Alejandro
Encinas Rodríguez
Mañana el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas compartirá espacio con DIlma Rouseff,
Ernesto Samper, Estela de Carlotto y Adolfo Perez Esquivel en la Jornada Internacional #ArgentinaConLula en la Feria del Libro en Buenos Aires 
👊
fotos aer
Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
Alejandro
Encinas Rodríguez
Compartimos carta recibida por los Empresarios de la
Camara Nacional de la Industria Textil, referente a nuestro voto en contra del #TPP-11
Facilita a trasnacionales apropiarse de yacimientos: Morena, PT y PRD
Ratifica el Senado tratado que delimita la frontera
marítima entre México y EU
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 27 de abril de 2018, p. 16
Viernes 27 de abril de 2018, p. 16
En la última sesión del periodo ordinario, el Senado ratificó el tratado
entre México y EU sobre delimitación de la frontera Marítima en la región
oriental del Golfo de México, con el voto en contra de PT-Morena y del PRD, por
considerar que facilita que empresas trasnacionales se apropien de los
yacimientos petroleros transfronterizos que corresponden al país.
Ese instrumento fue firmado en
Washington el 8 de enero de 2017, con el objetivo primordial de delimitar la
frontera marítima de la plataforma continental más allá de 200 millas náuticas,
así como reconocer la vigencia del marco jurídico existente en materia de
yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.
Sin embargo, Dolores Padierna y
Alejandro Encinas advirtieron que México debió negociar una moratoria para la
explotación de petrolíferos en esa zona.
Encinas,
legislador independiente, destacó ante el pleno que en ese tratado a México le
corresponde la menor parte, quizás una quinta. Por ello, dijo, se requería
un debate más profundo y con mayor apertura, donde se explicara ampliamente y
de manera técnica todas las observaciones que se plantearon.
Subrayó
que es cuestionable la estrategia seguida por la Secretaría de Relaciones
Exteriores al negociar dos tratados bilaterales en lugar de uno trilateral,
como impone naturalmente la vecindad de México, Estados Unidos y
Cuba. Resulta evidente que el procedimiento bilateral surge del interés
estadunidense de mantener separado al país caribeño, por sus diferencias
ideológicas y su sistema económico, pero esa estrategia está fracasando.
Padierna destacó que ese dictamen es
incompleto, porque analiza la relación con el vecino del norte omitiendo
deliberadamente el acuerdo con Cuba sobre la delimitación de la frontera. “Es
una falta imperdonable, porque la revisión de la geopolítica y de lo que está
en juego no puede ser fraccionado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se descubre un
yacimiento transfronterizo en el punto geográfico donde convergen las tres
fronteras? Estamos hablando del Hoyo de Dona.”
Asimismo, el Senado ratificó el tratado
con Cuba sobre la delimitación de la plataforma continental en el polígono
oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, que tiene
como objetivo la delimitación de la frontera, así como establecer mecanismos
futuros de cooperación en materia de yacimientos transfronterizos de
hidrocarburos y medidas de prevención, atención y mitigación ante eventuales
contingencias ambientales.
La agenda incluyó 163 dictámenes, los
cuales se aprobaron sin discusión. Al cierre de esta edición se habían aprobado
62.
También se avalaron sin debate 13
acuerdos internacionales, entre ellos uno de servicios aéreos con el gobierno
de Israel y otro de reconocimiento de certificado de estudios de nivel primario
y medio no técnico, o sus denominaciones equivalentes, entre México y la
República de Argentina.
Asimismo, se avalaron modificaciones en
materias de derechos humanos y migración, y reformas a las leyes de Educación,
Salud y Protección Civil, entre otras.
