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"Estamos en una crisis humanitaria que deriva de la ausencia del Estado":

Alejandro Encinas Rodríguez

Venimos de lejos

Dtto 30

Constituyente

Senador




Reunión con el gobernador de Veracruz, @CuitlahuacGJ, la Comisionada @kiquinta @Busqueda_MX y la Fiscal del estado @FGE_Veracruz, Verónica Hernández en la que se sigue avanzando en el tema del Mecanismo extraordinario forense.

23 de enero, 2019




Participé en el Encuentro por la igualdad y no discriminación, hacia un Código Civil más incluyente organizado por la diputada Mónica Robles Barajas del Congreso de Veracruz.

23 de enero, 2019



Que en paz descanse José Pedro Vizuet Bocanegra
21 de enero, 2020


Esta mañana sostuvimos una reunión con el colectivo "Los olvidados de Ayotzinapa" Acordamos una agenda de atención conjunta entre la Subsecretaria, @FGRMexico y @CEAVmex

21 de enero, 2020




Frenar la violencia infantil
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
21 de enero, 2020

El lamentable suceso que representa la tragedia en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, es una fuerte llamada de atención, tanto para quienes cumplimos con una responsabilidad en el gobierno, como para la sociedad en su conjunto.

Eventos dramáticos que conocíamos a la distancia en otros países con modelos de sociedad diferentes al nuestro, hoy se manifiestan como una de las mayores expresiones de violencia y vulnerabilidad a las que se encuentran expuestos las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, con consecuencias devastadoras en sus vidas.

Datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dan cuenta de esta dolorosa situación: Seis de cada 10 niños entre uno y 14 años de edad han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico. Diariamente se cometen ocho homicidios de NNA. Cada año dan a luz más de once mil niñas entre 10 y14 años de edad. En promedio, cada día, más de 150 niños son atendidos en diversas instituciones públicas y privadas por maltrato infantil.

Actualmente se encuentran registrados más de 6 mil NNA desaparecidos. El suicidio de NNA de 10 a 17 años va en aumento. Cada día los NNA tienen una relación con la violencia, en el acoso escolar, la violencia de género, la exclusión, en las redes sociales o en los contenidos de los programas televisivos y videojuegos.

La explotación sexual infantil crece, al igual que la cooptación voluntaria y forzada de NNA por parte del crimen organizado. La participación en casos de secuestro por parte de menores de edad, son claro ejemplo de las consecuencias de la violencia que enfrentan.

La población adulta ha perdido conexión y comprensión con las nuevas generaciones. El deterioro de la convivencia familiar y comunitaria, acrecienta las diversas formas de violencia y la desintegración de los núcleos familiares, al tiempo que las nuevas formas de organización y convivencia familiar, así como la compleja realidad socioeconómica, profundizan las brechas de comunicación y conversación con las nuevas generaciones.

Es imperativo construir nuevos puentes de diálogo, basados en el reconocimiento del problema, a fin de fortalecer los ámbitos familiar, escolar y comunitario, estableciendo, en los tres órdenes de gobierno, acciones en contra de las violencias que aquejan a la niñez y a los adolescentes, con una visión integral y de respeto a los derechos humanos.

Las violencias no solo se consuman en el tiroteo en una escuela, son violencias que se expresan en la vida cotidiana, en el castigo corporal, el abuso sexual, los homicidios y los suicidios que afectan la vida de niñas, niños y adolescentes, que lamentablemente, como sociedad, se han venido normalizando.

Se requiere de una acción política firme que privilegie la protección y garantía de los derechos de niñez y adolescencia, para recomponer el tejido social, así como la convivencia familiar, escolar y comunitaria.

Corresponde al Estado la creación de los planes de acción en contra de la violencia infantil y adolescente, el fortalecimiento de las procuradurías de protección de niñez y adolescencia. Revisar los lineamientos de clasificación de los contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, así como la clasificación y comercialización de videojuegos.

Fortalecer las políticas públicas de protección integral para garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia a una vida libre de violencia y de toda forma de discriminación, luchando contra la cultura de normalización de las violencias que aquejan la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.

Pero también, urge una acción enérgica desde la sociedad, recuperar los valores de cohesión e identidad que deben representar las familias, la escuela, el barrio, el pueblo, el deporte, e incluso las iglesias, condición indispensable para remontar esta situación en momentos en que la violencia ha anidado en los hogares. (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)





Qué mala noticia, se va un referente ético indiscutible de la izquierda mexicana, don Pablo Sandoval Cruz. Mi más sentido pésame a su familia y amigos.

21 de enero, 2020




Productiva reunión con Raúl Morón (@raulmoron), presidente municipal de Morelia, Michoacán.

20 de enero, 2020



Revista La Zurda No. 47
Cien años del Partido Comunista Mexicano


15 de enero, 2020



Reunión con el Director general de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas de Colombia, Ramón Alberto Rodríguez

13 de enero, 2020



Reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrantes del Grupo Interdiciplinario de Expertas y expertos Independientes (GIEI)


8 de enero, 2020


Sostuvimos reunión con Bernard Duhaime, integrante del Grupo de Trabajo de la #ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

10 de enero, 2020



Reunión entre la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero


8 de enero, 2020





La desaparición de personas
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
7 de enero, 2020

Desde el inicio del actual gobierno hemos asumido nuestra obligación de transparentar toda la información pública que se genera y rendir cuentas de nuestro desempeño, sin ocultar ningún dato, por doloroso que éste sea.

Es el caso de una de las expresiones más desgarradoras de la crisis que enfrenta nuestro país desde hace décadas, resultado de la violencia que ha anidado en las instituciones públicas y en la sociedad: la desaparición de personas.

A lo largo del último año, en un esfuerzo de coordinación con las autoridades de las entidades federativas, nos hemos empeñado en construir los instrumentos que permitan realizar, siempre con la participación de las víctimas y sus familiares, acciones eficaces para enfrentar este reto, a fin de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación del daño a las víctimas y para remontar el rezago acumulado en las tareas de búsqueda e identificación de personas, resultado de políticas que durante años pretendieron minimizar este problema, ya sea asumiéndolo como un daño colateral en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, o ante la indiferencia, sino es que con la complicidad, de la autoridad.

Ello ha implicado realizar una revisión exhaustiva de la información existente, la cual en muchos casos se encontraba dispersa y no sistematizada, la que ha arrojado resultados que dan cuenta de la magnitud de esta lamentable situación.

Los datos correspondientes a los primeros trece meses del actual gobierno, reportan un total de 9 mil 164 denuncias por desaparición de personas, de las cuales el 43% fueron localizadas, y el 57% se mantienen desaparecidas.

Las entidades con el mayor registro de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Puebla. Al tiempo que las entidades que han logrado el mayor número de localizaciones son: Jalisco, Puebla, Yucatán, Guerrero y Chiapas.

En el mismo lapso, se registraron 873 fosas clandestinas en 519 sitios, donde se exhumaron mil 124 cuerpos. Las entidades con el mayor número de cuerpos exhumados son Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua que concentran el 73.4% del total. Cabe destacar -y este es un dato que se da a conocer por primera vez-, que 395 (35%) cuerpos han sido identificados y, de estos, 243 (21.6%), fueron entregados a sus familiares.

Estos datos son reflejo de un fenómeno extendido a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, durante el periodo 2006-2019 se acreditaron 3 mil 631 fosas clandestinas en todo el país. Al tiempo que entre los años 60 y diciembre de 2019, se reportó la desaparición de 147 mil 33 personas, (mil 584 corresponden a años anteriores a 2006), de las cuales el 58% han sido localizadas y 42% se mantienen desaparecidas, concentrándose el mayor número de desapariciones en los estados de Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, que suman el 39% del total.

Dos datos cimbran nuestra realidad: del total de las desapariciones denunciadas, 62 mil 517 corresponden a mujeres, que se ubican en su mayoría en un rango de edad entre los 10 y los 29 años, de las cuales, 46 mil 682 fueron localizadas; en tanto que 45 mil 612 correspondieron a hombres, en un rango entre los 15 y los 39 años de edad; de éstos, 38 mil 702, de los cuales fueron localizados.

