Hacia
el fin del prohibicionismo
El Universal
24 de noviembre de 2020
El Senado de la República ha dado un primer
paso para dejar atrás la política prohibicionista que reguló el combate a la
drogas durante las últimas décadas al aprobar el dictamen que crea la Ley
Federal para la Regulación del Cannabis, la cual asume el problema del consumo
de drogas como un asunto de salud pública regulando la producción y el consumo
personal del cannabis desde una perspectiva de derechos humanos, con lo que se
pretende dejar atrás la violencia generada por el narcotráfico y la
criminalización de productores y consumidores.
La historia muestra que el prohibicionismo
no inhibió el consumo de drogas y por el contrario su producción y distribución
trajo consigo la formación de poderosas organizaciones criminales atraídas por
las grandes ganancias del negocio. Por el contrario, diversas investigaciones
muestran que la despenalización no se ha asociado con el incremento en la
incidencia delictiva ni con problemas serios de salud y que no existe evidencia
para aseverar que la despenalización del cannabis lleva a aumentos en el
consumo de otras sustancias psicoactivas.
De acuerdo con el Inegi, en 2018 el delito
de narcomenudeo representó 14 por ciento del total de delitos del fuero común,
siendo el segundo delito más importante, solo por debajo del delito de robo.
Ese año, más de 17 mil personas fueron imputadas por delitos de narcomenudeo
relacionados con la tenencia de cannabis. El 45 por ciento de éstas, fue
imputado por portar cantidades de entre 5 y 30 gramos de la planta, mientras
que el 29 por ciento lo fue por portar más de 250 gramos. En el caso de los
adolescentes, cerca del 90 por ciento de los inculpados por posesión de
cannabis portaba menos de 30 gramos.
La eventual aprobación de esta ley pone en
el centro a las personas y comunidades, generando mecanismos de atención sobre
las necesidades diferenciadas de su consumo y la regulación de la producción y
el mercado.
El reconocimiento del uso lúdico de la marihuana
es un paso importante para el acceso a la justicia y al libre desarrollo de la
personalidad, ya que contempla el autoconsumo en personas mayores de 18 años en
portación no mayor a 28 gramos, o en asociaciones de consumo, manteniendo la
prohibición al consumo en menores de edad o en personas imposibilitadas para
dar su consentimiento libre e informado.
La minuta crea el Instituto Mexicano de
Regulación y Control de Cannabis, un organismo público desconcentrado de la
Secretaría de Salud, el cual establecerá los mecanismos de regulación de la
producción, distribución y consumo bajo un enfoque de salud pública, derechos
humanos, desarrollo sostenible y justicia social.
Ello permitirá al Estado otorgar licencias
para la comercialización del cannabis, las cuales deben favorecer un esquema de
comercio a pequeña escala, quitando a los cárteles el negocio de la marihuana,
inhibiendo conductas que puedan ser constitutivas de prácticas monopólicas,
garantizando el reconocimiento de los pequeños productores y la no
criminalización de los pueblos y comunidades que se han visto orillados a
dedicarse a la siembra, hasta ahora ilegal, de la marihuana.
La minuta se encuentra para su discusión y
dictamen en la Cámara de Diputados, la que puede profundizar los cambios y dar
mayores certezas para enfrentar los retos en su implementación ante la
complejidad del contexto mexicano, desde garantizar la implementación de
políticas públicas de prevención y atención a la salud de las personas que
padecen trastornos por uso de sustancias con perspectiva integral de reducción
de daños, al tiempo de des estigmatizar su uso, bajo una perspectiva de
derechos humanos y respeto al libre desarrollo de la personalidad.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
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