Pone en situación vulnerable al presidente, coinciden legisladores
Frena el Senado minuta que quita el fuero a funcionarios
Riesgo de que el Ejecutivo sea enjuiciado por cualquier delito o por
capricho
Comisiones del Senado acordaron revisar
a fondo la minuta que les envió la Cámara de Diputados, por considerar que
contiene inconsistencias jurídicas y de técnica legislativa que podrían llevar
a la ingobernabilidad. En la imagen, Ivonne Álvarez, Héctor Flores y Enrique
Burgos Foto Yazmín Ortega Cortés
Andrea Becerril
y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 27 de abril de 2018, p. 15
Viernes 27 de abril de 2018, p. 15
El Senado frenó la minuta por la que se elimina el fuero de todos los
servidores públicos, toda vez que legisladores de PRI, PT Morena e
independientes, que integran las comisiones dictaminadoras, consideraron que
contiene deficiencias e inconsistencias jurídicas y de técnica legislativa que
deben analizarse y corregirse.
Aprobarla en sus términos, pondría en
situación de vulnerabilidad al presidente de la República, del partido que sea,
e incluso podría llegarse a la ingobernabilidad y a una crisis de Estado,
coincidieron senadores de PRI, PT-Morena e independientes.
Durante una reunión de las comisiones
de Puntos Constitucionales, Justicia, Reforma del Estado y Estudios
Legislativos Segunda, que se prolongó varias horas, a propuesta del PRI se
acordó integrar una comisión técnica que revisará a fondo la minuta y realizará
los cambios necesarios.
Legisladores del PAN no estuvieron de
acuerdo. Jorge Luis Preciado insistió una y otra vez, al igual que Martha
Tagle, militante de Movimiento Ciudadano, en que debía aprobarse en sus
términos, pero no tuvieron éxito.
Nadie quiere privilegios, estamos por
la desaparición del fuero, pero tiene tales deficiencias que no podemos dejarla
como está. El objetivo de la reforma es impecable, pero los instrumentos que
propone van a producir un mal mayor que el bien que se invoca, sostuvo el
priísta Manuel Cavazos Lerma.
Hay que corregir, insistieron los
también priístas Enrique Burgos, Miguel Romo, Patricio Martínez y Yolanda de la
Torre, en coincidencia con legisladores de PT-Morena e independientes.
Antes de que se iniciara la reunión de
comisiones unidas, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, insistió en
que su bancada está en favor de eliminar el fuero, pero el documento que les
remitió la Cámara de Diputados contiene inconsistencias jurídicas y de técnica
legislativa que han provocado inquietud entre legisladores, grandes
abogados constitucionalistas y ministros de la Corte.
El
presidente de la República podrá ser sujeto de juicios y demandas constantes de
su mandato, de cualquier juez, por cualquier delito e incluso por
caprichos del Congreso, advirtió Alejandro Encinas, quien coincidió con el
también legislador independiente Manuel Cárdenas en que podría haber procesos
inventados contra el Ejecutivo federal, lo que generaría parálisis en su
gobierno.
Encinas
precisó que la minuta modifica el artículo 110 constitucional, para incorporar
como sujeto de juicio político al presidente de la República. Se establece,
detalló, que la Cámara de Diputados procederá a la votación con mayoría
calificada, pero no precisa si del total de los miembros de la Cámara o de los
presentes.
Ello
podría derivar en que 40 diputados pudieran someter a juicio político al
presidente, insistió Encinas. Dijo que existe un vacío en la tipificación de
delitos por los que debe ser juzgado, ni se precisa cuáles son los órganos
ministeriales y jurisdiccionales competentes para la determinación de
vinculación a proceso del Ejecutivo.
Fallas en minuta del fuero atoran a Senado
Aprobarla en sus términos
pueden generar problemas de ingobernabilidad en el país, advirtieron
legisladores
27/04/2018 05:00 LETICIA ROBLES DE
LA ROSA
Labor legislativa. Los
senadores formaron un grupo técnico de trabajo para hacer los cambios
necesarios, a fin de presentar un proyecto de dictamen a la brevedad. Foto:
Elizabeth Velázquez/Archivo
CIUDAD
DE MÉXICO.