Cabe señalar que aún falta sistematizar información de algunas fiscalías estatales, sin embargo hemos decidido hacer pública la información procesada hasta ahora, a fin de cumplir con nuestra obligación constitucional, pero además para avanzar en la garantía del derecho a la verdad, condición fundamental para hacer justicia. En ello, no regatearemos nuestro compromiso con las víctimas: decir siempre la verdad, sin mediar costos políticos, por dolorosa que ésta sea.

(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)




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Conferencia de prensa @SEGOB_mx



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6 de enero, 2019


Realiza Secretaría de Gobernación reingeniería institucional al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Ciudad de México, 4 de enero de 2020
Boletín No. 006/2019

• 2019 es el año con más casos atendidos y con más personas protegidas a través de dicho instrumento.

• Se busca un enfoque integral y que responda a las necesidades de las personas afectadas

• Registradas mil 86 personas en el mecanismo, de las cuales 721 se dedican a la defensa de derechos humanos y 365 al periodismo

En el marco del informe del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a casi siete años de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, realiza el proceso de reingeniería institucional de este instrumento con un enfoque integral, que responda a las necesidades de las personas afectadas.

La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Coordinación Ejecutiva Nacional, coordinadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, tienen registradas a mil 86 personas adscritas al mecanismo, de las cuales 721 se dedican a la defensa de derechos humanos (371 mujeres, 350 hombres); y 365 al periodismo (97 mujeres y 268 hombres).

Cabe señalar que, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, se han atendido 452 casos, de los que 183 fueron adscritos al Mecanismo, lo que representó un incremento del 66 por ciento respecto al año anterior que constó de 110 casos; el resto fueron atendidos a través de distintas instituciones, y otras personas manifestaron su deseo de no ser incorporadas.

En ese sentido, 2019 es el año con más casos atendidos y con más personas protegidas a través de dicho instrumento.

Para la Secretaría de Gobernación es fundamental coordinar acciones que generen un ambiente propicio y una cultura de reconocimiento hacia las personas que defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo y la libertad de expresión.

Por ello, se ha mejorado la estrategia de monitoreo de casos de agresiones y se trabaja en la generación de datos estadísticos que serán publicados, junto con mapas de riesgo.

Las personas que colaboran en el mecanismo trabajan para sumar esfuerzos con los tres poderes de gobierno en sus distintos niveles, sociedad civil, sector empresarial, entre otros actores, con el fin de impulsar acciones concretas y frenar la violencia contra las y los defensores y periodistas.

Además, buscan fortalecer la prevención, adoptar medidas de protección cada vez más adecuadas y eficaces, así como promover la diligencia en la investigación, acceso a la justicia y reparación del daño.


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Todo mi respaldo y reconocimiento a la embajadora, María Teresa Mercado, por su trabajo en la representación de nuestro país en Bolivia

30 de diciembre, 2019


Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, herramienta para el diseño de políticas públicas

Ciudad de México, 29 de diciembre de 2019
Boletín No. 384/2019


• La edad promedio de las mujeres víctimas es de 33 años, señala el Banavim

• Agresores tienen edad promedio de 36 años y estudios de secundaria

• En el 93 por ciento de los casos, el agresor es familiar de la víctima

Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es una prioridad contar con información sobre casos de violencia contra las mujeres para diseñar las políticas públicas necesarias, a fin de erradicar este problema, por lo que la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, cuenta el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

Este banco es una herramienta que permite al Gobierno de México conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia, así como de las personas agresoras, para delinear políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal.

Los datos del Banavim, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, refieren que la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia es de 33 años.

Asimismo, que el 93 por ciento de las agresiones se dan en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad; no obstante, aumenta de manera significativa cuando las mujeres pertenecen a alguna comunidad indígena.

Derivado de la información recabada, se sabe que la edad promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad es de secundaria.

Los principales tipos de violencia contra las mujeres son psicológicos, 44 por ciento de los casos; física, 26 por ciento y económica 16 por ciento.

Por ello, el involucramiento de fiscalías y jueces en el registro de las casi 50 mil órdenes de protección emitidas para las mujeres víctimas de violencia, es fundamental para garantizar la integridad de las mujeres y sus familias.

