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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura

Con Raúl Castro Presidente de Cuba

Con Raúl Castro Presidente de Cuba
Primera visita de Estado a México, Mérida Yucatán. Viernes, 06 Noviembre 2015

AER


Diputado Constituyente de la Ciudad de México

Diputado Constituyente de la Ciudad de México


Reunión en defensa del presupuesto para el Distrito Federal
Encabezados por el Dip. Alejandro Encinas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión y Marcelo Ebrard Casaubon Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como la Dip. Alejandra Barrales Magdalena Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD el la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como Jefes Delegacionales en el Distrito Federal.







Gravámenes y privilegios
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes 27 de octubre de 2009
El paquete fiscal aprobado por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, y del cual ambos reniegan su paternidad, reproduce las mismas medidas que han debilitado la economía nacional y precarizado a los sectores medios y populares en el país.

Se trata de una paquete regresivo, que si bien dio marcha atrás a la contribución de 2% al consumo general y a gravar alimentos y medicinas, incrementa el IVA a 16% y el ISR que, además de elevarse a 30%, grava los ingresos a partir de 6 mil pesos mensuales, lo que daña aún más el poder adquisitivo del salario y la economía familiar, ya que un trabajador con ese salario pagará casi 8% más de impuestos, mientras las grandes corporaciones —que mantienen sus privilegios— pagarán sólo 1.5% de sus ganancias; además, al impuesto sobre depósitos en efectivo, un instrumento de control, lo han convertido en un impuesto recaudatorio, al bajar el rango del monto gravable a 15 mil pesos, con una tasa de 3%. Se insiste así en tapar un “boquete fiscal” y se resisten a corregir, como la mayoría de los países lo hacen, las condiciones que propiciaron la crisis.

Como propusimos en una iniciativa de ley alternativa que la Comisión de Hacienda se negó a dictaminar, el problema de la economía mexicana no es su déficit circunstancial en las finanzas públicas, sino la insistencia en una estrategia que desmantela el aparato productivo y profundiza la desigualdad. El régimen fiscal debe contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo, asegurando su sustentabilidad. Dicha iniciativa planteó acciones de austeridad para limitar el oneroso costo del gobierno federal, eliminando los privilegios que ostentan las grandes empresas y grupos de la oligarquía, que no contribuyen al erario nacional.

Propusimos medidas para lograr mayor eficiencia tributaria, mediante la eliminación de los regímenes especiales, como la consolidación fiscal; el diferimiento de pagos de impuestos; los regímenes de excepción a las grandes empresas del transporte y al sector primario empresarial. Gravar las ganancias del capital y el pago de dividendos; eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, y la deducción de las aportaciones derivadas de donativos de terceros, así coo gravar las ganancias bursátiles. Estableciendo un mayor gravamen en el ISR en los estratos de mayores ingresos, protegiendo la carga tributaria de los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales, para garantizar equidad y progresividad en el esfuerzo fiscal, incorporando al régimen de tributación a las empresas que bajo la protección del Estado no pagan impuestos.

Estimamos un precio promedio de 57 dólares por barril de petróleo, incluyendo en las coberturas de sobreprecios de venta de hidrocarburos a estados y municipios, incrementando la participación de las entidades federativas en la apropiación de los recursos del Fondo de Estabilización de 25 % a 50%, a fin de evitar caídas bruscas de sus ingresos como ocurrió este año; e incrementando el Fondo de Participaciones de 20% a 25% de la Recaudación Federal Participable y el Fondo de Fomento Municipal de 1% a 2% de las participaciones.

Estas medidas permitirían obtener recursos por 550 mil millones de pesos para proteger el empleo y recuperar el crecimiento. Las retomo hoy,toda vez que la aprobación del paquete fiscal no es definitiva, pues deberá ser debatida en el Senado, e incluso puede enfrentar acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo con el que se introdujo la reforma al IVA y a la Ley de Derechos, que carecen de base jurídica, en lo que los abogados denominan “la garantía de debido proceso”. Por ello es oportuno insistir en terminar con los privilegios fiscales, ya que de mantenerse tal cual estas medidas se profundizará la recesión, minando al salario, el empleo y a la pequeña y mediana empresa.

