Pandemia y derechos humanos

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

7 de julio, 2020

 

La pandemia avanza, y más allá de las medidas sanitarias implementadas, autoridades de distintos órdenes de gobierno han promovido acciones que, pretendiendo evitar la propagación de la pandemia, lejos de favorecer las acciones preventivas, han impuesto restricciones que violan los derechos de las personas.

 

Durante los últimos meses, distintas autoridades han promovido acciones en el diseño de políticas efectivas que no han puesto en tela de juicio los derechos de las personas; sin embargo, durante los meses de mayo y junio, se emitieron 428 medidas estatales y municipales con potencial violatorio de derechos, que comprenden, desde toques de queda en municipios y comunidades, hasta el cierre de accesos a los mismos. Al tiempo que se registraron 53 medidas extraordinarias con sanciones desproporcionadas, como multas o arrestos, que han demostrado carecer de eficacia, al no existir una correlación directa de su implementación y la tasa de casos confirmados de COVID-19.

 

La aplicación de estas medidas, han derivado en tensiones y conflictos al desatender criterios básicos para garantizar el respeto de los derechos humanos: que toda medida que restrinja derechos debe ser debidamente comunicada y estar en el marco de competencias de la autoridad que la aplica; que sea proporcional al problema que se busca enfrentar; que la medida  persiga un fin legítimo y constitucionalmente válido, como la salud pública; que la medida  sea idónea y necesaria para conseguir ese fin; que no debe haber una disposición menos lesiva para alcanzar el objetivo; que pondere si el beneficio obtenido es mayor a la afectación ocasionada; que tenga una temporalidad limitada y esté sujeta a vigilancia.

 

El caso de mayor resonancia se registró en el estado de Jalisco, que tras la detención de 412 personas en tan solo 21 días (20 de abril a 12 de mayo) por incumplir el aislamiento obligatorio o no usar cubrebocas, registró el homicidio cometido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, del joven Giovanni López, detenido por no usar cubrebocas.

 

Se detectaron, además, cierres de caminos y carreteras, 54 toques de queda a nivel municipal, retenes y otras medidas que implican una restricción severa al libre tránsito. Al tiempo que sumaron ya, 343 peticiones por actos de discriminación ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre el 19 de marzo y el 9 de junio.

 

En contraparte, se registraron, entre abril y mayo, 103 agresiones en 29 estados a profesionales del sector salud. Tan solo el Instituto Mexicano del Seguro Social, registró 55 agresiones a personal de enfermería.

 

Las conclusiones son múltiples, sin embargo, cabe destacar que las medidas lesivas no sólo no logran combatir de forma eficiente la pandemia, sino que han dado paso a violaciones graves a los derechos humanos, dejando en claro, la necesidad de establecer medidas que apelen a la corresponsabilidad en los ámbitos social, laboral, educativo y recreativo para enfrentar la emergencia sin menoscabar derechos.

 

La Nueva Normalidad, exige colocar a los derechos humanos en el centro de las políticas públicas. La emergencia global demanda de solidaridad colectiva y atenuar las reacciones de miedo e intolerancia.

 

(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)