Semana Santa se ha convertido en nuevo escenario de la irresponsable cruzada que desde la Comisión Nacional del Agua promueve su titular, José Luis Luege Tamargo, contra la ciudad de México.Primero fue el anuncio de que la ciudad estaba al borde de una catástrofe por la fractura del drenaje profundo que la inundaría de aguas negras, lo cual no sólo resultó falso, pues no existía daño estructural en el drenaje, sino que además estaban en proceso obras de mantenimiento programadas conjuntamente entre el GDF y la Conagua. Más tarde fue el amago de clausura del relleno sanitario Bordo Poniente, en la zona federal del ex lago de Texcoco, con lo cual la ciudad no tendría dónde procesar y depositar las más de 12 mil toneladas de residuos que genera diariamente y se tendría que contratar con particulares el servicio que hoy se realiza con uno de los costos más bajos de operación del mundo.Recientemente, el 21 de marzo, tras el deceso de 11 campesinos de la comunidad de El Refugio en Atotonilco de Tula, Hidalgo, a consecuencia de la respiración de emanaciones tóxicas cuando se disponían a realizar limpieza del cárcamo Artículo 123 de la Conagua, Luege Tamargo se deslindó argumentando que los campesinos no contaban con permiso para llevar a cabo esas actividades, aun cuando un convenio con esa comisión obliga a los campesinos a realizar labores de limpieza a cambio de aprovechar el líquido, y culpó al GDF por la tragedia, “ya que se ha echado para atrás para firmar el acuerdo de licitación para construir la planta tratadora en Atotonilco... situación grave e irresponsable, pues la ciudad de México se niega a sanear sus aguas negras que llegan a Hidalgo”.Ahora, con motivo de las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, que obligan al cierre total del suministro de agua por 36 horas y que afectará a 5 millones de personas, Luege Tamargo ha iniciado una nueva cruzada. A la vieja usanza del foxismo, acusa al GDF de que “utiliza el dinero para otras cosas, no para obras prioritarias”, que “se pierde más agua en fugas en la red secundaria”, y amaga con sacar de operación varias presas clave en el Sistema Cutzamala, como la de Villa Victoria que aloja 29% del agua del sistema, porque están en un “nivel crítico de almacenamiento”.Nadie puede negar la gravedad del problema. En 1955, la disponibilidad de agua por habitante en México era de 11 mil 500 metros cúbicos por habitante; en 2004 esta disponibilidad cayó a 4 mil 500 y se estima que para 2025 será de 3 mil 822. México registra uno de los mayores promedios de consumo de agua por habitante en el mundo: 360 litros diarios.La Zona Metropolitana del Valle de México consume 65 metros cúbicos por segundo de agua potable, 35 de los cuales se consumen en el Distrito Federal. Esta cuota de disponibilidad se mantiene inalterada desde 1995. El 60% de este líquido se extrae de los acuíferos y los manantiales del valle de México y el 40% restante de fuentes externas. El Sistema Cutzamala abastece 28% de agua a la zona metropolitana, aprovechando un sistema de presas que hasta los años 70 generaba energía eléctrica; y que hoy esa agua se bombea hasta la cuota de 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar, a través de una línea de ductos de 160 kilómetros.El Sistema Cutzamala es vital para garantizar el abasto de agua y la gobernabilidad en la zona metropolitana. Es una prioridad atender su buen funcionamiento y el manejo adecuado de la cuenca para permitir un aprovechamiento sustentable del recurso. Se requieren cambios en los hábitos de consumo y una nueva cultura de manejo del agua basada en información clara y no en amarillismo. Utilizar lo delicado de esta situación para agitar las aguas de la política puede conducir, más allá de la confrontación entre distintos órdenes de gobierno, a despertar irresponsablemente ánimos sociales de los cuales, ante la manipulación de la información y la angustia de carecer del vital líquido, difícilmente se puede predecir su alcance.México no necesita prolongar el vía crucis que atraviesa; bastante tiene con los problemas de pobreza, desempleo, inseguridad y endeudamiento, para que se agiten las aguas en un ejercicio irresponsable de la función pública.
El llamado paquete hacendario 2008, que pron-to entrará en vigor con el aumento a las gasolinas, ha traído consigo una escalada de precios en diversos sectores, que si bien ha sido subestimada por las autoridades federales y el sector privado, impacta negativamente a la mayor parte de la población.
El gobierno y el sector privado se empecinan en defender una mítica cifra de 3% de inflación prevista para este año, cuando en realidad, los propios datos oficiales reconocen al mes de agosto una inflación de 4%, mientras los subíndices que impactan el bienestar de la gente, como el de alimentos, rebasa en las cuentas oficiales 7.5%.
Más allá de las cifras oficiales, en las últimas semanas se ha venido registrando una inflación silenciosa, sin que ninguna autoridad reconozca esta situación y, menos aún, haya intervenido, lo que ha impactado negativamente a la economía popular.
En los últimos 10 meses el precio de los productos de la canasta básica registró un incremento superior a 38%; casi 10 veces más que el aumento de 3.9% otorgado al salario mínimo este año.
A las alzas en el gas, luz, frijol, huevo, leche y tortilla —que se continúa vendiendo hasta en 10.50 pesos el kilo— se suma el aumento de 3.5% promedio a los energéticos, sin considerar el próximo incremento de 5.5% derivado del nuevo impuesto a las gasolinas, que acumulará 36 centavos durante los próximos 18 meses; el aumento de 100% en la harina de trigo, que pasó de 5.25 a 10.50 pesos, con la consiguiente alza en el bolillo, que subió de 1.20 hasta 1.80 pesos; y en el pan dulce, que se incrementó en 50 centavos.
Otros ejemplos son los incrementos en el jitomate, que pasó de 12 a 17 pesos; la calabaza, que lo hizo de 9 a 17 pesos; el tomate verde de 11 a 19 pesos; mientras un kilo de bistec se vende en 70 pesos.
Como siempre, el impacto negativo mayor de estos aumentos se registra en la población más pobre, aquella a la cual el INEGI ubica en el decil 1 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y que recibió en 2004 1.1% del total de los ingresos que se generan en el país, y que de acuerdo con dicho estudio, destinan 46% de sus ingresos a alimentos, bebidas y tabaco, y 12.8% al consumo de gasolina, diesel y transporte público.
Ello obligará, frente a una política de contención salarial, a que la mayor parte de los mexicanos reduzca su nivel y calidad de consumo para hacer frente a estos aumentos, con la consiguiente merma en su calidad de vida. Como bien ha señalado Enrique del Val en estas mismas páginas: “Los técnicos gubernamentales deben recordar que los 50 millones de mexicanos pobres no son sólo una cifra estadística, son personas de carne y hueso que la están pasando muy mal y ahora estarán peor”.
Un principio básico de la economía establece que no es aconsejable subir impuestos cuando la economía está debilitándose, porque lo único que se logra es provocar menos crecimiento y más desempleo. Menos aún cuando existen factores externos desfavorables a la economía, como la crisis hipotecaria en Estados Unidos o el estancamiento de las remesas de los trabajadores migrantes, que habían venido creciendo a una tasa de 15% anual; o cuando la producción manufacturera nacional, que en 2006 se incrementó en 5.5%, este año apenas se mantiene en 0.2%, lo cual conducirá a que la economía mexicana crezca este año a la mitad de lo alcanzado el año pasado.
El aumento de impuestos en este clima económico no sólo no atempera el impacto externo negativo, sino que agrava la tendencia recesiva de la economía y empeora las expectativas del sector productivo, causando así menos inversión y menos empleos, y lo más delicado aún, el empecinamiento por mantener un régimen de privilegios fiscales a los grandes empresarios, deteriorará más la de por sí precaria situación de vida de la mayoría de los mexicanos.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