La disputa económica es esencialmente una disputa política contra la protección de privilegios y grupos de interés que buscan descargar el peso de la crisis en las capas medias y en la población de menores recursos. Se requiere erigir un nuevo pacto fiscal y la transformación del modelo económico hasta ahora implementado, en el que no se puede continuar manteniendo los privilegios para unos cuantos, en tanto se pone en riesgo la estabilidad política del país.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx

Coordinador general de los diputados federales del PRD

© 2009 Copyright El Universal-El Universal Online

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del
PRD en la aprobación del Paquete Fiscal 2010
20 octubre de 2009
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Con su autorización, señor presidente. Con el respeto que me merecen todos los legisladores y todas las legisladoras, y con el respeto que me merecen los compañeros que están en la tribuna, respetando la decisión que han tomado para manifestar su inconformidad.
Quiero expresar de manera muy puntual la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Como lo hicimos desde el primer día de inicio de este primer periodo de sesiones, estamos convencidos de que nuestro país necesita una rectificación profunda, tanto del modelo económico que se ha impuesto como, también, de la necesidad de recuperar la transición democrática en nuestro país.
Señalamos desde un principio un planteamiento nodal de nuestra posición política: no avanzar con las mismas recetas, con las que tradicionalmente se han enfrentado las crisis económicas, donde, manteniendo los privilegios de unos cuantos, se daña la economía popular, la planta productiva y el empleo.
El paquete fiscal que ha presentado el Ejecutivo federal, lo señalamos desde un principio, es un paquete regresivo, porque no es posible enfrentar la crisis estableciendo nuevos impuestos o aumentando los existentes. Y con toda claridad hemos tomado iniciativas tanto desde que propusimos una ley de emergencia económica y una ley para crear el seguro de desempleo, como propusimos de manera puntual. Una iniciativa de reforma fiscal que la Comisión de Hacienda no dictaminó, a pesar de ser presentada en tiempo y forma.
En esa iniciativa señalamos la posibilidad de obtener recursos suficientes, no para cubrir un boquete fiscal, sino para proteger el empleo y recuperar la senda del crecimiento económico. Señalamos que había que terminar de manera tajante con los privilegios fiscales, en no gravar el consumo, ni establecer nuevos impuestos, y la respuesta que hemos encontrado no solamente ha sido el desdeñar los planteamientos que pusimos sobre la mesa, sino avanzar en la vía regresiva para enfrentar esta situación de crisis.
Por eso, de manera categórica señalamos que la posición de nuestro grupo parlamentario es tajantemente en contra del establecimiento de nuevos impuestos; del incremento a 16 por ciento del impuesto al valor agregado, del incremento al impuesto sobre la renta, que más allá de incrementarse al 30 por ciento lo que está haciendo es ampliar una base gravable a partir de los 6 mil pesos de ingresos mensuales, con lo que se daña cada vez más el poder adquisitivo del salario y la capacidad de desarrollo de la economía familiar, porque ése es el rango que efectivamente daña más a la población.
Insistimos en que el impuesto sobre depósitos en efectivo, que era un impuesto de control, no debería convertirse en un impuesto recaudatorio. Y no solamente se bajó el monto de depósitos a 15 mil pesos para ser gravados, sino que en una idea recaudatoria se incrementó al 3 por ciento.
Por eso no podemos estar de acuerdo con este paquete y estos dictámenes, porque en primer lugar se dejaron intocados los privilegios de las grandes empresas. Y hoy un trabajador con 6 mil pesos mensuales de salario estará pagando casi 8 por ciento más de impuestos, mientras los grandes consorcios mantendrán los privilegios para pagar solamente el 1.5 de sus enormes ganancias.
En ese sentido, lo digo de manera enfática, votaremos en contra de esos dictámenes, porque tenemos que ser congruentes y porque esta solución, esta falsa solución, lo único que va a hacer es profundizar la recesión económica, seguir desmantelando el salario, seguir desmantelando a la pequeña y mediana empresa y llevándonos a una situación de desempleo, que pone en alto riesgo la estabilidad política del país. Muchas gracias, compañeros, por permitirme hacer uso de la palabra.
Sabadazo
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal


Martes 13 de octubre de 2009

Superando las peores prácticas del autoritarismo priísta y a la vieja usanza del MP, cerca de la media noche del sábado fuerzas federales asaltaron las instalaciones de LyFC, para después emitir un decreto para extinguir a esta empresa pública y terminar la relación laboral con sus trabajadores.

Es una acción ilegal e irresponsable, ya que sin mediar orden judicial, estado de huelga para justificar la requisa de la empresa o declaratoria de quiebra, el titular de Gobernación —extralimitándose en sus atribuciones— requirió a la PFP ocupar las instalaciones. Acción de fuerza que muestra la debilidad y la incapacidad del Ejecutivo federal para construir acuerdos. Una medida desesperada que subordina el interés nacional a intereses particulares. A partir de una acción autoritaria se pretende acreditar una autoridad que no se tiene.

El golpe que se asesta a los electricistas fue largamente preparado. Más allá de los meses que requirió diseñar el operativo y preparar al personal que asumiera la operación del servicio, el debilitamiento deliberado de la empresa inició antes para, como con la telefonía o los ferrocarriles, justificar su privatización. Continuó con una campaña de descrédito a trabajadores y sindicato, a quienes se atribuye la ineficiencia de la empresa y el incremento de las tarifas o los cobros indebidos, sin considerar la responsabilidad de los directivos y la ausencia de una política de Estado para salvaguardar un área energética para el desarrollo. Y culminó con el aliento desde el gobierno a una disidencia interna, para desacreditar la renovación de la dirigencia y provocar un conflicto interno para favorecer el golpe.

Esta decisión tendrá un alto impacto político y económico, y evidencia el desprecio gubernamental hacia el Congreso y a los trabajadores. Al primero, porque apenas días antes la Cámara de Diputados convocaba a construir una solución institucional al conflicto sindical, a los segundos, porque al ser recibidos en Los Pinos se les ofertó una respuesta para ganar tiempo. Más aún, en el proyecto de presupuesto 2010 no está considerada la extinción de la empresa ni la liquidación de los trabajadores. Ahora resulta que se cuenta con un fondo de al menos 20 mil millones de pesos para pagar las liquidaciones, lo que significa que el secretario de Hacienda mintió al negar la existencia de recursos federales cuando se le requirió subsanar el recorte presupuestal a estados y municipios.

Resulta además absurdo que en plena recesión se lance al desempleo a más de 50 mil mexicanos, a quienes el secretario del Trabajo sugiere convertirse en esquiroles, con la oferta de una liquidación por encima del contrato colectivo para quienes acepten de inmediato su liquidación y con ésta “establezcan un negocio”.

Difícil es disociar este tipo de decisiones de hechos bochornosos que han impedido un sindicalismo autónomo y fuerte. Desde 1916, cuando Carranza reprimió a la Casa del Obrero Mundial, llegando al extremo de establecer pena de muerte para quienes reivindicaran mejoras salariales o en sus condiciones de trabajo. Tras su asesinato, en 1918, las mafias sindicales, representadas por la CROM de Luis N. Morones, combatieron al sindicalismo democrático de la CUT y controlaron por la fuerza y el apoyo del Estado a las organizaciones. Imperio que se mantuvo hasta el asesinato de Obregón, cuando el “desmoronamiento” culmina con la formación de la CTM en 1936, que jugó un papel importante en la expropiación petrolera y en la construcción del movimiento obrero, hasta la expulsión de las corrientes de izquierda y el surgimiento del “charrismo”, y hasta los 70, cuando dentro del SUTERM se propuso democratizar su sindicato y enfrentar al Estado en su apoyo a la dirigencia “charra”. Similar fue la requisa a las huelgas de telefonistas o la toma por la fuerza pública de CU para frenar al sindicalismo universitario.

La regla del Estado autoritario mexicano ha sido que cuando un sector obrero se “sale de control” utiliza toda su fuerza para su liquidación, cobijando a las mafias que le garantizan sometimiento. Ayer fueron Morones y la CROC, hoy son SNTE, petroleros, viejos y nuevos charros, y algunos gánsters como Ramón Gámez, prófugo de la justicia por corrupción de menores, con quien el secretario de Trabajo suscribe cada mes contratos de protección. Este golpe al sindicalismo independiente es una afrenta que exige la unidad y solidaridad de los movimientos democráticos para enfrentarla.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD


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