El Senado trabaja a marchas forzadas el
proceso de la eliminación del fuero de los servidores públicos, porque los
legisladores detectaron al menos cinco zonas de riesgo en la minuta de la
Cámara de Diputados, que de aprobarlas en sus términos pueden generar problemas
de ingobernabilidad en el país e incluso contiene disposiciones que nulifican
de facto la eliminación de esta inmunidad procesal.
Ayer,
los senadores de todos los partidos hicieron pública su decisión de trabajar
por la eliminación de la inmunidad procesal de los servidores públicos,
conocido como fuero, pero decidieron hacerlo de manera altamente responsable,
porque no se debe caer en la tentación de congelar su aplicación, ya que la
minuta de Cámara de Diputados es “perfectible y jurídicamente debatible”.
Los senadores formaron un grupo técnico de trabajo para hacer los cambios
necesarios, a fin de presentar un proyecto de dictamen a la brevedad.
Héctor
Flores, del PAN; Alejandro Encinas, sin grupo parlamentario; Humberto
Fernández, del Partido del Trabajo; José María Tapia, Patricio Martínez, Diva
Gastélum, Verónica Martínez, Manuel Cavazos y Yolanda de la Torre, del PRI,
entre otros, coincidieron en que es necesario hacerle ajustes; incluso el
priista José María Tapia aclaró que los senadores, en su calidad de revisores,
no deben trabajar en función de “trámites electoreros”, con la idea del “1 de
julio”, sino en función de entender que con esta reforma constitucional
“estamos transformando el Estado mexicano”.
Una
de la zonas de riesgo que encontraron los senadores a la minuta de los
diputados federales es que añade en el artículo 11 que “cuando un juez
determine la vinculación a proceso a algunos de los servidores públicos
señalados en este artículo, se le pondrán imponer cualesquiera de las medidas
cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la
prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en
tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual
fue electo o nombrado”.
Añade
que “en ningún caso se impedirá el ejercicio de las funciones y facultades
inherentes a la deliberación o voto en los órganos colegiados del poder público
al que pertenezca el servidor público imputado o acusado”, lo cual anula de
facto el objetivo de la desaparición del fuero.
Encontraron
también si la sentencia condenatoria debe ser en su concepto llano o que ya
haya causado estado.
Otra
se refiere a que establece que para sujetar al Presidente de la República a un
juicio político, “se requerirá de mayoría calificada”, pero no determina si esa
mayoría calificada es en función del tamaño total de la Cámara o de los
legisladores presentes en la sesión, lo cual es totalmente distinto.
Uno
más se refiere a que la minuta establece que el Presidente de la República será
sujeto de juicio político, pero no especifica cuáles son las causales de ese
juicio político y al no contener ese catálogo, entonces un Presidente de la
República puede ser acusado por cualquier motivo.
Otra es que en el listado de los sujetos obligados a quienes se les quita el
fuero constitucional, se excluyó a los síndicos, lo que implica que ellos
tendrán una inmunidad procesal que no tendrán ni los ministros de la Corte, ni
los jueces ni el Presidente de la República.
ANOMALÍAS
Entre las zonas de riesgo
está:
Una de la zonas de riesgo
que encontraron los senadores a la minuta de los diputados federales es que añade
en el artículo 11 que “cuando un juez determine la vinculación a proceso a
algunos de los servidores públicos señalados en este artículo, se le pondrán
imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de
Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en
el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o
bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado”.
Otra es que en el listado
de los sujetos obligados a quienes se les quita el fuero constitucional, se
excluyó a los síndicos, lo que implica que ellos tendrán una inmunidad procesal
que no tendrán ni los ministros de la Corte, ni los jueces ni el Presidente de
la República.
26 de abril de 2018
Encinas hizo ver que la minuta establece que para iniciar
juicio político contra el Presidente se requiere el voto de dos terceras partes
del Senado.
Acusan omisiones en minuta sobre fuero
Antonio
Baranda
Cd. de México (26 abril 2018).-
El senador Alejandro Encinas dijo
que la minuta tampoco precisa qué autoridades ministeriales o judiciales podrán
proceder en contra del Ejecutivo federal.
Foto: Archivo
Senadores señalaron omisiones en la minuta sobre eliminación de fuero
que se discute en las comisiones unidas.
Alejandro Encinas indicó que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no especifica los delitos por los cuales puede ser juzgado el Presidente de la República.
Alejandro Encinas indicó que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no especifica los delitos por los cuales puede ser juzgado el Presidente de la República.
Propuso que se le pueda juzgar por ilícitos vinculados con la
corrupción, traición a la patria, así como delitos electorales, de lesa
humanidad y graves del fuero común y federal.
Durante la sesión de las comisiones, el senador sin grupo indicó que la minuta tampoco precisa qué autoridades ministeriales o judiciales podrán proceder en contra del Ejecutivo federal.
"En la forma que está redactada, cualquier juez puede iniciar el proceso para remover al Presidente de la República", mencionó.
"Esto genera incertidumbre y conduce a generar condiciones de ingobernabilidad porque quien llegue a la Presidencia estaría sujeto de manera sistemática a procesos iniciados en cualquier ministerio público, cualquier juzgado, o al capricho del Congreso".
Encinas hizo ver que la minuta establece que para iniciar juicio político contra el Presidente se requiere el voto de dos terceras partes del Senado.
Pero no se especifica si dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión o de los integrantes de la Cámara.
"Para dar certeza debe establecerse las dos terceras partes de los integrantes del Senado", manifestó.
Las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia, Reforma del Estado, y Estudios Legislativos, iniciaron una sesión para discutir la minuta sobre fuero y votarla en lo general
Sin embargo, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos, decretó un receso después de 40 minutos, el cual ya terminó.
Hasta el momento no existe un acuerdo para votar en sus términos la minuta remitida por los diputados, ya que hay interés por hacerle modificaciones.
Por separado, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, confirmó que hay "inquietudes" de todos los partidos políticos sobre el contenido.
"Hay inquietudes, sí hay inquietudes de todos los partidos, saben perfectamente que tiene cosas inconstitucionales. Yo no sé si eso es lo que van a dictaminar, yo seré respetuoso", dijo.
"Pero oí comentarios de todos los partidos, no del PRI, de todos los partidos, de que tenían muchas inquietudes, sin embargo, les reitero, si la decisión de las cuatro comisiones es que salga como vino de la Cámara de Diputados lo del fuero, el PRI votará a favor".
En conferencia, Gamboa ventiló que recibió llamadas de ministros y constitucionalistas que también le expresaron su "enorme inquietud" sobre lo aprobado por los diputados.
"Entonces tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Si hay cualquier cambio, una coma, tiene que regresar a la Cámara de Diputados a que sea revisada, discutida y aprobada o rechazada", mencionó.
"Haremos nuestro esfuerzo para que se saque aquí, si es como viene y esa es la decisión de las comisiones, así saldrá, si hay alguna modificación, que yo no puedo hablar de eso, lo tendremos que mandar a la Cámara de Diputados".
Durante la sesión de las comisiones, el senador sin grupo indicó que la minuta tampoco precisa qué autoridades ministeriales o judiciales podrán proceder en contra del Ejecutivo federal.
"En la forma que está redactada, cualquier juez puede iniciar el proceso para remover al Presidente de la República", mencionó.
"Esto genera incertidumbre y conduce a generar condiciones de ingobernabilidad porque quien llegue a la Presidencia estaría sujeto de manera sistemática a procesos iniciados en cualquier ministerio público, cualquier juzgado, o al capricho del Congreso".
Encinas hizo ver que la minuta establece que para iniciar juicio político contra el Presidente se requiere el voto de dos terceras partes del Senado.
Pero no se especifica si dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión o de los integrantes de la Cámara.
"Para dar certeza debe establecerse las dos terceras partes de los integrantes del Senado", manifestó.
Las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia, Reforma del Estado, y Estudios Legislativos, iniciaron una sesión para discutir la minuta sobre fuero y votarla en lo general
Sin embargo, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos, decretó un receso después de 40 minutos, el cual ya terminó.
