El derecho a ser buscado

Alejandro Encinas

El Universal

2 de marzo de 2021

 

El día de ayer se llevó a cabo un foro virtual organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República para debatir respecto a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Una reforma que, si bien busca fortalecer la autonomía constitucional recientemente otorgada a la Fiscalía, así como los procesos para combatir la impunidad de manera eficaz, establece nuevas disposiciones que, de no atenderse, implicarán un retroceso en la consolidación del sistema nacional de derechos humanos. Un sistema que es resultado del impulso incansable de mexicanas y mexicanos que vieron en la complicada realidad del país y en nuestro pasado reciente, la necesidad de contar con un entramado jurídico e institucional que permitiera hacer frente a la crisis humanitaria y a la grave situación de violencia y violación de los derechos humanos que enfrentamos.

La propuesta parte, equívocamente, de la desconfianza de la FGR hacia las instituciones con las que se debe articular y, si bien el dictamen hace referencia a la coordinación interinstitucional, impone mecanismos de subordinación de distintas instituciones de la Administración Pública Federal. En particular, la iniciativa plantea el retiro de la FGR como integrante del Sistema Nacional de Búsqueda; de la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas, así como de su responsabilidad de encabezar el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura y de su rol en la Coordinación General de Investigación de los delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia.

Establece la pretensión de eliminar los artículos 24 y 45 de la Ley General en Materia de Desaparición, lo que implicaría la imposibilidad de articular las acciones que garanticen la búsqueda de las personas, así como la propuesta de modificar el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que deslindan a la FGR del papel fundamental que cumple en la Junta de Gobierno de este Mecanismo, en la obligación constitucional de investigar los hechos y participar en la implementación de las medidas de protección.

Este no es un debate nuevo. Data de años anteriores, y que encuentra su centro en una visión regresiva respecto a desconocer el derecho humano de las personas desaparecidas y no localizadas a ser buscadas. Como lo señaló oficialmente la representación de la FGR durante las discusiones del Protocolo Homologado de Búsqueda al señalar: “Es necesario replantear de concepto de ‘derecho de toda persona a ser buscada´, en tanto que una persona desaparecida no puede exigir un derecho del que no puede disponer por no gozar de su libertad, y por tanto, no tener acceso a una autoridad que impulse su búsqueda”, con lo que pretende sustraerse del Sistema Nacional de Búsqueda y, con ello, de las obligaciones constitucionales y legales de la fiscalía en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Tras las críticas a esta formulación, se ha pretendido establecer diversas modalidades para mantener la participación de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda y en otros Mecanismos, a partir de una figura por demás sui generis, como la de “invitado obligado”, lo que no resuelve el problema, pues carece de sentido un “convidado de piedra” que no asuma responsabilidades concretas.

He insistido en que debe evitarse el error que se cometió en gobiernos anteriores, que eludieron la responsabilidad del Estado en la búsqueda de personas, lo que codujo a nuestro país a una tragedia humanitaria: 83,858 personas desaparecidas, donde los responsables gozan de absoluta impunidad, toda vez que a la fecha solo se han emitido 40 sentencias, cinco de las cuales fueron absolutorias.

Remontar esta situación, exige reconocer, sin ambigüedades, el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas, y crear nuevas modalidades de intervención del Estado, retomando experiencias novedosas como la que representa la Fiscalía Especial y la Comisión Presidencial para esclarecer la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

 

La propuesta que debate el Senado plantea el regreso a una institución vertical y rígida, así como una visión errónea de la autonomía de la Fiscalía, que debería asumir ésta dentro de un sistema donde los poderes están vinculados entre sí y deben actuar de forma coordinada, desde una perspectiva entre pares, en tanto instituciones del Estado.

Enfrentar la crisis humanitaria y de derechos humanos que vivimos, demanda de una novedosa intervención estatal, incluida la Fiscalía, escuchando a las víctimas y a las instituciones que han tenido una experiencia directa en la implementación de estas leyes y así, dar una respuesta para fortalecer el sistema de justicia y derechos humanos en su conjunto. 

Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración.