Adendum
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Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
El problema de este país no es la corrupción, sino
la impunidad: Encinas Rodríguez
Martes, 12
Abril 2016
En el marco de las comisiones unidas de
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos,
Segunda, en las que se lleva a cabo la discusión e intercambio de opiniones
respecto a las Leyes Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el
senador Alejandro Encinas externó que la corrupción en México es un fenómeno
estructural, multifactorial y sistémico, el cual forma parte del engranaje a
partir del cual funciona el sistema político en nuestro país.
Por lo que dijo que esta reforma no es
al régimen de responsabilidades, sino al régimen político, ya que se requiere
una reforma al Estado con la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción
"Lo que hay que construir en una
propuesta es cómo la autoridad administrativa habiendo iniciado un
procedimiento de investigación por la presunción de la comisión de un
delito en materia de corrupción, requiera la autoridad judicial
investigue e intervenga"
Enfatizó que lo que se debe discutir es
cómo crear instrumentos eficaces que combatan la corrupción y que se le
dote de dientes a la ley.
“Pero también aguas, porque el
principal problema de este país, no es la corrupción, ese es uno de los
síntomas, el principal problema es la impunidad, por eso vayamos analizando
cuales son los cambios que requerimos en el Poder Judicial, así como establecer
un mecanismo de control y de fiscalización ¿Quién vigila al Juez y al Fiscal?”
El Presidente de la Comisión de
Estudios Legislativos, Segunda lamentó que el régimen político de nuestro país
se ha sustentado en esta relación perversa entre política, tráfico de
influencias y negocios.
Conferencia de prensa junto con habitantes de
Chimalhuacán con el tema “Los terrenos del aeropuerto”.
Martes, 12 Abril 2016
Refrendo
mi apoyo a los habitantes de Chimalhuacán y demás municipios del Estado
de México por los abusos de la obra para el NAICM y exhorto a la mesa directiva
del Senado de la República convoque a la instalación de la comisión especial
para dar seguimiento del desarrollo de las mismas.
Alto a la represión y despojo a los habitantes de
San Francisco Xochicuatla, Estado de México: Encinas Rodríguez
Además de proteger al empresario Juan Armando
Hinojosa Cantú, señalado como el “el consentido del presidente” y actualmente
acusado de lavado de dinero por depositar en efectivo casi 2 mil millones de
pesos en efectivo en Panamá. Hoy con el uso de la fuerza pública y violentando
los dos amparos que otorgan la suspensión definitiva de las obras de
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, así como las medidas cautelares
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los habitantes
de la comunidad de San Francisco Xochicualtla, el gobernador del Eruviel Ávila
utilizó la fuerza pública para reprimir y despojar a los legítimos
propietarios de la comunidad otomí a fin de que Grupo HIGA continúe con los trabajos
de construcción de la autopista.
Lunes, 11 Abril 2016
Además de proteger al empresario Juan Armando
Hinojosa Cantú, señalado como el “el consentido del presidente” y actualmente
acusado de lavado de dinero por depositar en efectivo casi 2 mil millones de
pesos en efectivo en Panamá. Hoy con el uso de la fuerza pública y violentando
los dos amparos que otorgan la suspensión definitiva de las obras de
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, así como las medidas cautelares
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los habitantes
de la comunidad de San Francisco Xochicualtla, el gobernador del Eruviel Ávila
utilizó la fuerza pública para reprimir y despojar a los legítimos
propietarios de la comunidad otomí a fin de que Grupo HIGA continúe con los trabajos
de construcción de la autopista.
“la actuación represiva que en San Francisco
Xochicuatla, en los parajes del Zopilote, Llano de los negros y Buenavista que
realizaron el día de hoy con más de 1000 elementos de los cuerpos de seguridad
del Estado de México es una violación al decreto presidencial de 1952, donde se
otorga certeza jurídica y posesión de las tierras a indígenas Otomíes de San
Francisco Xochicuatla”
Exigimos el pleno respeto a los bienes de este
pueblo originario, de sus bosques que conforman un santuario de agua, y
que de inmediato se retire esta empresa que violando la ley abusa de los
habitantes de esta población destruyendo las viviendas propiedad de los
campesinos.
Es necesario que el gobierno del Estado de México,
reconozca la suspensión otorgada al Consejo Supremo Indígena por parte del
Poder Judicial de la Federación en los dos amparos otorgados el 4 de diciembre
de 2015 y en febrero de 2016, con el fin de proteger los derechos humanos de
los pueblos indígenas, lo que implica que la comunidad tiene la posesión legal
del territorio.
Crisis humanitaria,
regresión democrática y profundización del autoritarismo. Retroceso de 25 años
Jueves, 07 Abril 2016
·
La Ley Reglamentaria del
Artículo 29 Constitucional y la Ley para Regular el uso de la Fuerza Pública en
el Estado de México (Ley Eruviel) son dos instrumentos para la represión y el
ejercicio autoritario del poder.
·
Atentan contra las
libertades democráticas y los derechos humanos.
·
Son un riesgo para el
ejercicio de las libertades de manifestación, asociación, libre circulación
y expresión
·
Quedamos en manos de
gobiernos cuya legitimidad es cuestionada y han sido
evidenciados por sus altos niveles de corrupción.
Los derechos humanos son
derechos de todas las personas. Es obligación de Estado garantizar y proteger
los derechos de los ciudadanos al abuso del poder de la autoridad, de la
delincuencia y de los poderes monopólicos.
Nuestro
país atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos. Miles
de personas y familias en todo el territorio nacional han sido afectadas
por desapariciones forzadas, secuestros, homicidios dolosos,
feminicidios y violencia de género, desplazamientos, extorsiones, despojos y nuevas
modalidades de esclavitud.
Los derechos al acceso a
la educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social de 86 millones
de personas se violan todos los días. Estas violaciones se realizan en un marco
generalizado de impunidad.
Hay un número creciente
de víctimas y de familias de víctimas que no tienen acceso a la verdad, a la
justicia, ni a la reparación del daño debido al deficiente funcionamiento de la
legislación y de los mecanismos creados para atenderlas.
El Gobierno de México
vuelve a cerrarse al escrutinio de los organismos internacionales de
derechos humanos: rechaza sus informes, confronta a los relatores
especializados e impide su ingreso al país, acepta denuncias contra
funcionarios internacionales y rompe sus
acuerdos con los mecanismos especializados, como recién sucedió con
el GIEI y el reporte sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula.
Observamos una
regresión en materia democrática, aspecto en el que habíamos logrado
importantes avances con el desarrollo de instituciones electorales creíbles en
la década de los años noventa.
Los procesos electorales
son opacos y poco confiables, las autoridades electorales han sido
recapturadas por el partido en el poder, existen prácticas
generalizadas de compra de votos, uso de programas y recursos
públicos para construir clientelas e imposición de
candidatos vía el financiamiento privado. Las campañas políticas son
crecientemente violentas y conflictivas. Denigran a las personas,
destruyen el precario tejido social, y dejan una secuela de
confrontación en las familias y en las comunidades,
abonada a la violencia criminal que nos agobia.
Vivimos un retorno al
autoritarismo y a la imposición del silencio cuando se había logrado
ampliar la libertad de expresión y diversificar las fuentes de información.
Se incrementa el
número de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido desaparecidos,
asesinados o silenciados. El Estado ejerce un control autoritario y corruptor
de los medios de comunicación masiva y se ha estrechado el acceso a información
diversa y plural.
El gobierno federal ha
militarizado todo el territorio nacional sin lograr abatir los índices de
violencia por la enorme complicidad, corrupción e impunidad que caracteriza a
las administraciones públicas y a los aparatos de seguridad en los
tres órdenes de gobierno, contribuyendo a agravar la crisis en materia de
derechos humanos.
Se cierran las vías
pacíficas de protesta, de manifestación, de disenso, y de autodefensa frente a
los abusos de los poderes de hecho, y ante la incapacidad de las autoridades
civiles para ofrecer seguridad a las personas.
No hay diálogo democrático,
la participación ciudadana se encuentra en uno de sus niveles más bajos en la
historia contemporánea de México, ante la incapacidad de escucha de los poderes
del Estado y la negativa a abrir y honrar los mecanismos de democracia directa:
el referéndum, el plebiscito y las posibilidades de revocación de mandato.
En este contexto y ante
gobiernos cuya legitimidad es cuestionada, exhibidos por
sus altos niveles de corrupción y alejados cada vez más de una población
crecientemente empobrecida y sometida, expresamos nuestra profunda preocupación
por dos leyes que han sido impuestas en las cámaras federales y en el Congreso
del Estado de México:
1.
La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la
Constitución para declarar el estado de excepción y restringir o suspender
libertades y derechos.
2.
La Ley para regular el uso de la fuerza pública en
el Estado de México, iniciativa presentada por
el gobernador Eruviel Ávila Villegas y aprobada pasado el 17 de
marzo por el Congreso estatal.