Hasta el momento no existe un acuerdo para votar en sus términos la minuta remitida por los diputados, ya que hay interés por hacerle modificaciones.
Por separado, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, confirmó que hay "inquietudes" de todos los partidos políticos sobre el contenido.
"Hay inquietudes, sí hay inquietudes de todos los partidos, saben perfectamente que tiene cosas inconstitucionales. Yo no sé si eso es lo que van a dictaminar, yo seré respetuoso", dijo.
"Pero oí comentarios de todos los partidos, no del PRI, de todos los partidos, de que tenían muchas inquietudes, sin embargo, les reitero, si la decisión de las cuatro comisiones es que salga como vino de la Cámara de Diputados lo del fuero, el PRI votará a favor".
En conferencia, Gamboa ventiló que recibió llamadas de ministros y constitucionalistas que también le expresaron su "enorme inquietud" sobre lo aprobado por los diputados.
"Entonces tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Si hay cualquier cambio, una coma, tiene que regresar a la Cámara de Diputados a que sea revisada, discutida y aprobada o rechazada", mencionó.
"Haremos nuestro esfuerzo para que se saque aquí, si es como viene y esa es la decisión de las comisiones, así saldrá, si hay alguna modificación, que yo no puedo hablar de eso, lo tendremos que mandar a la Cámara de Diputados".
Hora de publicación: 18:46 hrs
26
abril 2018
Las propuestas de modificación fueron desechadas por la mayoría de la
Asamblea y los artículos reservados se aprobaron en lo particular, en sus términos,
por 57 votos a favor, 40 en contra. El proyecto de decreto se envió al
Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Mi voto en contra
a la #LeyChayote
60 senadores
aprueban de noche la #LeyChayote, pese a múltiples críticas
Se impuso la propuesta del PRI aprobada por la
Cámara de Diputados; el proyecto de decreto se envió al presidente Enrique Peña
Nieto.
Redacción AN
abril 26, 2018 8:08 am
4.2K
De noche,
con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el Senado de
la República aprobó en lo general la Ley General de Comunicación Social, así
como los artículos no reservados, pese a las múltiples críticas hechas contra
la minuta tanto por partidos de oposición como por parte de organizaciones no
gubernamentales que incluso la bautizaron como #LeyChayote.
El objetivo de la
ley es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y
garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
De esta forrma, el
Congreso dio cumplimiento a la sentencia que emitió la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para que se legislara en la materia, antes del
30 de abril, cuando termina formalmente el periodo ordinario.
El presidente de
la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, informó que a propuesta de la Mesa
Directiva y en votación económica, el Pleno autorizó que dicho dictamen se
presentara ante la Asamblea para su conocimiento, discusión y votación, en
términos reglamentarios. Luego de aprobarse se incorporó al orden del día; se
omitió su primera lectura y dispensó la segunda de lectura.
La senadora Martha
Tagle Martínez, sin Grupo Parlamentario, presentó una moción suspensiva para
regresar el dictamen a comisiones y modificarlo, pero fue rechazada con
58 votos en contra y 37 a favor.
Al presentar el
dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl
Aarón Pozos Lanz, afirmó, en tribuna, que el dictamen cuenta con los
elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental,
bajo cualquier modalidad de comunicación social.
“Creemos –expresó–
que la ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a
una información completa, oportuna y veraz; prevé el manejo transparente de los
recursos públicos; establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación
social en todos los Poderes de los tres órdenes de gobierno y de los entes
públicos”.
Por la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía, su presidente, el senador Froilán Esquinca
Cano, dijo que las asociaciones civiles “nos han mostrado los mecanismos
jurídicos, como instrumentos de lucha, ante los actos de gobierno que
consideren vulneren sus derechos”.
El senador hizo un
llamado para que se cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en tiempo y forma, sin dejar de lado que el fondo de la Ley debe de
garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Los senadores
Héctor Larios Córdova y Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del PAN; Angélica De
la Peña Gómez, del PRD, y Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron votos
particulares respecto al proyecto de decreto.
