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Venimos de lejos
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Constituyente
Senador
Mezquindad impide mi candidatura en Edomex: Encinas
07 de Marzo 2011
Por Rolando Ramos
Alejandro Encinas Rodríguez no entiende la mezquindad de la dirección nacional del PRD que, teniéndolo a él como el aspirante “mejor posicionado, según todas las encuestas”, se empeña en impedir su candidatura al gobierno del Estado de México.
“Hay una gran simulación. Yo creo que hay compromisos abiertos con el PAN. No me explico de otra manera el querer sacar, a toda costa, esta coalición (en el Edomex). Es absurdo que, teniendo al candidato mejor posicionado del estado, al más competitivo -no me gusta hablar de mí, pero soy yo ni modo: soy una persona que tiene una ascendencia importante, las encuestas dicen que 66% de los militantes de mi partido avala mi candidatura-, la dirección se empecine en hacer todo lo posible para que yo no sea. Es parte de las mezquindades que alberga este partido”, lamentó.
Hay encuestas, explica en entrevista, que lo colocan con 48% de las preferencias, por encima del priísta Alfredo del Mazo, quien cuenta con 44%; en tercer lugar está el panista Luis Felipe Bravo (24 por ciento).
El Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados y aspirante a candidato al gobierno mexiquense bajo las siglas del PRD, PT y Convergencia, no se cansa de advertir que una eventual alianza PAN-PRD para intentar arrebatar al PRI y al gobernador Peña Nieto la gubernatura mexiquense el próximo 3 de julio dividirá a su partido. A diferencia de otras alianzas del PRD y el PAN y que han tenido éxito, dice, la del Edomex se pretende formar por decreto.
Refirió que el fenómeno de las coaliciones del 2010 tuvo dos características básicas: que se integraron en torno del candidato y que no fueron coaliciones puras, sino que se derivaron básicamente de rupturas en el PRI.
¿Con las coaliciones del año pasado, no ganó el PRD?
Ni el PRD ni el PAN ganaron con las coaliciones, ni siquiera en Oaxaca. ¿Quién gobierna Sinaloa? El grupo de (Francisco) Labastida Ochoa y de Juan S. Millán. No gobierna ni el PAN ni el PRD. ¿Quién ganó en Puebla? Elba Esther Gordillo. Y en Oaxaca, le tengo plenamente el beneficio de la duda a Gabino (Cué), pero lo cierto es que la ascendencia de Diódoro Carrasco, de (José) Murat y de Elba Esther Gordillo es muy fuerte.
Si se concreta la alianza con el PAN en territorio mexiquense, concluyó, se estará prefigurando el escenario de ir, en el 2012, con dos candidatos de izquierda a la Presidencia de la República, con el riesgo de derrota que ello implica. Eso sería un error estratégico, generacional, donde el costo para la izquierda sería tan alto que tardaría muchos años en recuperarse, ya que regresaría a los niveles de votación de principios de los años 90.
“Hay una gran simulación. Yo creo que hay compromisos abiertos con el PAN. No me explico de otra manera el querer sacar, a toda costa, esta coalición (en el Edomex). Es absurdo que, teniendo al candidato mejor posicionado del estado, al más competitivo -no me gusta hablar de mí, pero soy yo ni modo: soy una persona que tiene una ascendencia importante, las encuestas dicen que 66% de los militantes de mi partido avala mi candidatura-, la dirección se empecine en hacer todo lo posible para que yo no sea. Es parte de las mezquindades que alberga este partido”, lamentó.
Hay encuestas, explica en entrevista, que lo colocan con 48% de las preferencias, por encima del priísta Alfredo del Mazo, quien cuenta con 44%; en tercer lugar está el panista Luis Felipe Bravo (24 por ciento).
El Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados y aspirante a candidato al gobierno mexiquense bajo las siglas del PRD, PT y Convergencia, no se cansa de advertir que una eventual alianza PAN-PRD para intentar arrebatar al PRI y al gobernador Peña Nieto la gubernatura mexiquense el próximo 3 de julio dividirá a su partido. A diferencia de otras alianzas del PRD y el PAN y que han tenido éxito, dice, la del Edomex se pretende formar por decreto.
Refirió que el fenómeno de las coaliciones del 2010 tuvo dos características básicas: que se integraron en torno del candidato y que no fueron coaliciones puras, sino que se derivaron básicamente de rupturas en el PRI.
¿Con las coaliciones del año pasado, no ganó el PRD?
Ni el PRD ni el PAN ganaron con las coaliciones, ni siquiera en Oaxaca. ¿Quién gobierna Sinaloa? El grupo de (Francisco) Labastida Ochoa y de Juan S. Millán. No gobierna ni el PAN ni el PRD. ¿Quién ganó en Puebla? Elba Esther Gordillo. Y en Oaxaca, le tengo plenamente el beneficio de la duda a Gabino (Cué), pero lo cierto es que la ascendencia de Diódoro Carrasco, de (José) Murat y de Elba Esther Gordillo es muy fuerte.
Si se concreta la alianza con el PAN en territorio mexiquense, concluyó, se estará prefigurando el escenario de ir, en el 2012, con dos candidatos de izquierda a la Presidencia de la República, con el riesgo de derrota que ello implica. Eso sería un error estratégico, generacional, donde el costo para la izquierda sería tan alto que tardaría muchos años en recuperarse, ya que regresaría a los niveles de votación de principios de los años 90.
La tentación
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
07 de diciembre de 2010
La ofensiva de Televisa contra Proceso entraña un deplorable acto de complicidades entre este poderoso grupo televisivo y la administración de Calderón que, a cambio de canonjías, otra vez usa una concesión pública para denostar y sentenciar, a la usanza de tribunal inquisitorio, a quien disiente y no se somete a los intereses del “poder”, lo que pone en entredicho la libertad de expresión y amaga con convertirse en una práctica regular.
No es la primera vez que acontece. Más allá de los hechos más sonados ante la opinión pública —como los videoescándalos—, a diario se desarrolla una estrategia que socava nuestra precaria vida institucional. Sin pretender desconocer el descrédito y deterioro bien ganado de las instituciones públicas ni de los políticos y servidores públicos que las conformamos, de forma sistemática se mina la “cosa pública” pretendiendo erigir a los poderes fácticos y sus empresas en la sana conciencia de la sociedad, alentando al alimón el temor y la desconfianza en la población.
El lastimoso escenario nacional —violencia e inseguridad, desempleo, frustración y exclusión social, y falta de rumbo en la conducción del país— ha creado un caldo de cultivo que, lejos de motivar cambios profundos en la vida nacional, alienta tentaciones autoritarias en el ánimo de conservar el poder. Para ello se hace uso de todos los medios y recursos, inclusive conculcando libertades y garantías constitucionales. Un buen ejemplo es el caso que nos ocupa contra Proceso, y la “denuncia” basada en el dicho de un delincuente habilitado como testigo protegido.
La figura de testigo protegido fue creada en un paquete de reformas legislativas que se plantearon como parte de la estrategia para combatir al crimen organizado, que ha modificado sustancialmente nuestro sistema de justicia. Así se estableció la figura de arraigo, la intervención telefónica, la denuncia anónima y el allanamiento domiciliario en flagrancia. Asimismo, se endurecieron las penas tanto para delitos federales como del fuero común y se aumentaron, como nunca, los recursos públicos en materia de seguridad pública.
Con ello se pretendía disuadir la actividad criminal y dar eficacia a las corporaciones policiacas. Pero, con el tiempo, se eliminó el principio de presunción de inocencia que regía nuestro sistema judicial y, lejos de cumplirse el objetivo, la delincuencia y la violencia siguen en aumento, las policías han sido sustituidas por las fuerzas armadas y en diversas regiones del país se vive una situación de excepción.
La filtración de información de los servicios de inteligencia de EU corrobora que hay falta de coordinación e incompetencia, confrontaciones entre mandos de la Procuraduría, de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, y dan cuenta de la entrega al gobierno de EU y de intentos para suspender garantías.
Lejos de revertir esta situación, Calderón alienta el encono, pretende deslindar su responsabilidad en el pasado priísta y en el inmediato del foxismo —los que sin duda jugaron su papel—, culpa al Legislativo de no aprobar sus “reformas estructurales”, cuando el grueso de las reformas y los recursos que requiere le han sido aprobadas, e insiste en la receta del endurecimiento, con iniciativas que buscan justificar la intervención de las fuerzas armadas en tareas que competen a la autoridad civil, como son las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que pretende excluir al Congreso de la declaración de excepción y suspensión de garantías; la propuesta de mando único, que busca concentrar el mando de las policías en el titular de seguridad pública federal, o las reformas al Código de Justicia Militar, que si bien acota el fuero militar, excluye el delito de ejecución extrajudicial.
El país no está para bollos. La inminencia de la sucesión presidencial y las elecciones locales que se avecinan tensarán más la política del país. La crisis de inseguridad debe remontarse con un replanteamiento de la estrategia seguida, la cual no puede continuar fundándose en medidas que parten del principio de seguridad del Estado, cuando se requiere garantizar la seguridad de la sociedad. El aparato de seguridad en México se creó bajo ese concepto y las policías se constituyeron para garantizar el control político y la seguridad de los gobernantes.
Hoy es necesaria una óptica distinta, la de la seguridad ciudadana, lo que implica, lejos de las tentaciones totalitarias que conculcan derechos y libertades, el reconocimiento de que es posible combatir al crimen, sin limitar las garantías de los ciudadanos, enfrentando la enorme desigualdad social y la concentración del ingreso en unas cuantas manos, como las que hoy pretenden desacreditar el trabajo periodístico de Proceso.
Coordinador de los diputados federales del PRD
“Sería muy irresponsable” actuar engañando a la gente, argumenta
Refrenda Encinas que no será candidato al Edomex
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, refrendó que no buscará la candidatura al gobierno del Estado de México, porque “sería muy irresponsable” al generar no sólo una falsa expectativa, sino una posible “frustración”, ante la eventual invalidez del Tribunal Electoral por no cumplir con el requisito de residencia en la entidad mexiquense.
En conferencia de prensa, el perredista aseguró que prefiere enfrentar sus propias decisiones y “no poner en manos del Tribunal del Estado de México o del Federal Electoral la definición del candidato de la izquierda en el Estado de México”.
Al explicar con detalle la situación legal sobre su residencia, admitió que “se genera un espacio de incertidumbre” debido al cambio de domicilio que hizo el pasado 4 de diciembre de 2006, a lo que se suma que es diputado federal por el DF.
“Tengo 40 por ciento de aceptación, la posibilidad de convocar a una unidad muy amplia de las izquierdas, pero también tengo muy claro de mi vulnerabilidad legal, con lo cual sería una enorme irresponsabilidad actuar engañando a la gente”, acotó.
Se pronunció en favor de que la ex candidata a la gubernatura de la entidad, Yeidckol Polevnsky, “sea la abanderada de las izquierdas”.
Conferencia de prensa
RECHAZA ALEJANDRO ENCINAS SER CANDIDATO AL GOBIERNO MEXIQUENSE
-No poner en manos del Tribunal Electoral local o del Federal la definición del candidato de la izquierda en el Estado de México, menos aun cuando el Tribunal Federal validó el robo que nos hicieron en la elección presidencial en el 2006, y después nos despojó de la presidencia Nacional de nuestro partido, consideró
Palacio Legislativo, Martes, 30 Noviembre 2010 a las 15:40Conferencia No. 175
CONFERENCIA OFRECIDA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, COORDINADOR DEL GPPRD, PARA ANUNCIAR SU RECHAZO A LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL EDOMEX
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (AER): Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecer la atención que han tenido a la convocatoria a esta conferencia de prensa donde quiero dar a conocer por primera vez –y espero que sea la única- mi posición respecto a la candidatura a gobernador del Estado de México.
Indudablemente, a lo largo de las últimas semanas, particularmente la semana pasada, ha habido un debate en distintos medios de comunicación respecto a mi posición para no competir por la candidatura al gobierno mexiquense. Y lo hago asumiendo plenamente mi responsabilidad.
He conocido de encuestas donde me colocan en un 40 por ciento de posicionamiento a la par de los candidatos más fuertes del PRI, del cual sin lugar a dudas es un orgullo tener esa presencia en el estado. También he recibido innumerables propuestas de distintos compañeros militantes, amigos entrañables, del Estado de México y de otras entidades de la República para que participe, pero he tomado la decisión de no hacerlo no por un asunto o un capricho personal, sino por evaluaciones de carácter político y jurídico.
Evidentemente, en el ámbito político yo no podría contender en una alianza o en una coalición con Acción Nacional. Y la intención de la dirección nacional y estatal del PRD está en la lógica de conformar una coalición de esa naturaleza. Y por congruencia, yo no podría participar en esa coalición.
Pero, también, en segundo lugar, no podría competir por un partido distinto al mío, porque estoy convencido de que la izquierda debe de ir unida y la unidad de las fuerzas de izquierda decide la posibilidad real de alcanzar el triunfo.
Estoy convencido de que uno de los retos hoy es ayudar a que la izquierda –no solamente en la elección del Estado de México sino en el próximo proceso electoral de la sucesión presidencial- debe de ir en un frente único electoral de las izquierdas con un candidato único.
Y, evidentemente, las consideraciones políticas, las diferencias que he señalado con toda claridad con la dirección de nuestro partido en el Estado de México que, incluso, sembró la duda o el replanteamiento sobre mi residencia en la entidad, razón por la cual hice un análisis muy minucioso de los preceptos legales porque si bien yo tengo residencia en el estado de México desde 1978, año en el que nos incorporamos al trabajo político-electoral en el municipio de Ecatepec; posteriormente, en el municipio de Texcoco en donde laboré diez años en la Universidad Autónoma de Chapingo. Posteriormente, en residencia en la Ciudad de Toluca. Hay que recordar que he desarrollado mi carrera política en el Estado de México. Ahí me formé y tengo, sin lugar a dudas, no solamente una identidad con la entidad y con sus habitantes un compromiso.
Lo cierto es que también ahí resulté en dos ocasiones diputado federal por el estado de México, en la LIII y en la LV legislaturas. Es más, fui candidato de mayoría de mi partido en el Distrito IV de Toluca en la elección de 1991. Y fui candidato a gobernador por el estado en 1993. Pero decidí venir a participar en tareas de la dirección nacional. Y posteriormente me incorporé al gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como Secretario del Medio Ambiente en 1997.
Y si bien la legislación del Estado de México establece con toda precisión que no se pierde la residencia cuando se cambia de domicilio para cumplir con una función de carácter oficial, como es ocupar un cargo en el Gobierno del Distrito Federal, lo cierto es que se abre una posibilidad de cuestionamiento de la candidatura en el momento, primero, en que el que contendí por la jefatura delegacional en Álvaro Obregón y, particularmente, de manera posterior, cuando ocupé la Jefatura de Gobierno en el Distrito Federal, donde se establece en el Estatuto de Gobierno con toda claridad, que un requisito que para ser Jefe de Gobierno es acreditar residencia efectiva por lo menos tres años antes de ocupar el cargo, lo cual hice en su oportunidad.