La Ley Reglamentaria del
Artículo 29 de la Constitución, si bien necesaria, deja amplios márgenes de
discrecionalidad al Presidente de la República para decidir cuando es necesario
declarar el estado de excepción y la suspensión de libertades y derechos
humanos. Amplía el margen de discrecionalidad del Ejecutivo Federal respecto a
cuáles son las situaciones que ponen en riesgo la paz pública o la estabilidad
interna del Estado; legalizando además la situación prevaleciente de violación
de derechos civiles y políticos usada para actos de represión y persecución.
Plantea “el sacrificio
temporal de los derechos a la manifestación, asociación, circulación, libertad
de expresión, patrimonial, de crédito o de autor” sin incorporar los criterios
bajo los cuales se define la “amenaza excepcional”.
Por cuanto a
la Ley Eruviel se trata de una ley para criminalizar y reprimir las
manifestaciones de inconformidad social, estableciendo las
condiciones para la reinstauración de un renovado régimen
autoritario. Asimismo, es una ley que abre el camino para su reproducción en
otras entidades. El Estado de México es un laboratorio para legitimar
intervenciones represivas ante las protestas y movimientos sociales.
Esta ley viola
derechos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos al
poner en peligro la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la
libre asociación, la salud, la privacidad, la libertad de tránsito, la
propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitira las
autoridades de seguridad pública la limitación o intervención de dichos
derechos sin control judicial alguno ni garantías de seguridad.
Faculta a las
autoridades de seguridad pública a utilizar de manera discrecional diversas
medidas de uso de la fuerza, incluyendo armas letales, fijando como única
limitante principios genéricos cuya ambigüedad no permite controlar abusos de
la fuerza.
Elimina la cadena de
mando y la responsabilidad de las autoridades de primer nivel del Estado,
estableciendo legalmente un régimen de impunidad para el gobernador, al tiempo
que omite el establecimiento de de un régimen de sanciones que impida la violación
de los principios que deben regir el uso de la fuerza pública.
Coloca a la población en
una situación de indefensión frente a decisiones discrecionales en el uso de la
fuerza por parte de las autoridades de seguridad pública, sin control judicial
alguno.
·
Exigimos la revocación de la Ley para regular el
uso de la fuerza en el Estado de México.
·
Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos que proceda a promover una acción de inconstitucionalidad en relación
con dicha Ley.
·
Exigimos una revisión cuidadosa de ambas leyes por
organismos y personas especializadas en derechos humanos, para asegurar que se
apeguen al marco y a la experiencia internacional en la materia, se reduzcan
los niveles de discrecionalidad y márgenes de interpretación, se amplíen los controles
y contrapesos externos y judiciales a las decisiones, se definan las
obligaciones del Estado y las responsabilidades en las líneas de mando hasta
incluir a los jefes del Ejecutivo, se señale la temporalidad de la suspensión
de las garantías y derechos y la reparación de los daños que se puedan causar
por la medida.
·
Exigimos una discusión pública, abierta y
democrática de la reglamentación al Artículo 29 de la Constitución y del uso de
la fuerza en los estados, así como su sometimiento posterior a un
referéndum.
·
Recuperemos la paz con
justicia y nuestras libertades democráticas de expresión, asociación,
circulación y manifestación.
·
Enfrentemos al
autoritarismo y la crisis de derechos humanos.
·
Acabemos con la
violencia, la corrupción y la impunidad.
·
Es por todo ello que
convocamos a la construcción colectiva de una Nueva
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hedor autoritario
Alejandro Encinas
rodríguez
El Universal
Martes 05 de Abril de 2016
Transcurre
el sexenio y las expectativas de crecimiento económico, generación de empleos y
mejoramiento de los salarios que ofertó Enrique Peña Nieto con las llamadas
reformas estructurales, no aparecen por ningún lado. Por el contrario, la
economía se debilita, mientras el trabajo y los salarios se precarizan aún más.
Lo
mismo sucede en otros ámbitos de la vida pública: la llamada Cruzada Nacional
contra el Hambre se convirtió en un oneroso aparato burocrático, que no
frena la espiral de empobrecimiento de amplios sectores de la población,
sumando 54 millones el número de mexicanos en situación de pobreza; en tanto la
violencia y el crimen aumentan, el Estado se debilita y la corrupción asociada
a los negocios y al crimen sienta sus laureles.
El
gobierno se niega a reconocer el fracaso del modelo económico que insiste en
mantener sin rectificar el camino emprendido. La soberbia, los intereses en
juego y la miopía política, lo llevan a asumir el riesgo de un brote de
inconformidad social no con medidas que reviertan el deterioro del
bienestar de la población, el combate firme a la corrupción y la impunidad, o
el rescate de sus responsabilidades sociales y la rectoría económica del país,
sino con el amago autoritario.