El texto del
dictamen que conoció la Asamblea, señala que el ordenamiento será aplicable a
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de
gobierno.
Define a la
Secretaría de Gobernación y a la dependencia o unidad administrativa
equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios, como
encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social.
La Secretaría de
Gobernación estará encargada de prestar asistencia técnica y evaluación de las
estrategias, programas y campañas de comunicación social para efectos de la
difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
Ley General de
Comunicación Social establece la obligación de los entes públicos que cuenten
con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para gasto en comunicación
social, de elaborar un Programa Anual en este tema, concordante con los
recursos asignados en el ejercicio fiscal que corresponda.
Dispone que los
medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de
propaganda deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios
de Comunicación, el cual estará a cargo de la Secretaría de Gobernación.
La información
contenida en el Padrón Nacional será pública y accesible vía electrónica, se
precisa que el empadronamiento de los medios de comunicación en ningún caso
implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos.
Señala que la
revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en la materia se
realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo
dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Además, los entes
públicos no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra
obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de
servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en
materia de comunicación social.
La legislación
precisa que tampoco podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos
comerciales, a través de los medios de comunicación, siempre y cuando
privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado, y
éstos no estuvieran disponibles.
En cuanto a los
tiempos oficiales, se incluye que éstos serán utilizados para la difusión de
contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos,
culturales y otros asuntos de interés social. En casos de emergencia derivados
de situaciones de salud, desastres naturales o de protección civil, se podrán
difundir campañas de comunicación para mantener informada a la población.
Determina la
distribución de los tiempos fiscales de la siguiente manera: al Poder Ejecutivo
Federal se le asigna el 40 por ciento; al Poder Legislativo 30 por ciento; 10
por ciento para el Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.
Durante el tiempo
que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de
toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación.
Se indican las
normas para la difusión de mensajes extraordinarios, que son aquellos que
comprenden información relevante para atender una situación de carácter
emergente o coyuntural y que, por no ser previsible, no está incluido en el
Programa Anual de Comunicación Social.
Con este nuevo
marco legal se establece la obligación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal de registrar en el Sistema Público, a cargo de
la Secretaría de la Función Pública, la información desglosada por partida
presupuestal de las erogaciones referidas a gasto en campañas de comunicación
social.
Los entes públicos
están obligados a poner a disposición del público y mantener actualizado un
informe semestral sobre el gasto en campañas de comunicación social en su
portal de transparencia.
Constituyen
infracción a esta Ley el difundir campañas de comunicación social violatorias a
los principios rectores, exceder los límites y condiciones establecidas para
los informes anuales de labores de los servicios públicos, el incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones contenidas en este ordenamiento.
Cuando las
autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna de estas
infracciones se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará
la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir
responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente
del Ministerio Público, a fin de que se proceda en los términos de las leyes
aplicables.
Debate en lo
general
En el debate del
proyecto, el senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, señaló que la minuta a
discusión no cumple con objetivos constitucionales de 2017 y 2014, ni con
observaciones de organismos internacionales, ni hay consenso entre las fuerzas
políticas representadas en el Senado para su aprobación.
En contra también,
el senador Isidro Pedraza, del PRD, dijo que no cumple con las formalidades que
exige la Suprema Corte, y que el Congreso de la Unión sólo cumple por
cuestiones de tiempo, lo cual significa una simulación para continuar la
discrecionalidad en la asignación de recursos con ese fin.
Del PT, la
senadora Dolores Padierna Luna dijo que esta Ley no elimina
“la ilegal concentración del 60 por ciento de los recursos públicos” en un
puñado de medios electrónicos y no contiene sanciones, ni límites; “es un
catálogo de promesas sin fiscalización y de ambigüedades que permitirán la
discrecionalidad en las campañas de comunicación”.