De modo tal, y cuando anuncié que iba a cambiar mi residencia en el estado de México, de nueva cuenta en Texcoco, lo hice el 4 de diciembre de 2006, pues lo cierto que se genera un espacio de incertidumbre, donde se dejaría en manos de las autoridades electorales la posibilidad de nuestro registro.
He hecho las consultas jurídicas en distintos espacios, he conocido, incluso, el expediente que obra sobre mi persona en el Tribunal Federal Electoral en donde estoy sorprendido por la cantidad de datos que tiene, incluso tiene más de los que yo tenía, en donde no solamente reconocen que soy oriundo del Distrito Federal, sino que, por ejemplo, el 12 de mayo del 2000 se me otorgó el registro como candidato común del PRD, del PT, de Convergencia y del partido PCD, PSN, PAS, Democracia Social, de todos los partidos para contender en la Delegación Álvaro Obregón, y acredité constancia de residencia expedida por la jefa delegacional, y luego tuve que acreditar mi residencia efectiva, de acuerdo al Estatuto de Gobierno, para ocupar el cargo de Jefe de Gobierno.
Es más, me proporcionaron hasta el Diario de Debates, en el Tribunal, donde se acredita, -si me lo permiten, si me dan chance de encontrarlo- dentro de las consideraciones antes de mi rendición de protesta se establece -en la consideración número dos- que “tiene una residencia efectiva de más de tres años como lo exige la norma para el caso de los originarios del Distrito Federal, como lo demostró con las constancia respectivas expedidas en las delegaciones Álvaro Obregón y Coyoacán en el Distrito Federal”.
Evidentemente, me faltan cinco meses para acreditar la residencia con una salvedad adicional: actualmente soy diputado por el Distrito Federal por esta circunscripción, la cual no se encuentra el Estado de México.
He recibido propuestas muy diversas de compañeros que me han señalado que el tema jurídico puede resolverse acreditando nuestro domicilio, también me han señalado que no importa que si se retirara el registro posteriormente, y que haga yo la campaña para levantar al partido y a la izquierda y cohesionarla.
Pero en lo personal, creo que sería muy irresponsable no solamente generar una falsa expectativa en mis compañeros de partido, sino una posible frustración al momento en que se negara el registro. Y la verdad es que seguramente nos cuestionarían que sabiendo yo que se podría correr esta situación sería muy irresponsable participar, y por eso prefiero enfrentar mis decisiones, estrictamente, como lo he dicho, de manera personal, y no poner en manos del Tribunal Electoral del estado de México o en manos del Tribunal Federal Electoral, la definición del candidato de la izquierda en el Estado de México, menos aun cuando el Tribunal Federal validó el robo que nos hicieron en la elección presidencial en el 2006, y después nos despojó de la presidencia Nacional de nuestro partido.
Creo que ya bastantes experiencias hemos tenido para generar un factor de vulnerabilidad en donde, de nueva cuenta, se cifra un revés en la izquierda, y no quiero ser irresponsable, ni engañar a todos los compañeros que me han propuesto, lo cual agradezco infinitamente, y lo voy a corresponder .
¿De cuál manera me sostendré en la campaña del Estado de México? Espero que Yeidckol sea la candidata de las izquierdas en el estado. Contará con todo nuestro apoyo y la acompañaré a lo largo de toda la campaña. Acompañaré a la candidata de las izquierdas a lo largo de la campaña, espero que sea un frente del PRD, PT, Convergencia y de otros grupos estatales.
¿Cómo seguiré haciendo mi trabajo?, cumpliendo mis responsabilidades en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador con quien hoy platicamos y seguiremos trabajando juntos en las tareas que enfrentar a futuro.
Eso es lo que quería comentarles. Veo preocupaciones con Carmen Aristegui y con Ricardo Rocha, con Miguel Ángel Velázquez. Hoy la satisfacción es que es la primera vez que me cuestionan por no participar por una candidatura. Siempre me han cuestionado en todas las que compito, pero quiero asumir esta plena responsabilidad que es estrictamente mía y creo que hay que ser responsable cuando los compañeros que nos han propuesto y seguiremos trabajando a nivel nacional por construir un proyecto distinto de país desde la izquierda.
Estoy a sus órdenes.
Pregunta: Diputado, es precisión, ¿no es una idea por el destape que hace Andrés Manuel de Yeidckol, no lo forza a hacer esto?
AER: No, al contrario. Andrés Manuel y yo platicamos de esta situación con anterioridad, él conoce de mi decisión, incluso, lo ha hecho público. Evidentemente, es una decisión que ya tomé hace algunos meses y la conocen todos los dirigentes del movimiento, del partido, del PT y de Convergencia. En esto aquí, no hay ninguna sorpresa.
Pregunta: Diputado, yo quisiera preguntarle, ¿esto no significa que hay una separación entre los grupos del PRD que apoyan la alianza con el PAN? y, ¿si esto no significará un próximo rompimiento en la próxima campaña de la izquierda en el Estado de México?
AER: Bueno, sí hay una diferencia dentro del PRD entre quienes estamos en contra de las alianzas con el Partido Acción Nacional; hemos dicho que eso desdibuja nuestro proyecto político, y ése es el debate que estamos dando en estos momentos dentro del partido. Eso yo lo he sostenido con toda claridad desde hace mucho tiempo. Pero no creo que esto vaya a implicar, este debate va a llegar al 2012. Yo creo que en el 2012 no hay el escenario de crear una coalición entre las izquierdas y el PAN, es más, sería un gravísimo error de las izquierdas pretender ir a una coalición de esa naturaleza, lo que nos llevaría a dar marcha atrás a varias generaciones de lo que nosotros hemos pasado. Entonces, yo creo que en el 2012 debemos tener un perfil propio de las izquierdas.
Pregunta: ¿Cuáles serían las condiciones para lograr esta desunión que existe en el sector de izquierda en el Estado de México y lograr –usted está diciendo que va a apoyar a Yeidckol Polevnsky- pero, cómo remontar y en qué condiciones sería favorable una candidatura de unidad?
AER: Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en todos los estados: que haya una coalición, un acuerdo, entre los tres partidos principales de las izquierdas, PRD, PT y Convergencia. Definir un candidato, como se ha hecho en el caso de Guerrero, a través de las encuestas o de otras entidades, y quien esté mejor posicionado, que como lo es –ya lo sabemos- en las encuestas, Yeidckol está muy bien posicionada; bueno, pueda ser la candidata de este frente.
Por supuesto, habrá que respetar los tiempos y las formas de las convocatorias de todos los partidos, el acuerdo dentro del DIA, pero simple y sencillamente que siga el procedimiento que el DIA ha seguido en otras entidades, para garantizar esta coalición y una candidatura que concite el mayor apoyo posible.
Pregunta: Diputado, entonces, ¿qué le respondería a Andrés Manuel López Obrador que dice que sólo se va con quién tenga ganas y este es un momento de definiciones, de echarse para adelante, pareciera que dijera que Encinas no quiere irse para adelante?
AER: No, pues yo tengo muchas ganas, por supuesto que me encantaría ser gobernador del Estado de México, tengo el 40 por ciento de aceptación; tengo la posibilidad de convocar a una unidad muy alta de la izquierdas, pero también tengo muy claro mi vulnerabilidad legal, con lo cual sería una enorme torpeza e irresponsabilidad actuar, engañando a la gente, sabiendo que tengo este factor de vulnerabilidad, para poder acreditar mi registro como candidato.
