Se ha dado a
conocer el Plan que permitirá, a más de un año de su aprobación, la
implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas
y Desaparición Cometida por Particulares, y la conformación del Sistema
Nacional de Búsqueda.
Con éste, se
pretende establecer, con la participación de las familias de las víctimas, las
políticas públicas y los protocolos en la búsqueda, localización e
identificación de las personas desaparecidas y no localizadas, así como las
acciones para prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
Se trata de
desarrollar las capacidades institucionales entre los distintos órdenes de
gobierno, para enfrentar la expresión más lacerante de la crisis humanitaria
que encara nuestro país, dejando atrás la simulación y la evasión de
responsabilidades que caracterizó al gobierno anterior.
Por ejemplo,
en los últimos días de su mandato, el gobierno saliente simuló la instalación
del Sistema, toda vez que de las 42 instituciones que lo deben integrar, 25, de
las 32 Comisiones Estatales de Búsqueda no se habían constituido.
Lo mismo
sucedió con los recursos destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la
que se asignó en el Presupuesto de Egresos 2018, 468.9 millones de pesos,
cuando en realidad solo ejerció 6 millones de pesos.
Ello se
tradujo en la falta de desarrollo de las capacidades técnicas, institucionales
y de recursos humanos para atender las demandas de los familiares de las
víctimas para las acciones de búsqueda.
Para remontar
este rezago, se han asignado 400 millones de pesos para los trabajos de la
Comisión que se ejercerán plenamente, a los que se sumarán recursos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Esta semana
será designada la persona responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, para
proceder a la instalación, en el mes de marzo, del Sistema Nacional, atendiendo
la creación de la Comisiones Locales de Búsqueda en las 24 entidades que aún no
han cumplido con el mandato de ley.
En lo
inmediato, la Comisión deberá concluir, junto con las familias, los colectivos
que apoyan a las víctimas y los especialistas e instituciones con las que se ha
venido trabajando durante los últimos meses, los protocolos homologados de
búsqueda, exhumación e identificación; así como los protocolos de investigación
de los delitos de desaparición forzada, dando prioridad a la creación de las
cédulas de búsqueda inmediata y a la búsqueda en vida, así como a la situación particular
de la población migrante y la atención a víctimas.
Dos aspectos
nodales en la implementación del Sistema son la creación del Instituto Nacional
de Identificación Forense, más aún ante la grave crisis que enfrentan los
servicios forenses en todo el país, donde existen alrededor de 26 mil cuerpos
sin identificar; así como del Sistema de Información Tecnológica e Informática,
que permita integrar en una base de datos única la información con que
cuentan las fiscalías locales, hospitales, centros de atención de
adicciones, el Sistema DIF, los centros de reclusión, los albergues públicos y
privados, los panteones y demás registros que contengan información que
facilite la localización e identificación de personas.
Para ello, se
contará con asistencia técnica local e internacional, tanto de instituciones de
educación superior, como de las agencias de Naciones Unidas, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la CIDH y la Agencia de Cooperación Alemana.
El Sistema
deberá revisar la tipificación y aplicación de los delitos, entre otros para
definir la responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los
superiores jerárquicos, así como las modalidades que deben adoptar los
beneficios que puede otorgar la ley por la colaboración eficaz y en la protección
de testigos.
Revertir una
tragedia de esta magnitud, exige de un enorme esfuerzo institucional y social.
El Estado asumirá su responsabilidad y construirá junto con las familias este
esfuerzo. Que se esclarezcan estos delitos y se haga justicia, pero también
para evitar que esta forma extrema de violencia nunca más se repita.
(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)
