9 de diciembre, 2020
La Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR
representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la
defensa, garantía y protección de los derechos humanos y favorece la impunidad
Ciudad
de México, 9 de diciembre de 2020
Comunicado No. 107/2020
Necesario abrir un debate público sobre una reforma
integral en materia de justicia
- Iniciativa
de reforma a la Ley Orgánica de la FGR representa un retroceso que rompe
con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de
los derechos humanos y favorece la impunidad
El subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que la iniciativa de reforma a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) implica un retroceso en
la administración de justicia, así como a la colaboración interinstitucional propia
de un Estado de derecho al afectar los derechos a la verdad, justicia,
reparación y no repetición.
La propuesta parte
de la desconfianza de la FGR hacia las instituciones con las que se debe
articular. Si bien la propuesta hace referencia a la coordinación
interinstitucional, impone mecanismos de subordinación a la fiscalía de
distintas instituciones de la Administración Pública Federal, como la Guardia
Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección a
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Asimismo, abandona
su participación en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Comisión
Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas, así como de su
responsabilidad para encabezar el Programa para Prevenir y Sancionar la
Tortura, y otros mecanismos de protección de derechos humanos, como la
Coordinación General de Investigación de los delitos cometidos durante la
llamada Guerra Sucia.
La compleja
realidad del país demanda de un diálogo amplio interinstitucional y social que
permita reencausar la procuración de justicia en México y articular los
esfuerzos y capacidades del Estado para lograr resultados en favor de la verdad
y la justicia, poniendo en el centro de la atención a las víctimas.
Por el contrario,
la iniciativa presentada en el Senado de la República implica una subordinación
de los organismos autónomos constitucionales, de la Administración Pública
Federal, las entidades paraestatales, los órganos, dependencias, entidades e
instituciones de las entidades federativas y de gobierno e incluso, a los
particulares al Ministerio Público (artículos 38, 39 y 40 de la iniciativa).
La autonomía
constitucional de la Fiscalía General de la República debe ser entendida como
una fortaleza del Estado de derecho, mediante la cual se garantice el acceso a
la justicia, y no para fragmentar las capacidades del Estado en su respuesta a
los derechos de verdad, justicia y rendición de cuentas. Esto adquiere mayor
importancia en momentos en que el Gobierno de México ha asumido como prioridad
la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Por otro lado,
resulta grave que la iniciativa proponga el retiro de la FGR del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el del Mecanismo de
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de otros
mecanismos, cuando, por el contrario, se requiere de una mayor coordinación
institucional para combatir la desaparición de personas y las agresiones a
periodistas y personas defensoras.
La propuesta de
retirar a la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda, al pretender derogar el
artículo 45, fracción III de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, niega el derecho de toda persona a ser buscada y pretende
sustraerse de las obligaciones constitucionales y legales de la fiscalía en la
búsqueda de las personas desaparecidas.
Esto implica el
desconocimiento del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del
Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, construidos con la
participación de las familias de las víctimas, sociedad civil y comunidad
internacional.
Con la propuesta
de eliminar los artículos 24 y 45 de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, se pretende sustraer a la FGR de la determinación más
amplia de los casos de su competencia, lo que implicaría la imposibilidad de
articular coordinadamente las acciones que garanticen la búsqueda de las
personas.
El subsecretario
Alejandro Encinas Rodríguez fue enfático en señalar que ninguna iniciativa de
ley o reforma en la materia puede aprobarse sin abrirse a un parlamento abierto
que garantice el derecho a la participación activa de las familias de personas
desaparecidas y sus representantes, así como a la participación de los
integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda.
Por otra parte,
con la propuesta de modificar el artículo 5, fracción II de la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la FGR
pretende deslindarse del papel fundamental que tiene en la Junta de Gobierno
del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.
La fiscalía tiene
la obligación constitucional de investigar los hechos cuando resultan de su
competencia, y participar con voz y voto en la decisión de adoptar e
implementar medidas de protección del mecanismo. Su contribución en este órgano
colegiado resulta vital, ya que la mejor forma de protección para personas
defensoras de derechos humanos y periodistas radica en la inhibición de los
delitos a través de investigaciones serias, efectivas y oportunas, para evitar
dejar estos delitos en la impunidad.
Asimismo, se
pretende eliminar el artículo 22 de la Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
con lo que la FGR pretende sustraerse de sus responsabilidades al derogar las
hipótesis expresas de investigación de los delitos.
La propuesta
presentada plantea el regreso a una institución vertical y rígida que fragmenta
las investigaciones, al pretender abrogar los artículos 46, 48 y 49 de la Ley
Orgánica vigente. Esto es preocupante más aún cuando aproximadamente el 98 por
ciento de los delitos denunciados en el país no llegan nunca a una decisión
judicial.
El subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración recalcó la necesidad de una reforma
integral que responda a las demandas de verdad y justicia, fortalezca a las
instituciones en el marco de un Estado de derecho, con rendición de cuentas y
participación ciudadana.
Por ello, solicitó
respetuosamente al Senado de la República que abra un parlamento abierto en el
que se discuta esta iniciativa, así como las reformas constitucionales y
legales necesarias.
http://www.alejandroencinas.mx/home/necesario-abrir-un-debate-publico-sobre-una-reforma-integral-en-materia-de-justicia/?fbclid=IwAR2_7INYjES9J90gEQgk-UCYXD7-J54-3K8ss9tK2pMjGkYOWCpWnjGb9N4
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