Pregunta: Preguntarle también sobre la plataforma que ya está avanzando en el PRD, ahora digamos solo, antes de sentarse a dialogar con algún otro partido para una eventual alianza, esta propuesta la plataforma elimina el asunto de las bodas gays y la interrupción legal del embarazo. ¿Estos matices, que ya están poniendo, adelantan, prefiguran, ya en alianza con el PAN, de la que usted se ha quejado?
AER: Por eso no comparto este tipo de coaliciones, porque no solamente se desdibuja nuestro perfil político electoral, si no hay este tipo de concesiones programáticas, ideológicas. Yo creo que en este momento el país reclama de definiciones muy puntuales y precisas, y nosotros no podemos esconder nuestras diferencias debajo del tapete con el PAN.
Una cosa es ir construyendo acuerdos de gobernabilidad, pero otra es ir sentar, disputar electoralmente las posiciones de gobierno y ahí no caben los engaños al electorado, y hay que fijar muy claramente las posiciones.
Pregunta: Un juez del estado de Michoacán le otorga a Julio César Godoy Toscano, donde ya completamente le da el amparo, no nada más con sus derechos electorales, sino con todos sus derechos.
AER: Ya lo hemos señalado, eso lo tendrá que resolver la Sección Instructora ; en unos momentos más me voy a reunir con el presidente de la misma, con el diputado César Augusto Santiago para ver cuál va a ser el proceso que se va a seguir después de estas resoluciones, esperando que esto pueda resolverse en este periodo de sesiones.
Pregunta: Inaudible.
AER: Yo no quiero hacer ninguna evaluación, ya lo había señalado; será la Sesión Instructora que resuelva y nosotros nos allanaremos a los resultados de la Sección Instructora.
Pregunta: Diputado, una última pregunta. La convocatoria es a finales de marzo, principios de abril. En lo que es el CEN del PRD comienza a hacer su recorrido a lo largo de los 125 municipios. ¿Con esta decisión cabe la posibilidad de que el PRD tenga otro candidato diferente a Yeidckol?
AER: Bueno, que sea el candidato mejor posicionado. Hay una propuesta de Yeidckol a partir de las encuestas que existen y, bueno, de mantenerse ella en el primer lugar, creo que debe encabezar esta coalición de las izquierdas. Ya veremos qué pasa en marzo, pero yo apoyaré a un candidato que represente a las izquierdas en el Estado de México, a las izquierdas mexiquenses.
Muy bien, muchísimas gracias.
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GGL/MAM/MDHM/CSGPPR
RECHAZA ALEJANDRO ENCINAS SER CANDIDATO AL GOBIERNO MEXIQUENSE
-No poner en manos del Tribunal Electoral local o del Federal la definición del candidato de la izquierda en el Estado de México, menos aun cuando el Tribunal Federal validó el robo que nos hicieron en la elección presidencial en el 2006, y después nos despojó de la presidencia Nacional de nuestro partido, consideró
Palacio Legislativo, Martes, 30 Noviembre 2010 a las 15:40Conferencia No. 175
CONFERENCIA OFRECIDA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, COORDINADOR DEL GPPRD, PARA ANUNCIAR SU RECHAZO A LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL EDOMEX
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (AER): Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecer la atención que han tenido a la convocatoria a esta conferencia de prensa donde quiero dar a conocer por primera vez –y espero que sea la única- mi posición respecto a la candidatura a gobernador del Estado de México.
Indudablemente, a lo largo de las últimas semanas, particularmente la semana pasada, ha habido un debate en distintos medios de comunicación respecto a mi posición para no competir por la candidatura al gobierno mexiquense. Y lo hago asumiendo plenamente mi responsabilidad.
He conocido de encuestas donde me colocan en un 40 por ciento de posicionamiento a la par de los candidatos más fuertes del PRI, del cual sin lugar a dudas es un orgullo tener esa presencia en el estado. También he recibido innumerables propuestas de distintos compañeros militantes, amigos entrañables, del Estado de México y de otras entidades de la República para que participe, pero he tomado la decisión de no hacerlo no por un asunto o un capricho personal, sino por evaluaciones de carácter político y jurídico.
Evidentemente, en el ámbito político yo no podría contender en una alianza o en una coalición con Acción Nacional. Y la intención de la dirección nacional y estatal del PRD está en la lógica de conformar una coalición de esa naturaleza. Y por congruencia, yo no podría participar en esa coalición.
Pero, también, en segundo lugar, no podría competir por un partido distinto al mío, porque estoy convencido de que la izquierda debe de ir unida y la unidad de las fuerzas de izquierda decide la posibilidad real de alcanzar el triunfo.
Estoy convencido de que uno de los retos hoy es ayudar a que la izquierda –no solamente en la elección del Estado de México sino en el próximo proceso electoral de la sucesión presidencial- debe de ir en un frente único electoral de las izquierdas con un candidato único.
Y, evidentemente, las consideraciones políticas, las diferencias que he señalado con toda claridad con la dirección de nuestro partido en el Estado de México que, incluso, sembró la duda o el replanteamiento sobre mi residencia en la entidad, razón por la cual hice un análisis muy minucioso de los preceptos legales porque si bien yo tengo residencia en el estado de México desde 1978, año en el que nos incorporamos al trabajo político-electoral en el municipio de Ecatepec; posteriormente, en el municipio de Texcoco en donde laboré diez años en la Universidad Autónoma de Chapingo. Posteriormente, en residencia en la Ciudad de Toluca. Hay que recordar que he desarrollado mi carrera política en el Estado de México. Ahí me formé y tengo, sin lugar a dudas, no solamente una identidad con la entidad y con sus habitantes un compromiso.
Lo cierto es que también ahí resulté en dos ocasiones diputado federal por el estado de México, en la LIII y en la LV legislaturas. Es más, fui candidato de mayoría de mi partido en el Distrito IV de Toluca en la elección de 1991. Y fui candidato a gobernador por el estado en 1993. Pero decidí venir a participar en tareas de la dirección nacional. Y posteriormente me incorporé al gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como Secretario del Medio Ambiente en 1997.
Y si bien la legislación del Estado de México establece con toda precisión que no se pierde la residencia cuando se cambia de domicilio para cumplir con una función de carácter oficial, como es ocupar un cargo en el Gobierno del Distrito Federal, lo cierto es que se abre una posibilidad de cuestionamiento de la candidatura en el momento, primero, en que el que contendí por la jefatura delegacional en Álvaro Obregón y, particularmente, de manera posterior, cuando ocupé la Jefatura de Gobierno en el Distrito Federal, donde se establece en el Estatuto de Gobierno con toda claridad, que un requisito que para ser Jefe de Gobierno es acreditar residencia efectiva por lo menos tres años antes de ocupar el cargo, lo cual hice en su oportunidad.
De modo tal, y cuando anuncié que iba a cambiar mi residencia en el estado de México, de nueva cuenta en Texcoco, lo hice el 4 de diciembre de 2006, pues lo cierto que se genera un espacio de incertidumbre, donde se dejaría en manos de las autoridades electorales la posibilidad de nuestro registro.
