15
de Julio de 2021
15 de Julio de 2021
Boletín No.
386/2021
Inaugura Gobernación Centro de Justicia para las
Mujeres en San Luis Potosí
Garantizar la seguridad y protección de las mujeres
y las niñas es responsabilidad plena del Estado, subraya subsecretario
Alejandro Encinas Rodríguez. La creación de estos espacios es una acción
conjunta, producto de la coordinación y visión interinstitucionales, señala
titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano
Secretaría de Gobernación | 15 de julio de 2021 | Nacional
Inaugura Gobernación Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis
Potosí
Al participar en la inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres
en San Luis Potosí, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y
Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó que es responsabilidad plena
del Estado garantizar la seguridad y protección de esta población, incluidas
las niñas, que lamentablemente enfrentan situaciones de enorme adversidad en
una sociedad patriarcal que ha hecho de la violencia una forma de vida.
Hoy, dijo, las mujeres sufren una violencia cotidiana en
todos los ámbitos de la sociedad que ha entrado hasta en los hogares, “no solo
es problema de violencia e inseguridad en la vía pública, en el centro de
trabajo, en la escuela sino, lamentablemente, la mayor parte de los delitos
contra la mujer se cometen al seno del hogar y del núcleo familiar, y de las
amistades más cercanas”, sostuvo.
Agregó que a raíz de la pandemia por COVID-19 y del confinamiento, la
violencia contra las mujeres se ha incrementado de manera sustantiva, en
particular la violencia familiar.
Subrayó que otro tipo de violencia es la desaparición de personas, donde
25 por ciento de reportes son de mujeres y se observa más agudamente entre los
rangos de edad de los 10 y los 18 años, lo que podría dar cuenta del incremento
del delito de la trata de personas, por lo que recalcó que este centro viene a
encarar esta responsabilidad, y garantizar el acceso a la justicia de las
mujeres y acabar con la impunidad.
Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia en contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano,
enfatizó que el compromiso del Gobierno de México es que las mujeres víctimas
de violencia familiar, sus hijas e hijos, reciban la debida e inmediata
atención, con los servicios integrales de terapia psicológica, asesoría
jurídica y recursos para su empoderamiento económico.
Además de medidas de protección como albergue, así como la de estar
acompañadas en la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público (MP) y
en una eventual aprehensión del agresor.
“En la medida en que cada instancia pública cumpla con debida diligencia
nuestras obligaciones, en esa medida estamos aportando un granito de arena para
la prevención y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres”,
afirmó.
Los Centros de Justicia para las Mujeres en México son una estrategia
que previene la violencia contra esta población al ser atendidas con
oportunidad, calidad humana y eficiencia.
Se crea un espacio donde las mujeres deben encontrar una integralidad de
servicios, reconocimiento y apoyos para que puedan reconstruir su proyecto de
vida de manera productiva y digna, y también capacitación en oficios para
apuntalar su empoderamiento.
Desde 2010 el gobierno federal ha aportado recursos para crear y
fortalecer los centros de justicia en el país; hasta el momento se cuenta con
55 centros.
A la inauguración asistió el gobernador constitucional del estado de San
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; y la presidenta de la Junta Directiva
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lorena
Valle Rodríguez.
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The New York Times
El gobierno israelí se ha negado a extraditar
al exfuncionario mexicano, requerido por la justicia de su país por denuncias
de tortura y manipulación de evidencia en el caso Ayotzinapa.
Actualizado 17
de julio de 2021
TEL
AVIV — Un alto exfuncionario mexicano acusado de poner en riesgo la
investigación de un conocido caso de secuestro
masivo se ha refugiado en Israel. El caso de extradición en su
contra, mientras tanto, se encuentra enredado en un forcejeo diplomático a
causa del tratamiento que Israel da a los palestinos, según funcionarios
israelíes y mexicanos.
Las autoridades mexicanas
han acusado al funcionario, Tomás Zerón de Lucio, el exdirector del equivalente
mexicano del FBI, de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en la
indagatoria sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y de malversación
de unos 50 millones de dólares en fondos estatales relacionados con otro caso.
Zerón, que afirma que los
cargos son falsos y con trasfondo político, ha solicitado asilo en Israel,
donde ha vivido casi dos años.
Israel no ha
tomado medidas ni sobre el pedido de extradición ni sobre la solicitud de
asilo, para consternación de los funcionarios mexicanos, las organizaciones de
derechos humanos y las familias de las víctimas de la masacre, que aún buscan
esclarecer los hechos que rodearon la desaparición de sus seres queridos en el
sur de México en 2014.
Israel no ha comentado públicamente sobre el caso,
pero un alto funcionario israelí dijo que estaba siendo ralentizado a manera de
toma y daca diplomático en contra de México, que ha apoyado las indagatorias de
las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra
los palestinos.
“¿Por qué habríamos de ayudar a México?”, dijo el
funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder ofrecer un
panorama franco sobre la disputa diplomática.
El funcionario también indicó que el pedido de asilo
de Zerón podría estar justificado y que aún estaba siendo investigado.
Zerón, quien fuera jefe de la Agencia de
Investigación Criminal de México, fue más conocido por liderar la campaña que
condujo a la captura en 2014 del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Como
uno de los más altos funcionarios de seguridad de México, Zerón también estuvo
al frente de la investigación por el secuestro y presunta masacre de 43 estudiantes de la normal de
Ayotzinapa en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de
2014. Agentes municipales de policía de la ciudad de Iguala obligaron a los
estudiantes a bajar a la fuerza de un autobús,
los subieron a vehículos policiales y nunca se les volvió a ver.
Incluso
en medio de una desenfrenada violencia del narcotráfico que aquejaba a México
en ese momento, el caso conmocionó al país y se convirtió en símbolo de la
corrupción del sistema de justicia nacional.
Presionado para resolver el caso por el presidente de México en aquel
entonces, Enrique Peña Nieto, quien había prometido combatir el crimen y la
impunidad, Zerón encontró en su investigación que los policías de Iguala
colaboraban con un grupo criminal que mató a los estudiantes, quemó sus cuerpos
y tiró las cenizas a un río.
Pero un panel de investigadores internacionales desacreditó su
investigación y encontraron que testimonios cruciales se realizaron bajo
tortura, que se hizo mal manejo de las pruebas y que se ignoraron pistas
prometedoras. En particular, la investigación de Zerón desestimó la presencia
de militares y policías federales en el lugar, lo cual presentaba el ataque
como un asunto estrictamente local en el que participaba una policía municipal
corrupta.
Cuando en
2018 tomó posesión el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió
reabrir el caso. Desde entonces, se han encontrado fragmentos de los restos de
dos de los estudiantes y el gobierno ha buscado capturar a decenas personas en
relación con el caso, entre ellos Zerón.
Se informó que Zerón huyó a Canadá en 2019. En
septiembre de ese año, según otro funcionario israelí, voló a Israel, país que
no tiene tratado de extradición con México. En diciembre de 2019, al vencerse
su visado de turista, pidió asilo político, alegando que los cargos contra él son
falsos y parte de un intento del presidente actual por ajustar cuentas con su
predecesor, de acuerdo con altos funcionarios israelíes familiarizados con su
solicitud.
El paradero exacto de Zerón no se conoce y no fue
posible contactarlo para que comentara para este artículo.
Los funcionarios israelíes indicaron que la solicitud
estaba siendo evaluada y atribuyeron el retraso a la gran cantidad de pedidos
de asilo que recibe Israel. Cuando los funcionarios mexicanos pidieron su
extradición el año pasado, la solicitud pausó el caso de asilo, indicaron los
funcionarios israelíes.
Pero al menos parte de la explicación de la tardanza de Israel podría no
estar relacionada con Zerón o los hechos detrás de la masacre.
El
alto funcionario israelí citó las políticas de la gestión de López Obrador, que
repetidamente ha apoyado resoluciones que critican a Israel en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, entre ellas las
resoluciones para investigar la muerte de manifestantes palestinos en manos de
Israel en 2018 y la muerte de civiles en Gaza durante
una breve guerra contra Hamás en mayo.
El
funcionario dijo que Israel no tenía ningún interés en acceder al pedido de
extradición de México después de dichas medidas hostiles hacia Israel en
Ginebra. La reticencia a cooperar con México, dijo el funcionario, era parte de
una llamada diplomacia de toma y daca iniciada durante la gestión del ex primer
ministro Benjamín Netanyahu, que consiste en penalizar diplomáticamente a los
países que se opongan a las políticas de su gobierno.
