El
derecho a migrar
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
8 de enero de 2019
A contracorriente de lo que sucede en muchas de los países que se
adscriben a la denominada “democracia occidental” y, en congruencia, con el
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido y
suscrito por el Gobierno mexicano en la Conferencia de Marrakech, en días
recientes presentamos los principios y ejes rectores que regirán la nueva
política migratoria en México.
Se parte de crear un nuevo paradigma fundado en el
respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas migrantes,
asumiendo que la movilidad humana es un derecho que puede ejercerse de manera
regular, ordenada y segura, cumpliendo -al igual que todos los mexicanos-, con
las disposiciones legales vigentes en nuestro país.
Se trata de una política de Estado que deja atrás la
vieja visión sectorial, para constituir una acción integral y transversal, que
incorpora a todas las entidades de la Administración Pública Federal y a los
tres órdenes de gobierno.
Reconoce que México es una nación transterritorial, donde
la población mexicana no se circunscribe a quienes residen en el territorio
nacional, sino incluye a todos los connacionales que viven en el exterior, con
lo que se busca, además de proteger y garantizar los derechos de todos los
migrantes mexicanos, fortalecer lazos de identidad y las relaciones con nuestro
país y sus culturas.
Rescata los valores fundamentales de la política exterior
establecidos en nuestra Constitución: el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, la solución pacífica de las controversias, la relación bilateral y
respetuosa entre los gobiernos, y la cooperación internacional.
Asume que, para resolver el problema de la migración
forzada, se deben atender las causas que la propician: la pobreza, la violencia
y la precariedad institucional de los países donde provienen.
Sin duda, la implementación de esta política enfrentará
problemas y resistencias políticas y culturales. Desde los cambios
institucionales para erradicar la corrupción en el Instituto Nacional de
Migración, hasta las expresiones xenófobas y discriminatorias que han aflorado
en pequeños sectores de nuestra sociedad.
Quedará atrás la persecución, criminalización, la
estigmatización y discriminación que caracterizaron a los gobiernos anteriores,
alentadas por una política migratoria basada en la extorsión y la deportación,
para dar paso a una política soberana, de derechos y apegada al interés de
nuestra nación.
Habrá que enfrentar y superar los prejuicios que
pretenden calificar a los migrantes como delincuentes, cuando, al igual que los
mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos, buscan una alternativa de
vida, explicando que el desplazamiento forzado y el refugio son fenómenos
regionales que requieren soluciones concertadas y efectivas para superar los
problemas de pobreza y violencia, similares a los que se viven en distintas
regiones de México.
Enfrentar el maniqueísmo de quienes reclaman que primero
hay que ayudar a los mexicanos, o que los migrantes “nos quitarán los empleos”,
cuándo México tiene la capacidad de brindar refugio a más personas de las que
actualmente ofrece, al tiempo que es un hecho que los migrantes
centroamericanos llevan décadas de participar en el mercado laboral del país,
particularmente en labores agropecuarias o de servicios, donde existe una oferta
de empleo que no ha sido cubierta por la población local.
Afortunadamente, pese al activismo de quienes alientan
las campañas racistas, la sociedad nacional mantiene en alto sus valores
solidarios y favorables al refugio y a la acogida humanitaria. Por ejemplo, la
encuesta realizada a niñas, niños y adolescentes por el SIPINNA a finales del
año pasado, revela que entre el 68 y 72 por ciento de las niñas y niños piensan
que está bien que lleguen personas de otros países y se queden a vivir en
México. Igualmente, seis de cada 10 niñas y niños consideran que las personas
que vienen de Centroamérica son trabajadores y buscan una vida mejor. Una
lección que deberían de atender muchos adultos.
(Subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración)
