Tres años de resistencia
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 24 de noviembre de 2009

Cuando el 20 de noviembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador rendía protesta como Presidente Legítimo de México, la sorna y el escarnio dieron continuidad a una guerra mediática que, desde la confrontación alentada por el gobierno federal que conllevó al desafuero del entonces jefe de Gobierno, vaticinaba el colapso de un movimiento político que asumió la resistencia civil pacífica, como vía para encauzar la inconformidad creada tras el fraude electoral del 2 de julio y comenzar la construcción de una nueva República.

Tres años después, pese a los malos augurios, este movimiento ha encauzado los avatares del conflicto postelectoral y organizado una vasta red territorial que, tras el recorrido de López Obrador por los 2 mil 456 municipios del país, ha articulado a más de 2 millones 300 mil mexicanos, y hoy, de cara al 2012, inicia un nuevo ciclo que busca, desde esa estructura territorial, ampliar su base social y acreditar un proyecto político alternativo que busca traducirse en una corriente de pensamiento que permita la conformación de una mayoría electoral, sustentada en valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la protección del medio ambiente y un crecimiento económico con justicia social.

Con ese propósito, este domingo se ha hecho pública una propuesta que busca alentar el debate nacional en el diseño de un Proyecto Alternativo de Nación, que entre otros puntos plantea:

Recuperar democráticamente al Estado, en un escenario donde existe una República simulada, en la que los poderes constitucionales se han subordinado a poderes de facto que privilegian sus intereses en la conducción del país.

Democratizar los medios masivos de comunicación, impidiendo el control monopólico de la radio y la televisión, y que se utilice una concesión pública en función de intereses particulares. Como se subrayó en el Zócalo, no se trata de expropiar, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información, sin crear una excesiva reglamentación ni optar por la censura, auspiciando la libre competencia.

Transformar el actual modelo económico, haciendo que el Estado asuma su responsabilidad rectora para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional, enfrentar la especulación financiera y enfocar los esfuerzos alentado la actividad productiva y el empleo; combatir las prácticas monopólicas y abolir los privilegios fiscales, abriendo paso a una reforma fiscal equitativa y progresiva, con autonomía de gobiernos extranjeros y de los organismos financieros internacionales.

Ejercer la política como imperativo ético. Cambiar la forma de hacer política. Hoy la política es sinónimo de engaño y corrupción. Es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Hacer valer el principio de austeridad republicana, eliminando el derroche y los privilegios de los funcionarios públicos.

Fortalecer al sector energético, lograr la soberanía alimentaria y establecer un Estado de bienestar que enfrente la desigualdad social y la incertidumbre económica, garantizando el derecho a la educación, al trabajo, la salud, la alimentación y la vivienda.

A lo largo de los últimos tres años este movimiento ha resistido todo tipo de embates, en medio del profundo deterioro de la vida pública del país, que han intentado, una y otra vez, su extinción política. Pese a ello, el movimiento ha persistido oponiéndose a la violencia y la mediocridad. Se trata de un movimiento que no se vence ante la adversidad y que lucha por convertir a México en una patria justa y libertaria.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD

Privilegios vergonzantes

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 10 de noviembre de 2009

Más allá de la inconformidad creada por el alza en los impuestos, de la que el PAN y el PRI han pretendido evadir su paternidad, la discusión del paquete fiscal ha puesto en evidencia la naturaleza inequitativa y excluyente del sistema fiscal mexicano, sustentado en el gravamen al consumo y los ingresos de la inmensa mayoría de la población cautiva en el sector formal de la economía, y en la vigencia de un sistema de privilegios a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, que mediante diversas disposiciones, como los llamados gastos fiscales, consolidan, deducen, evaden o reciben reembolsos de los impuestos que deberían pagar al igual que cualquier otro ciudadano o pequeña empresa.

La nueva legislación fiscal no sólo hace prevalecer este esquema de privilegios, sino que los amplía de manera contraria al interés nacional, ya que al margen del falso festín del priísmo al alardear respecto a que no se gravaron alimentos ni medicinas, se premia, entre otros, de nueva cuenta a las grandes empresas de telecomunicación que diversificarán su actuación con las nuevas concesiones del espacio radioeléctrico en los servicios de tercera generación en telefonía móvil, conocidos como triple play, que permitirán ver televisión y acceder a internet a través de la telefonía celular.

Estas concesiones permitirán “el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioléctrico” de la banda que va de los mil 710 a los mil 770 megahercios (mhz), y de los 2 mil 100 a los 2 mil 160 mhz, y serán licitadas en bloques, dos redes nacionales de 30 mhz y otros tres segmentos regionales de 10 mhz.

Se trata del espectro radioeléctrico más rentable en la actualidad y la banda más codiciada en el mercado de telecomunicaciones, pues empresas y especialistas consideran que quien esté fuera de la banda de 1.7 mhz quedará fuera del mercado en las próximas dos décadas.

De ésta serán beneficiarios unos cuantos consorcios nacionales y extranjeros, como Televisa, Nextel, Telcel, Iusacell o Telefónica, a los que se exentará durante dos años del pago de derechos por cuando menos 2 mil 800 millones de pesos anuales, para —de acuerdo con los impulsores de la exención— “incentivarlos en los años de fuerte inversión”, cuando licitaciones similares en Estados Unidos recaudaron hasta 13 mil 480 millones de dólares, por una concesión a siete años, cuando en México se otorgan hasta por 20 años.

Con ello, el erario nacional dejará de percibir alrededor de 6 mil millones de pesos, más del doble de los 2 mil 500 millones de pesos que se espera recaudar por el incremento al 3% en el Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Nada justifica, ni económica ni jurídica ni socialmente, esta medida. Se trata simple y llanamente de un nuevo privilegio a los poderes fácticos que dominan el país, y que con su enorme poder subordinan y doblegan al interés privado a las instituciones públicas, en este caso a las cámaras del Congreso, aunque cabe señalar que muchos de los legisladores que las integran lo hacen de buena gana, pues en aras de evitar someter su imagen personal a la censura o el cuestionamiento por las televisoras, de manera vergonzante empeñan los intereses del país.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD