Alejandro Encinas Rodríguez
20 Agosto de 2018
Perfila SCJN visto bueno a Constitución
Víctor Fuentes
Este lunes, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, acudió
a la primera sesión en la SCJN en la que se discuten impugnaciones a la
Constitución local.
Foto: Víctor Fuentes
Nezahualcóyotl, México (20
agosto 2018).- La Suprema Corte de Justicia se encamina a declarar que
el Constituyente de la Ciudad de México sí tenía facultades para ampliar los
derechos humanos previstos en la Constitución federal, e incluso para reconocer
derechos adicionales.
Cinco de los once Ministros afirmaron hoy que apoyarán la
conclusión del proyecto de su colega Javier Láynez, que en su capítulo inicial,
rechaza cuatro argumentos de la PGR sobre la falta de competencia de la
Constitución local para ir más allá de los derechos humanos previstos en la
Carta Magna.
Se trata del primero de cerca de 40 temas planteados por la
PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Constitución
capitalina, publicada en febrero de 2017 y que entra en vigor el 17 de
septiembre, la cual fue impugnada en demandas que la Corte requerirá varias
sesiones para resolver.
La discusión continuará este martes.
Presente en la sesión pública de la Corte, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, dijo que la resolución del máximo tribunal permitirá que las leyes secundarias de la capital estén listas a tiempo.
Presente en la sesión pública de la Corte, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, dijo que la resolución del máximo tribunal permitirá que las leyes secundarias de la capital estén listas a tiempo.
La facultad general del Constituyente local en materia de
derechos humanos es un punto crucial, pues la Constitución capitalina está
repleta de derechos para sus habitantes, a grado tal que esta palabra es
mencionada 455 veces.
La palabra obligación, en contraste, solo aparece 34 veces.
Láynez advirtió que estos derechos "no son simples pronunciamientos programáticos", sino que serán exigibles por los ciudadanos, incluso ante los tribunales.
"Esto tendrá importantes implicaciones presupuestales, económicas y culturales, pero esa fue la decisión de un Constituyente democráticamente establecido", agregó.
Aunque comparten su conclusión, todos los ministros criticaron el proyecto de Láynez, por cuestiones metodológicas, y por no hacerse cargo de precedentes recientes en que la propia Corte ha rechazado que los Estados puedan crear a su antojo catálogos de derechos humanos distintos a los federales.
"Tenemos que dar razones para este cambio de criterio", dijo el Ministro Alberto Pérez Dayán.
La razón ofrecida por este Ministro es que la reforma de 2016 al artículo 122 de la Constitución federal, que creó la Ciudad de México y dio fin al DF, expresamente facultó al Constituyente local para regular derechos humanos, lo que no está contemplado para las Legislaturas estatales.
Norma Piña coincidió en que el 122 dio atribuciones a la Constitución local en esta materia, y al igual que José Ramón Cossío, rechazó el proyecto en la parte que afirma que la existencia misma de los derechos humanos, como principios generales, es lo que obligaba al Constituyente capitalino a regularlos y hacerlos operativos mediante normas concretas.
"Esto no significa, en modo alguno, que me esté pronunciando en contra de la posibilidad de que la Constitución de la Ciudad de México contenga normas que configuren, maticen, amplíen y, en algunos casos, hasta creen derechos nuevos, pero el punto de partida del análisis no debe ser el derecho en sí mismo, sino el marco competencial", explicó Cossío.
Lo más probable es que el proyecto será modificado para incluir los comentarios de estos Ministros, y los que se pronuncien mañana sobre este tema.
En el resto de los temas, Láynez propone invalidar porciones de nueve artículos de la Constitución, y avalar la gran mayoría de las reglas que fueron impugnadas por PGR y CNDH.
La palabra obligación, en contraste, solo aparece 34 veces.
Láynez advirtió que estos derechos "no son simples pronunciamientos programáticos", sino que serán exigibles por los ciudadanos, incluso ante los tribunales.
"Esto tendrá importantes implicaciones presupuestales, económicas y culturales, pero esa fue la decisión de un Constituyente democráticamente establecido", agregó.
Aunque comparten su conclusión, todos los ministros criticaron el proyecto de Láynez, por cuestiones metodológicas, y por no hacerse cargo de precedentes recientes en que la propia Corte ha rechazado que los Estados puedan crear a su antojo catálogos de derechos humanos distintos a los federales.
"Tenemos que dar razones para este cambio de criterio", dijo el Ministro Alberto Pérez Dayán.
La razón ofrecida por este Ministro es que la reforma de 2016 al artículo 122 de la Constitución federal, que creó la Ciudad de México y dio fin al DF, expresamente facultó al Constituyente local para regular derechos humanos, lo que no está contemplado para las Legislaturas estatales.
Norma Piña coincidió en que el 122 dio atribuciones a la Constitución local en esta materia, y al igual que José Ramón Cossío, rechazó el proyecto en la parte que afirma que la existencia misma de los derechos humanos, como principios generales, es lo que obligaba al Constituyente capitalino a regularlos y hacerlos operativos mediante normas concretas.
"Esto no significa, en modo alguno, que me esté pronunciando en contra de la posibilidad de que la Constitución de la Ciudad de México contenga normas que configuren, maticen, amplíen y, en algunos casos, hasta creen derechos nuevos, pero el punto de partida del análisis no debe ser el derecho en sí mismo, sino el marco competencial", explicó Cossío.
Lo más probable es que el proyecto será modificado para incluir los comentarios de estos Ministros, y los que se pronuncien mañana sobre este tema.
En el resto de los temas, Láynez propone invalidar porciones de nueve artículos de la Constitución, y avalar la gran mayoría de las reglas que fueron impugnadas por PGR y CNDH.
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