Ayotzinapa
Alejandro Encinas
El
Universal
El
pasado 15 de junio, la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, así como la
Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, dimos a conocer la
identificación del estudiante normalista, Jhosivani Guerrero de la Cruz, así
como la confirmación de la identificación de Christian Rodríguez Telumbre,
resultado de los análisis genéticos realizados por la Universidad de Innsbruck en
Austria, que arrojaron un 99,9999 por ciento de certeza sobre los hallazgos
realizados en la Barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula,
Guerrero.
Resultados
que, una vez validados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, fueron
dados a conocer previamente a sus familiares, de manera franca y respetuosa, en
una sensible visita a su hogar.
Estos
hallazgos, aunque dolorosos, nos acercan a la verdad y ayudan a sanar la herida
que dejó la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas la trágica
noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, con la que se
pretendió borrar toda evidencia que pueda dar con su paradero.
Se
trata de un crimen con un alto grado de complejidad, más aún cuando la
desaparición de los 43 estudiantes se da en un contexto de desaparición, que
rebasa la cifra de 88 mil personas en México.
La
particularidad de este caso recae no sólo en su magnitud (cuarenta y tres
personas), el perfil de las víctimas (jóvenes estudiantes, oriundos de zonas
marginadas del país y algunos de comunidades indígenas), sino también por el
contexto de criminalidad, la participación del crimen organizado en colusión
con agentes del Estado; así como el agravio que representan las omisiones de
las autoridades locales y federales posteriores a los hechos y en el esfuerzo
sistemático y orquestado de éstas, por borrar todo rastro del paradero de los
muchachos y, así, consumar su desaparición.
Se
pretendió enterrar la verdad, y ahora, defensores oficiosos de la llamada
“verdad histórica”, pretenden descalificar los avances en la nueva
investigación, cuando guardaron silencio y compartieron complicidades con las
autoridades de entonces, las que, lejos de activar el andamiaje institucional a
su alcance para buscar a los jóvenes en cuanto tuvieron conocimiento de los
hechos, buscaron minimizar lo ocurrido y dar carpetazo a un asunto del que
nunca tuvieron idea de su trascendencia.
La
construcción dolosa de la “verdad histórica”, y el ocultamiento de las
evidencias que la contravinieran, tuvieron graves consecuencias para el
esclarecimiento de los hechos y para llegar a la verdad y la justicia para los
estudiantes normalistas, sus familias y el país.
La
investigación continúa sin estridencias ni simulaciones. Con apego a la ley.
Sus avances y resultados se harán públicos conforme sean verificables y tengan
respaldo científico. El objetivo es dar con el paradero de los estudiantes
desaparecidos, y con ello, conocer la verdad, hacer justicia y garantizar la no
repetición.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y
Migración.
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