensión de plazos
23 de abril, 2020
fotos aer
Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
23 de abril, 2020
Acuerdo por el que se
prohíbe enterrar cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas en fosas
comunes existentes #COVID19mexico
22 de abril, 2020
Los recursos de abril, mayo y junio se
entregan, excepcionalmente. Lo anterior, a fin de evitar el desplazamiento de
las personas y cumplir con la recomendación de las autoridades sanitarias de
permanecer en casa y evitar la propagación del #COVID-19
22 de abril, 2020
Acuerdo por el que se prohíbe la incineración
de cuerpos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas
fallecidas por #COVID19mexico
América y el mundo enfrentan una emergencia
sanitaria global ocasionada por el virus #Covid_19, ante la cual las
medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben
tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos @CIDH
17 de abril,
2020
La contingencia
tiene impactos diferenciados sobre víctimas, por eso, desde la @CEAVmex y la
Subsecretaria de derechos humanos se adelantó tres meses las medidas de ayuda
inmediata a víctimas del fuero federal.
Ante el COVID-19 la @CEAVmex adelanta
el pago de la ayuda alimentaria y alojamiento
16 de abril, 2020
ANTE COVID-19, CEAV ADELANTA PAGO DE AYUDA
ALIMENTARIA Y
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
● La CEAV busca apoyar a las
personas durante la contingencia sanitaria, pese al enorme esfuerzo presupuestal
que
representa para la Comisión.
representa para la Comisión.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), determinó adelantar tres
meses la entrega de recursos para apoyo alimentario y alojamiento, a fin de que
las familias que reciben mensualmente las medidas de ayuda inmediata enfrenten
de la mejor manera posible la contingencia provocada por el coronavirus.
A partir del 22 de abril, las personas que fueron
víctimas de delitos federales o de violaciones a sus derechos humanos, que ya
forman parte del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y que cada mes reciben
apoyos por concepto de ayuda alimentaria y alojamiento, recibirán el depósito
correspondiente a abril, mayo y junio, sin necesidad de realizar trámite
alguno.
Durante este periodo de emergencia, no es necesario
entregar la solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (FAARI), ni el escrito para la comprobación de gastos, para
evitar el desplazamiento de las personas y cumplir con la recomendación de las
autoridades sanitarias de permanecer en casa y evitar la propagación del
COVID-19.
Estos documentos deberán entregarse una vez que las
autoridades declaren que ha pasado la emergencia y se normalicen las
actividades.
El pago adelantado de medidas de ayuda alimentaria
y alojamiento implica un esfuerzo presupuestal de 99 millones 956 mil 878.32
pesos, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).
Antes de tomar esta medida excepcional, provocada
por la pandemia del coronavirus, los recursos por concepto de ayuda alimentaria
y alojamiento se entregaban a mes En esta ocasión se adelantan los recursos de
abril, mayo y junio.
15 de abril, 2020
Las autoridades
y todos los órganos de gobierno deben asegurar un enfoque de derechos humanos
en las medidas que apliquen para la emergencia sanitaria #Covid-19
Emergencia sanitaria y derechos humanos
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
14 de abril, 2020
A raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria derivada de la
pandemia de COVID-19, autoridades de diversos órdenes de gobierno han adoptado
decisiones que rebasan el ámbito de sus competencias, afectando los derechos de
las personas: munícipes que decretan toque de queda, autoridades que impiden a
población foránea transitar dentro de los límites de sus entidades o quienes
incitan a la población a cerrar hospitales o agreden al personal de los
servicios de salud.
Nadie desconoce el grave riesgo a la salud pública que representa esta
pandemia, menos aún a la responsabilidad de los gobernantes para atenderla. No
obstante, las autoridades en sus distintos ámbitos deben crear las condiciones
para implementar las medidas que establezca la autoridad sanitaria, con
estricto respeto a los derechos humanos, por lo que las medidas que adopten
deben ser objetivas, temporales y proporcionales, a fin de atender los efectos
adversos sobre la población, teniendo como prioridad garantizar el acceso
universal a la atención médica a todas las personas, sin discriminación ni
discrecionalidad alguna.
Las medidas extraordinarias para disminuir el impacto a la salud deben
atender otros derechos, como proteger los derechos laborales; garantizar la
producción y el abasto de alimentos; asegurar que las personas en situación de
calle permanezcan en un espacio digno para su protección; garantizar la
distribución del agua y saneamiento en los lugares con carencia del servicio:
fomentar el acceso a la cultura y la educación, a fin de mitigar los impactos
negativos en la convivencia familiar durante el resguardo domiciliario, en
particular para proteger a niñas, niños y mujeres en riesgo de ser violentados
por sus familiares.
Las acciones públicas deben atender los impactos diferenciados de la
pandemia en los grupos de mayor riesgo: personas mayores de 60 años, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y quienes tienen una enfermedad crónica.
Personas en situación de pobreza y desplazadas; personas privadas de su
libertad, trabajadores sexuales, personas indígenas y trabajadoras del hogar,
migrantes y solicitantes de refugio, víctimas y personas amenazadas.
La emergencia no debe ser excusa para la intolerancia. No se deben
fomentar discursos basados en prejuicios y estereotipos. Los gobiernos deben
tomar acciones para proteger de la discriminación y la violencia a las
poblaciones en riesgo de sufrirla, poniendo especial énfasis en las personas
que tienen o tuvieron COVID-19; personal médico y de enfermería, y personas
extranjeras.
Nuestra Constitución permite a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia
sanitaria; medidas que incluso pueden restringir algunos derechos. Sin embargo,
éstas tienen límites claros.
Una medida es proporcional y respeta los derechos humanos cuando cumple
con los siguientes criterios: tener un fin legítimo y constitucionalmente
válido; debe ser necesaria e idónea para alcanzar el fin perseguido; debe
ponderar si el beneficio obtenido por la medida es mayor a la afectación
ocasionada.
Las autoridades solo pueden implementar medidas temporales en el marco
de su competencia legal, y deben comunicar oportunamente las medidas que
apliquen para garantizar el derecho de acceso a la información.
La emergencia sanitaria no justifica acciones que violen los derechos de
las personas. Por el contrario: los derechos humanos, como límite al poder
público, deben estar presentes en todas las decisiones que se adopten.
(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)
Ciudad
de México, 13 de abril de 2020
CONAPO
CONAPO
¿Sabías que...el aislamiento social puede
limitar la posibilidad de las niñas de pedir ayuda y acceder a los servicios
esenciales de salud que necesitan?
Inmujeres México Of CONAVIM Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Secretaría de
Salud Susana Distancia UNICEF México Unfpa México SNDIF Balance Ac Ipas México
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