He hecho las consultas jurídicas en distintos espacios, he conocido, incluso, el expediente que obra sobre mi persona en el Tribunal Federal Electoral en donde estoy sorprendido por la cantidad de datos que tiene, incluso tiene más de los que yo tenía, en donde no solamente reconocen que soy oriundo del Distrito Federal, sino que, por ejemplo, el 12 de mayo del 2000 se me otorgó el registro como candidato común del PRD, del PT, de Convergencia y del partido PCD, PSN, PAS, Democracia Social, de todos los partidos para contender en la Delegación Álvaro Obregón, y acredité constancia de residencia expedida por la jefa delegacional, y luego tuve que acreditar mi residencia efectiva, de acuerdo al Estatuto de Gobierno, para ocupar el cargo de Jefe de Gobierno.
Es más, me proporcionaron hasta el Diario de Debates, en el Tribunal, donde se acredita, -si me lo permiten, si me dan chance de encontrarlo- dentro de las consideraciones antes de mi rendición de protesta se establece -en la consideración número dos- que “tiene una residencia efectiva de más de tres años como lo exige la norma para el caso de los originarios del Distrito Federal, como lo demostró con las constancia respectivas expedidas en las delegaciones Álvaro Obregón y Coyoacán en el Distrito Federal”.
Evidentemente, me faltan cinco meses para acreditar la residencia con una salvedad adicional: actualmente soy diputado por el Distrito Federal por esta circunscripción, la cual no se encuentra el Estado de México.
He recibido propuestas muy diversas de compañeros que me han señalado que el tema jurídico puede resolverse acreditando nuestro domicilio, también me han señalado que no importa que si se retirara el registro posteriormente, y que haga yo la campaña para levantar al partido y a la izquierda y cohesionarla.
Pero en lo personal, creo que sería muy irresponsable no solamente generar una falsa expectativa en mis compañeros de partido, sino una posible frustración al momento en que se negara el registro. Y la verdad es que seguramente nos cuestionarían que sabiendo yo que se podría correr esta situación sería muy irresponsable participar, y por eso prefiero enfrentar mis decisiones, estrictamente, como lo he dicho, de manera personal, y no poner en manos del Tribunal Electoral del estado de México o en manos del Tribunal Federal Electoral, la definición del candidato de la izquierda en el Estado de México, menos aun cuando el Tribunal Federal validó el robo que nos hicieron en la elección presidencial en el 2006, y después nos despojó de la presidencia Nacional de nuestro partido.
Creo que ya bastantes experiencias hemos tenido para generar un factor de vulnerabilidad en donde, de nueva cuenta, se cifra un revés en la izquierda, y no quiero ser irresponsable, ni engañar a todos los compañeros que me han propuesto, lo cual agradezco infinitamente, y lo voy a corresponder .
¿De cuál manera me sostendré en la campaña del Estado de México? Espero que Yeidckol sea la candidata de las izquierdas en el estado. Contará con todo nuestro apoyo y la acompañaré a lo largo de toda la campaña. Acompañaré a la candidata de las izquierdas a lo largo de la campaña, espero que sea un frente del PRD, PT, Convergencia y de otros grupos estatales.
¿Cómo seguiré haciendo mi trabajo?, cumpliendo mis responsabilidades en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador con quien hoy platicamos y seguiremos trabajando juntos en las tareas que enfrentar a futuro.
Eso es lo que quería comentarles. Veo preocupaciones con Carmen Aristegui y con Ricardo Rocha, con Miguel Ángel Velázquez. Hoy la satisfacción es que es la primera vez que me cuestionan por no participar por una candidatura. Siempre me han cuestionado en todas las que compito, pero quiero asumir esta plena responsabilidad que es estrictamente mía y creo que hay que ser responsable cuando los compañeros que nos han propuesto y seguiremos trabajando a nivel nacional por construir un proyecto distinto de país desde la izquierda.
Estoy a sus órdenes.
Pregunta: Diputado, es precisión, ¿no es una idea por el destape que hace Andrés Manuel de Yeidckol, no lo forza a hacer esto?
AER: No, al contrario. Andrés Manuel y yo platicamos de esta situación con anterioridad, él conoce de mi decisión, incluso, lo ha hecho público. Evidentemente, es una decisión que ya tomé hace algunos meses y la conocen todos los dirigentes del movimiento, del partido, del PT y de Convergencia. En esto aquí, no hay ninguna sorpresa.
Pregunta: Diputado, yo quisiera preguntarle, ¿esto no significa que hay una separación entre los grupos del PRD que apoyan la alianza con el PAN? y, ¿si esto no significará un próximo rompimiento en la próxima campaña de la izquierda en el Estado de México?
AER: Bueno, sí hay una diferencia dentro del PRD entre quienes estamos en contra de las alianzas con el Partido Acción Nacional; hemos dicho que eso desdibuja nuestro proyecto político, y ése es el debate que estamos dando en estos momentos dentro del partido. Eso yo lo he sostenido con toda claridad desde hace mucho tiempo. Pero no creo que esto vaya a implicar, este debate va a llegar al 2012. Yo creo que en el 2012 no hay el escenario de crear una coalición entre las izquierdas y el PAN, es más, sería un gravísimo error de las izquierdas pretender ir a una coalición de esa naturaleza, lo que nos llevaría a dar marcha atrás a varias generaciones de lo que nosotros hemos pasado. Entonces, yo creo que en el 2012 debemos tener un perfil propio de las izquierdas.
Pregunta: ¿Cuáles serían las condiciones para lograr esta desunión que existe en el sector de izquierda en el Estado de México y lograr –usted está diciendo que va a apoyar a Yeidckol Polevnsky- pero, cómo remontar y en qué condiciones sería favorable una candidatura de unidad?
AER: Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en todos los estados: que haya una coalición, un acuerdo, entre los tres partidos principales de las izquierdas, PRD, PT y Convergencia. Definir un candidato, como se ha hecho en el caso de Guerrero, a través de las encuestas o de otras entidades, y quien esté mejor posicionado, que como lo es –ya lo sabemos- en las encuestas, Yeidckol está muy bien posicionada; bueno, pueda ser la candidata de este frente.
Por supuesto, habrá que respetar los tiempos y las formas de las convocatorias de todos los partidos, el acuerdo dentro del DIA, pero simple y sencillamente que siga el procedimiento que el DIA ha seguido en otras entidades, para garantizar esta coalición y una candidatura que concite el mayor apoyo posible.
Pregunta: Diputado, entonces, ¿qué le respondería a Andrés Manuel López Obrador que dice que sólo se va con quién tenga ganas y este es un momento de definiciones, de echarse para adelante, pareciera que dijera que Encinas no quiere irse para adelante?
AER: No, pues yo tengo muchas ganas, por supuesto que me encantaría ser gobernador del Estado de México, tengo el 40 por ciento de aceptación; tengo la posibilidad de convocar a una unidad muy alta de la izquierdas, pero también tengo muy claro mi vulnerabilidad legal, con lo cual sería una enorme torpeza e irresponsabilidad actuar, engañando a la gente, sabiendo que tengo este factor de vulnerabilidad, para poder acreditar mi registro como candidato.
Pregunta: Preguntarle también sobre la plataforma que ya está avanzando en el PRD, ahora digamos solo, antes de sentarse a dialogar con algún otro partido para una eventual alianza, esta propuesta la plataforma elimina el asunto de las bodas gays y la interrupción legal del embarazo. ¿Estos matices, que ya están poniendo, adelantan, prefiguran, ya en alianza con el PAN, de la que usted se ha quejado?
AER: Por eso no comparto este tipo de coaliciones, porque no solamente se desdibuja nuestro perfil político electoral, si no hay este tipo de concesiones programáticas, ideológicas. Yo creo que en este momento el país reclama de definiciones muy puntuales y precisas, y nosotros no podemos esconder nuestras diferencias debajo del tapete con el PAN.
