11 años - Ayotzinapa
Alejandro Encinas
26 de septiembre de 2025
Se cumplen once años de la trágica
noche de Iguala, cuando, el 26 de septiembre de 2014, fueron
desaparecidos 43 estudiantes de la “Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en una operación en la que se articularon el grupo
delictivo Guerreros Unidos, autoridades de diferentes órdenes de
gobierno y elementos de distintos cuerpos de seguridad.
Desde el inicio, la versión oficial
en lo que se denominó la “verdad histórica”, fue severamente
cuestionada, al demostrarse que ésta se había construido sobre bases
falsas, pruebas fabricadas, confesiones obtenidas bajo tortura, detenciones
arbitrarias, manipulación de las escenas del crimen, exclusión
de peritajes independientes y ocultamiento de la participación de las
fuerzas de seguridad, a fin de dar carpetazo al caso y encubrir las
responsabilidades institucionales.
Entre 2019 y 2023, la investigación
que desarrolló la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso
Ayotzinapa desmontó la verdad histórica, acreditando que la cremación
en el basurero de Cocula no existió, revelando las prácticas de tortura
sistemática, documentando el monitoreo institucional previo y durante los
hechos, así como identificar a las células delictivas que operaron esos días en
colusión con diferentes corporaciones de seguridad e identificando a 434
personas relacionadas con el caso.
Como parte de las investigaciones, se
estableció como posibles móviles de la desaparición: la confusión en Guerreros
Unidos respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos” entre
los estudiantes; la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en
un contexto de amenazas por el alcalde de Iguala y el grupo
delictivo, tras las protestas por la desaparición y asesinato del dirigente
social Arturo Hernández Cardona y otras personas, y el eventual trasiego de
droga en alguno de los autobuses tomados.
Durante ese proceso, se
promovieron procedimientos judiciales contra líderes
del crimen organizado, elementos castrenses y
exfuncionarios de alto perfil responsables de las irregularidades, como el
exprocurador de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el exdirector
de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Pese a las dificultades propias del
paso del tiempo, la acción deliberada para borrar todo rastro de los
estudiantes y sus perpetradores, y las resistencias
institucionales al escrutinio, se encontró e identificó
científicamente a tres de los estudiantes desaparecidos: Christian Alfonso
Rodríguez Telumbre, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio.
La llegada de la presidenta
Claudia Sheinbaum ha revitalizado la investigación y la relación con
los familiares de los estudiantes desaparecidos. En su reunión de diciembre de
2024, propuso evitar la polarización, revisar expedientes con apoyo
tecnológico y fortalecer a la COVAJ, estableciendo cinco
ejes de acción: búsqueda en campo, identificación humana,
procuración de justicia, garantizar las extradiciones, y continuar con la ruptura
de pactos criminales. En resumen, planteó profundizar el proceso que se
inició en 2018, asumiendo un compromiso con las familias de no cejar en
la búsqueda de los normalistas.
De septiembre de 2024 a la fecha,
los procesos judiciales y avances en la investigación
del caso Ayotzinapa mostraron una intensa, aunque ambigua,
actividad. Por un lado, se ha aprehendido a distintos actores
criminales y reaprehendido incluso a testigos colaboradores y, por
otro lado, militares y exfuncionarios implicados han obtenido beneficios
procesales.
En septiembre de 2024, se
reaprehendió a dos testigos colaboradores: Gildardo López Astudillo, “El Gil”,
y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, y se reactivaron juicios a
implicados que habían sido liberados años antes al acreditarse que fueron
sometidos a tortura.
El 22 de noviembre de 2024, se detuvo
a un personaje clave, Alejandro Palacios, “El Cholo”, vinculado a la
emboscada contra el equipo Avispones y a otras desapariciones en
Iguala, a quien se le dictó auto de formal prisión con base en
testimonios y evidencias compartidas por la DEA. Ese mismo mes, se
ratificó la prisión domiciliaria del exprocurador, Jesús Murillo Karam.
En diciembre de 2024, jueces negaron
la libertad condicional a los militares José Martínez Crespo y Fabián Pirita
Ochoa, al tiempo que al soldado Eduardo Mota Esquivel, testigo directo de los
hechos, le otorgaron libertad provisional tras el pago de una fianza de 100 mil
pesos. A la fecha, cuatro elementos castrenses se encuentran
detenidos, en tanto que ocho han obtenido libertad condicional o prisión
domiciliaria.
En mayo de 2025 fue detenida la
expresidenta del Tribunal Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana,
vinculada a proceso presuntamente por ordenar la destrucción de los videos del
Palacio de Justicia de Iguala, evidencias fundamentales para la investigación
del camión detenido en el bajo puente frente a ese inmueble.
El 4 de junio de 2025, fue detenido
en el estado de Hidalgo, Juan Miguel Pantoja Miranda, “El Pajarraco”; y el 28
de junio de 2025, fue deportado desde Estados Unidos, Edgar Salvador Albarrán,
“La Rana”, ambos personajes involucrados en la desaparición,
lo que reactivó líneas de investigación que no se han agotado.