El desafío que enfrenta el país para erradicar esta problemática exige la participación activa y permanente de todas las autoridades responsables de garantizar que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, así como el fortalecimiento del Banavim, fundamental para la aplicación de estrategias.



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Este año se inauguró el proyecto “Sitios de memoria: Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y no repetición, en el sótano de la que fue sede y centro clandestino de detención de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)


Ciudad de México, 27 de diciembre de 2019
Boletín

Atención integral a víctimas, familiares y sobrevivientes del periodo conocido como Guerra Sucia

· Sobrevivientes, familiares de víctimas y sociedad civil se han acercado al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación

· Hizo de un lugar donde ocurrieron violaciones a los derechos de las personas, un espacio para defenderlos al albergar ahora la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos

Por la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, el Gobierno de México asumió en esta administración el compromiso con estas personas y sus familias, en particular con quienes por sus ideales fueron perseguidas en el pasado.

Sobrevivientes, familiares de víctimas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil se han acercado al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en espera de ser escuchados y se les repare de manera integral el daño que se les causó.

Lo anterior, debido a que este primer año de gobierno, la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Olga Sánchez Cordero, marcó un cambio al establecer una dependencia con rostro humano que prioriza el respeto a los derechos de todas las personas.

Ese compromiso obligó a iniciar una política pública integral para atender diversos temas resultado del periodo histórico conocido como Guerra Sucia.

Por ello, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, dependiente de dicha subsecretaría, trabaja en un mecanismo para la atención integral a sobrevivientes de la Guerra Sucia, como lo han planteado diversos colectivos.

La finalidad es investigar las violaciones graves a los derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, ejercidas como violencia política de Estado entre 1965 a 1985.

Asimismo, se diseñó el programa para la atención integral a sobrevivientes de este periodo. Con la participación de víctimas, sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas en este lapso, se elabora un diagnóstico sobre las necesidades médicas, jurídicas y de redignificación que requieren dichas personas.

El objetivo es definir de manera conjunta la ruta reparación integral y atención médica y psicológica, reconocimiento de la calidad de víctima, otorgamiento de medidas urgentes y duraderas de asistencia, y acceso a programas de bienestar social.
Con ello, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos abona a un proyecto que contempla la recuperación de la memoria y la reparación integral a víctimas, así como el acceso a la verdad y búsqueda de las personas desaparecidas.

Bajo este contexto, se constituyó, el pasado 10 de junio, el proyecto “Sitios de memoria: Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y no Repetición” que contempla el memorial “Circular de Morelia”, en el sótano de la que fue la sede principal y centro clandestino de detención de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en el mismo inmueble que ahora alberga a mencionada dirección general.

Se trata del primer espacio reconocido como sitio de memoria de la llamada Guerra Sucia en el país. Ahí se da cuenta de la historia de la DFS, la actuación de grupos clandestinos contrainsurgentes y la resistencia de familiares que estuvieron en búsqueda de sus desaparecidos.

Conjuntamente, se proyecta el documental elaborado por la Secretaría de Gobernación “La herencia más dolorosa”. Adicionalmente, como parte del proyecto fue diseñado el memorial virtual: sitiosdememoria.segob.gob.mx
Con ello, la Secretaría de Gobernación convirtió la sede de la extinta DFS, donde ocurrieron violaciones a los derechos de las personas, en un espacio para defenderlos, así como un sitio cultural.


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Develan historias de la Guerra Sucia
Documenta SG las torturas en el sótano de Morelia 8, en la Roma