Una cosa es ir construyendo acuerdos de gobernabilidad, pero otra es ir sentar, disputar electoralmente las posiciones de gobierno y ahí no caben los engaños al electorado, y hay que fijar muy claramente las posiciones.
Pregunta: Un juez del estado de Michoacán le otorga a Julio César Godoy Toscano, donde ya completamente le da el amparo, no nada más con sus derechos electorales, sino con todos sus derechos.
AER: Ya lo hemos señalado, eso lo tendrá que resolver la Sección Instructora ; en unos momentos más me voy a reunir con el presidente de la misma, con el diputado César Augusto Santiago para ver cuál va a ser el proceso que se va a seguir después de estas resoluciones, esperando que esto pueda resolverse en este periodo de sesiones.
Pregunta: Inaudible.
AER: Yo no quiero hacer ninguna evaluación, ya lo había señalado; será la Sesión Instructora que resuelva y nosotros nos allanaremos a los resultados de la Sección Instructora.
Pregunta: Diputado, una última pregunta. La convocatoria es a finales de marzo, principios de abril. En lo que es el CEN del PRD comienza a hacer su recorrido a lo largo de los 125 municipios. ¿Con esta decisión cabe la posibilidad de que el PRD tenga otro candidato diferente a Yeidckol?
AER: Bueno, que sea el candidato mejor posicionado. Hay una propuesta de Yeidckol a partir de las encuestas que existen y, bueno, de mantenerse ella en el primer lugar, creo que debe encabezar esta coalición de las izquierdas. Ya veremos qué pasa en marzo, pero yo apoyaré a un candidato que represente a las izquierdas en el Estado de México, a las izquierdas mexiquenses.
Muy bien, muchísimas gracias.
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GGL/MAM/MDHM/CSGPPR
México, S.A.
Alejandro Encinas RodríguezEl Universal
En el marco del trámite en que se convirtió la conmemoración del centenario de la Revolución, la Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado que aprueba la Ley de Asociaciones Público Privadas, con la cual el Ejecutivo pretende abrir a la iniciativa privada —en toda su dimensión— la construcción de infraestructura y la prestación de servicios públicos.
Se trata, dicen los promotores, de incrementar la cobertura y calidad de los bienes y servicios que proporciona el sector público, manteniendo la infraestructura en condiciones óptimas de operación, sin presionar el gasto público al diferir el impacto del endeudamiento a lo largo del periodo en que esté vigente el contrato. De aprobarse esta reforma el gobierno podría contratar empresas para financiar, construir, administrar y operar una infraestructura o un servicio público, otorgando una contraprestación, ya sea a través de una pago mensual durante el tiempo del contrato (25 a 40 años) o mediante la cesión de los ingresos por el servicio prestado. Se trata a todas luces de una privatización que transfiere la responsabilidad pública al sector privado.
La minuta parte —nuevamente— de la falsa idea de que la empresa privada es más eficiente que el gobierno, convirtiendo las responsabilidades públicas en negocios privados, sin garantías en el cumplimiento de los contratos y comprometiendo a futuro los recursos públicos, ya que a partir de la contratación el gobierno brinda garantías legales para que la deuda que se adquiere —a costos superiores a los del sistema bancario— se etiquete como gasto corriente y se considere prioritaria e ineludible, comprometiendo los recursos públicos para los años subsiguientes. Es decir, los contratos se deberán pagar antes de cualquier otro ejercicio y, en caso de negativa, el pago se hará con cargo a las participaciones federales a la entidad federativa de que se trate, con lo que se puede llegar al absurdo de que un gobierno local se quede sin recursos que ejercer al estar comprometidos en contratos anteriores.
El debate en torno a este tipo de asociaciones no es novedoso, las APPs surgen en 1992 en el Reino Unido, como un mecanismo a través del cual el Estado pretendía dinamizar la construcción y operación de infraestructura apoyándose en el financiamiento privado, amortizando los costos de la inversión a mediano y largo plazos. Se pretendía garantizar la disponibilidad de nueva infraestructura, delegando en el sector privado los riesgos y contingencias relacionados con la planeación, implementación y ejecución de las obras. Pero, a pesar de las bondades anunciadas, han surgido diversos problemas que han llevado a replantear —e incluso revertir— este tipo de asociación, pues se ha demostrado que el costo de financiamiento de la infraestructura pública suele ser superior al del esquema tradicional, ya que el particular busca una tasa de retorno superior a la obtenida mediante deuda, lo que impacta negativamente las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes, al tiempo que la acumulación de pasivos a largo plazo reduce la capacidad de acción de administraciones ulteriores. En algunos casos han surgido terceros para renegociar y cumplir parcialmente las obligaciones asumidas por el contratante original y en otros las obras han quedado inconclusas y los servicios suspendidos. En varios más, la calidad de las obras y servicios ha sido menor y se han identificado casos de corrupción.
Evidencias internacionales demuestran que no se transfiere ningún riesgo al particular, no se cumplen los plazos y las especificaciones de los contratos y no se sanciona a las empresas por incumplimiento, a lo que se suma, en nuestro caso, el hecho de que se viola la Constitución al hacer una interpretación sesgada de la rectoría del Estado, mediante la asunción de deuda contabilizada como gasto corriente, prescindiendo, además, de la facultad fiscalizadora del Congreso.
De aprobarse esta ley, el Estado abdicaría de sus funciones en favor de un particular motivado por la ganancia. El Estado permanecería como garante. Si el sector privado experimenta pérdidas o abandona el contrato, se le impone una penalidad que no compensa el daño, el esquema se traduce en altas ganancias para el contratista y más costos para el gobierno, reduciendo al Estado a una magra oficina de recaudación y pagos al servicio del poder económico.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD
IFE: Consejo por consenso
Alejandro Encinas Rodríguez
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 09 de noviembre de 2010
Concluido el plazo para sustituir a tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados no ha alcanzado un acuerdo que garantice la mayoría calificada que requiere la votación.
La falta de acuerdo reside en las distintas visiones respecto a como debe integrarse la terna: si a partir de un acuerdo bilateral entre los grupos parlamentarios que garantice las dos terceras partes de la votación, o mediante la construcción de un consenso, que además de satisfacer a la inmensa mayoría de los diputados, dote de un mínimo de legitimidad y autoridad a los nuevos consejeros, ante el descrédito en que se encuentra el IFE.
No es un asunto menor. Se trata de una de las decisiones más importantes que tomará esta legislatura, y que será determinante en la composición del Consejo General del IFE que organizará —entre otras— las elecciones presidenciales de 2012 y 2018.
Dicha resolución enfrenta el riesgo de reproducir prácticas que han sido severamente cuestionadas por la opinión pública, como la designación de los consejeros mediante el reparto de las posiciones entre los grupos parlamentarios, o la deleznable práctica del “quitapón” —los que salen son míos y por tanto los sustituyo—, que han puesto en entredicho la independencia e imparcialidad del órgano electoral, por lo que el ínterin abre la posibilidad de construir un consenso, asumiendo que uno de los traspiés que llevó al demérito del IFE fue haber incurrido en el veto y las cuotas entre los partidos en la integración del Consejo.
Uno de los méritos en la integración del primer Consejo General del IFE fue que éste se constituyó a partir de un acuerdo integral que permitió seleccionar a individuos con capacidad, experiencia y prestigio público reconocido, que independientemente de sus diferencias y personalidades acreditó un trabajo profesional, a contrapelo de lo acaecido en 2004, cuando un acuerdo entre el PAN y el PRI excluyó al resto de los grupos parlamentarios, lo que trajo consigo un Consejo cuestionado de origen, lo que contribuyó al clima de enrarecimiento y polarización política en la elección de 2006.