Por otro lado, el 28 de abril de este
año, un tribunal redujo la pena aplicable a Gualberto Ramírez Gutiérrez,
extitular antisecuestro (SEIDO) de la PGR, de 40 años, a un rango hasta
por cuatro años, y ordenó analizar la prescripción del delito. El 7 de mayo,
otro tribunal amparó a Ramírez Gutiérrez y ordenó revisar la
vinculación y si el delito de desaparición forzada en el caso
de “El Cepillo” había prescrito.
El 3 de junio, el Tribunal Colegiado
del Décimo Noveno Circuito absolvió a José Luis Abarca por el
delito de secuestro en el caso Ayotzinapa, aunque sigue
condenado por otros ilícitos. Hace dos días, el 24 de septiembre, un Tribunal
Federal le otorgó una suspensión que impide que se ejecute la condena de 92
años de prisión en su contra por el secuestro y homicidio de integrantes
del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos, Arturo
Hernández Cardona.
El 29 de junio, el Tribunal Colegiado
de Apelación en Morelos determinó que tres de los implicados en el caso fueran
liberados por el vencimiento del plazo de dos años de prisión
preventiva sin recibir sentencia. Mauro N., “El Molero”, Fernando N.,
“El Fercho”, y Bernabé N., “El Peluco”, señalados por el asesinato del
normalista Julio César Mondragón, llevarán su proceso fuera de la cárcel.
Ha sido un año complejo en la actuación
judicial, pues mientras se avanza en la detención y consignación de
perpetradores, los funcionarios de alto rango indiciados se han beneficiado
de resoluciones judiciales favorables, propias de una impunidad
selectiva. La liberación de implicados con argucias leguleyas; la invalidación
de declaraciones obtenidas bajo tortura, sin ofrecer alternativas
para sostener la acusación, y el priorizar formalismos legales por encima del
derecho de las víctimas para acceder a la justicia, mantienen un proceso
fragmentado y sin condenas firmes a más de una década.
El 15 de junio, la violencia para
silenciar a testigos alcanzó a Patricio Reyes Landa, “El Pato”, testigo
colaborador, y uno de los presuntos responsables de la desaparición de
los estudiantes, quien fue asesinado en su domicilio en Jilotepec, Estado
de México. Al día siguiente, el juez tercero de distrito en materia de amparo,
Everardo Maya Arias, fue encontrado muerto dentro de su vehículo en
Zinacantepec. Maya Arias había otorgado un amparo en favor de José Luis
Abarca, exalcalde de Iguala, así como una suspensión en favor de Ovidio
Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.
Otros movimientos relevantes han
incidido en la investigación, entre ellos, el cambio del Fiscal Especial del
caso Rosendo Gómez Piedra, quien dejó el cargo sin que se esclareciera la
denuncia que presentó sobre la presunta extracción y filtración de información
dentro de esa fiscalía. Lo sustituye Mauricio Pazarán, quien
ofreció abrir nuevas líneas de investigación con el respaldo de nuevas
tecnologías; transparentando su desempeño, incluso abriendo la posibilidad
de solicitar el apoyo de la ONU para incorporar expertos
internacionales, así como garantizar la extradición de personas implicadas
en Estados Unidos e Israel, a fin de recuperar la
confianza de los padres y madres, y eliminar la tentación de dividirlos.
El nuevo fiscal cuenta con
experiencia en labores de investigación e inteligencia. Su cercanía con la
autoridad federal puede contribuir a abrir nuevas líneas de trabajo y
fuentes de información. Sin embargo, deberá enfrentar las inercias y resistencias
institucionales y la necesidad de presentar resultados para evitar la
percepción de que la justicia sigue siendo una promesa incumplida.
En este nuevo escenario, el Poder
Judicial tiene en sus manos la posibilidad de romper con la impunidad
estructural que ha marcado el caso durante once años, retomando el compromiso
que asumió el 28 de marzo de 2019, el entonces presidente de SCJN, Arturo
Zaldívar, con los padres y madres de los 43 y la Covaj, para
establecer un jurisdicción homologada, es decir, un conjunto de juzgados que
conozcan de manera exclusiva los recursos y expedientes
judiciales relacionados con el caso, para agilizar las procesos y
evitar la discrecionalidad con que se adoptan las resoluciones por los jueces.
La nueva Suprema Corte de
Justicia de la Nación cuenta con fuerza y legitimidad para garantizar
justicia, priorizando los derechos de las víctimas y sus familias, lo que
sentaría un importante precedente no solo para el caso de los 43
normalistas, sino también, para demostrar que en México la justicia
puede imponerse sobre el encubrimiento y la mentira, y que ningún crimen está
destinado al olvido.
Durante el último año se vivieron
pérdidas dolorosas como el fallecimiento de Jonathan Maldonado, sobreviviente
del ataque de 2014, así como de Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel
Abarca Carrillo.
Once años después, la investigación
recae fundamentalmente en la fiscalía especializada, en la colaboración
estrecha con el Centro Nacional de Inteligencia y en las
nuevas acciones que emprenda la SCJN para la impartición de
justicia, conocer el paradero de los estudiantes y el castigo a quienes
participaron, por acción u omisión, en la desaparición. Pese a los obstáculos
que prevalecen, confío en que la verdad, por dolorosa que sea, continuará
saliendo a la luz.
Secretario de Metrópolis de la CDMX
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-encinas/11-anos/