La senadora del
PRI, María Verónica Martínez Espinoza manifestó que esta
legislación supone un avance impostergable en materia de transparencia y
rendición de cuentas, ya que es un primer paso para la conformación de normas
claras y eficaces en la relación que el Estado mexicano tiene con los medios de
comunicación.
Su compañero de
bancada, José Ascención Orihuela Bárcenas aseguró que esta ley responde
cabalmente a la exigencia ciudadana de garantizar el acceso a una información
completa, oportuna y veraz en el marco de un ejercicio eficaz, transparente y
responsable del uso de recursos públicos para el modelo de propaganda
gubernamental.
Ernesto Ruffo
Appel, del PAN, consideró que la propuesta no cumple a cabalidad con
objetivos que se plantearon en la Constitución para proteger el
derecho a la libertad de expresión y reducir la discrecionalidad en el gasto de
comunicación social.
Para la senadora
Martha Tagle Martínez se trata de un proyecto que abre la posibilidad para la
difusión de programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al
público y tampoco delimita el contenido de carácter promocional de los
programas sociales.
El senador Jesús
Casillas Romero del PRI, al manifestarse en pro argumentó que se da un gran
paso para que los gobiernos federal y estatales transparenten sus gastos, lo
cual es fundamental para la democracia y derecho a la información.
Manuel Bartlett
Díaz, senador del PT, se pronunció en contra al afirmar que existe un rechazo
general de parte de las organizaciones sociales a la nueva norma, porque no
pone límites al gasto del gobierno.
A favor, el
senador Esteban Albarrán Mendoza, del PRI, aseguró que hoy se responde a una
exigencia ciudadana para el mejor manejo de los recursos en publicidad y se
fiscalizará su asignación en los tres niveles de gobierno para evitar su uso
discrecional y desvíos arbitrarios.
En contra, el
senador Isidro Pedraza, del PRD, dijo que no cumple con las formalidades que
exige la Suprema Corte, y que el Congreso de la Unión sólo cumple por
cuestiones de tiempo, lo cual significa una simulación para continuar la discrecionalidad
en la asignación de recursos con ese fin.
La senadora
Anastacia Flores Valdez, del PRI, dijo que la aprobación de esta norma es una
obligación ineludible; “la Suprema Corte nos ha llamado a cumplir con nuestro
deber legislativo y concluir con esta gran tarea y atender una demanda
ciudadana que exige la conformación de mecanismos jurídicos claros en el uso de
la comunicación social”.
En contra, el
senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, opinó que los recursos
exorbitantes que se utilizan en este tema pueden destinarse a combatir la
pobreza, la inseguridad o el desempleo en el país.
El senador del PT,
David Monreal Ávila aseguró que la reforma estaría dotando a la Secretaría de
Gobernación de facultades discrecionales sobre la asignación de publicidad y
control total del padrón de medios de comunicación. “El objetivo es mantener la
propaganda gubernamental al servicio de los intereses políticos de manera
discrecional y arbitraria”.
Su compañera de
bancada, María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo advirtió que esta ley debe
ser rechazada y “la Suprema Corte debe aclarar y definir si el término correcto
es: propaganda gubernamental o difusión de información”.
Del PT, el senador
Marlon Berlanga Sánchez consideró que con esta legislación se regresa a
fórmulas del pasado que no fortalecen a la democracia en México.
Posteriormente,
los senadores Angélica De la Peña, Isidro Pedraza, Froilán Esquinca, Martha
Tagle, Pilar Ortega, Luis Sánchez, Fernando Herrera y Alejandro Encinas,
hicieron reservas, por separado, para cambiar la denominación de la Ley y
modificar el contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 44 y 45,
así como la adición de los nuevos preceptos.
Las propuestas de
modificación fueron desechadas por la mayoría de la Asamblea y los artículos
reservados se aprobaron en lo particular, en sus términos, por 57 votos a
favor, 40 en contra. El proyecto de decreto se envió al Ejecutivo Federal
para sus efectos constitucionales.
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