El IFE surgió de una de las reformas más importantes de finales del siglo XX, cuando se eliminó la intervención gubernamental en la organización de los procesos electorales, logrando la autonomía del instituto. Por lo que pretender integrar el consejo del IFE por representación proporcional de acuerdo al número de integrantes de los partidos representados en el Congreso o mediante un acuerdo bilateral quebranta la autonomía del instituto y restablece la subordinación del mismo, ahora, a los partidos políticos.
De ahí la importancia de impedir un reparto de cuotas entre partidos y la necesidad de llegar a un entendimiento respecto a quienes asumirán una responsabilidad pública de primer orden, poniendo énfasis en su formación y experiencias profesionales, así como en sus antecedentes para garantizar autonomía del gobierno y los partidos, como condición para dotar de un mínimo de legitimidad a un instituto cuestionado, no sólo por su actuación en 2006, sino por su endeble papel ante los poderes fácticos y los medios de comunicación.
Es cuestionable que la decisión no se haya tomado en los tiempos establecidos por la ley. Sin embargo, ello abre la oportunidad de construir un arreglo al seno de la Junta de Coordinación Política, que en tanto órgano colegiado cuente con la participación de todos los grupos parlamentarios. El peor error que se puede cometer es repetir la experiencia del 2004 e integrar el Consejo General del IFE a partir de los intereses partidistas, lo que socava la autonomía y la viabilidad del IFE para garantizar equidad, imparcialidad, profesionalismo y certeza en los procesos electorales.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Descarta que su partido busque afectar las líneas de mando en las fuerzas armadas
Están a debate todos los fueros, no sólo el militar, asegura Alejandro Encinas
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La JornadaJueves 28 de octubre de 2010, p. 12
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados sostuvo que en la búsqueda de acotar el fuero militar la intención no es afectar las líneas de mando ni la disciplina en las fuerzas armadas, sino delimitar con toda claridad el ámbito de su actuación, especialmente en regiones donde se han generado conflictos con la sociedad civil.
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La JornadaJueves 28 de octubre de 2010, p. 12
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados sostuvo que en la búsqueda de acotar el fuero militar la intención no es afectar las líneas de mando ni la disciplina en las fuerzas armadas, sino delimitar con toda claridad el ámbito de su actuación, especialmente en regiones donde se han generado conflictos con la sociedad civil.
Durante el foro Justicia Militar y Derechos Humanos, el coordinador de la bancada perredista, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que el debate sobre el fuero militar, a partir de la iniciativa presidencial en esa materia, también abrirá la discusión sobre la vigencia y el alcance de los fueros de los legisladores y los funcionarios públicos.
Afirmó que además de la violencia, el país vive graves problemas de impunidad, la cual facilita la ausencia de “reglas muy claras para impedir abusos de la autoridad o de quienes detentamos un fuero de cualquier naturaleza”.
En momentos en que la sección instructora de la Cámara de Diputados decide si ha lugar a que se inicie un juicio de desafuero al diputado Julio César Godoy Toscano (PRD), Encinas Rodríguez sostuvo que los fueros que otorga la Constitución a mexicanos por razón de su cargo político “están a debate”.
“Todos los fueros. No solamente el militar, también del que gozamos legisladores y funcionarios, porque indudablemente la prevalencia de fueros no perfectamente definidos y acotados genera, en ocasiones, no sólo violaciones a derechos humanos, sino también impunidad”, expresó.
Refirió que para el PRD, la discusión sobre los alcances del Código de Justicia Militar, que garantiza a integrantes de las fuerza armadas que cometan delitos de orden civil ser procesados en juzgados castrenses, es una prioridad, al igual que la ley en materia de seguridad nacional.
“Para nosotros es muy importante este tema, y dilucidar con toda precisión los alcances de reformas constitucionales y legales, porque es importante que, en momentos en que el país está en una situación muy delicada, se eviten los abusos por prevalencia del fuero”, indicó.
Encinas expuso que su bancada está en la mejor disposición de entrar a un debate de fondo en esos temas, y que la minuta del Senado respecto del fuero militar “será objeto de una muy profunda discusión por las implicaciones que tiene”.
Refirió que mientras en el Senado se estudia la iniciativa presidencial de reforma al Código de Justicia Militar, en las comisiones de Defensa Nacional, de Marina y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se revisa la minuta de Ley de Seguridad Nacional, que será discutida además en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria
martes 26 de octubre de 2010
Ley del Seguro Social
Intervención del Dip Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con su autorización, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
El tema que discutimos el día de hoy es quizá uno de los asuntos más importantes que resolverá esta Legislatura. No se trata de dar satisfacción a compromisos de campaña o dar satisfacción a alianzas electorales.
El tema de fondo radica en el futuro de la seguridad social en este país y la pretensión de desmantelar no solamente una de las instituciones precursoras del estado de bienestar en nuestro país, sino iniciar un proceso de privatización para trasladar recursos públicos a favor de particulares.
Conocemos y reconocemos el problema de abasto de medicamentos a los derechohabientes del Seguro Social. Eso nadie lo puede negar. Los derechohabientes requieren de atención médica y de medicamentos oportunos de calidad y con abasto suficiente.
Sin embargo, la ruta que se está planteando no es la solución y el tema de hoy adolece de dos problemas fundamentales.
El primero es, un asunto de procedimiento de cómo se elaboran las leyes en esta legislatura, y el caso que nos ocupa se refiere a un dictamen que no fue discutido ni aprobado en la Comisión de Seguridad Social y que se levantó en una de las peores prácticas parlamentarias a partir del acopio de firmas entre integrantes de la comisión, lo cual presenta un vicio de origen, al que se acompaña que no se emitió opinión por la Comisión de Salud ni tampoco por la Comisión de Presupuesto para avalar la suficiencia presupuestaria que implica esta ley.
Por lo cual lo anuncio desde ahora, que de aprobarse esta iniciativa nosotros iniciaremos los trámites legales a los que tenemos derecho para acreditar de inconstitucionalidad de esta ley, en caso de aprobarse.
Pero el problema de fondo es este intento de desmantelar al Instituto Mexicano del Seguro Social e insistir en una política de privatización que ha dado clara muestra no solamente de la renuncia del Estado a cumplir con su responsabilidad social, sino cómo los procesos de privatización ni van a resolver los problemas de atención médica ni los problemas de abasto de medicamentos y por el contrario, en primer lugar, comprometerán las finanzas del Seguro Social ya que en ningún caso, como lo hemos visto en experiencias en otras partes del mundo y en este país, el adquirir medicamentos con particulares a un sobreprecio superior al que se obtienen las ventas consolidadas llevará a que se agoten los recursos para satisfacer a lo largo del año la demanda de atención médica de medicamentos a los derechohabientes del Seguro Social.
Hoy, lo decía muy bien Muñoz Ledo en su intervención, el jueves de la semana pasada, el primer paso de la privatización es entregar los vales para medicamentos. Mañana será seguramente los vales para consulta, más adelante los vales para la hospitalización externa y ahí consecutivamente a desmantelar la institución que debe garantizar la atención adecuada a los trabajadores mexicanos.
Por eso nuestro partido, teniendo claridad en este problema, votará en contra e insistirá en que es a través de satisfacer la demanda de recursos del Seguro Social, eliminar las cadenas de intermediación y la profunda corrupción que hoy prevalece, y que seguramente se incrementará al alentar el desabasto de manera deliberada para que se vean beneficiadas las grandes cadenas de intermediación y distribución de medicamentos en este país en unas cuantas manos, y refrendemos nuestro compromiso para que la seguridad social sea parte de una política pública de Estado que garantice la atención adecuada y los requerimientos de equidad e igualdad que requieren los trabajadores mexicanos.
