10 años del reconocimiento y probación del
matrimonio igualitario
Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2019
A 10 años del
reconocimiento y aprobación del matrimonio igualitario por la entonces Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, la Subsecretaria de Derechos Humanos,
Población y Migración y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), saludan el trabajo desarrollado de manera conjunta entre la
sociedad civil y las autoridades locales, con lo cual se logró reconocer el
derecho a formar una familia, a través de la institución del matrimonio, a las
parejas del mismo sexo a quienes históricamente se les había negado.
Este
hecho convirtió a la Ciudad de México en la primera ciudad en América Latina en
reconocer el matrimonio igualitario en su legislación civil. Posteriormente, en
2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de
Inconstitucionalidad 2/2010, dónde determinó que el matrimonio, definido como
la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer con fines de procreación es
inconstitucional y promueve la desigualdad.
De
esta manera, el criterio asumido por la SCJN sirvió para colocar en el debate
público la agenda pendiente de la diversidad sexual y de género, pues, en esa
resolución, la Suprema Corte reconoció la orientación sexual como una categoría
protegida contra la discriminación. Con ello, se reconocen los derechos de
todas las personas sin discriminación para construir un México cada vez más
incluyente e ir fortaleciendo nuestra democracia.
Actualmente,
en la República mexicana, 17 entidades federativas reconocen el matrimonio
igualitario en sus legislaciones; 12 de ellas a través de reformas a sus
Códigos Civiles y/o Familiares (Baja California Sur, Ciudad de México,
Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis
Potosí, Oaxaca y Quintana Roo), y 5 a través de Acciones de inconstitucionalidad
resueltas por la SCJN (Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla).
Por
lo tanto, esta Subsecretaría y el CONAPRED reiteran la importancia de que los
tres poderes en sus tres niveles de gobierno, avancen en el reconocimiento,
garantía y respeto de los derechos humanos sin discriminación en todo el
territorio nacional.
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