De la guerra sucia a la guerra inútil
Alejandro Encinas Rodríguez
Alejandro Encinas Rodríguez
31 enero de 2012
La noche del 26 de enero falleció Miguel Nazar Haro, ex titular de
la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, DFS. Personaje
emblemático de uno de los capítulos más nefastos de la historia del país, pieza
clave del engranaje de espionaje y represión del sistema político acuñado por
el PRI, quien tuvo a su cargo, durante casi dos décadas, la seguridad interior
de México bajo el estigma de la guerra fría, a partir de la cual justificó la
persecución y represión a los disidentes del régimen.
Desde la DFS encabezó las operaciones clandestinas ilegales con
las que actuaba el gobierno, a partir de la Brigada Especial, artífice de la
guerra sucia en los años 70.
Nazar Haro, al igual que Gutiérrez Barrios y Luis Echeverría,
nunca fue juzgado por los crímenes cometidos en 1968 ni por la matanza del 10
de junio de 1971 ni por la guerra sucia de los 70, que trajo consigo el
asesinato y las desapariciones forzadas de un número indeterminado de
militantes de izquierda. Por el contrario, en distintos momentos fue reconocido
por su desempeño, Por lo que él mismo se consideraba un patriota, ya que para
él constituía “un acto de patriotismo” espiar, secuestrar, torturar, asesinar o
violar sistemáticamente los derechos humanos, gozando del privilegio de haberse
erigido en el represor oficial del Estado mexicano.
Con la muerte de Nazar, de Gutiérrez Barrios, de Díaz Ordaz y la
sentencia popular a Luis Echeverría, se cierra una época de infamias y abusos,
que bajo el mandato de preservar la seguridad del Estado y “la paz social”,
vulneraron los derechos y la paz de los mexicanos. Décadas después, perduran
muchas de las prácticas ilegales del Estado, como son los llamados “daños
colaterales” derivados de la llamada “guerra” otrora la delincuencia organizada
que alcanza niveles de violencia otrora inimaginables y de violaciones
recurrentes a los derechos humanos.
En semanas recientes se desató una polémica tras el reconocimiento de la PGR de 43 mil 453 muertes vinculadas a la cruzada contra el crimen organizado y la insistencia de que el 90% de éstas están relacionadas con delincuentes. La respuesta de diversos organismos civiles como Human Rights Watch, fue contundente. Retó al gobierno mexicano a demostrar que las muertes reconocidas oficialmente tienen una relación directa con la delincuencia organizada y no son víctimas de esta “guerra”, poniendo como ejemplo 24 casos documentados en su informe “Ni seguridad ni derechos”, donde acredita que miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales tanto de civiles ejecutados por autoridades o que murieron a causa de las torturas sufridas, como de civiles asesinados en retenes militares o durante enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad en circunstancias que no ameritaban el uso de la fuerza en su contra.
Junto a ello, la CNDH ha informado que la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país pasaron de 691 al inicio del sexenio a 6 mil 65 quejas presentadas hasta 2011, que dan cuenta de un incremento de alrededor de 900% , de las que existen 98 recomendaciones emitidas, 29 de ellas con sentencia condenatoria.
Quizá nunca sabremos el número de víctimas de la guerra sucia ni sean sancionadas las crecientes violaciones a derechos humanos en esta inútil guerra, lo que no obsta para mantener nuestra preocupación ante la impunidad con la que verdaderos terroristas de Estado, como Nazar Haro y demás responsables de desapariciones forzadas, torturas y homicidios de opositores al régimen han actuado, ni para mantener la exigencia de justicia y que el estado respete las garantías de los ciudadanos. No es venganza. Se trata de un derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reconciliación como condiciones para alcanzar una verdadera democracia. Lo que está en entredicho, a diferencia del pasado, no es la seguridad del Estado, sino de los ciudadanos.
Diputado federal por el PRD
En semanas recientes se desató una polémica tras el reconocimiento de la PGR de 43 mil 453 muertes vinculadas a la cruzada contra el crimen organizado y la insistencia de que el 90% de éstas están relacionadas con delincuentes. La respuesta de diversos organismos civiles como Human Rights Watch, fue contundente. Retó al gobierno mexicano a demostrar que las muertes reconocidas oficialmente tienen una relación directa con la delincuencia organizada y no son víctimas de esta “guerra”, poniendo como ejemplo 24 casos documentados en su informe “Ni seguridad ni derechos”, donde acredita que miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales tanto de civiles ejecutados por autoridades o que murieron a causa de las torturas sufridas, como de civiles asesinados en retenes militares o durante enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad en circunstancias que no ameritaban el uso de la fuerza en su contra.
Junto a ello, la CNDH ha informado que la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país pasaron de 691 al inicio del sexenio a 6 mil 65 quejas presentadas hasta 2011, que dan cuenta de un incremento de alrededor de 900% , de las que existen 98 recomendaciones emitidas, 29 de ellas con sentencia condenatoria.
Quizá nunca sabremos el número de víctimas de la guerra sucia ni sean sancionadas las crecientes violaciones a derechos humanos en esta inútil guerra, lo que no obsta para mantener nuestra preocupación ante la impunidad con la que verdaderos terroristas de Estado, como Nazar Haro y demás responsables de desapariciones forzadas, torturas y homicidios de opositores al régimen han actuado, ni para mantener la exigencia de justicia y que el estado respete las garantías de los ciudadanos. No es venganza. Se trata de un derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reconciliación como condiciones para alcanzar una verdadera democracia. Lo que está en entredicho, a diferencia del pasado, no es la seguridad del Estado, sino de los ciudadanos.
Diputado federal por el PRD