No tenemos ninguna duda de que este planteamiento es la solución de fondo y no este gran negocio que busca solamente trasladar recursos públicos a unos cuantos particulares que han hecho de la salud un gran negocio a costa de la necesidad de los mexicanos. Muchas gracias.
La “Ley Simi”
Alejandro Encinas Rodríguez
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 26 de octubre de 2010
Nadie puede negar el serio problema de abasto de medicamentos en el IMSS ni la profunda inconformidad de los derechohabientes por no gozar del abasto oportuno de las medicinas que requiere su tratamiento médico. Esta es una realidad urgente que hay que atender pues ningún trabajador que cotice a ese Instituto ni sus familias, deben quedar sin la adecuada atención médica y medicamentos de calidad.
Sin embargo la reforma, que se quiere imponer en el Congreso de la Unión para “resolver” este problema mediante la entrega de un vale canjeable en farmacias privadas, es una falsa solución, que además de generar mayores dificultades financieras y operativas en el propio Instituto; encubre un gran negocio a favor de las cadenas farmacéuticas e inicia la privatización de la institución más importante de seguridad social de nuestro país.
La iniciativa, conocida ya como la “Ley Simi”, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular.
Pues el “dictamen” no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica. A lo que se suma el hecho de que el “dictamen” omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.
Y el segundo, el asunto de fondo que encubre esta iniciativa, es el gran negocio que se pretende desplegar a partir de la virtual renuncia del Estado mexicano a su obligación de garantizar la seguridad social; alentando la privatización de una institución precursora del Estado de bienestar y de los derechos sociales de los trabajadores, pues de aprobarse esta medida se creará un quebranto a las finanzas del IMSS, ya que si actualmente no hay recursos para garantizar en su totalidad el abasto de los medicamentos, al momento que se establezcan vales con un precio diferencial más alto, las finanzas del Instituto se verán comprometidas.
Se estima que el IMSS deja de abastecer alrededor del 3% de las medicinas que receta. Es decir, alrededor de un millón y medio cada año, lo que suma más de mil 500 millones de pesos. A lo que se incorporan los problemas de intermediación, comisiones y corrupción que crean un circulo vicioso, que dada la desigual estructura del mercado, concentrará en los grandes intermediarios y distribuidores, entre otros, los ligados a los propietarios de la franquicia del Partido Verde Ecologista de México, las que establecerán precios más altos que el que se obtiene en compras consolidadas, sin garantizar necesariamente la calidad y existencia de los medicamentos, en menoscabo de las finanzas del Instituto y la calidad de servicio a los derechohabientes.
Se pretende iniciar la privatización del IMSS, a partir de un acto flagrante de corrupción que alimenta el gran negocio que está detrás de esta medida: abrir la puerta a particulares no para mejorar el abasto de medicinas y los servicios de salud, sino para favorecer a los grupos económicos que han hecho de la salud un gran negocio; como ya sucede con el Seguro Popular, que a partir de sobreprecios desmedidos, transfiere mas del 60% de su presupuesto a los distribuidores privados.
Hoy son las medicinas, luego vendrán los vales para la consulta médica, mas adelante serán para la hospitalización externa, hasta dispensar los recursos a particulares y desmantelar al IMSS. Lejos de continuar por la senda privatizadora que ha mostrado su inviabilidad a lo largo de tres décadas, el Estado debería asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad social de los mexicanos, en lugar de continuar debilitando y desmantelando las instituciones públicas, únicas capaces de atemperar la profunda desigualdad que prevalece en el país.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Mando único y corrupción policial
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 12 de octubre de 2010
Finalmente, en el cuarto año de ejercicio, el Ejecutivo federal envió al Senado de la República la iniciativa para establecer un mando único en las policías de las entidades y prácticamente desaparecer las policías municipales, las cuales para existir deberán someterse a un proceso de acreditación ante la autoridad estatal y federal.
Para Calderón, esta propuesta representa un golpe de timón en el modelo de organización policial que permitirá al Estado garantizar la seguridad pública, al fortalecer su capacidad para reaccionar hacia el delito, permitirá fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección y proximidad ciudadana de los cuerpos policiales y replantear el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública municipal y estatal.
Es innegable que se necesita una reestructuración de los cuerpos de seguridad pública, aunque el problema no se debe reducir a la cuestión policial. Existe una profunda debilidad institucional que ha llevado a una crisis del modelo de seguridad pública y procuración de justicia, así como un proceso continuado de empobrecimiento y exclusión de la población que arroja a miles de jóvenes a los brazos de la delincuencia organizada.
Nadie duda que la corrupción ha permeado las corporaciones policíacas. Estamos frente a datos contundentes; por ejemplo, un estudio de Edgardo Buscaglia señala que 81% de los municipios están penetrados por la delincuencia organizada.
Pero el problema es mayor, y si bien la corrupción es profunda en el ámbito municipal, ésta se extiende en las corporaciones estatales y federales, las cuales, a diferencia de las municipales, tienen capacidad operativa y recursos, y son el eslabón más importante en la cadena que ha penetrado la delincuencia para su operación.
Se trata de una crisis en la que concurren múltiples factores. Desde problemas de visión estratégica, mando, operación y corrupción, que hoy se pretende descargar toda la responsabilidad en la debilidad de las policías municipales.
Retomando cifras oficiales: 12 de las 31 entidades federativas no tienen policía en todos sus municipios, 400 de los 2,441 municipios de México no tienen policía, de los 2 mil restantes el 65% tienen de uno a 30 elementos, 10 municipios concentran al 15% de los elementos. El 20% de los policías gana mil pesos mensuales, el 68% tiene educación básica y el 2% es analfabeta. En resumen, en la absoluta mayoría de los municipios la policía es inexistente.
Pero el reclamo de la federación hacia los municipios es que éstos no apoyan, y lejos de fortalecer a los municipios, la iniciativa trastoca principios constitucionales fundamentales del municipalismo, pues, lejos de apoyar a la autoridad más cercana al ciudadano, propicia su debilitamiento al establecer una línea de mando que concentra un enorme poder en la SSP federal, como si el modelo de policía estatal y federal fuera exitoso e incorruptible, vulnerando la norma constitucional que establece como atribución prioritaria del municipio brindar la seguridad pública.
Abundan los ejemplos de corrupción policial, como los recientes escándalos de la Policía Federal en Ciudad Juárez, o los cientos de policías federales dados de baja. Cabe recordar cómo en esta administración la AFI desapareció por corrupción. Ahora el mismo responsable de esa policía, el actual secretario de Seguridad Pública federal, asumiría el mando único.
Se requiere una transformación integral de las policías, lo que exige en primer término replantear el sistema de seguridad y justicia del país diseñado para servir al poder y no para proteger a los ciudadanos.
Existen diversas propuestas para alcanzar este propósito sin necesidad de crear un embrollo centralista que rompe con el sistema federal mexicano, pues con esta iniciativa se erigiría un jefe policiaco máximo, con un poder inmenso y capacidad para intervenir una policía estatal. La Policía Federal tendría mando sobre las policías estatales.
Este sería el jefe de jefes de todas las policías, con lo que se correría el riesgo de replicar experiencias nefastas para el país como las tristemente célebres gestiones del general Alfonso Durazo o el Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, policías tan fuertes como corruptas.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD
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