El
funcionario también dijo que era posible que ciertos aspectos de la solicitud
de Zerón fueran procedentes. Así como México castiga a Israel por crímenes que
no cometió, según el funcionario, puede que también esté persiguiendo a Zerón
por motivos políticos.
Los
ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Israel no accedieron a
los pedidos de comentar sobre el caso.
El
subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, desestimó la
idea de que el caso de Zerón tuviera motivaciones políticas.
“¿Cuál persecución política?”, preguntó Encinas en
una entrevista. “Hay un video que es
público en donde el señor sale torturando a la persona y donde la amenaza de
muerte. Ahí no es asunto de especulación ni de persecución política”.
Alegó que Zerón tiene vínculos con empresas israelíes
muy poderosas que emplearon sus influencias para ayudarle a escapar de México.
Durante su cargo, Zerón autorizó la compra a empresas
privadas de sistemas de vigilancia con valor
de decenas de millones de dólares. Uno de estos programas espías, Pegasus,
diseñado por el grupo NSO de Israel para combatir el crimen y el terrorismo,
fue empleado contra periodistas, abogados y activistas, según los hallazgos de una investigación de The New
York Times.
México también empleó ese spyware, Pegasus, en contra del equipo de
investigadores internacionales que acudieron a ayudar a
esclarecer el caso de Ayotzinapa, como parte de una campaña gubernamental para
frustrar la indagatoria.
Encinas dijo
que algunas de esas empresas, entre ellas NSO, han ayudado a Zerón desde que
abandonó México, pero no aportó pruebas directas de lo dicho y el Times no pudo
verificarlo. Una vocera de NSO dijo que la empresa jamás se había reunido ni
ayudado a Zerón ni antes ni después de que salió de México.
México también investiga si Zerón malversó más de
1100 millones de pesos, unos 50 millones de dólares, que estaban destinados
para equipo de defensa e inteligencia que, en varias instancias, no se llegó a
entregar. No está claro si esos negocios involucran a las
empresas de inteligencia israelíes.
Lo que sucedió en Guerrero aquella noche sigue siendo
un misterio. El gobierno mexicano actual sigue investigando y se espera que
presente sus conclusiones en septiembre.
Unas transcripciones filtradas de la investigación que los medios
mexicanos han publicado recientemente sugieren que un cártel mexicano, que
colaboraba con la policía y el ejército, pudo haber creído erróneamente que los
estudiantes pertenecían a una banda rival.
Mario
González Hernández, padre de César Manuel González Hernández, uno de los
estudiantes desaparecidos, dijo que Zerón había buscado crear un relato que
permitiera a Peña Nieto superar la masacre sin tener que implicar a
funcionarios federales.
“Quería ocultar el papel de los funcionarios del
gobierno que participaron en el ataque, para ocultar la verdad de la
participación de la policía, la participación militar”, dijo Hernández, y
proteger a esos colegas para que no fueran procesados.
Kate Doyle, directora del Proyecto México que
investiga el caso en el Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington,
dijo que las familias no tendrán respuestas sino hasta que Zerón pueda ser
interrogado.
“Zerón es parte de una conspiración de silencio”,
dijo. “Es una conspiración que durante casi siete años ha impedido que 43
familias conozcan los hechos reales sobre la desaparición de sus hijos. Y hasta
que Zerón haya rendido cuentas, el silencio prevalecerá y el destino de esos
muchachos seguirá siendo un misterio”.
Ronen Bergman reportó desde Tel Aviv
y Oscar Lopez desde Ciudad de México.
Ronen Bergman es periodista de The New
York Times Magazine, con sede en Tel Aviv. Su libro más reciente es Rise and Kill First: The Secret
History of Israel’s Targeted Assassinations, publicado por
Random House.
https://www.nytimes.com/es/2021/07/15/espanol/tomas-zeron-israel.html?fbclid=IwAR1jUwcT5WQXMnSSWHeV9L-WJKcmI4ikI0YFGMNh0BrWlkaGmGs2MrQ3tWY