▲ En los años 70, la que ahora es una ludoteca para niños víctimas de violencia fue el despacho de Nazar Haro, jefe de la Brigada Especial contra guerrilleros .Foto Fabiola Martínez
Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Lunes 7 de octubre de 2019, p. 12
En la calle de Morelia número 8 fue el último lugar donde se les fotografió en vida a muchos jóvenes guerrilleros.
Durante el periodo 1965-1978 ese edificio, ubicado a unos pasos de la agitada y céntrica avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte, fue sede de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), pero al mismo tiempo centro clandestino de detención y tortura.
En el sótano y los cinco pisos del inmueble se mezclaba el trajín de las tareas administrativas con el estruendo del maltrato.
Si oyes gritos, no te metas. Es el gobierno y no se puede hacer nada, fue la discreta recomendación, en los años 70, de una casera a la inquilina del inmueble contiguo a la DFS, según el relato de un testigo, compartido a los historiadores de la guerra sucia.
El mismo edificio blanco de esta calle circular sigue albergando oficinas públicas, ahora de la Dirección de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Esta dependencia busca adecuar, justo donde ocurrieron estos hechos, sitios de memoria histórica, a partir del trabajo de especialistas, pero también de relatos de sobrevivientes. Iniciaron con Morelia 8 –inaugurado el 10 de junio de 2019– y seguirán con otros similares, para culminar en el Campo Militar Número 1.
“Gobernación no busca ‘ni perdón ni olvido’, sino justicia, y que lasnuevas generaciones entiendan la política que se siguió, la del exterminio y la violación salvaje de los derechos humanos”, señala Francisco Ramón Rosas López, del equipo encargado del sitio donde hace más de cuatro décadas despachaba el jefe de la DFS, Miguel Nazar Haro, creador de la Brigada Especial contra guerrilleros.
Él –se afirma– interrogaba a los detenidos, ordenaba las palizas y el destino de los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre o el Movimiento de Acción Revolucionaria (Mar), entre otros.
La suerte de cada persona detenida era distinta. Dependía de sus antecedentes: si ya habían estado en la cárcel o si se habían fugado; si eran mando de alguna guerrilla o si sólo tenían rango bajo, explica José Luis Soto, también integrante del equipo creador de este Sitio de Memoria.
ANA MARÍA
Al ingresar al inmueble, por la rampa, donde bajaban a los detenidos lo primero que salta a la mirada es una fotografía en blanco y negro de una mujer joven. Es Ana María Parra, retratada en 1971 justo en ese frío sótano. Cabello recogido, suéter abrochado del botón de arriba, blusa blanca y falda oscura; entrelaza con la mano izquierda dos dedos de la derecha. Era la primera vez que la detenían; meses antes se había incorporado a la guerrilla, al Mar.
Enseguida la trasladan a la cárcel de mujeres de Santa Martha, donde pasa siete años. Al salir se integra a la Liga 23 de Septiembre, donde ya militaban sus hijos Violeta, de 17 años y Adolfo, de 15. Detrás del muro, aparece otra foto. Es de nuevo Ana María, aunque esta vez en una imagen tomada en el Campo Militar Número 1. En su pantalón se ven gotas de sangre, tiene el tabique desviado, la cara hinchada. Aparece con el cierre del pantalón abierto y camisa negra mal abotonada.
En los archivos se encontraron tres fotos más que permiten entender por qué trae un parche en el entrecejo. La secuencia indica que primero la tomaron de perfil y luego de frente, pero con gafas oscuras, por lo que en la tercera, aparece con la improvisada vendoleta. Ni así paró el hilo de sangre.
Ana María,Violeta y Adolfo siguen desaparecidos. Artemisa, la mayor de sus seis hijos, murió durante la tortura, señalan los sobrevivientes de la familia Parra.
EL FLACO
En el quinto piso de Morelia 8 fue colocada una foto en tamaño real. Es Francisco Mercado Espinoza, conocido como El Flaco. Muy alto, de 1.90 según el registro antropomórfico de la detención de este miembro de la Liga 23 de Septiembre. Fue aprehendido por primera vez el 16 de abril de 1975, en Guadalajara. Tras fugarse de la cárcel de Oblatos, un año después, lo atrapa la DFS en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es trasladado a la capital del país.
El Flaco mira fijo a la cámara, aprieta los puños. Es la última imagen antes de su desaparición, tomada a unos metros de la que fue la oficina de Nazar Haro, despacho principal de la DFS que destacaba por un amplio ventanal con una vista espléndida al parque. Hoy, esa oficina es una ludoteca para niños víctimas de la violencia.


¿Qué es la Fundlocal?




En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.