Brotan
signos del endurecimiento y la amenaza gubernamental en todos los ámbitos: la
descalificación de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y
las acciones unilaterales para dar a conocer un tercer peritaje sobre las
presunta incineración, ahora de siete personas, en el basurero de Cocula, con
lo que se pretende cerrar la investigación sobre la desaparición forzada de los
43 normalistas de Ayotzinapa; la negativa a la presencia del Relator de
Naciones Unidas sobre Tortura, práctica que se ha generalizado en el país, en
momentos en que diversas encuestas señalan que el 64 por ciento de los
mexicanos tiene temor a ser torturado, o el precedente negativo que representa
el fallo de los tribunales del fuero militar que sólo sancionó a uno de los
elementos que participaron en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya por
indisciplina, en tanto se otorga impunidad a gobernantes corruptos y a bandas
de juniors, hijos de empresarios o funcionarios de alto nivel
en el gobierno de Veracruz, quienes impunemente, violan y cometen todo tipo de
delitos.
Las
señales más relevantes de este amago autoritario lo representan la llamada Ley
Eruviel y la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional. La primera,
profundiza la inefable experiencia de la Ley Bala en el estado de Puebla, dotando
de gran discrecionalidad a la fuerza pública para intervenir incluso cuando
exista “resistencia pasiva” de los ciudadanos; es decir, cuando “la persona no
obedezca las órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el elemento
(de seguridad) que previamente se haya identificado como tal y no realice
acciones que dañen al mismo, a terceros o al elemento” (Art.12); o cuando para
mantener la paz y orden público “la determinación de hacer uso de la fuerza en
el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas o ilegales será
tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta
responsabilidad” (Art. 16), lo que constituye una flagrante violación a los
derechos humanos y a la libertad de manifestación consagrados en la Constitución.
La
segunda considera tres supuestos por los cuales es factible la restricción o
suspensión de los derechos y garantías: en los casos de invasión; perturbación
grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave
peligro o conflicto, lo que permitiría suspender el ejercicio de los derechos
políticos, el derecho a la vida, a la integridad personal; el no ser sometido a
desaparición forzada, tortura o pena cruel, inhumano o degradante, el derecho a
la protección de la familia y los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
entre otros.
El
estado de excepción de acuerdo con Carl Schmitt, es la situación extrema del
Estado en la que el soberano ejerce la facultad de determinar al enemigo
público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de
proteger el bien público. Lo que enfrenta nuestro país no es una amenaza que
emane de la sociedad, si alguna situación de excepción existe es el
debilitamiento y descomposición del Estado mexicano, que se ha convertido en su
propio enemigo. (Senador de la República)
Una vez más, el gobierno cómplice ante la
denuncia internacional de los paraísos fiscales. Encinas Rodríguez
Lunes, 04 Abril 2016
No es posible que el SAT minimice y diga que no
tenía elementos y ahora, ante el escándalo mundial, inicie una
investigación.
"Son muchas las pruebas que podemos
presentar aquí, por ello, exijo se investigue a fondo y se castigue a los
responsables, la corrupción es un fenómeno sistémico, que opera el sistema
político mexicano, la corrupción no es el principal problema que enfrenta
nuestro país, lo es, la impunidad”, aseveró el legislador Alejandro Encinas
Rodríguez.
El senador Encinas Rodríguez ya había dado a
conocer datos duros en su libro Política, negocios y poder de su autoría.
En el libro externa “El negocio del nuevo
aeropuerto es fiel reflejo de esta forma de gobernar, donde empresas como OHL e
Higa, con una larga historia de corrupción, han encontrado el lugar
idóneo para llevar a cabo las relaciones de complicidad y negocios con el poder
que les ha permitido obtener cuantiosos y onerosos contratos de obras de infraestructura,
entre otros el del nuevo aeropuerto.
“Además podrían sumarse el Circuito Exterior
Mexiquense; el libramiento Bicentenario en Lerma o el Viaducto Elevado
Bicentenario, obras asignadas a la empresa OHL e Higa, que de la misma manera
permiten ejemplificar el alto impacto financiero y los elevados costos de
construcción y operación que se derivan de convenios de Asociación Pública
Privada leoninos, que dañan la hacienda y el presupuesto público, afectado la
capacidad financiera de los siguientes gobiernos”.
“Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de la
Constructora Teya-IGSA, Grupo Higa, Publicidad y Artículos Creativos; Autopista
de Vanguardia S.A; Consorcio IGSA Medical de Perú y Eolo Plus, empresa que
prestó el servicio de helicóptero y aviones al PRI durante la
campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Así
como el caso de la “Casa Blanca” en Lomas de Chapultepec, propiedad original de
Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo
Higa.
“Al igual que otra residencia en Paseo de la
Reforma, registrada a nombre de la empresa Inmobiliaria Bicentenario, propiedad
también de Hinojosa Cantú que fue utilizada por Peña Nieto durante la campaña
electoral, la cual no fue registrada en los gastos de campaña, ni como donación
ni como inmueble arrendado; como tampoco se acreditó ante el IFAI en los gastos
erogados durante la transición de gobierno. Actualmente utilizada por el
Consejero Jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos Cervantes, como
oficina alterna”.
Por tal motivo, se debe erradicar la impunidad, lo
que entraña una profunda reforma al hasta ahora intocado Poder Judicial, de
donde emana su fuente primigenia.
Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Gobernación
de nueva cuenta pretenden evadir responsabilidades cometidas en las elecciones
del 2012: Encinas Rodríguez
Viernes, 01 Abril 2016
Ante las declaraciones del hacker colombiano,
Andrés Sepúlveda a la revista Bloomberg, donde reveló que su equipo de hackers
informáticos contratados por el PRI, espiaron e intervinieron las
comunicaciones de Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a
sus respectivos equipos de campaña, durante las elecciones presidenciales del
2012, el senador Alejandro Encinas exigió a Enrique Peña Nieto de la cara y
rinda cuentas ante esta denuncia que forma parte de la confesión de Sepúlveda
acusado en abril de 2015 en Colombia a 10 años de prisión.
Así mismo, dijo el INE tiene que investigar el caso
y la FEPADE está obligada abrir una averiguación previa y a requerir
información a la Fiscalía de Colombia.
Por último, el legislador precisó que las declaraciones
del Secretario de Gobernación de nueva cuenta pretenden evadir sus
responsabilidades ante los ilícitos cometidos y demostrados en la campaña
presidencial del 2012
La exoneración de militares en el caso Tlatlaya
sienta un precedente negativo en la justicia castrense: Encinas Rodríguez.
Después
de que se diera a conocer públicamente que el Juzgado Sexto Militar de la
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), absolviera a los seis militares
acusados de participar en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en el
municipio de Tlatlaya, Estado de México el pasado 30 de junio de 2014, el
Senador Alejandro Encinas Rodríguez advirtió que la resolución sienta un
precedente negativo de cómo se procesa la justicia militar y exhibe la falta de
garantías en la violación de los DDHH
Jueves, 31 Marzo 2016
Después
de que se diera a conocer públicamente que el Juzgado Sexto Militar de la
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), absolviera a los seis militares
acusados de participar en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en el
municipio de Tlatlaya, Estado de México el pasado 30 de junio de 2014, el
Senador Alejandro Encinas Rodríguez advirtió que la resolución sienta un
precedente negativo de cómo se procesa la justicia militar y exhibe la falta de
garantías en la violación de los DDHH
Lamentó
que la señora Clara Gómez González, víctima, sobreviviente y testigo de las
ejecuciones extrajudiciales, no tenga acceso a la versión completa del
expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional los ha
clasificado como información reservada, incluso, para conocer la exoneración de
los militares, tuvo que promover un amparo debido a la enorme opacidad con la
que se han conducido la justicia militar.
El
senador mexiquense hizo un exhorto a la Procuraduría General de la República
para evitar que prevalezca la impunidad en las graves violaciones a los
derechos humanos de la masacre de Tlatlaya, y solicitó que se investigue a
todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en la emisión
y supervisión de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad
castrense “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, como lo requirió el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Recordó
que aún está pendiente la ejecución del amparo, -que ante su desacato ha sido
remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, para evitar que la
justicia militar intervenga en la investigación de los hechos, por infracciones
de deberes militares y desobediencia, y con ello, se enjuicie de manera
paralela en tribunales civiles y militares a los elementos del ejército sobre
un mismo crimen.
Finalmente,
el Senador Encinas Rodríguez, indicó que las instituciones encargadas de
investigar y perseguir los delitos, no deben de ser cómplices del modelo de
corrupción gubernamental que ha llevado a una profunda pérdida de credibilidad
institucional y hartazgo ciudadano, que ponga en riesgo la estabilidad nacional
por la impunidad y los privilegios, no sólo de la clase gobernante, sino
también de su brazo ejecutor, el Ejército Mexicano.
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